Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-55581348-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución Nº 5386/15 dictada en el trámite de las Actuaciones Nº 12197-1353-2010, declarando que la multa adeudada asciende a $3.080,74, mientras que los tributos adeudados ascienden a U$S 1.066,52 con más los intereses que deberá calcular el Fisco según lo dispuesto en los Considerandos
II. Y
III. Del Voto de la Dra. Sarquis y lo dispuesto por el art. 794 del Código Aduanero.
2Revocar parcialmente los conceptos de Derecho Adicional, IVA Percepciones RG 3431/91 y Percepción del Impuesto a las Ganancias RG 3543/92, en los términos de los Considerandos X.- y XI.- del voto del Dr. Licht.
3Imponer las costas por los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-28871157-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 19 de Marzo de 2024 (Sentencia)
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA S.R.L. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente Electrónico Nº EX-2020-
55581348- -APN-SGASAD#TFN,
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso que se trae a consideración de este Tribunal se endilgó a la recurrente la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero (“CA”). El ente recaudador considera que no se pudo comprobar la reexportación en término de la mercadería observada, fundamentando sus dichos en la ausencia del Certificado de Tipificación y Clasificación (“CTC”), documento que se considera fundamental para validar el cumplimiento del régimen al que la actora se acogió.
II. Contra dicho pronunciamiento, la empresa Industrias Lear de Argentina S.R.L. interpone un recurso de apelación, argumentando que el acto que ordena la apertura del sumario fue dictado al límite de la prescripción, por lo que este no podría considerarse como un acto interruptivo de dicho plazo. Asimismo, señala que el mismo carece de la liquidación de tributos, considerando ese hecho como un defecto sustancial que lo priva de toda virtualidad jurídica. A mayor abundamiento, plantea la prescripción de todo lo actuado. En lo que respecta al fondo de la cuestión, indica que la firma cumplió con todas las obligaciones a su cargo y que efectivamente reexportó la mercadería aquí cuestionada. Advierte acerca de la improcedencia del derecho adicional, IVA adicional e impuesto a las ganancias presentes en la liquidación tributaria. Finalmente manifiesta que el reclamo de intereses sobre la deuda en dólares resulta ser ilegítimo. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada.
III. Por su parte, la representación fiscal defiende la validez del acto administrativo. Asevera que el ente aduanero no ha incurrido en nulidad alguna y que se ha obrado acorde al procedimiento previsto en la legislación vigente. Descarta la prescripción opuesta por la actora al señalar que la resolución aduanera apelada en la especie fue dictada cuando este todavía no había vencido. Señala que la apelante debió demostrar fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo estipulado, lo que no ocurrió. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera.
IV. Sentado lo anterior, corresponde analizar en primer lugar si, como señala la apelante, el acto de instrucción sumarial no produce los efectos interruptivos previstos en el art. 935 del CA por carecer de la liquidación de los tributos.
Concierne señalar que el art. 1094 del CA establece las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario en el procedimiento para las infracciones, donde se precisa que el mismo: “…determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario, b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma, c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presentaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesarios d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados” (el resaltado me pertenece).
En tales condiciones, del análisis de las Actuaciones Administrativas (“AA”) surge que a fs. 8 se encuentra la liquidación de tributos, por lo que se le puede asignar efectos plenos a la instrucción sumarial de fs. 9, puesto que la liquidación efectuada es anterior a esta.
V. En otro aspecto, es menester atender al planteo de prescripción aducido por la actora. En efecto, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en precedentes anteriores, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado el 28.10.2010 (fs. 9 de las AA), no advirtiéndose en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado sino hasta la notificación de la corrida de vista de fecha 15.05.2013 (fs. 19 de las AA). De eso se sigue que el incumplimiento de la notificación importa que el acto de apertura sumarial carezca de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA. En este orden de ideas, es de advertir que iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2006 - en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 07/05/2005 - la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2010 (todo ello cfme. arts. 934, 935, 937, 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 17/09/2015, cfme. constancias de fs. 51/53 de las AA). En adición a lo expuesto, cabe subrayar que el auto de corrida de vista de fs. 18 fue dictado el 15/05/2013, cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba ampliamente vencido. En virtud de los motivos señalados, considero que corresponde declarar prescripta la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de los tributos reclamados.
VI. Dilucidada la cuestión, y en virtud del criterio mayoritario de la Sala G, corresponde analizar si resulta ajustada a derecho la condena impuesta a la apelante con fundamento principalísimo en la falta de CTC a los efectos de tipificar los productos exportados.
VII. A estas alturas, resulta fuera de discusión que la presentación del CTC es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria. El fin de la reglamentación aplicable es establecer la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la entidad administrativa puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta. Así, tanto el Decreto N°1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. N°72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria. Concretamente, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)” (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96).
De lo apuntado, se sigue que la presentación del CTC es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis. Es que, en efecto, tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta. En definitiva, de todo ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el CTC se refiere particularmente a la mercadería y a la PA que en él se detalla. Precisamente, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
A fin de cuentas, existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Decreto N°1439/96).
VIII. A la luz de lo enunciado, se vislumbra la necesidad de realizar un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar el cumplimiento de la normativa anteriormente mencionada, como así también de la cancelación total del DIT bajo análisis.
En ese orden de ideas, observo que no se desprende de la DIT N° 04 001 IT16000594G, como así tampoco de la documentación complementaria acompañada en autos, el CTC correspondiente a dicha operación. Al respecto, la actora solicitó dicho documento mediante oficio dirigido a la Dirección de Exportaciones, recibiendo una negativa a su solicitud en los siguientes términos: “esta repartición no cuenta con información por Usted requerida. Se le hace saber que han transcurrido los plazos mínimos de conservación y guarda conforme la Resolución E 44/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa” (ver IF-2022-72982855-APN-SGASAD#TFN).
Ante este pronunciamiento, la firma señala que la falta de agregación de la copia autenticada del CTC es responsabilidad de la entidad oficiada, por lo que no podría traerle consecuencias desfavorables. En tales condiciones, resulta menester recordar que, conforme lo ya establecido por pacífica jurisprudencia en casos análogos al de autos, queda a cargo de la firma importadora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial. En ese orden de ideas, el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de este, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta. Asimismo, cabe destacar que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora le exige la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. art. 14 del Decreto N°1439/96). En dicho sentido, corresponde también recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros).
Como consecuencia de lo antedicho, encuentro que la documentación mencionada resulta ser conducente y apropiada a los fines de demostrar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la importadora. Ello, sin perjuicio de que, en algún caso excepcional, pueda habilitarse la prueba por otros medios para no caer en excesivo rigor formal.
IX. En ese estado de cosas, habida cuenta de que el responsable no brindó explicación de ninguna índole respecto de alguna situación superadora que le impida probar la reexportación mediante la documentación exigida por la normativa aplicable al caso, no encuentro otra posibilidad más que mantener la decisión recurrida.
X. Enfocándonos en otro aspecto, cabe consignar, con relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF Latinoamericana S.A.”, sentencia del 14/08/2013, que remite en lo pertinente a la causa “Frisher S.R.L.”, sentencia de misma fecha, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME N° 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto N° 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
XI. Con relación a los conceptos IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN – DGA, Resol. 2590/06 (expte n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos”.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998), y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos 285:177).
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(…) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XII. En consecuencia, por lo expuesto en los considerandos X y XI, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
DIT 04001IT16000594G
Concepto % Importe Base Imponible U$S 2.458,28 Derechos de Importación 18 U$S 442,49 Tasa de Estadística 0.50 U$S 12,29 Base IVA U$S 2.913,06 IVA 21 U$S 611,74 TOTAL U$S 1.066,52 Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de U$S 1.066,52. Todo ello, sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del C.A.
XIII. Finalmente, y con respecto a la pretensión de la actora de morigerar la tasa de interés aplicable, advierto que podría hacerse sin declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación aplicable y sin necesidad de violentar la norma procesal que limita las facultades jurisdiccionales de este organismo administrativo jurisdiccional.
Como dije al fallar en la causa: “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA c/ DGA s/recurso de apelación”, EX-2020-15395348-APN-SGASAD#TFN (sentencia del 18/02/21), éste tribunal no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma ley asimilándose a los jueces de la Constitución y brincando con juegos interpretativos la máxima que impone el sometimiento de la administración a la ley. No obstante ello, también advertí que ese obstáculo legal no encorsetaba la posibilidad de resolver el caso sometido a decisión mediante una justa ponderación de los principios aplicables y sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de norma alguna.
Adicionalmente, hice hincapié en que la limitación legal tenía exclusiva relación con los casos que demandaban su solución mediante una subsunción de los hechos en las normas aplicables. Añadiendo que solamente ante los casos de ausencia de complejidad sustancial, en donde el control de constitucionalidad debía ser directo, no podía prescindirse de resolver el caso sino mediante una declaración de inconstitucionalidad que me estaba prohibida realizar.
En sentido contrario, advertí que no era menester la declaración de inconstitucionalidad si la resolución del caso demandaba recurrir a la ponderación de los valores, principios y normas con incidencia en la situación examinada. Así fue que, recientemente, el pasado 30 de abril de 2020, en la sentencia dictada in re “C.J.C. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército s/ daños y perjuicios”, ED-CMXIX- 139, Revista de Derecho Administrativo, mayo 2020 - Número 5, la Corte Suprema declaró inaplicable el régimen de ejecución de sentencias de condenas monetarias contra el Estado Nacional, regulado en el art. 22 de la Ley 23.982, respecto del crédito de una persona mayor de 70 años de edad, discapacitada, y con serios problemas de salud. Así lo hizo el Alto Tribunal al encontrar que el caso del actor no estaba exceptuado normativamente del régimen general para la cancelación de créditos no consolidados en contra de un organismo del sector público, que implica una serie de trámites y plazos de espera para su percepción, considerándose entonces en el voto principal a la situación planteada como un “caso no previsto” que, por razones de equidad, debía ser resuelto por aplicación de normas análogas. En cuanto aquí es de específico interés, debe hacerse notar que el voto principal (suscripto por los Dres. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti) evita expresa e intencionalmente declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 23.982, siquiera en cuanto a su aplicación al caso concreto. A todas luces es significativo que en este nuevo pronunciamiento el Alto Tribunal elija apartarse de la declaración de inconstitucionalidad y se incline directamente por la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto.
En ese marco interpretativo, debe considerarse que la Corte Suprema no ha hecho otra cosa que prescindir de la norma aplicable cuando conduce ocasionalmente a un resultado injusto en su aplicación concreta a un caso particular, en función de sus particularidades, a veces imprevisibles para el propio legislador. En estos supuestos, corresponde prescindir de la letra de la norma y priorizar el espíritu del legislador, resolviendo el caso como este lo hubiera hecho de haberse representado las circunstancias del mismo, aun cuando esto implique dejar de lado el texto de la previsión normativa aplicable al caso.
XIV. En atención a la luz del estándar interpretativo comentado, corresponde hacer lugar al planteo de la actora y, en consecuencia, reducir la tasa de interés aplicada por la AFIP-DGA, aplicando la tasa de interés correspondiente a las obligaciones en dólares prevista en la Resolución ME N.º 21/91 -a título referencial-, que era del uno por ciento (1%) mensual y hasta el 1/08/19, fecha en la que por imperio de la Resolución N.º 598/19 (B.O. 18/07/19), que derogó la Resolución N.º 314/04, y sus modificatorias, entre las que se encuentra la Res. 50/19 del ex Ministerio de Economía y Producción, comenzó a regir la nueva tasa para intereses resarcitorios del 0,83% nominal mensual en aquellas obligaciones nominadas en dólares estadounidenses.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 5386/15 dictada en el trámite de las Actuaciones Nº 12197-1353-2010, declarando que la multa adeudada asciende a $ 3.080,74, mientras que los tributos adeudados ascienden a U$S 1.066,52 con más los intereses calculados de conformidad con lo señalado en el Considerando XIV. Revocarla en cuanto a la exigencia del pago de Derecho Adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
2. Costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al relato que antecede, y a los Considerandos que derivan en confirmar parcialmente el fallo aduanero apelado (I.- a XII.- inclusive). Coincido también -por economía procesal.- con la aplicación al caso de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “CLADD ita S.A. C/ EN – DGA resol 2590/06 DGA expte. 604155/01, causa TFN 22.343-A (Ver Considerandos XXXVI.- y XXXVII.-). Y con tal sustento, en revocarla parcialmente respecto del IVA, Percepciones RG 3431/91 y Percepción de Impuesto a las Ganancias RG 3543/92.
II. Discrepo con las interpretaciones relativas a la tasa de interés aplicable a los administrados que deben abonar estas deudas aduaneras en dólares, en cuanto proponen morigerar la alícuota legalmente aplicable, al “prescindir” de la normativa, inclinándose por la inaplicabilidad de la ley basada en un precedente jurisprudencial.
III. Fundamento mi discrepancia de criterio, en la necesidad de respetar las tasas establecidas por cada norma, según el tiempo en que comenzaron a regir las mismas. Considero que en este ámbito -de jurisdicción administrativa- está vedado dejar de aplicar las Resoluciones oportunamente pertinentes, aún para intentar evitar un resultado que se presume inequitativo (pero cuya confiscatoriedad no se encuentra cabalmente demostrada en estos actuados).
En este sentido, se ha pronunciado la propia Corte en el caso “Provincia de Santa Cruz” (Fallos 316:42), cuando sostuvo que no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Por el contrario, y en concordancia con la letra expresa de la normativa -de cuya aplicación no encuentro graves razones para apartarme- observo que la intención del Legislador al momento de haber elevado las tasas, que luego fueron modificadas por la vía de otra Resolución, por la cual resultaron inferiores, tendía en ese tiempo a permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado. Esta posición también se sostuvo cuando la Excma. C.S.J.N. sentenció:
“Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42).
Asimismo, destaco que el Máximo Tribunal aún no ha anulado ó morigerado “per se” las tasas que surgen de las normas que rigen específicamente en esta materia.
Como consecuencia de los razonamientos precedentes, se deduce que la DGA deberá en cada caso aplicar la normativa vigente según la resolución que determine las tasas correspondientes, dictadas por las autoridades competentes, según lo indicado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415) máxime cuando su invalidez no ha sido declarada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aplicar una morigeración distinta, ajena a lo normado, por la vía de este Tribunal, a nuestro juicio implicaría pasar por alto los fines tenidos en cuenta por la autoridad competente, que legisló en cada momento las tasas aplicables a este tipo de deudas con el organismo fiscal. Ello, según su propia evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia.
En tal sentido, no puede olvidarse que la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a tales criterios, que no son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al c! ampo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 3 08:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas)...”. Y mucho menos, en consecuencia, si se trata como en el caso que nos ocupa de Vocales del Tribunal Fiscal de la Nación. Como consecuencia de los fundamentos antes resumidos, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 5386/15 dictada en el trámite de las Actuaciones Nº 12197-1353-2010, declarando que la multa adeudada asciende a $3.080,74, mientras que los tributos adeudados ascienden a U$S 1.066,52 con más los intereses que deberá calcular el Fisco según los Considerandos de este voto y lo dispuesto por el art. 794 del Código Aduanero.
2. Revocar parcialmente los conceptos de Derecho Adicional, IVA Percepciones RG 3431/91y Percepción del Impuesto a las Ganancias RG 3543/92, en los términos del Considerando X.- y XI.- del voto del Dr. Licht.
3. Imponer las costas por los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Nº 5386/15 dictada en el trámite de las Actuaciones Nº 12197-1353-2010, declarando que la multa adeudada asciende a $3.080,74, mientras que los tributos adeudados ascienden a U$S 1.066,52 con más los intereses que deberá calcular el Fisco según lo dispuesto en los Considerandos II.- y III.- del Voto de la Dra. Sarquis y lo dispuesto por el art. 794 del Código Aduanero.
2. Revocar parcialmente los conceptos de Derecho Adicional, IVA Percepciones RG 3431/91 y Percepción del Impuesto a las Ganancias RG 3543/92, en los términos de los Considerandos X.- y XI.- del voto del Dr. Licht.
3. Imponer las costas por los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.03.19 09:14:50 ART Date: 2024.03.19 12:06:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.19 13:05:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.19 13:05:57 -03:00
Fin de la sentencia