Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 120571035-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso deducido por el Fisco y confirmar la resolución apelada; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2En atención a la intimación cursada en el punto V del proveído del 11/3/25, notificado al demandado en igual fecha, sin que aquél cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicar astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo. Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4051/2025 “INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA (TF 120571035-A)
c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 11 de abril de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 19/08/24, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, declaró la nulidad de la resolución DE PRLA 1386/19, dictada en la actuación SIGEA 12206- 5650-2009, en cuanto había intimado a la actora al pago de tributos; con costas a cargo del Fisco Nacional (v. pp. 295-300 de la versión digital del expediente TF 120571035-A, remitida con el oficio del 11/3/25).
Para resolver como lo hizo, destacó que las actuaciones se habían iniciado por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la destinación de importación temporaria 08 073 IT4 000289S. Mencionó que la resolución DE PRLA 1386/19 aplicó la instrucción general DGA 9/17 y archivó la denuncia infraccional debido a la escasa significación de la sanción determinada, pero sin que se hubiese verificado la comisión de la infracción. Indicó que, sin perjuicio de ello, la Aduana mantuvo la formulación del cargo por los tributos adeudados. Finalmente, hizo notar que la resolución en cuestión se notificó 3 años después de su dictado.
En ese contexto, el voto mayoritario interpretó que se había afectado de modo grave e insanable el derecho de defensa de la recurrente, así como el principio de tutela judicial efectiva, puesto que, si bien en el caso se había dictado y notificado el acto de corrida de vista del sumario, no se llevó adelante ninguna diligencia tendiente a comprobar la falta de regularización de la mercadería, sino que, una vez contestada la vista, se emitió directamente la resolución condenatoria. Por consiguiente, admitió el planteo de nulidad por vicios esenciales en el procedimiento en los términos del artículo 14 de la ley 19.549, y dejó sin efecto la exigencia tributaria.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso apelación el 1/10/24, que se concedió el 8/10/24, se fundó el 2/10/24 y fue replicada el 15/11/24 (pp. 306, 306, 309-319 y 323-329, expte. cit.).
En sus agravios planteó que “el auto por el que se dispuso la instrucción del sumario administrativo, de fecha 31/10/2014, cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 1094 y suspendió el curso de la prescripción de la acción para percibir tributos, conforme lo dispuesto por el artículo 805, inciso a) del CA” (p. 311, expte. cit.). Añadió que se había omitido considerar el principio que proscribe declarar la nulidad del procedimiento por la nulidad misma.
Por otra parte, sostuvo que era un error interpretar que la resolución DE PRLA 1386/19 había tenido tácitamente por configurada la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, pues únicamente ordenó el archivo del sumario; es decir, la clausura de la investigación. Dijo que la medida incluso favorecía a la actora, ya que no se le 1 cobraba la multa ni se le computaban antecedentes. Agregó que no era una condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria la existencia previa de una infracción aduanera y que, en el caso, se había planteado desde un primer momento la distinción entre la esfera de responsabilidad infraccional (por la que correspondería la aplicación de sanciones) y la de responsabilidad tributaria (por la que se origina la formulación del cargo). Concluyó que el cargo apelado era una liquidación de tributos con sustento en la configuración del hecho imponible previsto por el legislador (la importación para consumo) y que, a los fines de probar su improcedencia, hubiera correspondido que la contraria iniciara el correspondiente procedimiento de impugnación.
3. Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en virtud de la remisión que efectúa el artículo 1182 del CA— establece que “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”. Es decir, que el contenido del memorial debe consistir en una crítica seria y precisa de los supuestos errores que contiene la sentencia, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, y no puede constituir únicamente una simple discrepancia con lo resuelto por el juzgador (cfr. esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN-M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12, entre muchas otras).
Además, la Corte federal ha señalado que los recurrentes deben rebatir todos los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
4. Que es evidente que el memorial del Fisco Nacional no cumple con tales pautas, en tanto defiende la validez del acto de apertura del sumario, sin advertir que, en el caso puntual, la declaración de nulidad del procedimiento no se sustentó en el incumplimiento de lo previsto por el artículo 1094 del Código Aduanero, sino en la falta de consideración de los argumentos y las pruebas proporcionadas por la parte actora, antes de emitirse el pronunciamiento definitivo en el sumario.
5. Que, más allá de lo expuesto, esta Sala interpreta -del mismo modo en que lo hizo el voto mayoritario de la decisión apelada- que la resolución DE PRLA 1386/19 fue dictada en el marco de la actuación SIGEA 12206-5650-2009, iniciada por presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero (v. auto de instrucción sumarial y considerandos de la citada resolución, en las págs. 130 y 208 del expte. citado). Es decir que el cargo contenido en el artículo 2º de aquélla debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones que culminó con una resolución condenatoria al pago de tributos, aunque absolutoria en el aspecto infraccional (arg. art. 1112, incs. a y b, CA).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4051/2025 “INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA (TF 120571035-A)
c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
De manera que la liquidación de tributos allí contenida, en tanto recaída en un procedimiento para las infracciones, no era impugnable en sede aduanera y por el procedimiento reglado del artículo 1053, inciso a, del código.
Por otro lado, no se discute que se arribó a esa solución porque el importe de la multa no alcanzaba el mínimo previsto por la instrucción general DGA 9/17, pero sin que se hubieran considerado los argumentos ni las pruebas propuestas en orden a acreditar la regularización de la mercadería dentro del plazo otorgado para su permanencia; sin lo cual no pudo considerarse acreditado el hecho que servía de base a la imputación y que, asimismo, condicionaban el reclamo de los tributos.
Resta señalar que, si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco —en cuanto a que se trataría de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros—, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo; en tal caso, por falta de causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de los gravámenes (arg. arts. 7, inc. b, y 14, inc. b, ley 19.549, según la redacción vigente al momento de dictado del acto; y doctr. esta Sala, causas 46832/22 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA”, sent. del 20/9/22, y 46837/22 “Gax SA (TF 77575105-A) c/ DGA”, sent. del 13/9/22, y sus citas).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso deducido por el Fisco y confirmar la resolución apelada; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2. En atención a la intimación cursada en el punto V del proveído del 11/3/25, notificado al demandado en igual fecha, sin que aquél cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicar astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo. Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
Regístrese, notifíquese y siga la causa con la remisión el Representante del Fisco.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia