Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 39712-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de fecha 16/08/2023, con costas (art. 68, 1° párrafo del C.P.C.C.N.).
“Industrias John Deere Argentina (TF39712 -A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y Buenos Aires, 20 de mayo de 2025.
VISTOS y
I. Que mediante el pronunciamiento del 16/08/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de la notificación SICNEA 18001NOTI060647B y del artículo 2 de la resolución (DE PRLA)
7970/2018, con costas a la demandada. Rechazó el planteo de prescripción de la acción tributaria opuesto por la actora, con costas. Dispuso la devolución de las actuaciones para que la Secretaria de Actuación N° 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1107 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
Para así decidir, el tribunal a quo, indicó que, la solución del caso se definía a partir de: (i) la dificultad para aunar criterios dentro de la Sala; (ii) las recientes resoluciones de la Aduana sobre la cuestión; (iii) el hecho de constatarse en las actuaciones irregularidades procedimentales en materia contravencional que pertenecen al ámbito estricto de la competencia administrativa y, (iv) el imperativo de dictar sentencia en el pleito.
Sentado lo anterior, precisó que, en virtud de las irregularidades de procedimiento denunciadas por la actora -incurridas per el servicio aduanero- en la sustanciación del sumario, correspondía señalar que la Resolución (DE PRLA) 7970/2018 fue dictada en cumplimiento de la Instrucción General N° 9/17 por lo cual, se dispuso archivar el sumario y formular cargo por tributos.
Ponderó que, en efecto, las actuaciones aduaneras se iniciaron con la declaración jurada para la cancelación de importaciones temporales y los correspondientes Certificados de Tipificación y Clasificación (CTCs); luego luce la formulación de la denuncia 59/10 por presunta infracción al art. 970 del CA, con relación a la destinación 08001 IT 14000169P y corrida de vista (ver fs. 29, 30 y 31). Posteriormente, se practicaron diversas liquidaciones de multa y tributos.
Señaló que, dictada la corrida de vista el 21/03/14 y practicada una nueva liquidación (fs. 33) se dictó la Resolución (DE PRLA) 7970/2018 apelada, por la que se ordenó el archivo de las actuaciones por la multa por presunta infracción del art. 970 del C.A. en los términos de la IG N° 9/17 (DGA) y formuló cargo a la empresa INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A. y a CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. (póliza 602780) por los tributos.
Apuntó que, la recurrente tomó conocimiento de la resolución apelada, notificándose mediante SICNEA de fecha 01/11/18 (cuya constancia lucía agregada en los antecedentes administrativas a fs. 39). Expuso que, el servicio aduanero había omitido la consideración de que el archivo de la denuncia contra la importadora revestía carácter “provisorio” hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devendría definitivo.
Entendió que, por tal motivo, la resolución (DE PRLA) 7970/2018 no podía considerarse definitiva, ni asimilable a definitiva. En virtud de ello, consideró que, devenía nula la notificación cuya constancia lucía a fs. 39 de las actuaciones, que fácilmente pudo inducir a la actora a interpretar que la resolución revestía el carácter de definitiva, cuando no lo era. En consecuencia, correspondía declarar la nulidad de la notificación SICNEA 18001NOTI060647B, con costas a la demandada. En relación a los tributos, alegó que, el art. 1104 del CA disponía que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo.
Manifestó que, conforme surgía de los antecedentes administrativos, a fs. 29 se dispuso correr la vista del art. 1101 del CA, sin que obre notificación de tal acto, afectando el derecho de defensa de la parte. Por lo tanto, correspondía declarar la nulidad del art. 2° de la resolución (DE PRLA) 7970/2018 y, en consecuencia, devolver las actuaciones a la DGA y disponer que el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsanando las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente conforme lo previsto en el art. 1107 del CA y sig. en el marco del procedimiento infraccional.
Por último, indicó que, correspondía expedirse respecto del planteo de prescripción de la acción tributaria del Fisco opuesto por la actora. A tal fin, apuntó que, conforme lo establecido por el art. 803 del CA, la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera prescribía por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere configurado el hecho gravado (19/01/09), que en el caso correspondía al vencimiento de la destinación de importación temporaria en vista. Es decir que el plazo comenzó a correr el 1/01/10.
En tales condiciones, destacó que, teniendo en consideración la fecha de vencimiento de la destinación y la fecha en que se dictó el auto de instrucción de sumario -31.03.14- correspondía concluir que no se constataba en el caso la pretendida prescripción de la acción del Fisco para percibir el cobro de los tributos aduaneros, por cuanto el dictado del auto de apertura del sumario había suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805 inc. a) del CA, sin exigirse la notificación del referido auto.
Finalmente, expresó que, por la forma en que se resolvía, no correspondía el tratamiento del resto de los planteos realizados por las partes.
II. Que, contra dicha resolución, con fecha 5/10/2023 interpuso recurso de apelación la actora, expresando agravios el 30/10/2023, los que fueron no contestados por la contraria.
Se deja constancia que con fecha 21/02/2025 este Tribunal declaró la caducidad del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.
III. Apelación de la actora:
De manera inicial, la recurrente señala que, no obstante haber acreditado cabalmente el cumplimiento de la temporal, el Servicio Aduanero procedió a formular denuncia en relación a la destinación de importación temporal 08001IT14000169P el 26/02/2010 ‘‘Por infracción al régimen de destinación suspensiva del C.A. con respecto a la mercadería con vencimiento el 19/01/2009”.
Indica que, luego de transcurridos 4 años desde la formulación de la denuncia, el 31/03/2014 se dispuso la instrucción de sumario junto con la corrida de vista, la Aduana actuando de forma completamente injustificada y arbitraria, omitió notificar a su parte, impidiendo que ejerza su derecho de defensa contra el supuesto incumplimiento endilgado. Hace hincapié en que, no fue sino hasta el 01/11/2018 que su parte tomó conocimiento del sumario en cuestión, fecha en la cual se lo notificó mediante SICNEA de la Resolución condenatoria (DE PRLA N° 7970/18) recaída en autos por entender el Servicio Aduanero que se encontraba tipificada la infracción prevista en el Art. 970 del Código Aduanero. Señala que el vencimiento de la temporal se produjo el 19/01/2009, y que de acuerdo a lo receptado por el Código Aduanero, el plazo de prescripción para percibir tributos opera a los 5 años del momento imponible (en este caso, el vencimiento de la temporal), comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido hecho gravado (arts. 803-804 C.A.), con lo cual, al no haberse producido ningún acto válido de suspensión o interrupción, la prescripción se configuró el 31/12/2014, al omitirse notificar el relevante acto administrativo por el cual se pretendía instruir sumario y correr vista que lleva fecha 31/03/2014.
Asevera que, ello es así toda vez que no se logra suspender la prescripción con la mera apertura de sumario, sin la debida notificación de ese acto. Esto encuentra sustento tanto en el Código Aduanero (Art. 1012 inc. c), como en Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Art. 11), de aplicación supletoria conforme lo establece el Art. 1017 del CA. Postula que, se advierten una serie de inobservancias de la Aduana en tanto omitió notificar a la firma del acto de apertura de sumario -el cual le hubiese permitido presentarse, ejercer su defensa y presentar toda la prueba conducente a fin de demostrar el efectivo cumplimiento del régimen-, apartándose por completo del procedimiento reglado, resolvió el sumario poniendo fin al proceso en sede aduanera y condenando por una supuesta infracción que no logró probar (no hay elemento alguno por el cual el servicio aduanero logre acreditar la existencia de la infracción denunciada).
La resolución condenatoria emitida el 26/10/2018, estableció el archivo de la multa en atención al apartado D.4 de la Instrucción General 9/2017 (DGA), la formulación de cargo en concepto de tributos adeudados. Por su parte, en el SICNEA mediante el cual se notificó dicha resolución se informó que esta podía ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (de acuerdo a que se trataba de una resolución definitiva). Frente a la situación descripta, en resguardo de los derechos de su parte, se procedió a interponer recurso de apelación ante el Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación, quien se expidió rechazando el planteo de prescripción tributaria impuesto por esa parte, y dispuso la devolución de las actuaciones a la Secretaria de Actuación N°4 a fin de que imprima el trámite pertinente en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1107 del Código Aduanero produciendo con tal decisorio perjuicios irreparables que motivan a esta parte a acudir en apelación a esta Excma.
Cámara, toda vez que no hay elemento alguno por el cual el servicio aduanero logre acreditar la existencia de la infracción denunciada en las instancias precedentes. Considera que, de lo expuesto no se observa otra conclusión que la obligación tributaria no puede nacer si no se acredita la importación irregular y la configuración de la figura endilgada a su parte, todo lo cual, no ha logrado acreditar el servicio aduanero. El reconocimiento de la inobservancia del procedimiento reglado, implica una clara afectación del derecho de defensa de su parte, toda vez que, de proceder conforme lo resulto por el Tribunal Fiscal, debería padecer “el renacer” de un reclamo que en modo alguno ha respetado las normas aplicables y mucho menos ha respetado los principio y garantías de su parte.
Entiende que, el criterio por el cual se pretenden escindir la acción infraccional y la acción tributaria, implican un claro menoscabo de los derechos de su parte que pareciera enfrentarse a un eterno DE JAVU del cuestionamiento de la importación temporal de una mercadería que ha sido debidamente reexportada en tiempo y forma. El tener dos visiones del mismo proceso (infraccional y tributaria), torna al pronunciamiento arbitrario y carente de toda noción de justicia y equidad, desequilibrio que solo podrá ser reparado por este Tribunal, lo que solicita.
Puntualmente, se agravia por cuanto el Tribunal Fiscal de la Nación entendió al dictar sentencia que se reunían los requisitos establecidos en el art. 970 inc. b) del C.A. para la procedencia de la sanción aplicada a su parte, haciendo una interpretación contraria y poco armónica de la normativa aplicable al caso.
En efecto, se trata de un fallo que no deriva razonablemente del derecho en vigor, por cuanto se aparta de las normas aplicables o las interpreta inadecuada o caprichosamente.
Se queja en cuanto mediante el pronunciamiento apelado se rechaza el planteo de prescripción de la acción tributaria, con costas. Se agravia del perjuicio irreparable derivado del rechazo al planteo de prescripción de la acción tributaria del Fisco para reclamar los tributos de una infracción que no se ha configurado, y que además se encuentra prescripta por no existir acto que la haya suspendido o interrumpido, toda vez que la apertura de sumario y corrida de vista - documentadas conjuntamente el 31/03/2014-jamás le fueron notificada, tomando conocimiento prácticamente 10 años después de que hubiese operado el vencimiento de la temporal, a través de una resolución condenatoria que se limitó a resolver las actuaciones sin haber agotado la totalidad de las medidas tendientes a dilucidar la realidad de la situación.
En línea de lo mencionado precedentemente, reitera que el acto de apertura de sumario como acto administrativo de alcance particular, requiere de notificación para ser eficaz, por lo que no es suficiente la apertura del sumario sin ponerla en conocimiento del supuesto infractor. Se trata de un acto sumamente transcendental en el procedimiento de las infracciones, y como tal (acto administrativo), requiere de su notificación para tener validez y ser eficaz.
Apunta que, la sentencia aquí recurrida resulta arbitraria y apartada de la noción de justicia y equidad, adolece de los extremos básicos y esenciales que una sentencia debe tener, como así también carece de total fundamento para sostener el rechazo de la prescripción planteada sin considerar las particulares circunstancias de la causa.
Pone de relieve que, de la lectura de la sentencia del Tribunal Fiscal no se han ponderado todos y cada uno de los argumentos producidos y aportados por su parte afectando de tal forma el derecho de defensa, principio imperante en la Constitución Nacional.
Observa que, al omitir considerar pruebas fehacientes y relevantes en torno al cumplimiento de los deberes de esa parte, elaboró un fallo claramente arbitrario e invalidante de la sentencia, por no constituir la misma una derivación razonada de las circunstancias objetivas y probadas en la causa.
Alega que, el Tribunal Fiscal incurre en desaciertos de gravedad extrema que la descalifican como pronunciamiento judicial justo y válido al constituir un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, carente de fundamentación suficiente. El pronunciamiento recurrido omite considerar cuestiones oportunamente planteadas y articulaciones serias y conducentes esgrimidas por su parte que hacen al objeto de la cuestión en debate.
Señala que, en el caso de autos, puede afirmarse que el Tribunal consideró que no se constató la prescripción de la acción del Fisco para percibir el cobro de tributos de acuerdo a no ser exigible la notificación del auto de la corrida de vista, y haciendo una desacertada y escueta interpretación de la norma entendió que se ha suspendido la prescripción con el dictado de la apertura de sumario que dispone el art. 805 inc. a) del CA, sin exigirse la notificación de dicho auto.
Pone de relieve que, según lo dispuesto por el Código Aduanero (art. 1012) los actos administrativos de la DGA de alcance individual o particular que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos - tal como la apertura del sumario-, son actos mandatorios y le imponen a la DGA la carga de notificarlos.
Asimismo, no es posible desentender la obligatoriedad de notificación toda vez que, en función del art. 1017 ap. 1 del C.A., las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero, y en ese sentido, el art. 11 de la mencionada ley, dispone la notificación del acto para que tenga eficacia.
Añade que, ello también está ordenado a la DGA por el art. 2 del decreto (PEN) 722/96 (BO: 08.07.1996)-; así la notificación de la apertura del sumario que manda practicar el C.A., la DGA debe realizarla dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos computados desde su dictado y solamente con tal notificación el acto administrativo -válidamente dictado- adquiere eficacia en sus efectos propios: a) Suspensión del plazo de prescripción de las facultades del fisco para determinar tributos y; b) interrupción del plazo de prescripción de las facultades del fisco para imponer sanciones.
Expone que, en atención a lo manifestado, el acto no puede considerarse válido en el contexto descripto por cuanto ha quedado reconocido que la DGA omitió proceder conforme el derecho vigente, y en consecuencia dicho criterio se aparta del concepto de justicia, considerándola en sentido formal, como el conjunto de leyes y reglas que especifican las acciones penadas por la Ley. Dichas normas deben ser respetadas por todos, los cuales deben responder siempre en igualdad de circunstancias ante su incumplimiento.
Conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación no constituye una derivación concreta y razonada de las circunstancias de hecho y del derecho vigente, como así tampoco una protección de los principios aplicables a la materia, resulta indudable la absolución de su parte, y en función de ello, solicita se revoque la sentencia recurrida con expresa imposición de costas en ambas instancias a la contraria.
En segundo lugar, considera que, es improcedente el punto 3 de la sentencia, en cuanto dispone el retorno de las actuaciones a la Secretaría de Actuación N° 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1107 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
Señala que dicha decisión no se encuentra fundamentada en ningún aspecto, por lo que restaría interpretar que el Excmo. Tribunal pretende que con la devolución de las actuaciones administrativas, la DGA efectúe lo que no hizo en su momento: la apertura a prueba del expediente para sustanciar correctamente los elementos probatorios aportados, los cuales fueron debidamente acompañados por la actora al interponer el recurso de apelación que originara en análisis de la presente causa en instancia del Tribunal Fiscal .
A simple vista, lo resuelto carece de razón toda vez que todas las pruebas ofrecidas y producidas por su parte consisten en las constancias acompañadas al expediente administrativo. El servicio aduanero no logra acreditar la existencia de la infracción endilgada en el marco de un proceso que no respeta el procedimiento reglado en el Código Aduanero para las infracciones (Art. 1080 y ss del C.A).
Reitera que, sin infracción el reclamo tributario carece de todo sustento, tornándose improcedente y el pronunciamiento nulo de nulidad absoluta; en consecuencia, ante tan claro y perjudicial proceder por parte del servicio aduanero, la falta de consideración de todo el sumario, no conlleva otra cosa que acrecentar el perjuicio al que se somete a su parte por una operación que ha cumplido en debido tiempo y forma, y la Aduana no logra desvirtuar.
Asimismo, remarca que la naturaleza del expediente es infraccional, por lo que corresponde aplicar los principios que rigen en el Derecho Penal. Asimismo, esa naturaleza no cambia por el hecho de que la DGA haya considerado archivar la multa, por consiguiente, al no haberse constado en ningún momento la infracción endilgada por la Aduana, ni se constataron elementos que hayan acreditado la existencia de dicha infracción, es improcedente tanto la multa -desistida y archivada conforme lo dispuesto en la Resolución condenatoria-, como el reclamo tributario.
Estima que, la solución propuesta implica convalidar un proceder apartado del debido proceso, toda vez que después de prácticamente 10 años de cumplida la temporal, se ordena el retorno de las actuaciones para que haga lo que omitió cuando debía hacerlo (la apertura de la causa a prueba). Claramente la omisión del Servicio Aduanero implica un menoscabo de los derechos de su parte que, ante una apertura del período probatorio, transcurridos 15 años de su oficialización, debería reunir elementos de una operación de la que ni la DGA debe tener copia en sus archivos. Está claro que en ningún momento se tuvo en miras analizar el cumplimiento del régimen invocado por su parte, solamente se pretendió evitar la prescripción a cualquier costo El retorno de las actuaciones a la Aduana para que haga lo que omitió cuando debía cumplir con sus deberes, no resulta de un pronunciamiento justo que respete los derechos y garantías de su parte. No puede prosperar un reclamo tributario que no ha logrado acreditar el nacimiento de la obligación en todos estos años, toda vez que no acreditó la configuración de la infracción que denuncia.
Destaca que, el criterio de suspensión eterna de la acción en forma alguna resulta justo y equitativo, mucho menos si se observa que el procedimiento se ha llevado sin respetar los dispuesto por el C.A. en los arts. 1080 ss. En tercer lugar, se agravia porque considera que es nulo el acto de instrucción del sumario y corrida de vista.
Al respecto, señala que, el Tribunal Fiscal expresa que según la Instrucción General 9/2017 el archivo de la denuncia contra la importadora revestía carácter “provisorio” hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo.
En consecuencia, dispone que la Resolución DE PRLA N° 7970/2018 no puede considerarse definitiva, ni asimilable a definitiva, en virtud de ello deviene nula la notificación SICNEA18001NOTI060647B. Señala que, en ese sentido, la sentencia del Tribunal Fiscal declara nulo el art. 2 de la Resolución DE PRLA N° 7970/2018 -el cual estipulaba el archivo de la multa en función de la Instrucción General 9/2017 de acuerdo al monto de la misma ($10.742,94)-, más no se pronuncia sobre la nulidad del acto de apertura a prueba y corrida de vista, mediante el cual la Aduana procedió a imponer el cargo tributario en concepto de tributos, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias (u$s 5.312,09 , y $7.737,59 respectivamente), el cual conforme a las explicaciones brindadas anteriormente, resulta igualmente improcedente toda vez que la importación irregular que configuraría la infracción denunciada, sería el hecho generador de la obligación tributaria que pretende llevar adelante el servicio aduanero, al margen de la legislación vigente.
Insiste en que, la Aduana no ha acreditado la configuración de la infracción denunciada, es más, no existe conducta reprochable a su parte que ha cumplido en tiempo y forma con el régimen de importación temporal, por lo cual el acto de instrucción de sumario y corrida de vista deviene nulo de nulidad absoluta, resultando totalmente arbitrario permitir que el servicio aduanero reinicie el procedimiento dándole otra oportunidad Para que respete el procedimiento que inobservó con anterioridad, ello claramente no resulta justo ni equitativo, sino totalmente arbitrario. Por último, alude que, a partir del 1.112 C.A. puede afirmarse, como regla general, que es necesario que las resoluciones que ponen fin al sumario aduanero estén debidamente motivadas y fundadas en derecho. Al evaluarse si un procedimiento niega a una persona el debido proceso, debe considerarse si la practica viola un principio fundamental de libertad y justicia que es inherente a la idea misma de un gobierno libre y es el derecho inalienable de un ciudadano de tal gobierno.
En ese sentido, la denegación del debido proceso es la falta de observación de esa equidad fundamental esencial al concepto mismo de justicia, y que, para encontrar una denegación del debido proceso, debe verificarse que los actos denunciados deben ser de tal calidad que impidan necesariamente un juicio justo. No quepa duda que, para ser justo, el procedimiento debe respetar un conjunto de garantías procesales, como el principio de igualdad de armas, el principio contradictorio, el principio de motivación de las decisiones judiciales, el derecho a comparecer personalmente, el principio de equidad de la prueba, así como el principio de plazo razonable.
En consecuencia, el procedimiento seguido por el servicio aduanero no logra ajustarse a la norma invocada para que se abra el sumario, el fallo que ordena devolver las actuaciones a la aduana, en forma alguna se ajusta al principio de Justicia; todo lo contrario, el administrado se ve continuamente afectado por la insistencia de reclamos infundados y pronunciamientos arbitrarios que no respetan la garantía del debido proceso y afectan el derecho de propiedad de mi mandante que se encuentra afectado por un reclamo tributario totalmente improcedente, por una temporal cumplida en tiempo y forma y que en ningún momento el servicio aduanero logra acreditar cuál es la inobservancia que sustenta dicho reclamo. Lógicamente, ya se ve que, en el contexto del poder sancionador administrativo, el debido proceso bien podría ser satisfecho con que se reconozca a las personas una notificación justa y la oportunidad de ser escuchadas antes de que se tomen medidas administrativas adversas en su contra. Esto incluye el derecho a recibir notificación de las acusaciones en su contra, el derecho a presentar pruebas y argumentos en su defensa y el derecho a que se tomen decisiones justas e imparciales.
El pronunciamiento afecta la confianza legítima de su parte en cuanto a que, ante tan relevantes inobservancias -de fondo y forma- de parte del servicio aduanero, serían fácilmente advertidas por el Tribunal Fiscal y reparadas por un pronunciamiento justo y con debida fundamentación, ponderando las particulares circunstancias de la causa y todos los elementos aportados por mi mandante acreditando el cumplimiento de sus deberes. La forma en que se resuelve, remitiendo las actuaciones a la Aduana, sin haberse expedido sobre el cumplimiento de los deberes de su parte, no solo afectan por tomar eterno el reclamo sino que implican un dispendio procesal costoso y sin sentido, en un contexto en el que ello no puede ser admitido.
Agrega que, si bien se tiene en cuenta las diferencias de la naturaleza del reclamo tributario que el Tribunal Fiscal pretende dejar a salvo del planteo de prescripción, no puede admitirse que existan dos interpretaciones para el análisis del procedimiento que nos ocupa. Las inobservancias del servicio aduanero no son subsanables, la persecución “eterna” en forma alguna puede tener lugar en un pronunciamiento justo y armónico. El pronunciamiento del Tribunal Fiscal se aparta de esos requisitos esenciales al convalidar la posibilidad de que la aduana pueda realizar los actos esenciales que omitió en su oportunidad, ignorando el procedimiento reglado a partir del art. 1080 del Código Aduanero.
IV. Que, a título preliminar, debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
V. Que, sentado ello, a fin de resolver la cuestión traída a conocimiento, corresponde señalar que, de las actuaciones administrativas n° 12206-5663-2009 se desprende que:
(i) se inician el 6/05/2009 con la Declaración Jurada para la cancelación de importaciones temporales (fs. 1).
(ii) a fs. 2/16 se acompañan los C.T.C.
(iii) con fecha 26/02/2010 se labra el Acta de Denuncia N° 59/10; en los siguientes términos: “(…) denuncia del DIT 08073IT14169 por infracción al régimen de destinación suspensiva del C.A. con respecto a la mercadería con vencimiento el 19-01-2009” (fs. 17).
(iv) a fs. 18 se acompaña lista de denunciantes.
(v) a fs. 19 se agrega Nota 3912/10 con denuncia.
(vi) a fs. 20 se agrega sobre contendedor del DIT 08073IT14000169P.
(vii) a fs. 21 por Nota 03812/10 se deja constancia que el DIA por la mercadería es del 24 % conforme la aplicación de la Circular Telex 768/97.
(viii) con fecha 3/03/2010 se liquida la totalidad de la mercadería del DIT 08073IT14000169P (fs. 22/23).
(ix) con fecha 16/03/2010 mediante Nota 9541 (acta 59/10) se remite para apertura de sumario por infracción del 970 del C.A. (fs. 25). (x) a fs. 26 se determinan los tributos y las multas.
(xi) a fs. 27 se agrega print de pantalla con identificador de garantía.
(xii) a fs. 28 se acompaña liquidación.
(xiii) con fecha 31/03/2014 se dispone la instrucción del sumario y se ordena la corrida de vista (fs. 29/31 vta.); sin embargo no se observa que se hubiera cumplido con dichas notificaciones.
(xiv) a fs. 33 luce nueva liquidación.
(xv) con fecha 26/10/2018 el Jefe de Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dicta la resolución DE PRLA n° 7970/2018, la cual dispone: “ARTICULO 1°.- ARCHIVAR sin más trámite el presente sumario en los términos del punto I de la Instrucción General 9/17 ARTICULO 2°.- FORMULAR CARGO a la imputada “INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA SA”… y a la garante “CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA” (póliza 602780) por los tributos adeudados conforme lo indicado en el anteúltimo considerando y con sujeción a los límites máximos estipulados en cada póliza cuyo monto asciende a la suma de U$S 3.108,49 (…) en concepto de derechos de importación, estadística e IVA, aplicándose para su conversión el tipo de cambio vendedor informado por el BNA al cierre de sus operaciones el día hábil anterior a la fecha del efectivo pago, y de $6.415.87 (…) en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias e intimar a su pago (…)”. Dicha resolución es notificada a la importadora y a la aseguradora con fecha 31/10/2018 (fs. 35/06 y fs. 37 y 38; énfasis agregado).
(xvi) con fecha 26/11/2018 la actora da cuenta de la interposición del recurso ante este Tribunal y adjunta formulario F4 (fs. 41).
VI. Que, efectuada la reseña precedente, en primer lugar, corresponde aclarar que, contrariamente a lo sostenido por la recurrente en cuanto a que “la obligación tributaria no puede nacer si no se acredita la importación irregular(…)”; “(…) el criterio por el cual se pretende escindir la acción infraccional y la acción tributaria, implican un claro menoscabo de los derechos de su parte (…) y que “el tener dos visiones del mismo proceso (infraccional y tributaria), torna al pronunciamiento arbitrario y carente de toda noción de justicia y equidad (…)”; el artículo 274 del Código Aduanero expresamente prevé que: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo, aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar; b) no se cumpliere con las obligaciones impuestas como condición de otorgamiento del régimen, salvo que se tratare de obligaciones meramente formales. 2. En los supuestos previstos en el apartado 1, quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
De lo expuesto, se desprende la separación e independencia de: (i) la esfera de responsabilidad infraccional (por la que correspondería la aplicación de sanciones) por un lado; y de (ii) la esfera de responsabilidad tributaria (por la que se origina la formulación del cargo) por el otro. Es que, de una lectura detenida del artículo 274 del Código Aduanero surge que no es una condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria la existencia –previa- de una infracción aduanera en los términos del artículo 970 de ese cuerpo de normas. El hecho imponible se configura, por sí sólo, ante la falta de reexportación de la mercadería en el plazo concedido por el servicio aduanero.
Por lo que, de un único hecho, como lo es el presunto incumplimiento del régimen de importación temporaria, pueden, al menos, surgir dos consecuencias jurídicas distintas sin que exista la necesaria vinculación que propone la firma actora. Es contundente el apartado “2” del artículo 274 del Código Aduanero en cuanto establece la responsabilidad tributaria del importador “sin perjuicio de la sanción que correspondiere” (conf. Sala I, in re: expte.: 23.930/2016 “Quickfood SA.c/AFIP DGA s/Dirección General de Aduanas”, sent. del 8/11/2016).
VII. Que, aclarados lo conceptos referidos en el considerando precedente, cabe señalar que, respecto de los agravios de la recurrente vinculados al retorno de las actuaciones a sede aduanera, la violación del derecho de defensa y la garantía de debido proceso, no se advierte cual es el agravio de la actora que amerite enervar lo decidido.
En efecto, el organismo jurisdiccional administrativo no sólo declaró la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 7970/2018 sino la nulidad de la formulación del cargo tributario, lo que implica que, a la fecha, no existe reclamo tributario alguno.
En este contexto, corresponde apuntar que, al retrotraerse las actuaciones a la fecha de la corrida de vista, para que se abra la causa a prueba, se asegura el ejercicio pleno del derecho de defensa de la actora, subsanando con ello las irregularidades incurridas en el sumario administrativo.
En tales condiciones, toda vez que las expresiones de la demandada se aprecian como meras manifestaciones de disconformidad con lo resuelto, sin demostrar acabadamente el error o desacierto de lo decidido, corresponde confirmar la sentencia apelada.
En este aspecto se observa, además de las consideraciones ya efectuadas, que la actora formuló una serie de argumentaciones que traducen una discrepancia con el criterio de valoración de las circunstancias efectuada por el organismo jurisdiccional administrativo, pero en modo alguno pone en crisis ese razonamiento como para que pueda considerarse arbitrario, ni tampoco da cuenta de que el Tribunal anterior haya dejado de lado pruebas relevantes.
En definitiva, se advierte que los planteos defensivos articulados no logran demostrar arbitrariedad o ilegalidad alguna que justifique modificar o dejar sin efecto la decisión que se impugna.
VIII. Que, por último y con relación al rechazo del planteo de prescripción de los tributos aduaneros, en los términos del art. 803 y concordantes del C.A., corresponde señalar que, la acción del Fisco Nacional tanto para reclamar el pago de tributos como para imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años (conf. artículos 803 del Código Aduanero).
Dicho término comienza a correr, a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (conf. artículo 804 del Código Aduanero) y, se suspende su cómputo con la apertura del sumario en la causa que se investigara la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayera decisión que habilitara el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviera subordinado a aquella decisión (conf. artículo 805, inciso a), del Código Aduanero).
IX. Que, a la luz de la descripción de la normativa aplicable al caso, corresponde tener presente lo siguiente: el vencimiento del DIT operó el 19/01/2009. Asimismo, conforme lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes, el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 1/1/2010. La instrucción del sumario –31/10/2014– suspendió el curso de la prescripción para exigir los tributos aduaneros. A su vez, al encontrarse recurrida la sentencia del Tribunal Fiscal y por no existir aún un “pronunciamiento que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” (cfme. art. 805 del CA) el plazo de la prescripción de la acción tributaria se encuentra todavía suspendido.
X. Que respecto de lo alegado en punto a que el auto de apertura resulta eficaz recién a partir de su notificación, cuadra señalar que el legislador previó específicamente como causales de suspensión y/o de interrupción del plazo de prescripción de las acciones del Fisco Nacional el simple dictado del acto de apertura del sumario y de la resolución que le pone fin (conf. Sala IV del Fuero, en autos 39.480/2015 “Lito Diesel SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 10/11/2015 y 87.451/2017 “Chubb Argentina de Seguros SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 6/11/2018; entre otros).
Por tanto, conforme lo normado por el Código Aduanero, tanto el auto de apertura del sumario como la resolución condenatoria del Fisco Nacional, tienen la virtualidad de interrumpir y/o suspender el curso de la prescripción, según el caso, independientemente, en principio, de que lleguen a conocimiento del afectado. Al punto, cuadra reflexionar que la referencia al “dictado” del acto no puede considerarse superflua, pues si la intención del legislador hubiera sido que dichas causales operasen a partir de la notificación del acto, hubiese hecho una referencia precisa en tal sentido, como la que efectuara en el artículo 806, literal a), del Código Aduanero.
Al punto, recuérdese que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (conf. CSJN, Fallos, 323:620; 339:1514; entre otros); por manera que cabe asignar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuya fuente inicial es la letra de la ley y, en tanto su inconsecuencia no se presume, la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (conf. CSJN, Fallos, 313:1149; 327:769; 339:323; entre otros).
Esta solución es la que mejor se ajusta a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Wonderland SRL c/Aduana Rosario", del 12/05/2009, registrado en Fallos: 332:1109, en el cual explicitó -si bien con referencia al artículo 937, literal a), del Código Aduanero-, que dicho precepto estipula que el curso de la prescripción se interrumpe por el dictado del acto, sin determinar que dicho acto para tener virtualidad interruptiva requiera que se haya puesto en conocimiento del sumariado.
Por el contrario, surge claramente de la letra de la norma que la interrupción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo (ver esta Sala, in re, expte. 3406/2022 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 39.835-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022, entre otros).
En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos de la actora relativos a la falta de efecto suspensivo del acto de instrucción de sumario de fecha 31/03/2014 y asimismo, el planteo de nulidad de dicho acto, con fundamento en la falta de notificación del mismo (en el mismo sentido, esta Sala, in re: expte: 41.932/2023, “Agro Corteva Argentina SRL (TF 113417604-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” del 19/03/2024).
XI. Que, en atención al modo en que se resuelve, corresponde imponer las costas de esta instancia a la actora, de conformidad con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° párrafo del C.P.C.C.N.).
En consecuencia, el Tribunal
rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de fecha 16/08/2023, con costas (art. 68, 1° párrafo del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia