Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 31.655-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1 de la Resolución DE PRLA N° 2302/2012, dictada en las actuaciones N° 12197-16090-2005 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
2Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución DE PRLA N° 2302/2012, dictada en las actuaciones N°12197- 16090-2005 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, declarando que la deuda tributaria en concepto Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA asciende a la suma de $5.317,53, con más los intereses del art. 794 del CA, que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha de su efectivo pago. Revocar parcialmente con relación a los conceptos de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-42863449-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 24 de Abril de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “INDUSTRIAS WAMCO S.A.I.C. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 31.655-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución N° 2302/2012, la autoridad aduanera impuso al presunto responsable una sanción consistente en una multa y formuló el cargo tributario correspondiente, al determinar que incurrió en la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero (“CA”). La imputación se fundamenta en el supuesto incumplimiento del régimen de importación temporal, por no haber adjuntado el Certificado de Tipificación y Clasificación (“CTC”) al momento de presentar los Permisos de Embarque correspondientes.
II. Contra dicho pronunciamiento, la firma INDUSTRIAS WAMCO S.A.I.C. presenta su apelación, alegando que el CTC acompañado en las actuaciones administrativas es el correcto, por lo que no se ha consumado la infracción objeto de condena. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. De su lado, el representante del fisco sostiene la validez del acto administrativo. Luego de efectuar una breve síntesis de los hechos, manifiesta que no surge de las constancias del expediente que el importador haya cumplido con la reexportación de la totalidad de la mercadería en trato. Señala que es este quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado, lo cual no hizo. Menciona que la actora ha actuado culposamente, con negligencia, imprudencia y omitiendo los extremos legales que gobiernan la operatoria que concretó. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se rechace la apelación, con costas.
IV. Previo a todo análisis, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
V. Así las cosas, corresponde determinar si la actora incurrió en la infracción prevista en el art. 970 del CA al enrostrársele que no cumplió regularmente con el régimen al que se había comprometido.
VI. Para ello, es imperioso recordar que, de acuerdo con el art. 250 del CA, la importación temporaria permite que la mercancía permanezca en el territorio aduanero por un tiempo y con un fin determinados, siempre bajo la obligación de reexportarla para consumo antes de que expire ese plazo. En esencia, el requisito primordial para los beneficiarios del régimen es precisamente la reexportación dentro del periodo concedido.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el art. 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado art. 250 del CA, es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
VII. En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
VIII. De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. A estas alturas, previo a determinar si la actora dió cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, resulta menester efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del CTC en los regímenes de importación temporaria.
Al respecto, tanto el referido Dec. 1439/96, como la Resolución ME y OSP N° 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el CTC expedido por la Secretaría de Industria.
Concretamente, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)” (art. 8 de la Resolución ME y OSP 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96).
De lo apuntado, se sigue que la presentación del CTC es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis. Es que, en efecto, tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Más aún, el formulario conforme al cual los CTC eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución SIC N° 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del CTC, debe indicarse tanto la Posición Arancelaria del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su Posición Arancelaria.
En definitiva, de todo ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el CTC se refiere particularmente a la mercadería y a la Posición Arancelaria que en él se detalla. Precisamente, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los Permisos de Embarque.
A fin de cuentas, existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
X. Considerando lo expuesto y tras un análisis exhaustivo de las constancias y pruebas obrantes en la causa, resulta preciso señalar que el CTC N°3807, presentado por la actora a fs. 41 de las actuaciones administrativas, no se corresponde con el consignado en los Permisos de Embarque N°03073EC03009365R y 04073EC03001363X, en los que se establece el número de solicitud S01:0109539/03.
A raíz de las condiciones señaladas, este tribunal se encuentra imposibilitado de constatar la relación insumo/producto de la mercancía exportada, al no poderse establecer de forma fehaciente la correspondencia entre aquella consignada en los Permisos de Embarque, cuya descripción resulta genérica, y la detallada en el anexo del CTC, que incluye datos específicos de los distintos productos involucrados en el proceso productivo (fs. 42 de las actuaciones administrativas).
XI. En definitiva, ya he mencionado en reiteradas oportunidades que el CTC no es una exigencia baladí, todo lo contrario, ya que coadyuva a que el responsable colabore activamente en el ejercicio de las funciones de contralor que le asisten al organismo aduanero.
Cabe recordar, a este respecto, que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91). De igual forma, la garantía de la defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable (Fallos: 287:145; 290:99 y 306:195, entre otros).
En consecuencia, la mercadería objeto de infracción no puede ser considerada reexportada, puesto que la actora no cumplió con las obligaciones sustanciales establecidas en el régimen que le era aplicable.
XII. A mayor abundamiento, cabe señalar que la parte actora dispuso de la oportunidad procesal para producir la prueba tendiente a acreditar el cumplimiento del régimen aplicable, perdiendo dicho derecho como consecuencia de su inacción. En efecto, a fs. 27 se le autorizó a librar el correspondiente oficio, con el objeto de que el organismo competente remitiera copia de los CTC vinculados a la operación de autos. No obstante ello, ante la ausencia de respuesta en el plazo previsto, este Tribunal debió intimarla para que acredite el diligenciamiento del oficio ordenado, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de la prueba ofrecida (fs. 30 y 32). Cumplido el plazo conferido sin que se acredite el cumplimiento de lo requerido, a fs. 36 se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto, teniéndose por desistida a la parte actora de la prueba mencionada.
Al respecto, cabe aplicar en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Compañía de Circuitos Cerrados c/Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva”, sentencia del 9/03/2010, Fallos 333:161) según la cual “…la garantía de la defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable (Fallos: 287:145; 290:99 y 306:195, entre otros).”
Atento lo examinado corresponde considerar configurada la infracción endilgada.
XIII. Sentado lo que antecede, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF Latinoamericana S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “Fisher S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME Nº 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art.970 del CA. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto Nº 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
XIV. Finalmente, con relación a los conceptos IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XV. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos XII y XIII corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
DIT 03001IT14005188H
Concepto % Importe Base Imponible $ 11.764,47 Derechos de Importación 19,5 $ 2.294,07 Tasa de Estadística 0.50 $ 58,82 Base IVA $ 14.117,36 IVA 21 $ 2.964,64 TOTAL $ 5.317,53 Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de $ 5.317,53 en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Confirmar el art. 1 de la Resolución DE PRLA N° 2302/2012, dictada en las actuaciones N° 12197-16090-2005 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución DE PRLA N° 2302/2012, dictada en las actuaciones N°12197- 16090-2005 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, declarando que la deuda tributaria en concepto Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA asciende a la suma de $5.317,53, con más los intereses del art. 794 del CA, que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha de su efectivo pago. Revocar parcialmente con relación a los conceptos de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar el art. 1 de la Resolución DE PRLA N° 2302/2012, dictada en las actuaciones N° 12197-16090-2005 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución DE PRLA N° 2302/2012, dictada en las actuaciones N°12197- 16090-2005 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, declarando que la deuda tributaria en concepto Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA asciende a la suma de $5.317,53, con más los intereses del art. 794 del CA, que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha de su efectivo pago. Revocar parcialmente con relación a los conceptos de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2025.04.22 20:56:17 ART Date: 2025.04.24 11:32:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.24 14:08:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.24 14:10:02 -03:00
Fin de la sentencia