Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-118287430-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S.A. en las presentes actuaciones.
2Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-111724628-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 7 de Octubre de 2025 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/APELACIÓN”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Horacio J. Segura, a fin de resolver en los autos caratulados “INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/APELACIÓN”, Expediente nro. EX-2022-118287430- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I.— Que, mediante IF-2022-118287341-APN-DTD#JGM, se presenta, por apoderada, la firma INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 728/19 en el marco del expediente administrativo nro. 12197-6640-2013, por la que se le formuló cargo en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, y se dispuso archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 09/17 (D.G.A.) y dejar constancia en el Registro de causas archivadas, ello respecto de la operación de importación temporaria documentada mediante la destinación nro. 07 001 IT14 05685 N. Se refiere a los antecedentes del sumario contencioso. Plantea nulidad de las actuaciones administrativas por violación de las normas del procedimiento infraccional, por considerar la falta de motivación y afectación del derecho al debido proceso. Opone excepción de prescripción de las acciones para imponer penas y percibir tributos. Sostiene la reexportación total de la mercadería involucrada. Impugna liquidación. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución aduanera apelada, con costas a la D.G.A.
II.— Que, mediante IF-2023-23055640-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado que le fue conferido y acompaña las actuaciones administrativas. Formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la contraria. Realiza consideraciones respecto de los planteos de nulidad y prescripción, régimen de importación temporaria, configuración de la infracción y la prueba en cuanto al cumplimiento de las obligaciones, a cuyo efecto cita jurisprudencia y doctrina. Afirma que ha quedado acreditado el incumplimiento. Se allana parcialmente en relación a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia, confirmando el fallo aduanero, con expresa imposición de costas, a cargo de la contraria.
III.— Que, la representación fiscal acompañó el sustento documental de la litis, las actuaciones administrativas nro. 12197-6640-2013 en un total de 72 fojas, en las cuales obra la resolución apelada en autos.
IV.— Que, en cuanto a los hechos, de la compulsa de lo actuado ante instancia anterior, resulta que actuaciones administrativas correspondientes a la causa se iniciaron con la presentación realizada por el despachante a efectos de solicitar la liberación de la garantía por haberse cancelado la temporal, documentada mediante la DIT n° 07 001 IT14 05685 N, cuyo vencimiento operaba en fecha 28/07/2009, acompañando la documentación correspondiente.
En fecha 09/09/2013 se labra el acta de denuncia, respecto de una parte de la mercadería involucrada, considerando el servicio aduanero que el CTC acompañado no tipificaba el insumo.
A fs. 24 se procede a liquidar los tributos y, a fs. 25/26, se determinan los tributos y la multa. A fs. 28, con fecha 03/12/2014, se dispone la instrucción del sumario y la corrida de vista. A fs. 46/47 vta. la firma contesta la vista, afirmando que la mercadería considerada por el servicio aduanero en infracción fue importada para el consumo, acreditando dicho extremo con la copia del despacho 09 001 IC81 001193 P, solicitando como medida de prueba que se agregue el original de la misma.
A fs. 55 se determina la base de tributos y multa.
A fs. 57/58 se dicta, en fecha 18/02/2019, la Resolución n° 728/2019, apelada en autos.
V. En orden a lo hasta aquí señalado, corresponde resolver si la resolución apelada es ajustada a derecho, en primer término corresponde analizar los términos de la resolución apelada.
Preliminarmente, corresponde expedirme respecto de los planteos de nulidad y prescripción, opuestos por la recurrente en su presentación recursiva.
En tal sentido, las nulidades –en general- son siempre relativas en tanto puedan ser subsanadas con posterioridad (lo que aconteció en la especie y bien destaca la vocal instructora) pues, lo que se busca con la tutela jurisdiccional efectiva, es garantizar el debido e irrestricto respeto por parte de la autoridad al derecho de defensa del pretenso obligado, extremo que, a la luz de los elementos supra descriptos y que componen el plexo probatorio de autos, no se verifica lesionado bajo ningún aspecto que amerite la declaración de nulidad pretendida, máxime teniendo en consideración la posibilidad -en esta instancia- de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estimen convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
En cuanto al planteo de prescripción, vale señalar que, teniendo en cuenta el juego sistémico establecidos en el corpus aduanero que fija los parámetros para la viabilidad de las acciones del Fisco para imponer penas o exigir tributos (Conf. los art. 803/805, 929, 934, 935 y 937 del C.A.)- el detalle de las fechas de impacto en su suerte –hecho gravado, apertura del sumario y resolución condenatoria- realizada supra, no se advierte asidero que permita receptar la propuesta de la actora.
En este orden, corresponde rechazar los planteos de prescripción y nulidad, sin costas.
VI. Resuelto lo precedente y respecto de la infracción imputada, el criterio estoico de esta Sala en relación a los supuestos de importación temporaria consiste en que es el importador de la mercadería a quien le incumbe la carga de la prueba respecto de las obligaciones asumidas en virtud del régimen. Los hechos traídos a conocimiento de esta jurisdicción revelan que el disparador del sumario administrativo radicó en el supuesto incumplimiento de la firma importadora en relación a 5000 unidades del Item 2 de la mercadería documentada mediante la DIT 07 001 IT14 005685 N.
