Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 124384947-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional, mantener parcialmente lo decidido en la sentencia del 19/09/2023, dejando sin efecto lo ordenado en el punto iii.
2Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada (ver Considerando IX).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 1884/2024 INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA (TF 124384947-A)
c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 10 de junio de 2025.- SH
Los recursos de apelación interpuestos por el Fisco Nacional y por la parte actora el 01/11/2023 y 03/11/2023 (v. IF-2023-130252778 -APN-DTD#JGM e IF-2023-131197239-APNDTD#JGM), concedidos el 07/11/2023 (v. PV-2023-132673852-APN-VOCXIV#TFN), contra la sentencia del 19/09/2023, fundados por sendas expresiones de agravios del 01/11/2023 y 27/11/2023 (v. IF-2023-130252778-APN-DTD#JGM e IF-2023-141181236-APN-DTD#JGM), cuyos respectivos traslados corridos en las PV-2023-132673852-APN-VOCXIV#TFN y PV-2023 -143069683-APN-SGASAD#TFN, fueran contestados recíprocamente el 29/11/2023 y 26/12/2023 (v. IF-2023-142396059-APN-DTD#JGM e IF-2023-152611637-APN-DTD#JGM). Y,
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso La firma importadora INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA el 17/01/2008 oficializó la importación temporaria de motores de arranque y bujías por el DIT 08073IT14000119K (v. pp. 187 del DEO 13009421), cuyo vencimiento operaba el 12/01/2009.
En el año 2010, la Aduana inició un sumario infraccional a raíz de la denuncia del 26/02/2010 por la infracción prevista en el art. 970 del CA (v. acta de denuncia de denuncia, p. 124 del DEO 13009421), que tramitó en la actuación SIGEA 12206-5664-2009. De la compulsa de dichas actuaciones surge que el 28/10/2014 se dispuso la apertura del sumario (cfr. p 143 del DEO 13009421), el cual concluyó, sin que se haya corrido la vista del art. 1011 del CA, con la resolución (DE PRLA) 7841/2018, del 22/10/2018, en la cual el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros ordenó el archivo de las actuaciones en los términos de la Instrucción General (DGA) 9/17 (ver art. 1°) y, al mismo tiempo, formuló cargo por los tributos a la importadora y a la aseguradora, como garante de las obligaciones tributarias (art. 3°; v. pp 155-156 del DEO 13009421). Contra dicha resolución, la importadora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA, en el que planteó la nulidad del procedimiento atento a que no se corrió la vista del artículo 1101 del C.A, denunció la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos reclamados, y alegó el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y la falta de la configuración del tipo infraccional imputado (cfr. pp 5-25 del DEO 13009421).
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Que por la sentencia del 19 de septiembre de 2023, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) declaró la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 7841/2018, con costas al fisco; (ii) rechazó el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas; (iii) dispuso la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
Para así decidir, el vocal cuyo voto conformó la mayoría, sostuvo que la resolución apelada no puede considerarse definitiva por revestir carácter provisorio durante el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo deviene definitivo.
En lo que atañe a la prescripción, expuso que no habría operado dado que el dictado del auto de apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805 inc. a) del C.A., sin que la notificación del referido auto resulta exigible.
Asimismo, consideró que el artículo 1104 del Código Aduanero dispone que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo, motivo por el cual, corresponde devolver las actuaciones a la DGA y disponer que la División Secretaría de Actuación n° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsanando las irregularidades incurridas, imprima CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 1884/2024 INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA (TF 124384947-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el art. 1101 del CA.
III. Los agravios del Fisco Nacional exAFIP – DGA Que, el Fisco Nacional se agravia de la sentencia por cuanto declara la nulidad de todo lo actuado en el sumario administrativo atento haber omitido la DGA efectuar la corrida de vista prevista en el art. 1101 del C.A.
En este sentido, sostiene que la causa de la obligación tributaria reclamada es el incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería importada bajo el régimen temporario mediante la DIT en cuestión “sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”. Explica que el hecho imponible de los tributos reclamados es la importación para consumo de la mercadería y no la calificación infraccional que merezca el incumplimiento advertido por el servicio aduanero.
Aduce que “una correcta exégesis de lo que implica el archivo dispuesto de la investigación infraccional entendería sin dudas que ella implica, al menos, el desligue absoluto de la cuestión tributaria, la que debe seguir su curso por las vías pertinentes, en forma independiente de la cuestión infraccional (archivada).
Manifiesta que la Aduana no omitió correr vista de lo actuado, y que “decidió dejar sin efecto las actuaciones sumariales antes de llegar a ese estadio del proceso, y procedió a reclamar el tributo debido por haberse vencido el plazo para reexportar la mercadería”. Cita el art. 1050 CA y recalca que no se puede declarar la nulidad de un acto de procedimiento si el mismo, no obstante, su irregularidad, hubiere logrado la finalidad a que estaba destinado.
Solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.
IV. Los agravios de la importadora Que, la firma actora cuestiona que en la sentencia haya sido rechazado su planteo de prescripción. A su vez, critica que en el punto 3° del decisorio se disponga el retorno de las actuaciones a sede aduanera cuando la demandada ha incumplido el procedimiento infraccional y no ha logrado acreditar, en todos estos años, la configuración de la infracción imputada. Plantea la nulidad del auto que ordenó la instrucción del sumario, la vulneración del debido proceso. Hace hincapié en que el incumplimiento a lo dispuesto por el art. 1101 del CA vulnera insanablemente su derecho de defensa, sobre todo teniendo en cuenta que la resolución (DE PRLA) 7841, recién le fue notificada en 2022; cuando habían transcurrido 14 años desde el supuesto incumplimiento del régimen de importación temporaria, y había operado la prescripción.
Al respecto, argumenta que la falta de notificación del auto de apertura sumarial es un obstáculo para reconocerle efectos suspensivos sobre el curso de la prescripción.
Reitera que la importadora ha cumplido con el régimen y que la infracción no ha quedado configurada.
Por último, se agravia de la imposición de las costas, por el rechazo de la prescripción. Solicita que esta cuestión sea revisada en su integralidad y que se impongan en su totalidad a la demandada vencida.
V. Alcances del pronunciamiento.
Que es importante recordar que es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re “CPACF- Inc Med (2-III -11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20, “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 1884/2024 INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA (TF 124384947-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22; causa nro. 15567/2021 “Pioneer Argentina SRL -TF 39782-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/12/2024, entre otros).
VI. El alcance de la resolución que ordena el archivo del sumario y formula cargo por tributos.
La resolución (DE PRLA) 7841/2018 que ordena el archivo de las actuaciones y formula cargo por tributos es una resolución definitiva que pone fin al procedimiento para investigar la comisión de una infracción aduanera, absolviendo de dicha imputación al sujeto aduanero encartado exclusivamente en función del bajo monto de la multa por no superar el tope establecido en diversas instrucciones generales de la Aduana (vgr. Instrucción General 9/2017, similar a la Instrucción General 11/206, modificatoria de la IG 2/2008, ampliatoria de la IG 02/2007) y condenando al pago de los tributos al obligado y al garante, prescindiendo del resultado de la investigación del hecho generador o hecho imponible.
La Sala IV del fuero ha declarado que el reclamo tributario contenido en esta clase de resoluciones debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones que culminó con una resolución condenatoria al pago de tributos, aunque absolutoria en el aspecto infraccional y que, por consiguiente, la liquidación de tributos contenida en estas resoluciones, en tanto que recaídas en un procedimiento para las infracciones, no son impugnables en sede aduanera por el procedimiento reglado del artículo 1053, inciso a, del código (arg. art. 1112, incs. a y b, CA)” (cfr. Saña IV, expte. 46832/22 in re “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA”, del 20/09/2022, considerando 3°, primer párrafo; extpe. nro. 47883/22 in re “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA”, del 1/11/2022, en especial, considerando 5°, segundo párrafo).
Dicho criterio también ha quedado establecido por esta Sala en su actual integración (cfr. nro. 32755/2023 “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (TF 67137511-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6/03/2025, en especial Considerando VII y en expte. nro. 7865/2024 “Roberto Rodofeli y Cia -TF 40035-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 1°/04/2025, entre muchos otros).
En la especie, esta conclusión halla respaldo en la circunstancia que el servicio aduanero al notificar la resolución apelada hizo saber a la importadora, textualmente que “que la presente Resolución definitiva, dictada en un procedimiento para las infracciones, puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación o ante la Cámara Contencioso Administrativa, dentro de los quince días de notificada la misma (arts. 1132 y cc. Del C.A). Tal situación debe ser acreditada en el presente (art. 1138 del C.A)”. (cfr. pp. 294 del DEO 13009421).
Lo antedicho, debe ser anudado con que la liquidación de tributos en la que se basa la exigencia aquí disputada, contenida en la resolución (DE PRLA) 7841, del 22/10/2018, en la medida en que ha recaído en un procedimiento para las infracciones, no era impugnable en sede aduanera y por el procedimiento reglado en el art. 1053, inciso a) del CA.
Desde otra perspectiva, y como será analizado en seguida, cabe apuntar que la solución a la que arribó la aduana sólo se halla fundada en que el importe de la multa no alcanzaba el mínimo previsto por la Instrucción General DGA 9/17 (v. liquidación fo. 25 de las act. adm.; p 288 del DEO 13009421), pero sin dar previa intervención a la importadora incriminada para que acreditase lo que estimare pertinente en su defensa respecto de los hechos que servían de base a la imputación, los cuales, condicionaban el reclamo de los tributos (esto es, la comprobación del incumplimiento de la importación temporaria).
VII. La Aduana no cumplió con el procedimiento previsto en el Código Aduanero En lo que atañe al procedimiento seguido en autos, corresponde traer a colación que el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por lo cual cuando el servicio aduanero tome conocimiento de la presunta CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 1884/2024 INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA (TF 124384947-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO configuración de una infracción aduanera, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (cfme. Arts. 1080 y 1081 del CA).
El art. 1091 del CA. establece que: “El sumario tiene por objeto; a) comprobar la existencia de una infracción aduanera; b) determinar los responsables; c) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal y la graduación de las penas aplicables; d) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder” y el art. 1094 del referido plexo normativo, dispone: “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. A su vez, el art. 1101 del Código Aduanero que establece:
“Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
El artículo en cuestión, por un lado, obliga a la administración a que –previo a correr vista de lo actuado– determine con estricta certeza los hechos investigados. Por el otro, obliga efectivamente a realizar el pertinente traslado.
En este entendimiento, al correrse vista el imputado podrá ejercer adecuadamente el derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional. En esta línea, se ha dicho que el traslado debe ser notificado y que es obligatorio el patrocinio letrado, en atención a que se trata de una defensa con claro contenido jurídico (Cfr. Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, Tomo I, Abeledo-Perrot, 1º ed., Buenos Aires, 2011, Tomo III. pág. 627). Ello demuestra que lo establecido resulta de suma importancia para asegurar el debido proceso.
Con relación a la corrida de vista el Dr. Alfredo Abarca señaló “….es la pieza fundamental del ejercicio del derecho de defensa del imputado dentro del procedimiento para las infracciones y para los delitos en sede aduanera. La falta de otorgamiento de la vista o su notificación defectuosa acarrea la nulidad de toda actuación futura, porque ésta es la única posibilidad que concede la ley para la defensa, y de no cumplirse con este acto procesal se estarían violando derechos básicos protegidos constitucionalmente (art. 18 CN) (Procedimientos Aduanero y Penal Cambiario, pag. 225, 1ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Guía Práctica; Ediciones Iara, 2017).
Ahora bien, del análisis de las actuaciones administrativas no se advierte que en el proceso sumarial se haya cumplido con la vista correspondiente a la aquí actora, lo cual imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa tutelado por el art. 18 de la Constitución Nacional. La omisión antes mencionada no puede ser subsanada ante esta instancia, toda vez que la misma ha conllevado la violación del debido proceso de raigambre constitucional (cfr. esta Sala, expte. 1239/2024 “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” del 20/03/2025).
Esta solución resulta concordante con lo que tiene dicho la Sala IV del fuero en las causas 29997/11 “Cosena Seguros SA (TF 24583-A) c/ DGA”, sentencia del 9/2/2012 y 56691/15 “Ramírez, Horacio Omar c/ DGA”, del 5/4/2016, en las que resolvió que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 1884/2024 INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA (TF 124384947-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes (cfr. Sala IV, 46832/2022 Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022 y esta Sala en la actual integración exptes. nros. 7865/2024 “Roberto Rodofeli y Cia”, ya citado, y 11870/2024 “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA (TF 120260476-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 13/05/2025).
Por todo lo cual, corresponde rechazar los agravios del Fisco Nacional, admitir el planteo de nulidad formulado por la parte actora y confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad de la resolución, revocando el punto iii) de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, en el que se ordenaba notificar la vista y proseguir con el trámite en sede aduanera, solución que resulta similar a la arribada por la Sala IV del fuero 11/04/2025 en los autos, “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA TF 70728797-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. 465/2024 y a lo decidido por esta Sala en la actual composición el 13/05/2025, en el expte. 11870/2024 “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA”, ya citado.
VIII. Falta de constatación del hecho imponible Que, a mayor abundamiento, si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco —en cuanto a que se trataría de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros—, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo por vicio en la causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de los gravámenes (arg. arts. 7, inc. b, y 14, inc. b, ley 19.549, según la redacción vigente al momento de dictado del acto; y Sala IV, causas 46832/22 y 46837/22 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA” y “Gax SA (TF 77575105-A) c/ DGA”, sentencias del 13/9/22 y del 20/09/2022 y sus citas; esta Sala 11870/2024 “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA (TF 120260476-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 13/05/2025).
A raíz del modo en que ha quedado definida la cuestión resulta innecesario examinar los restantes agravios esgrimidos por las partes.
IX. Costas.
Por último, en lo que respecta a las costas, en atención al resultado del recurso y a la forma en que se resuelve, corresponde imponer las costas de ambas instancias, en su totalidad, al Fisco Nacional – ex AFIP-DGA, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y 68, primer párr., del CPCCN).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto el Tribunal RESUELVE:
1. hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional, mantener parcialmente lo decidido en la sentencia del 19/09/2023, dejando sin efecto lo ordenado en el punto iii.
2. imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada (ver Considerando IX).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia