Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 104906825-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI) confirmar la sentencia apelada con el alcance aquí indicado, modificándola en cuanto por la presente se declara prescripta la acción del Fisco para percibir los tributos aduaneros. Las costas de ambas instancias se imponen a demandada vencida (art. 68 del CPCCN); ii) establecer los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo establecido en el considerando VIII.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7712/2024; “INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICF Y OTRO (TF 104906825-A) Y OTRO C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
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Buenos Aires, de abril de 2025. IDM Y VISTOS;
I. Sumario de los hechos del caso En el año 2016, la Aduana inició un procedimiento sumarial por la presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero de la firma Industrias Metalurgicas Pescarmona S.AI.C.F., el cual concluyó con el dictado de una resolución que ordenó el archivo de las actuaciones y que, a su vez, formulo cargos por tributos adeudados a la importadora y a la aseguradora, sin haberle dado previa intervención, razón por la que la aseguradora inició acción. El tribunal Fiscal hizo lugar parcialmente a la demanda.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 04/11/2023 (cfr. págs. 504-111 del DEO), resolvió —por mayoría— i) rechazar el planteo de prescripción tributaria planteado por la coactora importadora; ii) declara la nulidad de la Resolución DE PRLA Nº 10462/20118 en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del Código Aduanero en el sumario tramitado en las actuaciones administrativas; y iii) devolver las actuaciones a la DGA para que corra la vista pertinente. Para decidir de este modo, en primer lugar mencionó que el objeto del proceso se circunscribía a determinar si la Resolución DE PRLA Nº 10462/2018 resultaba ajustada a derecho, en atención a que dispuso el archivo de la causa, en los términos de la Instrucción General Nº9/17 (DGA) y, a su vez, formuló cargos a la firma imputada y a la aseguradora. Todo ello en el marco de la presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero, correspondiente a la DIT Nº 09 073 IT14 000287 R.
Sostuvo que tal proceder había afectado el derecho de defensa de la recurrente, puesto que nunca se dictó el acto de corrida de vista del sumario, sino que directamente le fue comunicada la resolución condenatoria, sin haber tenido oportunidad de demostrar la regularización de la situación de la mercadería. En razón de esto, admitió el planteo de nulidad por vicios esenciales en el procedimiento y dejó sin efecto la exigencia tributaria.
Seguidamente, sostuvo que crrespondia devolver las actuaciones a la DGA para que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del Código Aduanero para que las coactoras puedan ejercer su derecho de defensa.
Más allá de lo expuesto, entendió que la acción tendente al cobro de los tributos no había prescripto por el efecto suspensivo atribuible al dictado del auto de instrucción sumarial 02/11/2016 (arg. Art. 805 del CA).
III. Agravios del Fisco Nacional Contra aquel pronunciamiento, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación 15/12/2023 y expresó agravios el 20/12/2023, los cuales fueron contestados por la parte actora el16/01/2024.
Sostiene que el Tribunal Fiscal incurre en una incongruencia cuando declara la nulidad por no haber corrido la vista del cargo infraccional, siendo que el servicio aduanero en el punto de la resolución recurrida, archivó el sumario en los términos del apartado D.1.4 de la Instrucción General Nº 11/16.
Afirma que la vista que se le exige es innecesaria en el marco de un procedimiento infraccional archivado previamente y carece de virtualidad para determinar la nulidad de un acto administrativo que se presume valido y en el cual se reclaman obligaciones tributarias, aplicando los principios y preceptos propios del Derecho Tributario y no los del Derecho Penal.
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Agrega que no era una condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria la existencia previa de una infracción aduanera y que, se había planteado desde un primer momento la distinción entre la esfera de la responsabilidad infraccional y la de responsabilidad tributaria.
Además, asegura que la nulidad decretada por el Tribunal Fiscal es una “nulidad por la nulidad misma”, toda vez que la resolución recurrida, toda vez que lo que la aduana reclama en su resolución se reclaman obligaciones tributarias que han devengado al verificarse el supuesto previsto en el art. 274 parte final del Código Aduanero.
IV. Agravios de la importadora Por su parte, la importadora interpuso recurso de apelación el 20/12/2023 y expresó agravios 09/02/2024, los cuales no fueron contestados por el Fisco Nacional.
