Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 39212-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1)
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocar el pronunciamiento apelado y dejar sin efecto la Resolución AD LAPL N° Alta en sistema: 18/02/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V 159/18 -dictada por el Administrador de la División Aduana de La Plata-; y 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Nº 3052/2021 INDUSTRIAS METALURGICAS FESCARMONA SAIC Y F (TF 39212-A) Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2022.-
VISTOS Y
I.-Que a fojas 102/9 la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar la Resolución AD LAPL N° 159/18 -dictada por el Administrador de la División Aduana de La Plata- en la cual el Fisco Nacional formuló cargos por tributos a la firma Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAIC Y F (IMPSA) y –solidariamente- a su aseguradora y condenó, además, a la importadora al pago de una multa, como consecuencia del incumplimiento de la condición de reexportar la mercadería despachada al amparo de la destinación suspensiva de importación temporaria oficializada mediante el despacho N° 08 033 IT11000 788P. El a quo aclaró también el monto exigible a la aseguradora en concepto de tributos, e indicó que sobre aquella obligación debían computarse accesorios a partir de la notificación de la vista del sumario, de acuerdo a lo prescripto en la ley aplicable (arts. 794, 1101 y 1103, CA). Para decidir del modo en el que lo hizo tuvo en cuenta –esencialmente- que: (i) contrariamente a lo mantenido por las coactoras, la Resolución Nº 58/12 de la Secretaría de Comercio no incluyó el DIT N° 08 033 IT11 000788P en el listado adjunto de destinaciones cuyo vencimiento prorrogó; (ii) aún de haber autorizado la prórroga, de acuerdo a los términos de la Resolución Nº 58/12 aquella hubiera vencido el 1/12/2012 –contando los 2.160 días a partir del 1 de diciembre de 2006- y no el 4/6/2014, como mantiene la importadora; (iii) incluso si se considerase –a efectos argumentativos- que el vencimiento de la prórroga operaba el 4/06/2014 como pretende la accionante, no le hubiera sido posible beneficiarse de las extensiones de la Resolución Nº 687/2016 pues al momento del dictado de ese reglamento ya habían transcurrido dos años desde la última oportunidad con que la importadora contaba Alta en sistema: 18/02/2022 para solicitar la prórroga del artículo 9 del Decreto Nº 1330/04; (iv) además, resulta de aplicación la previsión del artículo 20 de la Ley Nº 23.905, en punto a que los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan esas operaciones se determinan en dólares estadounidenses y, en su caso, la equivalencia en moneda nacional se establece conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago; (v) correspondía confirmar –según la mayoría- la tasa de interés del 3% aplicable según la Resolución Nº 841/10 MEyFP, la RG AFIP 3271/12, los artículos 37 y 52 de la Ley Nº 11.683 y los artículos 794 y 797, del Código Aduanero.
Impuso las costas a las co-actoras vencidas.
II. Que con la presentación de fs. 110/117 (de la numeración de las actuaciones en formato papel, a la que se aludirá en lo sucesivo) la actora informó del dictado de la Resolución Nº 55/2019 de la Secretaría de Comercio Exterior (de fecha 23/05/2019) por medio de la cual se otorgó a la firma un plazo especial en los términos del artículo 8 del Decreto Nº 1330 de 2004, permitiéndole reexportar –entre otras- la mercadería importada al amparo del DIT N° 08 033 IT11 788P hasta el día 30 de junio de 2019 (conf. fs. 110/1, y primera columna y decimotercera de fs. 112 vta.).
A su vez, mediante la pieza de fs. 118/122 hizo saber de una nueva extensión del plazo especial mencionado en el párrafo precedente por el plazo de 360 días, conferida por la Secretaría de Comercio mediante la Nota NO-2019-64820254-APN-DE#MPYT de fecha 17 de julio de 2019 cursada a la Aduana de La Plata, con fundamento en la previsión del artículo 11 del Decreto Nº 1330/04.
La aclaratoria intentada por la accionante con fundamento en estos hechos (fs. 123) fue desestimada por el a quo, bajo el argumento de que el recurso comportaba, en rigor, una pretensión que excedía los límites de aquel remedio (fs. 28).
III. Que a fs. 128 el tribunal administrativo reguló –a instancias de los beneficiarios (conf. fs. 125)- los honorarios de la representación fiscal.
Alta en sistema: 18/02/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V IV.- Que contra el pronunciamiento reseñado en el primer considerando, la firma exportadora (fs. 130) y la aseguradora (fs. 131) interpusieron recursos de apelación, y a fojas 145/152 y 154/156 expresaron sus agravios –que fueron replicados por la accionada (fs. 162/164).
IMPSA aduce –fundamentalmente- que informó en todo momento de su requerimiento de extensión del plazo de la importación a la autoridad de aplicación; y que compete sólo a la Secretaría de Industria y Comercio la decisión sobre las solicitudes de prórroga de plazos contempladas en el decreto 1330/04. Explica que, de conformidad con lo previsto en el artículo 266 del Código Aduanero, la prórroga en cuestión debía considerarse otorgada hasta tanto no fuese denegada la solicitud de extensión.
Así –continúa- vigente el plazo de permanencia, el día 5 de diciembre de 2013 la aduana de La Plata inició el sumario por presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero, que desembocó en el dictado del acto administrativo cuyo cuestionamiento originó estas actuaciones.
Con el dictado de la Resolución Nº 55/2019 –añade- la Secretaría de Comercio Exterior concedió finalmente una prórroga del plazo para la destinación de marras, ampliándolo hasta el 30 de junio de 2019; vencimiento prorrogado a la postre mediante la Nota NO-2019- 64820254-APN-DE#MPYT, hasta el día 30 de junio de 2020. Explica que dio cuenta del dictado de estos dos actos a la aduana de La Plata, además de al Tribunal Fiscal.
A la luz de todo lo anterior la sentencia recaída en autos contraviene –a su juicio- su derecho de defensa y el principio de legalidad, pues confirma una condena por la comisión de una infracción que indiscutiblemente no tuvo lugar. Explica que, con prescindencia de que la Administración hubiera omitido incluir la destinación en trato en el listado de las prorrogadas mediante la Resolución SCI Nº 58/2012, el a quo debió considerar que IMPSA se beneficiaba de la suspensión contemplada en el artículo 266 del Código Aduanero hasta tanto la autoridad de aplicación del régimen no se expidiese expresamente sobre su reclamo de prórroga (efectivizado el 09/12/2008 en el marco del expediente S01:0338912/07).
Alta en sistema: 18/02/2022 Concluye que, al no haberse configurado el incumplimiento de los requisitos material y temporal del régimen (art. 250, CA), IMPSA no pudo haber incurrido en la conducta tipificada y penada por la ley aduanera (art. 970, CA).
Entiende que la falta de valoración de la prueba producida a efectos de acreditar la legalidad del accionar de IMPSA supone –en este contexto- una palmaria violación de su derecho de defensa. Por último, cuestiona subsidiariamente la liquidación de accesorios sobre los tributos reclamados, por considerar que el cómputo se realiza desde una fecha en la que la obligación no era exigible aun. Además, controvierte la intimación a pagar en una moneda distinta a la de curso legal, por entender que ello sumado a la tasa de interés aplicable importa una repotenciación de la deuda contraria a la ley (art. 10, Ley Nº 23.928).
Finalmente, hace reserva de ocurrir por ante la Corte federal.
V. Que la aseguradora, por su parte, adhiere en lo sustancial al planteo de IMPSA relativo a la inexistencia de la infracción enrostrada.
Explica que si a la fecha del dictado de la sentencia apelada el plazo para reexportar la mercadería de marras no había fenecido, por imperio de lo decidido por la autoridad de aplicación del Decreto Nº 1330/04 (Resolución SCE 55/2017 y Nota NO-2019-
64820254-APN-DE#MPYT), no puede considerarse a la importadora incursa en la infracción del artículo 970 del Código Aduanero, mal podía reclamarse a la aseguradora por la garantía prestada.
Adicionalmente, se agravia de la interpretación del a quo de acuerdo a la cual el riesgo asegurado habría comenzado a correr con anterioridad a la emisión de la póliza, que tiene lugar al momento del despacho a plaza de la mercadería.
Por último, pone en evidencia la existencia del caso federal.
VI. Que la firma importadora se acogió –con relación a la mercadería de marras- al régimen de importación temporaria. Este Alta en sistema: 18/02/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V régimen de excepción permite la introducción y permanencia temporal de mercadería en el territorio aduanero, beneficiándose su importador de la exención del pago de los tributos correspondientes a la importación definitiva para consumo, pero asumiendo la obligación de reexportarla al vencimiento del plazo otorgado (art. 250, CA).
Ahora bien, el Decreto Nº 1330/04 (BO 1/10/04), que vino a simplificar y reemplazar el sistema creado por la resolución del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 72/92 y el Decreto Nº 1439/96 (arg. art. 37), estableció un régimen especial para la importación temporaria de mercaderías destinadas al perfeccionamiento industrial. En su articulado resalta que serán de aplicación todas las normas del Código Aduanero en los aspectos no contemplados expresamente en el régimen que se instituye (art. 32); constituye en autoridad de aplicación a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, y establece que la Dirección General de Aduanas será la autoridad de fiscalización en el ámbito aduanero; además, aclara que dichos organismos dictarán las normas de aplicación del decreto, conforme a sus respectivas competencias (art. 33); establece las condiciones para solicitar prórrogas del plazo de permanencia de la mercadería destinada a recibir perfeccionamiento, manteniendo –claro está- la obligación de exportarla para consumo dentro del plazo autorizado, prevista también en el régimen general (arts. 1°, 6°, 7°, 8° y 9°).
Fue al amparo de esta norma que el servicio aduanero concedió originalmente a la firma un plazo de 720 días (desde la oficialización de la destinación el día 4/06/08), que fue prorrogado por uno idéntico, hasta el 16/05/2012 (conf. constancia de fs. 2 de las actuaciones administrativas) [arts. 7 y 9 del decreto 1330/04].
El desacuerdo entre las partes nace a partir de ese momento en el tiempo, pues la actora adujo haber realizado e informado al ente aduanero una solicitud de ampliación del plazo de la destinación, por responder a un proyecto de larga ejecución (art. 8, Decreto Nº 1330/04 y art. 266, CA), la cual –a su entender- ya había sido concedida y, en cualquier caso, aplazaba de todas formas la exigibilidad de la obligación de reexportar (art. 266, inc. 2, CA).
Alta en sistema: 18/02/2022 Como se vio, a juicio del a quo, los elementos reunidos daban razón a la accionada.
VII. Que, sin embargo, a la luz de las constancias producidas con posterioridad al dictado del pronunciamiento atacado, los hechos comprobados imponen una solución diferente.
Es que la propia autoridad de aplicación del Decreto Nº 1330/04 –por entonces la Secretaría de Comercio Exterior- reconoció con el dictado de la Resolución Nº 55/2019 que el plazo debatido no podía haber fenecido, al otorgar a IMPSA un plazo especial para reexportar –entre otras- la mercadería de la destinación en trato hasta el día 30 de junio de 2019 (ver fila decimotercera de la primera columna de fs. 112 vta.), con fundamento en lo previsto en el artículo 8 del reglamento en cuestión. Adicionalmente, la Nota 2019-64820254-APN-DE#MPYT de la misma repartición extendió el nuevo plazo concedido por 360 días, con basamento en el artículo 11 del mencionado decreto.
En este contexto, resulta claro que el acto administrativo cuestionado, dictado el 2 de mayo de 2018 de resultas de la instrucción sumarial iniciada el 13/07/2012, estuvo desprovisto de causa (art. 7, inc. b., Ley Nº 19.549). En efecto, la transgresión endilgada debe necesariamente encontrar apoyatura en la constatación del presupuesto objetivo contemplado en la norma, a saber, el vencimiento del plazo previsto sin que se haya reexportado la mercadería o regularizado su importación para consumo (arts. 970 y 250, CA; Gottifredi, Marcelo A., “Código Aduanero Comentado”, Buenos Aires, Mercojuris, 2018, p. 1032; Alsina, Barreira, Basaldúa, Cotter Moine & Vidal Albarracín, “Código Aduanero Comentado”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, Tomo III, p. 441), el cual no pudo haber tenido lugar mientras estuviese pendiente la resolución de la solicitud de prórroga (art. 266, inc. b, CA). Ausente aquel presupuesto de hecho, el acto sancionatorio resulta indudablemente nulo, por la carencia de uno de sus elementos constitutivos esenciales que hace a su validez (art. 7° inc. b), en concordancia con el art. 14, inc. a), y el art. 17 de la Ley N° 19.549; Marienhoff, Miguel S. "Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2000, Tomo II, p. 297/9 y 531/2).
Alta en sistema: 18/02/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Es del caso poner de resalto aquí que con arreglo al principio de unidad del Estado, que debe regir en todo momento el obrar de la Administración (conf. Marienhoff, op. cit., Tomo I, pág 392 y sgtes.) y advirtiendo la necesaria intervención de las dos reparticiones involucradas en los trámites atinentes a las destinaciones de este régimen, la reglamentación buscó propiciar la coordinación de aquellas dependencias de manera de evitar la toma de decisiones contradictorias como las que tuvieron lugar en el sub lite.
Así, por ejemplo, con relación a los plazos de permanencia del régimen especial, el artículo 9° del Decreto Nº 1330/04 precisa que “[c]uando razones debidamente justificadas impidan la exportación de las mercaderías importadas en las condiciones previstas en el Artículo 1º dentro de los plazos establecidos en los Artículos 6º y 7º, y el otorgado de acuerdo al Artículo 8º del presente decreto, el interesado podrá solicitar por única vez el otorgamiento de una prórroga” y que, en esos casos, “[l]a Dirección General de Aduanas podrá otorgar dicha prórroga sujeta a la previa autorización de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, conforme a la reglamentación que se dicte”.
En razón de ello, la Resolución ex MEyP 384/06 establecía: “A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 9º del Decreto Nº 1330, de fecha 30 de septiembre de 2004, el usuario que considerare necesario el otorgamiento de una prórroga deberá demostrar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, atento su carácter de Autoridad de Aplicación, que existen razones fehacientemente justificadas que impiden la exportación de las mercaderías en los plazos previstos. A tal efecto, la respectiva solicitud deberá ser presentada ante la citada Secretaría con una antelación no menor de TREINTA (30) días corridos al vencimiento del plazo original” (art. 1), y que “[s]i la misma fuere autorizada, la Autoridad de Aplicación, con anterioridad al vencimiento del referido plazo, deberá comunicar tal circunstancia a la Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS entidad autárquica en el ámbito de este Ministerio, a fin de que la citada Dirección General disponga el otorgamiento de la prórroga autorizada” (art. 2).
Por su parte, el artículo 3 Alta en sistema: 18/02/2022 de la Resolución 392/2006 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa determinaba que “A efectos de lo previsto en el Artículo 8° del Decreto N° 1330/04, fíjase un plazo de UN MIL OCHENTA (1080) días. Para la concesión de dicho plazo, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, evaluará entre otros aspectos que estimare pertinentes, las características y complejidad del proceso productivo a ser utilizado. La decisión adoptada deberá ser notificada al peticionante y a la Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION”.
En el mismo sentido milita lo normado en los artículos 4 in fine, 5 inciso d), 6 y 7 in fine de la Resolución 687 - E/ 2016 del entonces Ministerio de Producción, que vino a reemplazar la reglamentación antes reseñada, vigente al tiempo de los hechos. En el caso, sin embargo, las prescripciones de estos reglamentos no han conseguido alcanzar su propósito de articular debidamente la intervención de los órganos competentes, lo cual sella la suerte del acto individual cuestionado.
Por las consideraciones expuestas, corresponde revocar el pronunciamiento apelado y dejar sin efecto la Resolución AD LAPL N° 159/18 -dictada por el Administrador de la División Aduana de La Plata-.
VIII. Que la conclusión a la que se arribó en el considerando precedente vuelve inoficioso el tratamiento de los restantes agravios de la firma importadora, así como los de la compañía aseguradora.
IX. Que no hallándose motivos que justifiquen el apartamiento del principio rector en materia de costas, corresponde imponer las de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
En virtud de lo expuesto, el Tribunal
1)
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocar el pronunciamiento apelado y dejar sin efecto la Resolución AD LAPL N° Alta en sistema: 18/02/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V 159/18 -dictada por el Administrador de la División Aduana de La Plata-; y 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, CPCCN).
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Jorge F. ALEMANY Alta en sistema: 18/02/2022
Fin de la sentencia