Con esto en mente, he sostenido en los casos de la infracción al régimen de importación temporaria que el mecanismo idóneo para acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas es mediante la “descarga” de la DIT -eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida- con su mención y la de la respectiva cantidad de insumo, en el o los permisos de embarque por los que se documentara la exportación para consumo del producto elaborado con dicho insumo y el certificado de tipificación correspondiente a efectos de determinar la relación insumo/producto; o mediante los despachos de importación para consumo de la mercadería importada, sin perjuicio de las facultades de control aduanero sobre lo declarado en tal sentido.
Desde esta perspectiva, observase que, en la oportunidad de contestar la vista, la importadora alegó que tales 5000 unidades fueron importados para consumo, conforme la operación documentada mediante Destinación 09 001 IC81 001193 P, acompañada en copia y solicitó en aquella ocasión, como medida de prueba, que el servicio aduanero agregue su original.
Compulsada la mencionada destinación resulta que en fecha 23/07/2009 -esto es previo al vencimiento de la DIT que operaba el 28/07/2009- se documentó la importación para el consumo de la mercadería ubicada en la Posición SIM/DC 8414.90.39.000Q, 5000 unidades (item 2), detalle de modelo AB(432010127), datos idénticos a los que se obran respecto del Item 2 de la DIT 07 001 IT14 005685 N, mercadería importada temporariamente y respecto de la cual se imputó la infracción.
Entiéndase, mediante la documental acompañada en su contestación de la corrida de vista, cuya fidelidad no fue cuestionada en ninguna de las dos instancias por la Aduana, la imputada acreditó el cumplimiento de sus obligaciones y por ello, corresponde revocar Resolución DE PRLA N° 728/19, dictada en el marco del expediente administrativo nro. 12197-6640-2013, apelada en autos.
VII. Atento a las circunstancias particulares del caso traído a examen y al modo en que se resuelve el presente, resulta inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas por la recurrente.
VIII. En cuanto a las costas del proceso, en virtud de lo expuesto precedentemente, no advierto razones que ameriten apartarme del principio general de la derrota, por lo que estimo ajustado a derecho imponerlas al Fisco vencido (art. 1163 C.A.).
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución DE PRLA N° 728/19, dictada en el marco del expediente administrativo nro. 12197-6640-2013, respecto de la aquí actora.
2. Imponer las costas al Fisco.
Así lo voto.-
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que, en primer término, me remito al relato plasmado en los Considerandos I a IV del voto que antecede.
II. Que, sentado ello, y previo a todo análisis, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 18 de febrero de 2019 y notificada recién el 14 de octubre del año 2022, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentra adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX- 2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2010, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 28 de julio del año 2009), debiendo haber fenecido el 1/1/2015, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario en fecha 3 de diciembre de 2014, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
III. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (3/12/2014) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 18 de febrero de 2019- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el dia 14 de octubre de 2022, es decir, casi tres años y diez meses después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
IV. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el CÓDIGO Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
V. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
VI. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la DIT en trato ha vencido en fecha 28 de julio de 2009 y la resolución apelada ha sido notificada el 14 de octubre de 2022, casi 3 (tres) años y 10 (diez) meses después, cuadra repetir, de haber sido dictada.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
VII. Que, por último, corresponde puntualizar que en la especie el servicio aduanero ha procedido –cabe precisar que sólo en materia infraccional, pues también ha formulado un cargo aduanero a la empresa importadora y a la compañía aseguradora interviniente- , al “archivo”, sin más trámite, de las presentes actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 11/16 modificada por la N° 9/17 de la DGA. Por lo tanto, y en la medida en que el suscripto considera que dicha decisión aduanera se ha tornado definitiva e irrevocable, no corresponde pronunciarse sobre dicho extremo, al no existir en la litis un planteo concreto de la interesada en relación a ello, màxime cuando la jurisdicción de este Tribunal se encuentra en este supuesto limitada por los términos del escrito en recurso (confr. doctrina de Fallos: 296:291; 302:283; entre muchos otros).
Asimismo, el archivo del presente Sumario en la faz infraccional implicó indudablemente una renuncia de la DGA a ejercer la potestad sancionatoria, por lo que ello impide ingresar en el examen de dicho agravio (confr. Sala I Contencioso Administrativo Federal in re “Denso Manufacturing Argentina S.A.”, del 11 de octubre de 2022).
VIII. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
IX. Que, asimismo, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
X. Que habida cuenta el modo en que se decide, no corresponde proceder al tratamiento de los restantes agravios articulados por la recurrente.
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S.A. en las presentes actuaciones.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino. Así lo voto.-
Que, en virtud de los votos que anteceden, por mayoría SE RESUELVE:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S.A. en las presentes actuaciones.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
Regístrese y notifíquese. — Date: 2025.10.07 12:05:00 ART Date: 2025.10.07 15:43:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.07 16:35:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.07 16:36:26 -03:00
Fin de la sentencia