Sostiene que la acción del fisco para exigir los tributos se encuentra prescripta. Sostiene que la Aduana notificó la resolución definitiva y exigió el pago de la obligación tributaria fuera del plazo de ley previsto para exigir el tributo.
Agrega que, el plazo para determinar la existencia de la infracción también se encuentra prescripto. Recuerda que, las actuaciones administrativas se iniciaron con el objeto de comprobar la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. Afirma que el plazo quinquenal para para comprobar la existencia de la infracción y aplicar una eventual pena comenzó a corree a partir del 1/01/2012. Aclara que, el plazo mencionado fue “interrumpido por efecto del dictado del acto de instrucción de sumario del 2/11/2016 (Art. 937 inc. a C.A.); fecha a partir de la cual comenzó a correr nuevamente el plazo quinquenal para comprobar y, eventualmente, penar, la comisión de la presunta infracción. Debo enfatizar además que, conforme a perlíferas sentencias del Tribunal Fiscal (incluso de la misma Sala que ha dictado la sentencia aquí recurrida) el citado acto de instrucción de sumario debió de haber sido declarado nulo por haber sido dictado sin antes cumplir con las exigencias esenciales previstas en el Art. 1094 del C.A.”.
V. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
VI. Alcances de la resolución que ordena el archivo del sumario y formula cargo por tributos La resolución DE PRLA Nº 10462/2018 que ordena el archivo de las actuaciones y formula cargo por tributos es una resolución definitiva que pone fin al procedimiento para investigar la comisión de una infracción aduanera, absolviendo de dicha imputación al sujeto aduanero encartado exclusivamente en función del bajo monto de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7712/2024; “INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICF Y OTRO (TF 104906825-A) Y OTRO C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
multa por no superar el tope establecido en diversas instrucciones generales de la Aduana (vgr. Instrucción General 9/2017, similar a la Instrucción General 11/206, modificatoria de la IG 2/2008, ampliatoria de la IG 02/2007) y condenando al pago de los tributos al obligado y al garante, prescindiendo del resultado de la investigación del hecho generador o hecho imponible. Esta Sala, en el expte. nro. 32755/2023, caratulado “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (TF 67137511-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, al dictar sentencia el 6/03/2025, (ver en especial Considerando VII) y luego en el expte. nro. 1239/2024, caratulado “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 20/03/2025, ha declarado que el reclamo tributario contenido en esta clase de resoluciones debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones que culminó con una resolución condenatoria al pago de tributos, aunque absolutoria en el aspecto infraccional y que, por consiguiente, la liquidación de tributos contenida en estas resoluciones, en tanto que recaídas en un procedimiento para las infracciones, no son impugnables en sede aduanera por el procedimiento reglado del artículo 1053, inciso a, del código (arg. art. 1112, incs. a y b, CA)”, tal como lo sostuviera la Sala IV del fuero en diversos precedentes (cfr.
Sala IV expte. 46832/22 in re “Envases del Plata SA (TF 84138521- A) c/ DGA”, del 20/09/2022, considerando 3°, primer párrafo; extpe. nro. 47883/22 in re “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA”, del 1/11/2022, en especial, considerando 5°, segundo párrafo). Lo antedicho, debe ser anudado con que la liquidación de tributos en la que se basa la exigencia aquí disputada, contenida en la resolución (DE PRLA) 10462/2018 en la medida en que ha recaído en un procedimiento para las infracciones, no era impugnable en sede aduanera y por el procedimiento reglado en el art. 1053, inciso a) del CA. Desde otra perspectiva, y como será analizado en seguida, cabe apuntar que la solución a la que arribó la aduana sólo se halla fundada en que el importe de la multa (calculada en $3.458,78) no alcanzaba el mínimo previsto por la Instrucción General DGA 11/2016 (véase página 60 del DEO), pero sin dar previa intervención a la importadora incriminada para que acreditase lo que estimare pertinente en su defensa respecto de los hechos que servían de base a la imputación, los cuales, condicionaban el reclamo de los tributos (esto es, la comprobación del incumplimiento de la importación temporaria).
VII. La aduana no cumplió con el procedimiento previsto en el Código Aduanero En lo que atañe al procedimiento seguido en autos, corresponde traer a colación que el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por lo cual cuando el servicio aduanero tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción aduanera, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (cfme. Arts. 1080 y 1081 del CA). El art. 1091 del CA. establece que: “El sumario tiene por objeto; a) comprobar la existencia de una infracción aduanera; b) determinar los responsables; c) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal y la graduación de las penas aplicables; d) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder” y el art. 1094 del referido plexo normativo, dispone: “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7712/2024; “INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICF Y OTRO (TF 104906825-A) Y OTRO C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. A su vez, el art. 1101 del Código Aduanero que establece: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder.
Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”. El artículo en cuestión, por un lado, obliga a la administración a que –previo a correr vista de lo actuado– determine con estricta certeza los hechos investigados. Por el otro, obliga efectivamente a realizar el pertinente traslado. En este entendimiento, al correrse vista el imputado podrá ejercer adecuadamente el derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional. En esta línea, se ha dicho que el traslado debe ser notificado y que es obligatorio el patrocinio letrado, en atención a que se trata de una defensa con claro contenido jurídico (Cfr.
Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, Tomo I, Abeledo-Perrot, 1º ed., Buenos Aires, 2011, Tomo III. pág. 627). Ello demuestra que lo establecido resulta de suma importancia para asegurar el debido proceso. Con relación a la corrida de vista el Dr. Alfredo Abarca señaló “….es la pieza fundamental del ejercicio del derecho de defensa del imputado dentro del procedimiento para las infracciones y para los delitos en sede aduanera. La falta de otorgamiento de la vista o su notificación defectuosa acarrea la nulidad de toda actuación futura, porque ésta es la única posibilidad que concede la ley para la defensa, y de no cumplirse con este acto procesal se estarían violando derechos básicos protegidos constitucionalmente (art. 18 CN) (Procedimientos Aduanero y Penal Cambiario, pag. 225, 1ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Guía Práctica; Ediciones Iara, 2017).
Ahora bien, del análisis de las actuaciones administrativas no se advierte que en el proceso sumarial se haya cumplido con la vista correspondiente a la aquí actora, lo cual imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa tutelado por el art. 18 de la Constitución Nacional. La omisión antes mencionada no puede ser subsanada ante esta instancia, toda vez que la misma ha conllevado la violación del debido proceso de raigambre constitucional (cfr. esta Sala, expte. 1239/2024 “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” del 20/03/2025). Esta solución resulta concordante con lo que tiene dicho la Sala IV del fuero en las causas 29997/11 “Cosena Seguros SA (TF 24583-A) c/ DGA”, sentencia del 9/2/2012 y 56691/15 “Ramírez, Horacio Omar c/ DGA”, del 5/4/2016, en las que resolvió que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes (cfr.
Sala IV, 46832/2022 Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022). Por todo lo cual, corresponde rechazar los agravios del Fisco Nacional y confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad de la resolución.
VIII. Falta de constatación del hecho imponible A mayor abundamiento, si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco —en cuanto a que se trataría de una resolución que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7712/2024; “INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICF Y OTRO (TF 104906825-A) Y OTRO C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros—, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo por vicio en la causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de los gravámenes (arg. arts. 7, inc. b, y 14, inc. b, ley 19.549, según la redacción vigente al momento de dictado del acto; y Sala IV, causas 46832/22 y 46837/22 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA” y “Gax SA (TF 77575105-A) c/ DGA”, sentencias del 13/9/22 y del 20/09/2022 y sus citas).
IX. El auto de apertura del sumario Según el Código Aduanero —en tu texto aplicable a la fecha de los hechos— la acción de la AFIP – DGA para reclamar el pago de los tributos y multas aduaneras tiene un plazo de prescripción de 5 años (arts. 803 y 934 del CA), que se inicia el 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se produjo el hecho gravado (arts. 804 y 935 del CA).
Dicha prescripción se suspende, respecto a los tributos, desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a) del CA). Respecto de las multas la prescripción se interrumpe por el dictado del acto de apertura de sumario (art. 937, inc. a) del CA).
Ello sentado, resulta oportuno recordar que el art. 1094 del CA-según el texto vigente al momento de los hechos del caso (anterior a la sustitución de según ley 27.430)- establecía que "el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados".
X. La prescripción de la acción para perseguir tributos Las circunstancias fácticas involucradas en el caso han sido examinadas y resueltas por esta Sala en los autos “Curtiembre Arlei SA TF 32832-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. 42391/2018, “Ferrero Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. 32928/2019, “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28874-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. 55478/2019, sentencias del 7/02/2019, 18/02/2020 y 18/11/2020, respectivamente, y, más recientemente y con la actual integración en los autos “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, extpe. 1239/2024, sentencia del 20/03/2025, en sentido concordante con lo decidido por la Sala IV del fuero en las causas 13529/22 “Directv Argentina SA (TF 10419973-A) c/ DGA”, 46832/22 “Envases del Plata SA (TF 84138521 - A) c/ DGA” y 47883/22 “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541 - A) c/ DGA”, sentencias del 8/9/2022, 20/9/2022 y 1/11/2022, respectivamente, a cuyos fundamentos se remite por razones de brevedad.
En efecto debe evaluarse que, dada la fecha de vencimiento del DIT (10/02/2011), la prescripción de las acciones del Fisco comenzó a correr el 01/01/2012 y operó el 31/12/2016. A su vez, las constancias de las actuaciones administrativas dan cuenta que se ordenó instruir sumario el 02/11/2016 en tanto que la liquidación definitiva de la multa y de los tributos adeudados (en los términos del art. 1094 inc. d) del CA) recién tuvo lugar el 28/12/2018, cuando habían CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7712/2024; “INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICF Y OTRO (TF 104906825-A) Y OTRO C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
transcurrido en exceso los 5 años desde el 1 de enero del año siguiente al de la supuesta comisión de la infracción, posteriormente al vencimiento del plazo de prescripción.
En este caso particular, debemos poner de relieve que el acto de apertura de sumario no cumplió cabalmente los requisitos previstos en el código aduanero.
En esas condiciones, y con arreglo a la aludida pauta jurisprudencial, se concluye que la apertura del sumario constituyó un acto de mero trámite, al que no cabe reconocer efectos suspensivos ni interruptivos de la prescripción de las acciones del Fisco en los términos de lo dispuesto por los artículos 805, inciso a, y 937, inciso a, del Código Aduanero. Ello, por haber sido dictado en violación a la ley y en detrimento del derecho de defensa en juicio de la recurrente (arg. art. 1094, del CA; cfr. Sala IV expte. nro. 7718/2024 “HTI Cono Sur SA (TF 20529766-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30/05/2024; esta Sala expte. 1239/2024 “Compañía de Barcos SA”, ya citado). Por consiguiente, corresponde admitir la excepción de prescripción que había opuesto la parte actora desde inicio, y dejar sin efecto la decisión de devolver las actuaciones al servicio aduanero para que retome el trámite del procedimiento (véase, esta Sala, in re, “Merisant Argentina SRL (TF-71387564-a) c/ DGA s/ Recurso de Organismo Externo”, causa 4033/2024, del 27/03/2024 y sus citas.
VIII. Costas y honorarios Atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de esta alzada a la parte demandada vencida en autos (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Por ello, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la trascendencia económica que para el interesado revistió la cuestión en debate, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional y la única etapa cumplida, SE CONFIRMAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte actora (arts. 16, 19, 20, 21, 29 y 44 de la ley 27.423).
Asimismo, teniendo en cuenta la forma en que han sido impuestas las costas en el presente, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN los emolumentos de los Dres. Hernán Leonardo Cancellieri y Ariel Serantes, por las tareas cumplidas en alzada en 1 UMA y 0,50 UMA —respectivamente— que equivalen a la fecha a la suma de $67.632 y $33.816 (art. 30 de la ley 27.423 y CSJN Res. 237/2025).
Hágase saber que, en caso de que los profesionales beneficiarios acrediten —en la instancia anterior— su condición de responsables inscriptos frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 316:1533, 322:523, 329:1834, entre otros).
Por las razones expuestas, SE
i) confirmar la sentencia apelada con el alcance aquí indicado, modificándola en cuanto por la presente se declara prescripta la acción del Fisco para percibir los tributos aduaneros. Las costas de ambas instancias se imponen a demandada vencida (art. 68 del CPCCN); ii) establecer los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo establecido en el considerando VIII.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 7712/2024; “INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICF Y OTRO (TF 104906825-A) Y OTRO C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia