Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 38389-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada con relación a las costas; sin especial imposición de costas en esta instancia dada la falta de sustanciación.
2Diferir el pago de la tasa de justicia de acuerdo con lo dispuesto en el considerando 5°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 1966/2026 “INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA
SAICYF (TF 38389-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 20 de febrero de 2026.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 315/317, el Tribunal Fiscal de la Nación tuvo por allanado al Fisco Nacional en los términos de la autorización conferida por la disposición SDGTLA 44/25, respecto de la apelación interpuesta contra la resolución AD SATO 148/17, dictada en la actuación 12320-9-2012, que había condenado a Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA al pago de una multa y tributos por la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, vinculada con la destinación de importación temporaria (DIT) 09 084 IT15 4H.
Impuso las costas al demandado.
Para resolver en ese sentido, señaló que la actora —empresa dedicada a la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de centrales hidroeléctricas— contaba con un contrato de larga ejecución para la fabricación e instalación de turbinas y componentes destinados al Proyecto Hidroeléctrico Macagua, en la República Bolivariana de Venezuela. Con ese propósito, había importado temporariamente la mercadería involucrada, al amparo del régimen previsto en el decreto 1330/04. Refirió que la DIT se oficializó el 27/3/09 y vencía el 11/3/12. No obstante, la actora gestionó una ampliación especial del plazo de permanencia de la mercadería conforme al artículo 8° del citado decreto. En consecuencia, el 17/9/13 la Secretaría de Comercio Exterior dictó la resolución 159/13, otorgando un plazo especial de 2160 días contados desde el libramiento de cada destinación individualizada en su anexo, entre ellas, la aquí cuestionada. A criterio de la actora, ello prorrogaba el plazo hasta el 17/8/14. Posteriormente, el Ministerio de Producción dictó la resolución 687/16, que habilitó una nueva adecuación del plazo de permanencia, lo que —siempre según la actora— impedía considerar configurada la infracción al artículo 970 del código al momento en que se instruyó el sumario y se dictó la resolución condenatoria. Relató que, tras sustanciarse la apelación, la actora informó el otorgamiento de una nueva ampliación del plazo de permanencia de la mercadería, otorgada por resolución SCE 55/19. Con posterioridad, acreditó el otorgamiento de sucesivas prórrogas y, finalmente, a fs. 268/270vta., documentó que la destinación temporaria se encontraba cancelada al 30/12/23, por lo que el objeto del juicio había devenido abstracto.
1 El Tribunal Fiscal explicó que, en ese marco, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1143 del Código Aduanero, corrió traslado al demandado para que se pronunciase sobre la autenticidad de los elementos proporcionados por la actora, lo que redundó en la presentación de fs. 291/295, donde la representación fiscal solicitó allanarse en la presente causa y que las costas se distribuyeran por su orden. Sin perjuicio de admitir el allanamiento, el ente jurisdiccional consideró que el demandado había dado motivos para litigar y debía cargar con las costas, con fundamento en el artículo 70 del CPCCN. Para ello ponderó que el propio organismo había originado la actuación administrativa en la que se instruyó el sumario y se dictó la condena, comprobándose con posterioridad que la actora se encontraba en plazo para cumplir con la reexportación.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso y fundó recurso de apelación a fs. 322/323vta., que se concedió a fs. 331, y no fue replicado.
Únicamente se agravió respecto de la imposición de costas. Sostuvo que, dadas las particularidades del caso, correspondía distribuirlas por su orden.
Señaló que su allanamiento tuvo por objeto prestar conformidad con la declaración de abstracto solicitada por la parte actora. Argumentó que la extinción del objeto procesal, derivada de la desaparición del presupuesto fáctico que motivó la demanda —esto es, la efectiva reexportación de la mercadería informada con posterioridad a la traba de la litis— impedía aplicar el principio rector de la derrota para definir la condición de vencido.
Asimismo, destacó que se configuraban las circunstancias excepcionales que habilitan la eximición de costas, conforme a las facultades previstas en el artículo 1163 del Código Aduanero. En consecuencia, solicitó la revocación de lo resuelto por el tribunal de origen y la distribución de las costas por su orden.
