Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 20.440-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución N° 350/2012 (DV SRR1) con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-77837519-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 6 de Julio de 2023 En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo Porporatto (Vocal subrogante de la 3° Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal subrogante de la 1° Nominación) y Laura Guzmán (Vocal titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 36.817-I caratulada: “INDUSTRIAS MAR VIC S.R.L. s/recurso de apelación”.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 44/79vta. la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 350/2012 (DV SRR1) de la AFIP-DGI mediante la cual se determina de oficio la obligación tributaria relativa al Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales 02/2006 a 07/2007- con más sus intereses resarcitorios. Asimismo, se aplica -en dicho tributouna multa con sustento en los artículos 46 y 47 inciso b) de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones) equivalente a dos (2) veces el importe del gravamen presuntamente evadido por el período fiscal 02/2006. Por último, en lo que se refiere a los períodos 07/2006 a 07/2007, se hace reserva expresa de aplicar eventualmente las sanciones, en virtud de lo establecido por el artículo 20 de la Ley N° 24.769.
En primer término, plantea la nulidad del caso ante el rechazo de las medidas probatorias ofrecidas en la contestación de la vista, decisión que –a su criterio- carece de motivación y causa (cfr. art. 1 inc. f) apartados 1) y 2) de la Ley 19.549). Por tal motivo, concluye que se violó su derecho a ser oído y el debido proceso. Opone la prescripción de los períodos 02/2006 a 11/2006, en tanto el plazo para la misma comenzó a correr a partir del 1/01/2007 venciendo el día 31/12/2011, mientras que la resolución apelada posee como fecha de emisión el 19/09/2012. Seguidamente, expone las consecuencias acarreadas por dicho instituto y señala que la pretensión fiscal analizada viola el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional.
Afirma que los comprobantes cuestionados reflejan compras de bienes utilizados en el proceso productivo de la firma, y que los mismos fueron expedidos por prestadores que comercializaron con su parte. Asimismo, agrega que solo tenía obligación de verificar que los documentos se ajusten a las resoluciones establecidas por la AFIP- DGI (vigencia del proveedor, o sea que su número de CUIT no posea una “marca fiscal”, autorización de impresión y CAI vigente con numeración comprensiva del comprobante en la autorización referida) razones que impiden –a su criterio- atribuir algún tipo de negligencia. De esta forma, destaca que en el presente caso es aplicable el “principio de legalidad tributaria”, esto es que nadie está obligado frente a la AFIP a actuar de una forma distinta a la que la ley le exige, ni tomar otros recaudos, ni realizar investigaciones, etc. En esta dirección, explica que la ley de procedimiento tributario establece que las facultades investigativas del Fisco Nacional deben ejercerse dentro de los límites establecidos por las normas constitucionales, y con sujeción a los principios recogidos en la misma; situación que excluye la arbitrariedad, abuso y discrecionalidad que se produjeron en autos.
Además, destaca que las facultades de fiscalización y administración tributaria, no son delegables ni pueden ser sustituidas por terceros, por imperio del estado de derecho.
Señala que la existencia de créditos fiscales por facturas de compra de bienes en desuso, es legítima, por lo cual Industrias Mar Vic SRL se encuentra autorizado por ley a computar el crédito fiscal de las transacciones que realizó con terceros.
Sobre el particular, dice que todas las operaciones contabilizadas son reales, con sus respectivas facturas, remitos/tickets de pesada, recibos y lista de pago con cheques; elementos que nunca fueron solicitados por la inspección y agregados a la causa, e incluso nunca fueron controvertidos por la autoridad fiscal. Alega que la AFIP presume el incumplimiento fiscal del contribuyente, con relación a hechos o actos de terceros, sin tener en cuenta que todos los negocios comerciales celebrados están debidamente probados, documentados y registrados, razón por la cual no cabe realizar presunción alguna a los fines de acreditar la existencia y cuantía de la obligación tributaria, pues esta surge de las constancias del expediente y de las pruebas ofrecidas. En este sentido, aclara que deben abandonarse las presunciones – enunciadas taxativamente por la ley de ritocuando existe prueba instrumental que demuestre el negocio jurídico desde el punto de vista de la realidad económica.
A continuación, efectúa un análisis de cada proveedor impugnado, criticando las tareas investigativas realizadas y concluyendo que no se demostró la inexistencia de tales proveedores.
También, remarca que acompaño reconocimientos voluntarios de la relación comercial existente con Service Melaca SRL, Carneiro Raquel y Gaia SA, los que resultan manifestaciones suficientes para revertir la posición fiscal y otorgar verosimilitud a sus dichos.
En cuanto a la multa aplicada, opina que la discusión se centra en un problema de interpretación acerca de la computabilidad del crédito fiscal; circunstancia que se relaciona con un aspecto de índole técnico, y no omisivo o doloso como pretende el organismo recaudador.
En subsidio, plantea la existencia de un error excusable y la aplicación del principio de bagatela, o en su defecto el reencuadre de la multa dentro de las previsiones de los artículos 45 y 49 de la ley procedimental. Cita jurisprudencia y doctrina que entiende apoyan su postura.
Por último, ofrece prueba documental, testimonial, informativa y pericial contable.
II. Que a fs. 83/103 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso que oportunamente le fuera conferido, y por las razones de hecho y derecho que expone solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución apelada, con costas. Acompaña los antecedentes administrativos de la causa. Hace reserva del Caso Federal.
III. Que, a fs. 122 se abrió la causa a prueba; a fs. 142 se tiene por desistido a la actora respecto de la prueba testimonial; a fs. 244 –punto 2°)- y 453 –punto 1°)- se da por decaído el derecho de la actora a producir la prueba informativa, relacionada con el proveedor Romano Miguel Ángel, y el informe contable; por medio de la PV- 2023-23037929-APN-VOCIII#TFN se da por decaída el resto de la prueba informativa no producida, se declara cerrado el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “A”; con el IF-2023-29150964- APN-VOCIII#TFN se ponen a disposición de las partes a fin de que se produzcan sus respectivos alegatos, obrando solamente a fs. 475/478 el alegato del Fisco Nacional. Finalmente, en el IF-2023-73739827-APN- VOCIII#TFN se pasaron los autos a sentencia.
IV. Que, previo a tratar la cuestión de fondo, es necesario atender el planteo referido al método empleado para determinar la materia imponible. Sobre el particular, se debe recordar que la ley de rito en sus artículos 16 y 18 establece que ante la falta de elementos ciertos que permitan conocer la existencia y magnitud de la obligación tributaria, el Fisco Nacional puede determinar la materia imponible sobre base presunta empleando para ello hechos y circunstancias conocidas vinculadas con el hecho imponible que posibilitan, en casos particulares, inducir su existencia y medida a través de un método lógico deductivo. A contrario sensu, la determinación de oficio sobre base cierta implica que el ente fiscal conoce con certeza el hecho imponible y su magnitud, y ello sólo es posible cuando dispone de libros, registros y comprobantes llevados por el contribuyente en legal forma, lo que permite establecer con exactitud el monto de su obligación impositiva.
La regla es la determinación sobre base cierta, si es que el organismo encargado de realizarla dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto fáctico que suscita la obligación tributaria, tanto con relación a su existencia como en cuanto a su significación económica.
Sobre esta última premisa y método -base cierta- reposa el acto administrativo apelado, cuyo sustento se encuentra en la propia documentación acompañada por la actora durante el proceso de fiscalización. En atención al argumento expuesto, corresponde rechazar el agravio articulado por el recurrente sobre el método utilizado por el Fisco Nacional en la determinación de oficio.
V. Que, corresponde a continuación resolver sobre el planteo de nulidad formulado por la actora, fundado en la violación a las garantías constitucionales del debido proceso y los elementos probatorios descartados en sede administrativa.
En cuanto a la denegatoria del juez administrativo en producir las pruebas ofrecidas por la actora, debe señalarse que el artículo 35 del decreto 1.397/79, reglamentario de la ley 11.683, remite en cuanto a la admisibilidad, sustanciación y diligenciamiento de las pruebas a las disposiciones del decreto 1759/72, el que establece, en su artículo 46, que la Administración podrá disponer la producción de prueba respecto de los hechos invocados y que fueren conducentes para la decisión, siendo que se admitirán todos los medios de prueba, salvo los que fueran manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios.
Es decir que, si bien la búsqueda de la verdad material pareciera impulsar a que la Administración considere todos los medios de prueba solicitados por la parte, existe un límite impuesto por el reglamento del procedimiento administrativo que brinda al juzgador la posibilidad de denegarla en todo o en parte si las considerara inconducentes, impertinentes, innecesarias, inútiles, redundantes, imposibles de cumplir o que sólo buscan dilatar temporalmente el acto administrativo de resolución.
Pero como esta valoración del juez administrativo es altamente subjetiva, ya que parte de su valoración personal, debe dar explicaciones fundadas de su rechazo a producirlas so pena de considerarse una decisión arbitraria y contraria al debido proceso adjetivo que debe tutelar.
Por lo tanto, para evitar la arbitrariedad de los actos, estos deben ser fundados y por ello, el artículo 34 del reglamento de la ley procedimental, obliga al juez administrativo a expedirse, en la misma resolución que determina de oficio, sobre el mérito de la prueba producida o las razones fundadas por las que no se hizo lugar a la ofrecida.
Según consta de la resolución apelada –vide fs. 27/28- el Fisco Nacional realizó una medida evaluación respecto de la prueba ofrecida concluyendo en la improcedencia de la misma, lo cual demuestra el apego del funcionario actuante a los principios que debe proteger.
Siendo ello así, entiendo no se ha vulnerado el debido proceso ni el derecho de defensa de la actora. Por otro lado, tanto de la lectura de los actos apelados, como del análisis de las actuaciones seguidas por el ente recaudador no se vislumbra que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución apelada, ni que haya incumplido con el procedimiento reglado por la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) para determinar el tributo y/o aplicar las sanciones recurridas en autos. Es más, en el presente caso la recurrente tuvo conocimiento de las actuaciones seguidas por la inspección y el juez administrativo, pudiendo presentar su descargo en oportunidad de contestar la vista corrida, lo que evidencia que los agravios vertidos por la apelante como fundamento de la defensa de nulidad intentada, se tratan de una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de acto alguno.
A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, junio 4-997 -Sosa Mirta Elena Impuestos B- 2076). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Mugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros), circunstancia que no ha sido acreditada en autos.
De su lado, interpreta este Tribunal Fiscal que; "...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal [fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como "in extenso", en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho..." [in re "Mirror Holding S.A”, 15/9/06 expte. N° 20.440-I).
En función de lo expuesto corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas atento que el mismo no mereció un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (conf. CSJN, “Bolland y Cía S.A.”, 21/2/13).
VI. Que, en lo que se refiere al planteo prescripción por los períodos 02/2006 a 11/2006, cabe señalar que el artículo 56 de la ley procedimental establece: “Comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen.”
Por lo tanto, el plazo para determinar los tributos apelados se encontraría cumplido el día 01/01/2012. Ahora bien, es pertinente señalar que la ley N° 26.476 (B.O. 24/12/08) dispuso en su art. 44: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; razón por la cual el nuevo término a computar opero el día 01/01/2013. Al respecto, debe tenerse presente que de conformidad con el artículo 50 de la mencionada ley, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
En este sentido, la redacción de los textos legales, no arrojan dudas acerca de la intención del legislador, en cuanto a que la mentada suspensión se dispone “con carácter general”, esto es, que abarca a la generalidad de los contribuyentes responsables y no solamente a los que hubiesen ejercido el derecho a acogerse al régimen de normalización tributaria. Así lo ha entendido la C.S.J.N in re “Fisco Nacional c/Distribuidora El Plata SRL s/Ejecución Fiscal” de fecha 26/11/91.
En consecuencia, y tomando en consideración la aludida suspensión, advierto que las facultades del Fisco no se encontraban prescriptas, toda vez que la resolución recurrida fue dictada el 19/09/12 y notificada al contribuyente el 21/09/12, siendo el plazo límite –como se dijo- el 01/01/2013; en virtud de ello, corresponde rechazar el planteo de prescripción de introducido por la actora.
En cuanto a la imposición de costas no proceden, atento que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento, sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, por lo que no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a tales efectos (arg. CSJN, in re “Colorín IMSSA (TFN 24.123-I) c/DGI” sentencia del 2 de julio de 2013).
VII. Que, tal como quedaron planteados los hechos, la cuestión a resolver en autos radica en concluir, sobre la caracterización como apócrifos de ciertos documentos emitidos por los proveedores Metales San justo de Baltazar Burnet, Bertossi Hnos., Caniglia Hnos., Depósito Unimat de Daniele Juan Pablo, Diamantec SA, Ferroluc SRL, J.R. Aceros SRL, Juan Manuel Nunes, Molina Carlos Antonio, Cravero Ricardo Alberto, Leonardi Oscar Rolando y Engler José Luis SH, Fesa Hierros SA, Eduardo Pedro Heinric, Metfer SA, Del Río Néstor Roberto, Romano Miguel Ángel, Viviani Sergio, Medemet SA, Guercio Liliana, Casa Del Bene de Del Bene Félix, Palacios Estanislao, Gaia Argentina S.A., FUNDICOB S.A., Lariano Company S.A., Rodríguez Claudia Alejandra, Carneiro Raquel, Service Melaca SRL, Royma SRL y Ferro Int SRL.
Que, ante tal problemática, este Tribunal ha centrado su atención y análisis, en la actividad desplegada por el Fisco, en el convencimiento que a él le corresponde, en primer lugar, el control de la verificación. En otras palabras, el Fisco debe sustentar su pretensión impugnativa a través de elementos concretos y razonables, lo que le permite suponer el carácter apócrifo de las facturas. Frente a dicha impugnación, la cuestión fáctica queda desplazada al contribuyente, que en ejercicio de su derecho de contradicción debe acreditar la verdad de sus dichos, esto es, la veracidad de las operaciones.
A tal fin, corresponde analizar los elementos colectados y adjuntados en los antecedentes administrativos por el Fisco que motivaron la impugnación de las operaciones, para luego considerar las pruebas acompañadas por el contribuyente en autos.
Del análisis de las actuaciones, surge que se consideraron apócrifas las compras efectuadas con determinados proveedores, en atención a que los mismos no reconocieron haber celebrado operaciones con la recurrente, a saber:
1. Metales San Justo de Baltazar Burnet (CUIT N° 20-15226423-3): mediante acta labrada al Sr. Baltazar Burnet, con fecha 04/11/2009, éste manifestó: “…acto seguido, el funcionario actuante pregunta al Sr. Arturo Baltazar Burnet si el mismo tiene como cliente o ha operado en alguna oportunidad con el contribuyente Industrias Mar-Vic… a lo cual manifiesta que desconoce al mismo como cliente, consultado sobre su actividad manifiesta que la misma es la venta de hierros, chapas y accesorios para herrería…”. Asimismo, aportó copias de las facturas solicitadas, las que fueron emitidas a otros clientes (fs. 222/231 Cuerpo N° 2 de Proveedores Impugnados sin relación comercial).
2. Bertossi Hnos. (CUIT N° 30-5800028-2): aportó F.206/M en el cual manifestó que Industrias Mar Vic SRL nunca ha sido cliente de la empresa, y aporta copia de la factura y recibo de cobro que corresponde a otra firma (fs. 161/163 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). En este caso la actividad declarada corresponde a “Fabricación de cuchillos”.
3. Caniglia Hnos. (CUIT N° 20-04402400-5): informó no haber tenido ningún tipo de relación comercial con la responsable; informando que por notificaciones similares realizó una denuncia en la UFI N° 8 de la Pcia. de Buenos Aires, Expediente 548768 (fs. 37 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Su actividad declarada es “Servicios Inmobiliarios”.
4. Depósito Unimat de Daniele Juan Pablo (CUIT N° 20-24623531-8): en acta labrada con fecha 21/10/2009, el Sr. Daniele manifestó: “…Consultado el contribuyente sobre si tiene o ha tenido relación comercial alguna con Industrias Mar Vic SRL, manifiesta desconocer totalmente la mencionada empresa y que jamás ha operado con la misma tanto como Proveedor como cliente. Acto seguido el Sr. Juan Pablo Daniele hace entrega al actuante de copia de los Registros de IVA Ventas sin rubricar del mes de diciembre de 2006, así como también de copia de las facturas de ventas “A 0001-0000906 de fecha 14/7/09” y “A 0001-00009013 de fecha 17/07/2006” y nota presentada en la Agencia N° 4 donde manifiesta retenciones que le aparecen registradas en los sistemas de Mis Retenciones de AFIP-DGI correspondientes al Impuesto a las Ganancias de operaciones de venta que nunca fueron realizadas por el Sr. Daniele. Asimismo, es de hacer notar que las facturas A 0001-00009006 y A 0001- 00009013 no coinciden en montos y en nombre de cliente con las registradas por Industrias Mar Vic SRL…” (fs. 103/114 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Su actividad declarada: “Venta de máquinas”.
5. Diamantec SA (CUIT N° 30-62959445-7): en acta labrada con fecha 21/10/2009, con el Presidente de la firma, Sr. Couso Alberto, se expresó: “…del análisis de la factura aportada y de los registros de IVA Ventas verificados en Diamantec SA, surge la no coincidencia en cuanto a nombre del cliente, como así también el importe registrado. Acto seguido el actuante consulta al Sr. Alberto Couso si DIAMANTEC SA tiene o ha tenido relación comercial alguna con Industrias Mar Vic SRL, a lo cual responde negativamente, manifestando asimismo no haber operado nunca con el mencionado contribuyente, ni estar registrado tanto en sus registros de clientes como de Proveedores, haciendo entrega asimismo de fotocopia de la Factura N° 000-00019860 tipo “A” de fecha 22/02/2007; como así también de copia del Remito R N° 0001-00013886 que acompaña a la misma…” (fs. 141/152 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Actividad declarada: “Alquiler de bienes muebles e inmuebles”.
6. Ferroluc SRL (CUIT N° 30-70869788-1): informó mediante F.206/I no haber tenido relación comercial con la responsable (fs. 32 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Actividad declarada: “carpintería metálica”.
7°) J.R. Aceros SRL (CUIT N° 30-70740162-8): aportó copia del Libro IVA Ventas de los períodos 07/06 a 06/07 y facturas de los mismos períodos, de las que surge que no efectuó operaciones con la fiscalizada. En acta labrada con fecha 21/10/2009, la socia gerente de la firma. Sra. Carco manifestó: “…el funcionario actuante consulta a la Sra. Carco si tiene como cliente de J.R. Aceros SRL al contribuyente INDUSTRIAS MAR VIC SRL inscripta bajo la CUIT 30-70755687-7, a lo cual responde negativamente y manifiesta desconocerlos. Acto seguido hace entrega del Libro IVA Ventas N° 3 Rúbrica N° 53829-05 de fecha 10 de septiembre del año 2005, también hace entrega de copia de Listados de IVA Ventas registrados en el mencionado libro por el período enero 2007 en las fojas 160 a 163, en el cual se encuentran registradas las facturas A 01-21379; A 01-21387 y A 01-21394 que fueron oportunamente muestreadas por la fiscalización actuante en el Libro IVA Compras N° 1 Rúbrica 47712-01 del 04/07/2001 de Industrias Mar Vic SRL, las cuales se encuentran registradas en el mes de junio del año 2007, del análisis de las mismas surge la no coincidencia tanto del importe como del nombre del cliente, razón por la cual hacen entrega a la fiscalización actuante de copia de las mismas…” (fs. 118/137 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Actividad declarada: Venta de metales.
8. Juan Manuel Nunes (CUIT N° 20-22144349-8): mediante F.206/I informó que en julio de 2006 cesó sus actividades (fs. 164/171 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Actividad declarada: “Venta de autopartes”.
9. Molina Carlos Antonio (CUIT N° 20-06188779-3): informó que nunca realizó operaciones con la actora mediante F.206/I (fs. 11 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Actividad declarada: “Venta de bienes”.
10. Cravero Ricardo Alberto (RC Metales) (CUIT N° 20-26094387-2): informó no haber realizado nunca operaciones con la auditada (fs. 24 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Actividad declarada: “Venta de armas”.
11. Leonardi Oscar Rolando y Engler José Luis SH (CUIT N° 30-67834415-6): informó mediante F.206/I no haber realizado operaciones con la rubrada (fs. 6 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Actividad declarada: “Venta de ladrillos”.
12. Fesa Hierros SA (CUIT N° 30-70920140-5): informó no haber tenido ningún tipo de vinculación comercial con la firma Industrias Mar Vic SRL (fs. 18 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial) Actividad declarada: “Venta de bienes”.
13. Eduardo Pedro Heinrich (CUIT N° 20-12667769-4): en acta labrada con fecha 04/05/2010, al Sr. Heinrich, expresó: “…el funcionario actuante consulta si realiza o ha realizado operaciones con el contribuyente Industrias Mar Vic SRL CUIT 30-70755687-7, operaciones de ventas por el período fiscal 2007 y siguientes, a lo cual manifiesta desconocerlo como cliente y al cual en ningún momento pudo haberles vendido Alambrón de cola de 8 mm, ya que su actividad principal consiste en la fabricación y venta de tapas de tanque de nafta, llaves y barras de remolque…”. Aporta copia de las facturas solicitadas las que fueron emitidas a otros clientes (fs. 244/267 Cuerpo N° 2 de Proveedores Impugnados sin relación comercial).
14. Metfer SA (CUIT N° 30-58794151-8): informó mediante F.206/I que nunca operó con la empresa, informando que en los períodos solicitados se utilizó la numeración 0001-00010966 a 0001-00011046. Aportó planilla de ventas (fs. 60/62 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Actividad declarada: “Fabricación de maquinaria”.
15. Del Río Néstor Roberto (CUIT N° 20-05370442-6): aportó copia del Libro IVA Ventas y de la factura N° 926, observándose que fue emitida a otra firma. Asimismo, informó no tener vinculación con la responsable (fs. 65/68 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Actividad declarada: “Servicios Inmobiliarios”.
16. Romano Miguel Ángel (CUIT N° 23-14031071-9): aportó copia del IVA Ventas donde surge que en los períodos en cuestión no se utilizó esa numeración (fs. 57/58 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Actividad declarada: “Reparación de motores”.
17. Viviani Sergio (CUIT N° 20-17020861-8): informó no haber realizado operaciones con la rubrada y aportó copia de los libros IVA Ventas y las facturas involucradas donde figuran emitidas a otras firmas (fs. 42/55 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Actividad declarada: “Servicios de cosecha mecánica”.
18. Medemet SA (CUIT N° 30-59106339-8): informó que las facturas solicitadas no fueron emitidas a Industrias Mar Vic SRL. Aportó copia de las facturas (fs. 71/78 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Actividad declarada: “Venta de bienes”.
19. Guercio Liliana (CUIT N° 27-12173943-2): mediante F.206/I informó desconocer a la auditada y aportó copia de las facturas involucradas y del Libro IVA Ventas de las que fueron emitidas a otras personas (fs. 79/86 Cuerpo N° 1 de Proveedores Impugnados sin relación comercial). Actividad declarada: “Fabricación de productos metálicos”.
20. Casa Del Bene de Del Bene Félix (CUIT N° 20-01257783-5): en acta labrada con el Sr. Del Bene, el 14/04//2011, se expresó: “…Acto seguido el actuante consulta al Sr. Félix Del Bene si ha realizado operaciones de venta con el contribuyente Industrias Mar Vic SRL inscripto bajo la CUIT N° 30-70755687-7 o realiza actualmente, a lo cual este manifiesta desconocer a la misma, informando que su actividad es la de venta al por menor de materiales para la construcción desde el día 15/01/1974…”. Aportó copia de facturas (fs. 307/314 Cuerpo N° 2 de Proveedores Impugnados sin relación comercial).
Por otra parte, se detectaron irregularidades con otros proveedores, las que se detallan a continuación:
1. Palacios Estanislao (METALES CASANO) (CUIT N° 23-92448806-9): según las bases de datos del Organismo, no posee bienes registrables y registra presentación de declaraciones juradas de IVA en las que se observaron algunos meses sin movimientos, y otras con relación débito/crédito fiscal cercana a cero. En domicilio fiscal -vigente al 15/10/2009- sito en Juan Manuel de Rosas N° 7751 de la localidad de Isidro Casanova, Partido de La Matanza, conforme lo expresaron los actuantes en acta labrada el 15/10/2009, funciona un depósito de compra venta de Metales por Mayor y Menor, siendo su titular el Sr. Galull Frontín (fs. 19 Cuerpo del Proveedor).
Conforme surge de la base de datos del Fisco Nacional, el Sr. Estanislao Palacios figura como empleado de la firma VIALMANI SA, desde 01/2005 al 07/2011 (fs. 117/124 Cuerpo del Proveedor). Circularizada la firma VIALMANI SA, respecto del Sr. Palacios, informó que fue contratado bajo el régimen de la construcción Ley 22.250, CCT 76/75 UOCRA, detallando las tareas realizadas, y que cumplía horarios de 44 hs. semanales de lunes a sábado (fs. 113/114 Cuerpo del Proveedor).
El día 25/10/2011 el Sr. Estanislao Palacios se hizo presente en la sede de la División Fiscalización N° 1 de esta Dirección Regional Sur, manifestando mediante acta F. 8400 019 N° 0278347 “…Consultado sobre si tiene o tuvo relación comercial con la empresa INDUSTRIA MAR VIC SRL CUIT 30-70755687-7, en los períodos 2006 a la fecha, manifiesta que no; que en ese período solo ha trabajado en la construcción, bajo relación de dependencia o haciendo changas. En relación al domicilio sito en Av. Juan Manuel de Rosas 7751 de Isidro Casanova manifiesta no haber vivido nunca en el mismo, ni haber efectuado en él ninguna actividad comercial…” (fs. 115 Cuerpo del Proveedor).
2. Gaia Argentina S.A. (CUIT N° 30-70833788-5): según la base de datos de la Administración, se observó la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias sólo por el período fiscal 2004, e IVA por los períodos 2003 a 2007. En cuanto al SUSS, se verificaron presentaciones sólo en los períodos 05/03 y 06/03 en cero. Tampoco se verificaron bienes registrables, o empleados a su nombre.
El día 14/05/2007 el personal fiscalizador de la Dirección Regional Rosario II se presentó en el domicilio fiscal de la firma, sito en Julián Álvarez N° 615, CABA, siendo atendidos por María Mercedes Finochietto, quien mediante acta F.8400 036 N° 0031008 expresó: “…preguntado 1) si funciona en dicho departamento la firma Gaia SA: Responde que ese departamento es su domicilio particular aclarando que si bien no funciona comercialmente la firma mencionada aquí se recepciona correspondencia. 2) A quien le entrega la correspondencia: Responde que la entrega a una persona llamada Gastón Flores que pertenece a la firma. 3) Si sabe donde opera la firma, Responde: no lo recuerdo; 4) si tiene algún teléfono para contactar a Gastón Flores; Responde: no…” (fs. 28 Cuerpo del Proveedor).
A su vez el personal fiscalizador concurrió a los domicilios del Sr. Flores, sitos en Julián Álvarez N° 615, CABA, San Martin N° 4160 Florida, Vicente López, Bs. As., y Pte. J. D. Perón N° 3947, Valentín Alsina, no siendo localizado en ninguno de los mencionados domicilios.
Circularizada la imprenta, el Sr. Fernández –titular de la misma- expresó mediante acta labrada el 19/11/2007, que las facturas exhibidas corresponden a impresiones realizadas por su imprenta, que los pedidos se realizan telefónicamente y se entregan mediante cadetes. Consultado sobre teléfonos y/o domicilios, informa que cree que funciona en Valentín Alsina en la calle Perón pero no precisa el número (fs. 18 Cuerpo del Proveedor).
3. FUNDICOB S.A. (CUIT N° 30-70863293-3): a) se detectó presentaciones del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2004 a 2008 con saldo a favor del contribuyente; b) no posee bienes registrables y cuentas bancarias con acreditaciones desde 2004 a 10/2006; c) el personal de la Dirección Regional Oeste, concurrió al domicilio fiscal de la firma sito en Molina Arrotea N° 1895 Lomas de Zamora, dejando constancia mediante acta y fotos que la numeración no existe (fs. 9/14 Cuerpo del Proveedor); d) en el domicilio de la calle Pte. RM Ortiz N° 2052 Burzaco, se notificó el requerimiento, el cual fue contestado por la firma LAMINILLO SRL, que mediante F.206/I informó: “…En el domicilio notificado Pte. Ortiz 2052 (Burzaco) se encuentra funcionando la firma LAMINILLO S.R.L. La firma LAMINILLO SRL se inscribió en IVA, GANANCIAS SOCIEDADES y GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA con fecha 19/07/2006 (ver reporte adjunto de SISTEMA REGISTRAL). La firma LAMINILLO SRL se encuentra habilitada municipalmente desde el 22/11/2006 en el predio de Pte. Ortiz 2052 de Burzaco…”; e) se circularizó a los accionistas de la firma Sra. Mansilla Norma Patricia y De Luca Vicente, no localizando a los mismos; f) con fecha 05/08/2010, el Sr. De Luca Ezequiel Alberto –representantepresenta multinota en el cual expresa: “…se remite copia debidamente certificada del Acta de Asamblea Ordinaria N° 2 de FUNDICOB S.A. de fecha 06 de abril de 2005 en la que dejé la Presidencia de la firma. A partir de la fecha me desligue de la administración y representación de FUNDICOB S.A., por lo que carezco de los elementos requeridos. Asimismo, se adjunta copia del Acta de Asamblea N° 2 en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (FOLIO DE INSCRIPCIÓN N° 3616) inscripta el 20/12/2005…”; g) circularizados los bancos, informan: 1°) Banco Credicoop: la firma poseía una cuenta corriente en pesos con fecha de apertura el 11/06/2004 y cierre el 20/02/2009; 2°) Banco Francés: registra dos cuentas corrientes en pesos con fecha de apertura el 29/04/2004 y cierre el 26/10/2004; h) el personal de la Dirección Regional Oeste se presentó en la IGJ, verificando que no se encontraba inscripta.
4. Lariano Company S.A. (CUIT N° 30-71009315-2): a) se presentó sólo la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias por el período 2009, mientras que en el IVA desde el período 05/07; b) no posee bienes registrables; c) circularizado el Banco Santander Río, informó que poseía una cuenta corriente desde el 08/06/2007 a 11/2007, cuyo autorizado era el Sr. Rodolfo Alberto Barrientos (fs. 36 del Cuerpo del Proveedor); d) se concurrió al domicilio sito en la calle Dávila N° 970, Piso 4°, Depto. 56, CABA –domicilio fiscal- a fin de requerirle información y documentación de sus operaciones comerciales, no localizando a la firma. Asimismo, se concurrió al domicilio sito en la calle Adolfo Alsina N° 1289, 4° piso, Depto. 1, CABA –domicilio de explotación- no localizando a la firma.
También se visitó el domicilio fiscal del Sr. Barrientos Alberto –sociosito en Las Heras N° 243 de la localidad de Vte. López – Pcia. Bs. As.- no localizándolo; e) circularizada la imprenta del Sr. Bazzana César Carlos, éste informa mediante acta con fecha 24/06/2010, que realizó trabajos de impresión y aportó copia de orden de impresión, en la cual figura como solicitante el Sr. González Cristian DNI 32.023.048. De las bases de datos surge que el Sr. González Pagalday Cristian (23-32023048-9) es empleado de la firma Always SA. Circularizado, el Sr. González Pagalday se hizo presente en la División Fiscalización N° 1, labrando acta obrante a fs. 130 del Cuerpo del Proveedor, donde expresó “…el funcionario actuante consulta al señor González Palgaday si conoce a la firma Always S.A. inscripta bajo la CUIT 30-64767345-3, manifestando que sí, desempeñándose en la actualidad bajo relación de dependencia, manifestando que el mismo es un Estudio Contable Jurídico e Impositivo con domicilio en Diagonal Norte N° 547-Piso 5to.
Siendo cadete del mismo. Consultado sobre si tiene conocimiento de la firma Lariano Company S.A., responde afirmativamente no recordando si es cliente de Always SA en estos momentos. Acto seguido el funcionario actuante exhibe al Señor González Pagalday una orden de Impresión de recibos y facturas tipo A Punto de venta 0001 de la numeración 000000001 hasta el N° 00000100 de la imprenta Print Hose de César Bazzana CUIT 20-22650613-7, efectuados al contribuyente Lariano Company SA CUIT 30-71009315-2 a lo cual manifiesta que ha procedido a retirar los trabajos efectuados y oportunamente solicitados por la firma, desconociendo el domicilio de la misma…” (fs. 130 Cuerpo del Proveedor).
5. Rodríguez Claudia Alejandra (Shopping del hierro) (CUIT N° 27-25701312-5): a) de las bases de datos surge que se encuentra inscripta en las actividades “Venta al por mayor de equipos de sonido, radio y televisión, comunicaciones y sus componentes, repuestos y accesorios” desde el 03/2002, “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en soc. Anónimas” desde 05/2003 y “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en soc. Excepto las anónimas” desde 06/2008; b) presentaciones de declaraciones juradas en Ganancias -2002 y 2003- IVA -2002 a 2006- y Bienes Personales -2003 y 2004-; c) pagos exiguos en IVA (fs. 7 Cuerpo del Proveedor); d) relación débito/crédito cercana a uno; e) figura relacionada en varias sociedades: Pasionaria SA (otros cargos), Multiventas SH (socio), Coirosmet SA (socio), Marmol 2007 SRL (socio gerente), Kalimera RL (gerente titular), Electrónica Universal SA (accionista), Ramufon SA (accionista) y Distribuidora de Confort SA (accionista); f) se concurrió a los domicilios sitos en Gorriti N° 1821, Lomas de Zamora (fiscal), Penna N° 644 Lomas de Zamora (alternativo), Boedo N° 1190, piso 3 depto.
G Lomas de Zamora (alternativo), Corrientes N° 460 Lomas de Zamora (alternativo), Sarmiento N° 260 Lomas de Zamora (Distribuidora de Confort SA), Saenz N° 653 Lomas de Zamora (Ramufon SA), Saenz N° 653 Lomas de Zamora (Kalimera SRL), Seguí N° 662 Adrogué (Multiventas SH), Diagonal Brown N° 1383, 2° C Adrogué (de Pasionaria SA), Drumon N° 775 Adrogué (Electrónica Universal SA), Semollera N° 604, 3° piso Adrogué (PSI y Gestiones SRL) no localizando a la contribuyente ni a las firmas mencionadas (fs. 136/149 Cuerpo del Proveedor); g) no posee propiedades, excepto por un automotor patente WXH539; h) con fecha 18/07/2008, el personal fiscalizador se constituyó en el domicilio sito en la calle Fader N° 2760 de la localidad de Lomas de Zamora, donde fueron atendidos por la Sra.
Rodríguez Claudia Alejandra, labrando acta en F.8400 0190262270, en la que se expresó: “…En este acto se solicita a la señora Rodríguez que manifieste los nombres de las empresas que posee a lo que manifiesta que no posee ninguna, que firmaba papeles para un tal Ignacio o Carlos, quienes la llamaban por teléfono y le mandaban un remis para ir a firmar papeles a una escribanía de Adrogué o de Lanús y le dejaban dinero en la misma escribanía, que actualmente no la llamaron más y que no posee datos de ellos porque ellos la llamaban y que no le daban datos de lo que firmaba, que recuerda que al menos 3 (veces) fue a firmar con su mamá que es Tenti, María Paula, DNI N° 10.085.491, que no le quedó comprobante alguno de lo que firmaba, que toda su vida estuvo alquilando y que no posee capacidad económica ni financiera de poseer empresas o negocios, que recuerda que alguna vez firmó papeles en la Agencia de Lomas de Zamora y otros sobre ventas de insumos para computación…” (fs. 357/358 Cuerpo del Proveedor).
6. Carneiro Raquel (CUIT N° 23-13348037-4): a) se encontraba inscripta en las actividades de “Servicios de Asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en soc. Excepto las anónimas” y “Venta al por mayor de productos intermedios NCP, desperdicios y desechos metálicos”; b) presentó declaraciones juradas de IVA por los períodos 04/06 a 06/06, con relación débito/crédito fiscal cercano a 1; c) no posee bienes registrables, ni cuentas bancarias; d) se concurrió al domicilio fiscal de la Sra. Carneiro, sito en Dr. Luis Agote N° 244 PB, CABA, con fecha 02/10/2009, a fin de notificarle un requerimiento de documentación, donde el personal fiscalizador visualizó que dicha numeración pertenece al estacionamiento del edificio de propiedad horizontal del número 2445 (fs. 81 Cuerpo del Proveedor).
7. Service Melaca SRL (CUIT N° 30-70844386-3): a) se encuentra inscripta en las actividades “Mantenimiento y reparación del motor NCP, mecánica integral, reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías” (desde 08/2003) y “Venta al por mayor de productos intermedios NCP, desperdicios y desechos metálicos” (desde 08/06) y “Venta al por mayor de art. de ferretería” (desde 08/06); b) presentó declaraciones juardas de IVA desde 04/06 a 09/06 con saldos a favor del contribuyente; c) no posee bienes registrables ni cuentas bancarias, y no declara empleados; d) posee el mismo domicilio fiscal que la Sra. Carneiro Raquel; e) circularizada la imprenta, ésta aporta copia de los pedidos de impresión y de un pedido de información realizado por el Juzgado Federal de 1° Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de La Plata de la Secretaría Penal N° 2, en la que solicitan información de la firma Service Melaca SRL.
8. Royma SRL (CUIT N° 33-66240468-9): se encuentra inscripta en las actividades “Servicios inmobiliarios a cambio de una retribución o por contrato” desde 03/09 y “Venta al por mayor de productos intermedios NCP, desperdicios y desechos metálicos” desde 01/02008; b) registra presentaciones de declaraciones juradas de IVA desde 2006 hasta 08/07, algunas en cero y otras con relación débito/crédito fiscal cercana a 1; c) no posee bienes registrables, ni cuentas bancarias y no declara empleados; d) se circularizó a la firma Royma SRL mediante correo en el domicilio fiscal sito en Francisco Beiro N° 1479 Grand Bourg Bs. As., que fuera devuelta por motivo “se mudó”. Asimismo, personal fiscalizador concurrió a dicho domicilio, donde fueron atendidos por el Sr.
Ariel Robertucci, hijo de Robertucci Armando quien figura en las bases de datos como socio gerente de la firma Royma SRL. Mediante acta labrada N° 071000201163786801, expresa “…a los actuantes que la mencionada sociedad desde el momento de su inscripción el día 07/06/2006, nunca llegó a operar y que su actividad era la de Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta propia. Que en el año 2006, con fecha 10 de julio se firma la cesión de cuotas de la sociedad a favor de los Sres. Jorge Cuadrelli y Aníbal Ciraudo, cuyo original exhibe y copia aporta, como así también aporta el trámite de inscripción de la cesión de cuotas. Asimismo, el Sr. Ariel Robertucci, manifiesta que en el mencionado domicilio fiscal funciona en la actualidad la firma Robman SRL inscripta bajo la CUIT: 30-67884656-9 y que la misma se dedica a servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia.
Acto seguido, los funcionarios actuantes consultan al Sr. Ariel Robertucci si la mencionada sociedad Royma SRL, se ha dedicado a la compra venta de metales no ferrosos, a lo cual responde negativamente, manifestando que la actividad realizada por su padre Armando Nicolás Robertucci ha sido la actividad inmobiliaria desde hace más de treinta años…” (fs. 55 Cuerpo del Proveedor). Asimismo, con fecha 13/09/2011, concurrieron al domicilio comercial de la firma Royma SRL sito en Fischetti N° 4553 de la localidad de Caseros, visualizando un cartel identificatorio de Alquiler de Cocheras; e) de las bases de datos se verificó que el Sr. Robertucci Armando se encuentra inscripto en las actividades “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados NCP” desde el 01/99 y “Servicios NCP” desde el 03/99.
En cuanto a los Sres. Quadrelli y Ciraudo, los mismos no poseen bienes registrables, ni cuentas bancarias con acreditaciones en los períodos auditados. Tampoco surgen relaciones entre ambos contribuyentes y con la firma Royma SRL.
9. Ferro Int SRL (CUIT N° 30-70981053-3): a) la inspección actuante se constituyó en el domicilio fiscal de la calle Mayor Irusta N° 11 de la localidad de Bella vista, Pcia. de Bs As., constatándose que en ese domicilio existe un local de reparación de computadoras (fs. 1/4 Cuerpo del Proveedor). Asimismo, se circularizó por correo al domicilio de la Avda. Rivadavia N° 201, Piso 2, 4°B, CABA, el que fue devuelto por dirección inexistente; b) surgen como integrantes de la sociedad el Sr. Melgarejo Rodrigo Sebastián y Sucesión de Wehbi Miguel Ángel, quienes fueron circularizados por correo, siendo devueltos por “desconocido” y “se mudó”; c) con fecha 16/05/2011, el Sr. Melgarejo Rodrigo presentó F.206/I (fs. 43 Cuerpo del Proveedor) en el que informa en su carácter de socio Gerente de Ferro Int SRL, en contestación al requerimiento formulado: “…1) Compra y venta de metales ferrosos y no ferrosos. 2) Fecha de constitución de la sociedad año 2006. 3) Fecha de inicio de actividades enero 2008. 4) La actividad se desarrollaba en el local de la calle Mayor Irusta 11, Bella Vista, Provincia de Buenos Aires, que asimismo era su domicilio fiscal. 5) La sociedad no posee bienes registrables. 6) Se exhibe original contrato de locación, acompañándose fotocopia del mismo 7) Los clientes de la sociedad eran MJ Cables SRL CUIT 30-70880544-7, Industrias Dalafer S.A.A 30-69452688-4, Cembrass SA 30-50076895-5, Forestdel S.A. 30-60240560-6. 8) Los proveedores de la sociedad eran: Cables Epoyen SRL CUIT 30-67826519-
1. El resto de las adquisiciones se realizaban a personas de bajos recursos que recorren las calles y establecimientos en busca de materiales que han sido descartados por sus propietarios. Conservamos en nuestro poder copia de los DNI de la mayoría de esas personas. 9) La empresa no posee bienes de uso, atento que su actividad consiste solamente en pasar la mercadería recibida de un lugar a otro previa selección y clasificación, que es una tarea manual. La mercadería llegaba a nuestro depósito en el flete que se abonaba al proveedor. En el caso de las personas, ellas los traían al depósito en sus carros. 10) Los trabajos de selección y clasificación los realizaba el suscripto personalmente, contando esporádicamente, cuando las circunstancias lo requerían, algún colaborador. 11) La imprenta que realizaba las impresiones de las facturas que emitía la sociedad era Gráfica Salinas CUIT 27-06653168-1…”. De lo observado en el contrato de locación aportado surge como locador el Sr. Santzogni Adriano con DNI 92.425.822, consultada la base del Organismo, se desprende que dicho número de documento pertenece a otra persona (fs. 46 y 126 Cuerpo del Proveedor). Por ende, el ente fiscal concluyó que teniendo en cuenta que se visitó el domicilio del contribuyente, sin actividad comercial a la vista, que no se pudo verificar el correcto cumplimiento fiscal ni su capacidad económica, corresponde su inclusión en la base Apoc bajo la condición “sin capacidad económica”. A ello debe sumarse que no posee cuentas bancarias, ni bienes registrables, presentó declaraciones juradas de Ganancias –períodos 2007 y 2008- con saldos a su favor, la relación débito/crédito en el IVA es cercana a 1, el socio gerente no lo informó como cliente y manifestó que inició actividades en el año 2008, siendo las operaciones impugnadas en los períodos 2006 y 2007; circunstancias que confirman el ajuste fiscal proyectado en este caso.
Por último, la inspección aclara que los reconocimientos voluntarios de relación comercial de los proveedores Service Melaca SRL, Carneiro Raquel y Gaia SA aportados por la auditada, resultan meras manifestaciones sin prueba documental suficiente que respalde sus dichos, no revirtiendo los indicios que permitieron concluir que se trataba de operaciones apócrifas.
VIII. Que ello sentado, corresponde ahora que este Tribunal aprecie el elenco probatorio obrante en los presentes autos.
Del resultado de la prueba informativa dirigida a la AFIP -vide fs. 152/164- surge que la misma se limita solamente a describir las condiciones que llevaron al organismo a calificar como apócrifos a los proveedores cuestionados, reiterando lo apuntado por el juez administrativo en el acto atacado, por lo que su valor probatorio carece de la virtualidad necesaria para enervar el criterio fiscal.
En referencia a la contestación recibida por parte de la firma Lariano Company S.A., donde se detalla en una simple planilla las supuestas operaciones celebradas con la recurrente, resulta insuficiente para acreditar de manera inequívoca que las aludidas facturas fueron emitidas por la mencionada firma, máxime si se consideran las múltiples tareas de investigación que efectuó el fisco –las cuales fueron apuntadas en el anterior Considerando- y la falta de documentos que permitan demostrar el carácter e identidad de quien suscribió el oficio recibido en autos.
Asimismo, cabe poner de relieve, que si bien este Tribunal hizo lugar a las medidas probatorias ofrecidas en las presentes actuaciones, la actora no impulso la totalidad de las mismas, dándose por decaído su derecho a producir la pericia contable, los oficios dirigidos –en su mayoría- a los proveedores impugnados y el testimonio correspondiente a los Sres. Toneatto Ricardo Carlos y Fusella Walter.
En este caso debemos aclarar que “la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito” (cfr. CNCiv., Sala C - La Ley T.117:808, 11371-S) correspondiendo concluir que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones (arg. Art. 377 del C.P.C.C.N.), al no ser sustentados por actividad probatoria idónea, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en este aspecto.
IX. Que, en consecuencia, respecto del Impuesto al Valor Agregado, corresponde señalar que la impugnación de estos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves, precisos y concordantes, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que los bienes a los que ellas se refieren hayan sido adquiridos a tales proveedores, en cuanto se acredita entre otros, que se trata en todos los casos de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora, o que niegan haber celebrado operaciones con la recurrente exhibiendo comprobantes cuyos datos difieren con los declarados por Industrias Mar Vic SRL.
En el presente caso, resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, corresponde que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario, lo que no ha ocurrido en la presente causa. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Por último, se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50- M) /CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo “9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Ahora bien, en el particular, surge que ante los graves indicios en que sustenta el ajuste el Fisco Nacional, la parte actora no ha logrado desvirtuarlos con la prueba aportada en las presentes actuaciones -cfr. lo expresado en el Considerando VIII-.
También, es preciso mencionar que si bien no le son imputables a la contribuyente los incumplimientos de terceros así como que no le es oponible que en el domicilio no puedan ser ubicados, si le cabe a la recurrente relevar la calidad de aquellos con quienes supuestamente contrató, y en tal sentido resulta oportuno mencionar que no pueden considerarse las impugnaciones realizadas por el Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis individual como pretende equivocadamente la actora, para concluir si tenía obligación de conocerlas o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial con sus proveedores, que se conjugan con un conjunto de otras anomalías propias de operaciones irregulares.
En conclusión, dado que la contribuyente no reúne los requisitos necesarios a fin de validar el cómputo de los créditos fiscales correspondientes a las operaciones de compras analizadas; y que, además, no ha logrado sustentar la existencia de las operaciones con medios probatorios idóneos, contando con dicha oportunidad, se resuelve confirmar las impugnaciones efectuadas por el Fisco Nacional en la resolución recurrida sobre el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
X. Que, en materia de intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XI. Que en relación a la sanción aplicada en el Impuesto al Valor Agregado –período fiscal 02/2006- debe señalarse que el artículo 46 de la ley 11.683 exige para que se configure la sanción allí tipificada la concurrencia de la omisión del impuesto, elemento objetivo, y la conducta del sujeto en lo que hace a su voluntad comisiva, es decir la existencia del elemento subjetivo.
En cuanto al elemento objetivo, entiendo que de los documentos obrantes en autos y de las impugnaciones efectuadas por el organismo fiscal, en tanto considera inexactas las declaraciones juradas presentadas, debe concluirse que se encuentra debidamente acreditado este aspecto de las sanciones aplicadas.
Pero, que la declaración jurada original sea a todas luces inexacta no lleva, indubitablemente, a entenderla como engañosa, ardidosa o maliciosa ni que su rectificativa confirme defraudación alguna.
En lo que se refiere al aspecto subjetivo del tipo infraccional, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas por el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
En relación al elemento subjetivo del artículo 46 acude, en este caso, a las presunciones previstas en el artículo 47 mediante las cuales se establecen hipótesis, que admiten prueba en contrario, respecto de la voluntad defraudatoria del sujeto.
En el caso bajo análisis se emplea el inciso b) del artículo 47 citado, que establece: “b) cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.”
De los hechos relatados, entiendo que la presunción se encuentra cumplida, dado que si bien se apoya a su vez en otra subjetividad que es la de establecer cuándo es que existe “gravedad” y es el Fisco quien debe darla a conocer, en el caso de facturas apócrifas, el sólo hecho de haberse demostrado la inexistencia del proveedor y ante la orfandad probatoria de la actora, la gravedad resulta palmariamente expuesta.
Por ello, voto por confirmar la multa aplicada en el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
XII. Que en lo relativo a los planteos relacionados a la aplicación del error excusable en la sanción discutida –cfr. artículos 46 y 47 inc. b) de la ley 11.683- y el principio de bagatela, los mismos resultan improcedentes. En efecto, en el caso de la primera figura invocada, no se encuentra contemplada en el texto legal de la sanción encuadrada; en cuanto al otro punto, la actora no acompaño prueba alguna que permita constatar una desproporción entre la conducta reprochada y la sanción aplicada.
Finalmente, en lo atinente al reencuadre de la conducta desplegada dentro de las disposiciones del artículo 45 de la ley 11.683, corresponde su rechazo en atención a lo resuelto por el Considerando precedente. La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere en lo sustancial a la decisión propuesta por el Vocal Instructor.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al relato de los hechos y al voto del Dr. Porporatto, salvo en lo que respecta a las costas en las defensas de nulidad y prescripción, las que entiendo deben ser soportadas por la recurrente.
En efecto. Debe tenerse presente que a través de las excepciones previstas en el artículo 171 de la ley ritual se denuncian al juez la falta de presupuestos necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez. Se ponen en conocimiento la existencia de circunstancias impeditivas o extintivas que tienen como finalidad desvirtuar las consecuencias jurídicas buscadas con la pretensión de fondo y que, más allá del tratamiento que se les otorgue, son cuestiones incidentales que no pueden encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
Finalmente, en lo atinente a la defensa de nulidad –como quedó dicho- los argumentos que la sustentan están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el artículo 171, inc. h) de la ley de rito y reposan en la violación de su derecho de defensa, por no haberse aceptado las pruebas ofrecidas en la instancia administrativa, agravios que acarrean inexcusablemente aquella declaración. Asimismo, su planteo mereció replica concreta por parte de la apelada, por lo que no advierto razones para apartarme de la aplicación del artículo 68 del C.P.C.C.N.
Resulta oportuno recordar que como señalara la C.S.J.N. in re “Bolland y Cía. S.A.” la exención de costas procede cuando el planteo –de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto que no es el de autos.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
Confirmar la Resolución N° 350/2012 (DV SRR1) con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2023.07.06 10:18:59 -03:00 Date: 2023.07.06 12:45:30 -03:00 Agustina O'Donnell Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.07.06 14:04:44 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.07.06 14:04:46 -03:00
Fin de la sentencia