Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 35.563-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución 86/2015 (AD ROSA) dictada en la actuación SIGEA 14754-29-2012, en tanto impone multa y tributos a la firma INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A., con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-95617287-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 30 de Septiembre de 2026 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales titulares de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), con la presidencia del vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expte. 35.563-A;
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 35/49 la firma recurrente, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra la resolución AD ROSA 86/2015, dictada en la actuación SIGEA 14754-29-2012, en cuanto condena a la firma por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero (en adelante “CA”), al pago de multa y de tributos, con más los intereses del art. 794 del CA. A través de la destinación 11052TG16000040R se documentó la importación temporal de una serie de artículos por un plazo de 360 días autorizada en los términos del decreto 1439/96. Sostiene que cumplió con los deberes a su cargo, toda vez que con fecha 14.12.11, el despachante de aduana solicitó ante la Secretaría de Industria la prórroga del vencimiento de la destinación de conformidad con el art. 266 del CA y el decreto 1330/04.
Cita doctrina y jurisprudencia. Señala que, a pesar del pedido de prórroga, el servicio aduanero dispuso el bloqueo de la destinación, lo cual le generó graves perjuicios dado que le impidió cumplir con la reexportación de la mercadería. Cita la RG 3447/13 que dispone el procedimiento para mantener vigentes las importaciones temporarias cuando la autoridad de aplicación no se expida respecto de la prórroga dentro del plazo previsto al efecto. Señala, que no obstante estar pendiente la autorización de la prórroga, el servicio aduanero instruyó sumario por la presunta infracción al art. 970 CA. Hace referencia a otras actuaciones en las cuales la aduana dispuso el sobreseimiento de su parte. Cita el art. 1091 del CA y afirma que la contestación tardía de su descargo en las actuaciones administrativas, no obsta a que la aduana cumpla con lo dispuesto por dicha norma, debiendo comprobar la existencia de la infracción aduanera.
Agrega que el servicio aduanero resolvió las actuaciones sin abrir la prueba, lo que impidió el libramiento de oficio a la Secretaría de Industria y Comercio para que se pronuncie sobre el estado del trámite iniciado el 14.12.11. Señala que la conducta de la aduana en el sumario vulnera el derecho de defensa de su parte y la búsqueda de la verdad material, resultando una resolución arbitraria por la violación de las garantías del debido proceso. Cita jurisprudencia y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Lociser, Jorge Alberto y otros c/BCRA”. Se refiere al art. 898 del CA que dispone que, en caso de duda, deberá estarse a lo que fuere más favorable al imputado.
Reitera que su mandante cumplió con las obligaciones a su cargo y afirma que, si existieran dudas al respecto, corresponde aplicar el referido principio de in dubio pro reo. Con respecto a la liquidación tributaria, manifiesta la improcedencia del derecho adicional y cita la causa “Frisher SRL c/ DGA s/ recurso de apelación”, sentencia del 14.08.13. Asimismo, plantea la inconstitucionalidad del reclamo del pago de tributos en dólares estadounidenses. Cita lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia “Volkswagen Argentina” de fecha 23.08.11 y los arts. 638 y 639 del CA. Agrega que la imputación del servicio aduanero contraría el principio constitucional de razonabilidad.
Manifiesta que dicho criterio deriva de la interpretación armónica de los arts. 28, 18, 19 y 14 de la Constitución Nacional que impiden que los principios, garantías y derechos que allí se consagran puedan ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Ofrece prueba documental e informativa, confiere autorizaciones, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución aduanera, con costas.
II. Que, corrido el pertinente traslado, la representación fiscal lo contesta a fs. 62/69. Luego de la negativa genérica de rigor, sostiene que la actora no ha podido desvirtuar la configuración de la infracción del art. 970 del CA, ni ha podido dar cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Señala que los Permisos de Embarque, CTC y DDJJ resultan indispensables para conocer la relación insumo-producto. En las actuaciones administrativas no se encuentran elementos suficientes que avalen lo manifestado por la actora en sede aduanera. Manifiesta que se han producido en autos los hechos que generaron la condena apelada y la importadora no ha presentado en tiempo y forma la totalidad de la documentación de esta manera avale el cumplimiento de la importación temporal. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Solicita se rechace la apelación de la contraria con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 1 de las actuaciones administrativas 14754-29-2012 obra el acta de denuncia 052DN-ST2012/1 de fecha 8.03.12 por la presunta infracción del art. 970 del CA respecto de la destinación 11052TG16000040R. A fs. 2/3, mediante informe 35/2012 (AD DOM JDE) de la misma fecha se practica el aforo de la mercadería. A fs. 4/6 obra la consulta de declaración detallada de la DIT. A fs. 7 se elevan las actuaciones en tanto se encontraría reunidos los extremos de la presunta infracción del art. 970 del CA. A fs. 9/10 obra la instrucción de sumario y la corrida de vista la que es notificada a fs. 12 el 28.03.12. A fs. 13ref./15ref. de las actuaciones 13289-8321-2012 la actora contesta vista y presenta descargo y a fs. 21 ref. acompaña prueba documental, que resuelta extemporánea conforme auto de fs. 22. A fs. 26/27 obra el Dictamen 18/2014 (AD ROSA). A fs. 33/38 obra resolución fallo 86/15 (AD ROSA) que se apela en autos. A fs. 54 ref., mediante el alcance 14754-29-2012/1, acompaña F4.
IV. Que a fs. 70 se abre la causa a prueba, la que es producida a fs. 78/88, 89/96, 103/105 y 106/109. A fs. 120 se cierra el período probatorio y se elevan a la Sala “E” y a fs 122 se resuelve no poner los autos para alegar y se llaman para el dictado de la sentencia.
V. Que en autos se trata de resolver la procedencia de los tributos y multa exigidos a la importadora por la comisión de la infracción del art. 970 del CA respecto de la destinación 11052TG16000040R.
Que, como cuestión preliminar, cabe señalar que no obra en autos la carpeta original de la destinación. Que, en efecto, según se puede observar de las actuaciones administrativas, éstas tramitaron hasta el dictado de la resolución condenatoria, sin la agregación de la carpeta de la destinación 11052TG16000040R, sino solamente con print de pantalla –consulta declaración detallada- obrante a fs. 4/6 de las actuaciones administrativas. No obstante ello, se continuó la sustanciación del procedimiento aduanero, aun cuando, al contestar la vista –aunque en forma extemporáneala importadora informó que había solicitado la prórroga del vencimiento de la importación temporaria ante la Secretaría de Industria y Comercio con fecha 14.12.11, de conformidad con la copia obrante a fs. 21ref.
Que, cabe destacar que el servicio aduanero se limitó a dejar constancia de la presentación extemporánea de la contestación de la vista y, sin disponer la intervención del área técnica ni producir la prueba ofrecida por la importadora, luego del dictamen jurídico 18/2014 (AD ROSA) de fs. 26/27, se dictó la resolución condenatoria que determinó la multa y los tributos en los términos del art. 970 del CA.
Que, por lo expuesto, al momento de resolver en sede aduanera, no se encontraba incorporada la DIT original ni copia certificada de la misma, ni se había producido medida alguna tendiente a verificar el estado del trámite de prórroga invocado por la importadora, para determinar si, a la fecha en que se formuló la denuncia, se encontraba efectivamente vencido el plazo de permanencia de la mercadería.
VI. Que, con relación a la primera cuestión, cabe destacar que la carpeta de la destinación 11052TG16000040R es indispensable para corroborar fehacientemente las condiciones en que fue documentada la importación temporaria, el plazo de permanencia autorizado, su eventual vencimiento y, en definitiva, la existencia del supuesto incumplimiento atribuido a la importadora.
Que dicha documentación constituye el antecedente inmediato de la imputación formulada, pues es precisamente a partir de la destinación de importación temporaria que corresponde determinar el plazo dentro del cual la mercadería debía ser reexportada o importada a consumo y, en consecuencia, establecer si se produjo el incumplimiento que configura la infracción prevista por el art. 970 del CA.
Que, en virtud de lo expuesto, atento a que el procedimiento por infracciones tiene como finalidad investigar si se cometió una infracción e identificar a los responsables, no parece razonable admitir responsabilidad infraccional y tributaria cuando no se cuenta con el original de la carpeta de la destinación.
Que esta falencia no fue subsanada durante la sustanciación del sumario aduanero y no puede ser suplida por el mero agregado del print de pantalla -consulta declaración detallada- obrante a fs. 4/6 de las actuaciones administrativas. Ello así, por cuanto la carpeta de la destinación es el documento esencial que motiva la denuncia, causa de la imputación de la infracción y la consiguiente exigencia tributaria.
Que, en este sentido, la destinación de importación temporaria y los permisos de embarque y/o despachos de importación a consumo que pudieran haber sido documentados, resultan indispensables para proceder a la descarga de la mercadería importada temporariamente y dilucidar el eventual incumplimiento imputado por la Aduana.
Que, por consiguiente, la ausencia de la carpeta original de la destinación -o, en su caso, de una copia certificada que permita reconstruir sus extremos esenciales- impide tener por acreditado, con el grado de certeza exigible en materia infraccional, el hecho objetivo sobre el cual se sustenta la imputación.
Que, en consecuencia, siendo la Aduana la responsable de contar con la destinación 11052TG16000040R, en virtud de la cual incriminó el incumplimiento de la importadora, su ausencia implica que la resolución condenatoria carece de sustento documentado.
VII. Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y a mayor abundamiento, cabe señalar que la aduana tampoco atendió a la solicitud de prórroga presentada por la firma recurrente ante la Secretaría de Industria con fecha 14.12.11, con relación a la destinación involucrada en autos, que fue expresamente invocada en la contestación de la vista, aunque fue desestimada por extemporánea.
Que al interponer el recurso de apelación ante esta instancia, la recurrente agregó a fs. 7/10 de autos una copia completa del pedido de prórroga que tramitó bajo la actuación 13289-7219-2012 (Nota SCOEX 672/12) del 29.03.12, de la que surge que se concedió la prórroga solicitada de la DIT por un plazo de 360 días.
Que, si bien se observa que a la fecha de la denuncia formulada por la presunta infracción del art. 970 del CA, el 8.03.12, la aduana no tenía conocimiento del pedido de prórroga y la Secretaría de Industria aún no se había expedido al respecto, lo cierto es que la importadora al contestar la vista informó al servicio aduanero la iniciación del trámite con anterioridad al vencimiento del plazo original (que habría operado el 28.01.12) y ofreció prueba informativa, lo cual le imponía al servicio aduanero la necesidad de verificar el estado de aquel trámite, máxime si se tiene en cuenta que la recurrente manifestó que no pudo regularizar la destinación por el bloqueo de la misma.
Que, de lo expuesto, se puede observar que el sumario aduanero carece de elementos probatorios esenciales para sustentar la imputación del art. 970 del CA. En efecto, la falta de incorporación de la DIT original -o copia certificada de la mismay de la producción de la prueba informativa o del dictado de una medida tendiente a determinar el estado del trámite del pedido de prórroga, que finalmente resultó favorable a la recurrente, impide tener por acreditado el presupuesto objetivo de la infracción imputada, esto es, la falta de reexportación o nacionalización de la mercadería importada al vencimiento del plazo de permanencia.
Que, en consecuencia, las deficiencias observadas en la sustanciación del sumario aduanero impiden sostener la procedencia de la multa y de la exigencia tributaria determinadas en la resolución apelada, atento a que la aduana no acreditó debidamente en autos el presunto incumplimiento en que se sustenta la imputación, por lo que corresponde revocar la resolución apelada, con costas a la DGA.
Que, por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución 86/2015 (AD ROSA) dictada en la actuación SIGEA 14754-29-2012, en tanto impone multa y tributos a la firma INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A., con costas a la DGA.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que adhiero a la solución propiciada por el Vocal preopinante, con sustento en lo expuesto en el considerando VII de su voto en cuanto a la prórroga del plazo de permanencia solicitada con fecha 14/12/2011 y concedida respecto de la destinación de importación temporaria N° 11052TG16000040R, sin que resulte necesario, en atención a ello, expedirme sobre lo expresado en los considerandos V y VI. Formulo, además, las siguientes consideraciones respecto de la exigencia tributaria.
En cuanto a la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero, comparto que las constancias incorporadas ante esta instancia relativas a la prórroga oportunamente solicitada y posteriormente concedida impiden tener por configurado el incumplimiento que sustenta la sanción aplicada.
En particular, conforme surge del voto precedente, la firma solicitó con fecha 14/12/2011 la prórroga del plazo de permanencia correspondiente a la destinación de importación temporaria N° 11052TG16000040R y, posteriormente, mediante Nota SCEX N° 672/12 de fecha 29/03/2012, la autoridad competente concedió la prórroga solicitada por el término de 360 días.
II. Que, sentado lo anterior, cabe dejar a salvo que la revocación de la sanción impuesta con fundamento en el art. 970 del Código Aduanero no determina, por sí sola, la improcedencia de la obligación tributaria que eventualmente pudiera corresponder respecto de la mercadería involucrada.
En efecto, la responsabilidad infraccional y la obligación tributaria responden a presupuestos jurídicos propios, de modo que la inexistencia o falta de acreditación suficiente de una infracción aduanera no importa necesariamente la inexistencia de una obligación tributaria.
Sin embargo, en las particulares circunstancias de autos, corresponde arribar a la misma solución revocatoria respecto de la exigencia tributaria.
III. Que la resolución apelada tuvo por configurado el incumplimiento sobre la base del vencimiento del plazo de permanencia que consideró aplicable a la destinación suspensiva de importación temporaria N° 11052TG16000040R. No obstante, quedó acreditado en autos que la autoridad competente concedió posteriormente una prórroga por el término de 360 días respecto de dicha destinación.
Ello surge de la Nota SCEX N° 672/12 (NDPE 189) del 29/03/2012, dirigida por la Secretaría de Comercio Exterior a la Dirección General de Aduanas -Área Procedimientos Técnicos, Sector Prórrogas, Aduana de Rosario- y recibida por la AFIP el 4/04/2012 (SIGEA 13289-7219-2012), cuya copia autenticada fue remitida a esta instancia en respuesta a la prueba informativa (fs. 92/95), en la que la destinación N° 11052TG16000040R figura expresamente entre aquellas cuyo plazo se autorizó a prorrogar por 360 días.
Cabe destacar que la solicitud de prórroga fue formulada el 14/12/2011, es decir, con anterioridad al vencimiento del plazo originario de permanencia, y que la autoridad de aplicación la concedió sin formular reparo alguno respecto de su oportunidad. En tales condiciones, la demora de la Administración en expedirse no puede ser imputada al importador, y la prórroga otorgada se integra al plazo originario, sin solución de continuidad en la vigencia de la destinación. En tales condiciones, ha quedado desvirtuado el presupuesto fáctico sobre cuya base el servicio aduanero tuvo por configurado el incumplimiento. El vencimiento considerado por la Aduana al dictar el acto recurrido no puede sustentar, entonces, ni la consecuencia infraccional ni la exigencia tributaria allí determinada.
Ello no importa desconocer la autonomía existente entre la responsabilidad infraccional y la obligación tributaria, sino advertir que, en el caso concreto, ambas consecuencias fueron sustentadas en un presupuesto fáctico -el vencimiento del plazo entonces considerado aplicable- que resultó posteriormente desvirtuado por la prórroga concedida por la autoridad competente.
IV. Que, por otra parte, lo que eventualmente hubiera ocurrido al vencimiento del plazo resultante de la prórroga concedida constituye una cuestión distinta de aquella que fue objeto de investigación y decisión en las actuaciones administrativas que dieron origen a esta causa.
En consecuencia, la eventual configuración de un incumplimiento posterior al vencimiento del plazo prorrogado resulta ajena al objeto de esta litis y no puede ser examinada en estas actuaciones ni utilizada para sustituir el fundamento fáctico del acto apelado, sin la previa sustanciación del procedimiento correspondiente.
No escapa a este análisis que, conforme surge de la misma Nota, a la fecha de la solicitud de prórroga la destinación registraba un 45% de exportación (4.094 de 8.960 unidades), sin que obren en autos constancias sobre el destino del saldo al vencimiento del plazo prorrogado. Por ello, lo aquí decidido no importa pronunciamiento alguno sobre tales extremos, ni sobre la cancelación de la destinación o la liberación de las garantías que se hubieren constituido.
V. Que, por las razones expuestas, adhiero a la solución propiciada por el Vocal preopinante en cuanto corresponde revocar la Resolución Fallo AD ROSA N° 86/15 tanto respecto de la multa impuesta en los términos del art. 970 del Código Aduanero como de la exigencia tributaria contenida en dicho acto. Con costas a la Dirección General de Aduanas, toda vez que la prórroga oportunamente solicitada fue concedida y comunicada al propio servicio aduanero, que la recibió el 4/04/2012, pese a lo cual se dictó la resolución condenatoria sin considerarla.
En virtud de la votación precedente, SE
Revocar la Resolución 86/2015 (AD ROSA) dictada en la actuación SIGEA 14754-29-2012, en tanto impone multa y tributos a la firma INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A., con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Segura por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2026.09.30 21:10:11 ART Date: 2026.09.30 22:28:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.30 22:28:36 -03:00
Fin de la sentencia