Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 47170-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los agravios de la actora y confirmar el decisorio del 27/12/2022 dictado por el a quo en cuanto ha sido materia de agravios.
2Imponer las costas de esta instancia a cargo de la recurrente por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
43641/2023 INDUSTRIAS METALURGICAS GRUINI SA (TF 47170-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de octubre de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por decisorio del 27/12/2022, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó los actos administrativos apelados por la firma actora, con costas.-
II.-Que los citados actos administrativos fueron dictados en los sumarios nro. S/DI RMEN/409932/16, nro. S/DI RMEN/409934/16 y nro. S/DI RMEN/409935/16, el 17/7/2016 y suscriptos por el Jefe Int. De la División Jurídica de la Dirección Regional Mendoza de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se trata de la Resolución nro. 409932/02 dictada en el marco del sumario nro. S/DI RMEN/409932/16, por la que se resolvió aplicar una multa de $219.868,60, en los términos de los arts. 46, 47, incs. a) y b), y 70 a 73 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), correspondiente a dos veces el impuesto presuntamente dejado de ingresar y equivalente a un tercio del mínimo legal del Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 4/2012, 10/2012, 1/2013, 4/2013, 5/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013 y 11/2013; la Resolución nro. 409934/02 en el sumario nro. S/DI RMEN/409934/16, por la que se aplicó una multa de $277.682,30 en los términos de los arts. arts. 46, 47, incs. a) y b), y 70 a 73 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), correspondiente a dos veces el impuesto presuntamente dejado de ingresar y equivalente a un tercio del mínimo legal del Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2012 y 2013; y la Resolución nro. 409935/02, dictada en el Smario nro. S/DI RMEN/409935/16, por la que se aplicó una multa de $463.252.77, en los términos del art. 46 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), correspondiente a dos veces el impuesto presuntamente dejado de ingresar y equivalente a un tercio del mínimo legal del Impuesto a las Ganancias-Salidas no documentadas, períodos fiscales 2012, 2013 y 2014.-
III.-Que el 16/3/2023 apeló la parte actora y expresó agravios el 4/4/2023. El 21/4/2023 se regularon los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional. El 17/10/2023 contestó agravios la AFIP-DGI. El 15/11/2023 dictaminó el Sr. Fiscal General y el 27/11/2023 se llamaron autos a sentencia.- IV.-Que en su expresión de agravios, plantea la parte actora la prescripción de la acción de su contraria para imponer penas. Sobre el punto, cabe remitirse al dictamen del Sr. Fiscal General, quien señaló: “Así planteado el asunto, cabe advertir que en los recursos planteados ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la actora no opuso excepción de prescripción de la acción sancionatoria. Siendo ello así, corresponde el rechazo de los agravios referidos a la prescripción por constituir el fruto de una reflexión tardía (cfr. art. 166 de la Ley Nro. 11 .683, en cuanto indica que ‘el apelante deberá expresar todos sus agravios’, y artículo 277 del CPCCN)”.-
Por ello, corresponde rechazar por extemporáneo el planteo de prescripción efectuado por la actora.- V.-Que los restantes agravios de la recurrente se refieren a cuestiones de hecho y a la prueba producida en la causa.- VI.-Que en lo que se refiere a la prueba producida y al análisis de la misma, cabe destacar que en el particular sistema de revisión judicial (limitado) instaurado por el legislador en materia tributaria, las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas -por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re: “Quilmes Combustibles S.A.C.I.”, sentencia del 25-3-97; esta Sala in re: “Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-I) c/ DGI”, sentencia del 17-5-2000; “Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15847-I) c/ DGI”, sentencia del 30-11-2000).- VII.-Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa.-
VIII.-Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner de resalto que el artículo 164 de la ley procedimental para el Tribunal Fiscal de la Nación, otorga a ese organismo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria.- Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).- IX.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto -Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5 -98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-
X.-Que conforme lo desarrollado hasta aquí, no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la causa (conf. esta Sala in re “Noble Argentina S.A. (TF 32885-I) c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, expte. nro. 15283/2010, sentencia del 19/9/2017), por lo que corresponde rechazar los agravios de la parte actora y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto ha sido materia de agravios.-
XI. Que a mayor abundamiento, cabe consignar que en el caso sub examine la causa fue abierta a prueba en sede del Tribunal Fiscal de la Nación y existió una pericia contable respecto de la cual afirmó el a quo: “Cabe señalar que la prueba pericial producida (vide fojas 270) no logra acreditar que las operaciones cuestionadas hayan sido reales respecto del proveedor cuestionado, ni la existencia de los bienes cuyos gastos fueron impugnados, por lo que no logra conmover el criterio de este juzgador”.-
XII.-Que se agravia la parte actora respecto de la calificación de la sanción que se le impusiera, pues sostiene que no hubo dolo de su parte. Sobre el punto, cabe recordar que las sanciones de este tipo requieren la configuración de un elemento objetivo y de otro subjetivo, pudiendo ser este último la culpa o el dolo. La culpa se presume por la sola inconsistencia del actuar del sancionado, mientras que para el dolo se hace mérito del art. 47, incs. a) y b) de la Ley 11.683 en cuanto establece presunciones iuris tantum acerca de la existencia de la voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas; lo que se verifica en el sub lite y no se halla desvirtuado por los agravios de la accionante.-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
XIII.-Que en atención al desarrollo que antecede, corresponde: 1) Rechazar los agravios de la actora y confirmar el decisorio del 27/12/2022 dictado por el a quo en cuanto ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas de esta instancia a cargo de la recurrente por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN). ASÍ VOTO.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany adhiere en lo sustancial al voto que antecede.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F.
Treacy, no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).-
En atención al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Rechazar los agravios de la actora y confirmar el decisorio del 27/12/2022 dictado por el a quo en cuanto ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas de esta instancia a cargo de la recurrente por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Jorge Alemany
Fin de la sentencia