3. Que el artículo 1163 del Código Aduanero (texto según el art. 273 de la ley 27.430 –BO 29/12/17–) establece que “[l]a parte vencida en juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición…” (énfasis añadido).
Es decir que, en su actual redacción, y a diferencia de lo que ocurría con el texto modificado por el decreto 1684/93, el Código Aduanero faculta al Tribunal Fiscal de la Nación para eximir total o parcialmente al litigante vencido de pagar los gastos de la contraria, tal como lo hace la ley 11.683 en materia de imposición interna (cfr. esta Sala, causa 86874/17 “Spicer Ejes Pesados SA”, sent. del 26/12/17 y sus citas).
Sin embargo, tal facultad debe ejercerse con criterio restrictivo, con arreglo a las condiciones que se establecen en el citado precepto, toda vez que el principio del vencimiento constituye la regla general en la materia (doctr. Fallos: 311:809; 317:1640;
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SAICYF (TF 38389-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
328:4054 y 4504, entre otros; y esta Sala, causas “ANA c/ Carrigton, Wilfredo José”, del 6/6/86; “Compañía de Servicios y Suministros SRL”, del 19/9/91; y 67672/18 “Sancor Cul c/ DGA”, del 20/9/18, entre otras).
En similar orden de ideas, el artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación —supletoriamente aplicable en la especie por la remisión que establece el artículo 1174 del Código Aduanero— permite dispensar al demandado que se allana del pago de las costas siempre que se reúnan todos los requisitos que estipula la norma. Para que dicha exención proceda, el allanamiento debe ser real, incondicionado, total, oportuno y el demandado no debe haber dado lugar con su conducta a la reclamación del adversario. La dispensa allí contemplada también debe interpretarse en sentido estricto, pues el allanamiento no significa necesariamente que no medie un vencido en la litis (doctr. esta Sala, causas 30573/17 “Weatherford International de Argentina SA c/ DGA”, sent. del 6/6/17; y 38438/19 “Salas y Cía. SA c/ DGA”, sent. 22/8/19, entre otras)
4. Que en el presente caso no se configuran circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse de lo resuelto en punto a las costas de la anterior instancia. No se encuentra controvertido que el plazo de permanencia de la mercadería amparada por la DIT 09 084 IT15 4H se encontraba vigente al momento en que se se instruyó el sumario y se dictó la resolución aduanera apelada. Tal circunstancia surge de las resoluciones incorporadas a la actuación, debidamente valoradas por el tribunal de origen, las cuales hacen referencia expresa a la destinación involucrada en autos. Las constancias de la causa incluso evidencian que, al momento de dictar la resolución condenatoria, la Aduana tenía conocimiento de la existencia de pedidos de prórroga en trámite. En materia de infracciones, donde el estándar de certeza requerido para condenar es elevado, dicha conducta procesal impide considerar que el Fisco haya litigado con razón valedera.
Asimismo, al contestar el traslado de la apelación, el demandado ya se encontraba en condiciones de advertir la ausencia de uno de los elementos constitutivos del tipo infraccional. En efecto, el artículo 970 del Código Aduanero requiere la concurrencia de dos elementos sin los cuales no es posible sostener la imputación: la falta de reexportación de la mercadería y el vencimiento del plazo otorgado para su permanencia.
Por lo tanto, el Fisco pudo haber obtenido el resultado que ahora pretende por la vía específica del artículo 70 del CPCCN, pero en una etapa anterior del proceso. 3 En definitiva, no advirtiéndose razones que justifiquen la eximición del pago de las costas, corresponde rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada; sin especial imposición de costas en esta instancia, dada la ausencia de contradicción.
5. Que corresponde examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. proveído del 12/2/26).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 10/2/26, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada con relación a las costas; sin especial imposición de costas en esta instancia dada la falta de sustanciación.
2. Diferir el pago de la tasa de justicia de acuerdo con lo dispuesto en el considerando 5°.
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia