Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-55619065-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 04 001 IT16 000739 H, por la firma INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA S.R.L., en la Actuación SIGEA N° 12197-1357-2010, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
2No hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción del fisco para imponer penas opuesta por la actora en relación al DIT N° 04 001 IT16 000739 H. Sin costas.
3Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 7794/15, dictada, en la Actuación Nº 12197-1357-2010, en cuanto condena a la importadora INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA S.R.L., al pago de una multa, por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 9.088,91) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A. Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-123073578-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 17 de Octubre de 2023
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en el expediente Nº EX-2020-55619065- -APN-SGASAD#TFN, caratulado “INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA S.R.L. c/D.G.A. s/Recurso de apelación”, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que se presenta la firma INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA S.R.L., por apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 7794/15, dictada en el expediente Nº 12197-1357-2010 por medio de la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. al pago de una multa de $ 9.088,91 y se formuló cargo por la suma de U$S 3.142,78 y $ 5.428,05 en concepto de tributos. Relata que a través del DIT N° 04 001 IT16 000739 H, importó insumos que luego de un proceso de transformación, se utilizaron como asientos, respaldos y mazos de cables para vehículos de la línea Ford Argentina S.C.A., quien reexportó la totalidad de la mercadería resultante por cuenta y orden de su mandante.
Expresa que, transcurridos casi diez años del vencimiento del plazo de permanencia otorgado, la Aduana instruyó sumario por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., por cuanto no se habría regularizado la importación temporaria en tiempo y forma. Argumenta que contestó la vista, aportando la documentación que acreditaba la reexportación de la totalidad de la mercadería, pero que el servicio aduanero no hizo lugar a la prueba ofrecida. Finalmente, se dictó resolución condenatoria con fundamento en el informe emitido por la Sección Operativa y Registral, que indicó que no fue aportado el CTC involucrado en las descargas. Cuestiona que la Aduana dispuso la apertura de sumario el 09/12/2010, al borde de que opere la prescripción, en manifiesta vulneración del derecho de defensa de su parte.
Sostiene que el auto de instrucción del sumario no resultó ser un acto interruptivo de la prescripción, en tanto adolece de un defecto sustancial que lo priva de toda virtualidad jurídica: carece de la "liquidación de los tributos que pudieran corresponder" (requisito de validez dispuesto en el art. 1094 inc. d) del CA). Subraya que dicho acto es nulo de nulidad absoluta por resultar violatorio de la ley (art. 1094 del CA) y por encontrarse viciada su causa, los principios del debido proceso y el derecho de defensa, de raigambre constitucional. Postula que si bien la liquidación se realizó con anterioridad a la corrida de vista, aquella no pudo subsanar las irregularidades del auto de apertura de sumario, ya que había operado la prescripción de la acción fiscal.
Plantea la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas por haber transcurrido el plazo de cinco años previsto en el art. 934 y conc. del C.A. Refiere a la excesiva duración del sumario infraccional y remite al precedente de la CSJN "Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA - Resol. 169/05", en el que se subrayó la garantía constitucional de obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas. Describe que la Aduana sustentó la condena en la supuesta falta de presentación del CTC involucrado, desconociendo la correcta aplicación de la relación insumo/producto efectuada por su parte. Introduce que corresponde requerir a la Secretaría de Industria que ratifique la autenticidad de la relación insumo/producto establecida por los C.T.C. invocados.
Remarca la existencia de un antecedente similar al presente y acompaña copia de la resolución referida. Precisa que conforme la prueba obrante en las actuaciones administrativas, ha quedado debidamente demostrado que la empresa ha cumplido en debida forma los requisitos inherentes al régimen dispuesto por el Decreto N°1439/96. En subsidio, solicita la aplicación del art. 898 del C.A. También en subsidio, y para el hipotético caso de que se encuentre reprochable la conducta realizada, peticiona que se reencuadre en el art. 972 del C.A, y la adecuación de la multa en virtud de las facultades del art. 916 del C.A. Insta a una revisión de la liquidación tributaria, en virtud de la improcedencia del reclamo de anticipos de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
Plantea la ilegitimidad del reclamo de intereses sobre deuda en dólares y de la tasa del 36% anual. Por último, peticiona la aplicación del criterio expuesto en el fallo "Compañía Argentina de Seguros La Mercantil Andina SA c/EN-DGA s/Dirección General de Aduanas". Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que la representación fiscal contesta el recurso y acompaña las act. adm., correspondientes a la causa. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. En relación al planteo de nulidad e ineficacia del auto de apertura de sumario, manifiesta que carece de asidero pretender que la instrucción de sumario reúna todos y cada uno de los elementos estipulados en el art. 1094 del C.A. Enuncia que sostener la obligatoriedad de llevar adelante sin distingo cada uno de los incisos no encuentra refugio lógico-jurídico alguno. Da cuenta de que en las actuaciones administrativas y al momento de correr la vista a la parte actora se encontraba confeccionada la liquidación correspondiente en relación a la mercadería no exportada en tiempo y forma.
Añade que si bien el acto de instrucción sumarial tiene una importancia fundamental, en cuanto constituye la primera intervención del administrador demostrando a su vez el interés estatal en iniciar un procedimiento, lo cierto es que el administrado toma contacto con la causa con la corrida de vista. De ese modo, la corrida de vista fue debidamente notificada y la recurrente pudo articular su defensa y ofrecer prueba, por lo que el planteo de nulidad resulta infundado. Resalta que en autos, la explicitación de la causa, no es otra cosa que la infracción al art. 970 C.A. fehacientemente informado y notificado, y por lo tanto, los actos administrativos atacados por la actora poseen motivación y no resultan nulos.
En tal sentido, recuerda la posibilidad de subsanar cualquier vicio en una etapa judicial posterior. Analiza la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. Asevera que una de las características de la figura infraccional en trato es que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Resalta que según surge del informe de la Sección Operativa y Registral EXA 2 SUR, no resultó posible determinar la cancelación de la temporal en trato toda vez que no fue aportado el CTC involucrado en las descargas (fs. 122 act. adm.).
Transcribe el Decreto 1439/96 y la Resolución ANA Nº 479/95 en cuanto establecen la obligación de sustituir esa declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero. En lo que concierne a la doctrina del plazo razonable, invoca que en materia infraccional aduanera, no debería utilizarse la misma vara que se usa en los procesos penales. Apunta que no procede la aplicación del art. 898 C.A., y. respecto a los intereses previstos en el art. 794 del C.A., refiere a la función de resguardo de la renta fiscal y al principio de indisponibilidad del crédito público. Afirma que optar por la vía del TFN impide que se trate cualquier agravio dirigido a obtener un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del régimen.
Postula que el reencuadre pretendido en el art. 972 del C.A. tampoco puede prosperar, ya que ha quedado demostrado el incumplimiento de las obligaciones troncales del régimen. Recalca que no corresponde la aplicación de los arts. 915 y 916 del C.A., por cuanto la apelante no ha formulado una crítica concreta y razonada de las partes de la resolución aduanera que considera equivocadas. En cuanto a la liquidación tributaria, remite a las Resoluciones de AFIP que autorizan su percepción por parte del servicio aduanero. Se expide en relación a la validez de la liquidación en dólares estadounidenses toda vez que los montos fueron establecidos en esa moneda y así fueron también notificados a la actora en trámite de las actuaciones administrativas.
Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que por PV-2021-73325657-APN-VOCXX#TFN se abre la causa a prueba que se produce en IF-2022-71426986- APN-SGASAD#TFN. Por PV-2023-80932519-APN-VOCXX#TFN se cierra el periodo probatorio. A continuación, se elevan los autos a la Sala G y se ponen para alegar, agregándose el alegato presentado por la actora, sin que el Fisco hiciera uso del derecho conferido. Por IF-2023-109876792-APN-VOCXX#TFN se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 12197-1357-2010 se inicia con la nota presentada por la firma INDUSTRIAS LEAR DE ARGETNINA S.R.L. ante el servicio aduanero el 21/11/2002. A fs. 2 obra la carpeta del DIT N° 04 001 IT16 000739 H y de su documentación complementaria. A fs. 3 obra print de pantalla de consulta de declaración detallada. A fs. 6, el 06/04/2010 la Nota N° 2419/10 (SE PRTE) remite el expediente a la Sección Verificación, por presunta infracción al art. 970 del CA., fecha de momento imponible 11/06/2005. La denuncia se formula por la totalidad de la mercadería importada. A fs. 7, el 20/04/2010 se establece la clasificación arancelaria, valor de mercadería, derechos y demás tributos que gravan la importación para consumo. A fs. 8 se practica liquidación de tributos. A fs. 9 el 09/12/2010 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 10/12 se glosa print de pantalla de la consulta realizada el 15/05/2014 a “AFIP –SISTEMA REGISTRAL REFLEJO DE DATOS REGISTRADOS”. A fs. 13 se practica liquidación de tributos. A fs. 14 el 19/05/2014 se corre vista a la importadora en los términos del art. 1101 del C.A., que se notifica el 22/05/2014 conforme constancia de fs. 25. A fs. 107/120 la importadora contesta vista, a la que adjunta la documentación relativa a la reexportación que se agrega a fs. 26/106. A fs. 121, el 09/06/2014 se tiene por contestada la vista, se provee la prueba ofrecida y se dispone una medida para mejor proveer. A fs. 122 la Nota N° 1428/15 (DV EXA2) informa que habiendo analizado la documentación obrante en autos, no resulta posible determinar la cancelación de la temporal en trato toda vez que no fue aportado el CTC involucrado en las descargas. A fs. 123 se agrega print de pantalla de consulta de una garantía global o unitaria. A fs. 124 se practica liquidación de tributos. A fs. 125 se amplía la corrida de vista y se cita a CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA, en carácter de garante de la obligación tributaria, que se notifica el 18/11/2015 (fs. 127). A fs. 128 la aseguradora contesta vista. A fs. 133 luce consulta al registro general de infractores. A fs. 134/136, el 01/12/2015 se dicta la Resolución DE PRLA N° 7794/15, que se notifica a la aseguradora 22/04/2021 (fs. 139). Respecto de la importadora, obra la constancia aportada por la recurrente al interponer el presente recurso, que da cuenta de que su notificación se produjo el 12/03/2020 (RE-2020-55618624-APN- SGASAD#TFN).
V. Que en primer término, corresponde resolver el agravio de la actora respecto de que el auto de apertura de sumario no cumple con las exigencias establecidas en el art. 1094 del C.A. al no contar con la disposición que establece dicho artículo en forma expresa en su inciso d) respecto de la liquidación de tributos que pudieren corresponder. Y que como consecuencia de ello, se encuentra viciada la causa de la instrucción de apertura de sumario, lo que vulnera los principios de debido proceso y derecho de defensa.
Que los actos que se desarrollan en el sumario en las infracciones aduaneras comienzan con el auto de apertura del sumario, que debe iniciar o impulsar los procedimientos de investigación sin que ello signifique que dichos procedimientos deban agotarse al dictarse ese auto de apertura. Más bien, las diversas investigaciones y procedimientos pueden prolongarse por períodos que pueden, en ciertas oportunidades, resultar más o menos extensos.
Que de las actuaciones administrativas resulta que se formula denuncia por infracción al art. 970 del C.A. con relación al DIT N° 04 001 IT16 000739 H con vencimiento el 11/06/2005, con anterioridad a la denuncia, el 24/09/2009 se intima a la importadora para que presente las constancias que acrediten la cancelación de la DIT. A fs. 2 obra el sobre contenedor del DIT involucrado con su documentación complementaria. A fs. 7 la División Verificación indica la P.A., valor de la mercadería y alícuotas aplicables. A fs. 8, con anterioridad al dictado del auto de apertura de sumario, se practica liquidación de tributos. A fs. 9 en fecha 09/12/2010 se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. por infracción al art. 970 del C.A., y en dicho acto se identifica la infracción endilgada, el posible imputado y la destinación aduanera que motivara la denuncia.
Que en ese sentido, el auto de apertura del sumario por infracción al art. 970 del C.A., y el proveído por el que se ordena correr vista a la importadora se ajustan en un todo a las normas que rigen el procedimiento para las infracciones previsto en el Capítulo Tercero, Título Segundo de la Sección XIV del Código Aduanero (art. 1094 y cctes.).
VI. Que declarada la validez del auto de apertura del sumario, en segundo término, corresponde resolver el planteo de prescripción de la acción de fisco para imponer penas opuesto por la recurrente.
Que el art. 934 del C.A expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas, comenzó a correr el 01/01/2006 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo, como se vio en el apartado anterior, el 11/06/2005) y vencía el 31/12/2010. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 09/12/2010 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a) del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 10/12/2010 y el nuevo vencimiento ocurría el 9/12/2015.
Que en relación con la posible comisión de otra infracción aduanera o delito aduanero, cabe reseñar que en las act. adm obra impresión de pantalla de la consulta efectuada al registro de infractores que da cuenta de que la aquí actora no registraba antecedentes infraccionales.
Que por último, se analizará lo dispuesto por el art. 937 inc. d) del C.A. en cuanto a que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. Que teniendo en cuenta que la resolución aduanera DE PRLA Nº 7794/15 apelada en autos fue dictada con fecha 01/12/2015 (tan solo ocho días antes de que operara el vencimiento de la prescripción el 09/12/2015), el plazo de prescripción se interrumpió con el dictado de dicha resolución. El nuevo plazo prescriptivo comenzó a correr al día siguiente de su dictado, es decir, el 02/12/2015, el que vencería el 01/12/2020, pero la resolución aduanera fue notificada con anterioridad al vencimiento de tal plazo, el 12/03/2020 (constancia aportada por la recurrente al interponer el recurso, RE-2020-55618624-APN-SGASAD#TFN), encontrándose actualmente el plazo suspendido en virtud de la interposición del recurso de apelación de autos efectuado en fecha 24/08/2020 (art. 936 del C.A.).
Que, como consecuencia de todo lo expresado, a mi juicio, no corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción del fisco para imponer penas opuesta por la actora en autos. Sin costas, por su tratamiento integrativo con el fondo, que más adelante se pasa a desarrollar.
VII. Que a continuación, corresponde tratar el planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos. Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción -relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que el art 803 del C.A. dispone que el plazo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera es de cinco años. El art. 804 del C.A. establece que el plazo de la prescripción comienza a correr a partir del primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 11/06/2005 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva, ver carpeta DIT obrante en las actuaciones administrativas), y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción comenzó a correr el 01/01/2006 y vencía el 31/12/2010.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a)- desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 09/12/2010 (fs. 9 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 8 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 22 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión. Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 09/12/2010) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; ...”.
Que, no cabe duda de que la decisión a la que la norma hace referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA N° 7794/15 dictada el 01/12/2015. Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 09/12/2010 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 01/12/2015 (fecha del dictado de la resolución aprobatoria). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 02/12/2015. Es decir, que desde allí comenzó a correr los 22 días que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que, dicho plazo (22 días) se cumplió el 24/12/2015, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria).
Que, en ese sentido, cabe destacar que el único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que, por lo demás, la aludida notificación se efectuó en fecha 12/03/2020 (constancia aportada por la recurrente al interponer el recurso, RE-2020-55618624-APN-SGASAD#TFN), es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo.
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación -al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos; en armonía, a su vez, con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A.). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria -prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.- forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva. Que, por lo expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos. Con costas.
VIII. Que por lo demás, no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial invocada por la importadora referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y Garcia S.A. (TF 5932-A) c/DGA” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros c/BCRA” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años, mientras que en autos se trata de un procedimiento infraccional en el que la Aduana ha tramitado el sumario infraccional que diera origen a la resolución apelada ante este Tribunal.
IX. Que abordando ahora el tema de fondo, la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto a la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 04 001 IT16 000739 H, de la firma INDUSTRIAS LEAR DE ARGETNINA S.R.L., registrada ante la Aduana de Buenos Aires, el 10/06/2004, al amparo del régimen del Decreto N° 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 11/06/2005.
Que ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., condenándose a la actora mediante la resolución aduanera aquí apelada.
X. Que el artículo 250 del C.A. establece quo: "La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo". Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que "no cumpliere con las obligaciones asumidas coma consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria". Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados a demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto N° 1439/96 (Res. 72/92) —a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos—, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación pan consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar "...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y "cantidad" de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria".
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo ("descarga" del D.I.T. —eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida— en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
XI. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaria de Industria.
Que, al respecto, establecen: "El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)". (Art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. N° 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracci6n bajo análisis. Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del N° de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A. Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. SIC. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que existiendo, un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos. Mermas. Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"(conf. Art. 14 del Dto. 1439/96). A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. N° 1439/96) establece que: "La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de tipificación y Clasificación (CTC) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen".
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: "A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9° de la Resolución ME y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaria cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9°, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaria de Industria y Comercio."
XII. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del D.I.T. bajo análisis.
Que de la compulsa de las constancias y de la prueba producida en la causa resulta que la recurrente no adjuntó copia de la Solicitud CTC ni del CTC definitivo vinculado a la operación de autos. Por otro lado, el organismo oficiado contestó que esa repartición no contaba la información requerida y que habían transcurrido los plazos mínimos de conservación y guarda conforme la Resolución E 44/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa.
Que en este estado del análisis resulta que no obra constancia de que la Solicitud CTC y el CTC definitivo fueran emitidos, así como tampoco surge que la actora haya intimado por escrito a la Secretaría en el plazo establecido por la norma a los efectos de que lo emita.
Que en virtud de lo señalado, no puede estarse a la presunción establecida en el art. 9 tercer párrafo de la Res. ME 72/92, ni considerarse reexportada la mercadería estimada en infracción, toda vez que la actora no ha cumplido con las obligaciones sustanciales, conforme el régimen que la amparaba.
Que atento lo examinado, cabe concluir que no se encuentra debidamente acreditada la reexportación de la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente por no encontrarse agregada a autos la documentación esencial a los fines de efectuar la descarga que acreditaría la reexportación.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde confirmar el art. 1° de la resolución apelada en cuanto condena a la recurrente por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. al pago de una multa de pesos nueve mil ochenta y ocho con noventa y un centavos ($ 9.088,91), con costas a la actora.
Por ello, voto por:
1. Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 04 001 IT16 000739 H, por la firma INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA S.R.L., en la Actuación SIGEA N° 12197-1357-2010, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
2. No hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción del fisco para imponer penas opuesta por la actora en relación al DIT N° 04 001 IT16 000739 H. Sin costas.
3. Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 7794/15, dictada, en la Actuación Nº 12197-1357-2010, en cuanto condena a la importadora INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA S.R.L., al pago de una multa, por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 9.088,91) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A. Costas a la actora.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad SE
1. Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 04 001 IT16 000739 H, por la firma INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA S.R.L., en la Actuación SIGEA N° 12197-1357-2010, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
2. No hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción del fisco para imponer penas opuesta por la actora en relación al DIT N° 04 001 IT16 000739 H. Sin costas.
3. Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 7794/15, dictada, en la Actuación Nº 12197-1357-2010, en cuanto condena a la importadora INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA S.R.L., al pago de una multa, por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 9.088,91) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A. Costas a la actora.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente, archívese.
Date: 2023.10.17 14:31:53 ART Date: 2023.10.17 18:39:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.17 19:03:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.17 19:04:12 -03:00
Fin de la sentencia