Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 30643
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara la nulidad de lo actuado por el Juzgado de Paz letrado de Hurlingham y SE REMITEN estos obrados al Juzgado de Familia nro. 6 departamental a fin de que EN FORMA URGENTE tome intervención y disponga las medidas que se consideren menester en relación a la denuncia formulada a fs. 1/vta.-
Sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.).-
Causa Nº JPH-30643 R.S.126/2017
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 13 de Julio de 2017, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "A. P. M. F. C/ C. J. A. Y C. H. G. S/ INF. LEY 12.569", Causa Nº JPH-30643 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-FERRARI , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Corresponde declarar la nulidad, de oficio, de la resolución de fs. 18/20vta.?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado de Hurlingham a fs. 18/20vta. resolvió hacer lugar a lo peticionado en la denuncia base de los presentes y en consecuencia ordenó en carácter de medida cautelar, en el marco de la ley de Violencia Familiar con el fin de evitar la repetición de actos de violencia y en perjuicio de otras que pudieren dictarse posteriormente, la prohibición de acceso por parte de los denunciados J. A. C. y H. G. C. al inmueble denunciado en autos y por el plazo de 90 días, fijando un perímetro de exclusión de 500 metros a la redonda tanto respecto de la denunciante como de su grupo familiar y de los lugares de trabajo estudio o esparcimiento. Asimismo ordenó una serie de medidas que surgen de la aludida resolución.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron a fs. 52/58 y fs. 69/75 el Sr. J. A. C. y la Sra. H. G. C. respectivamente interponiendo excepción previa. Piden se decline la competencia subsidiariamente apelan medida cautelar y solicitan se declare la inconstitucionalidad del art. 104 de la Ley 13.634; los recursos fueron concedidos en relación a fs. 76 y vta. y se fundaron con las presentaciones aludidas precedentemente, mereciendo la réplica de fs. 85/89.-
Agravia a los recurrentes la resolución que dictó en forma cautelar la prohibición de acercamiento respecto de la Sra. A. P. M. F. y su grupo familiar, incluyendo expresamente nuestras nietas por el plazo de 90 dias.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
En primer lugar es preciso efectuar un recorrido a lo largo de estas actuaciones.-
Y tenemos a fs. 1 la denuncia realizada por la Sr. M. F. A. P. contra los aquí recurrentes.
Refiere en la misma que cuando se encontraba en el acto de su hija en la escuela se apersonaron sus suegros con intención de tomar fotografías a su hija, empujando bruscamente a M. agregando que estos hostigamientos son frecuentes.-
Ante la denuncia el Juzgado de Paz interviniente citó a la denunciante a una audiencia para el día 2 de junio del corriente año.-
De esta manera se llevó a cabo la audiencia reiterando la denunciante más detalladamente lo referido a fs. 1 y deja sentado que sus suegros (los denunciados) han iniciado ante el Juzgado de Familia de Morón un régimen de visitas respecto de la menor L. S. C. A., habiéndose presentado allí en su oportunidad manifestando un completo desacuerdo respecto de ese reclamo por parte de sus suegros sosteniendo que es su hija quien no quiere tener relación con sus abuelos. Solicita por ello la fijación del perímetro de exclusión.-
A fs. 14/vta. se encuentra el testimonio de la madre de la denunciante.-
Se encuentra agregado a fs. 17/vta. lo declarado por el Sr. D. A. C., cónyuge de la denunciante, quien refiere episodios con sus padres. Sostiene que le molestó muchísimo que los denunciados recurrieran a la justicia para ver a la niña, iniciando en un Juzgado de Familia de Morón un trámite por régimen de visitas.-
A fs. 18/20vta. con fecha 7 de junio del corriente año se dictó la medida hoy en crisis.-
A fs. 93/vta. tomo intervención la Asesoria de Incapaces dando opinión favorable a la medida. No obstante ello informó que compareció espontáneamente ante ese Ministerio Pupilar la letrada patrocinante de la parte demandada a fin de poner en conocimiento de la existencia de los conexos caratulados "C. J. A. y otro c/C. D. A. s/ Derecho de comunicación" " A. P. M. F. c/ C. J. A. s/ Protección contra la violencia familiar" en tramite ante el Juzgado de Familia nro. 6 de este departamento Judicial, acompañándose la constancia extraída de la página web "receptorias.scba.gov.ar".-
Así llegan los autos a esta Alzada.-
Sentado ello, lo primero que debe remarcarse es la singularidad de lo que ha sucedido en el presente proceso.-
Es que, como está a la vista y en base a una situación que -según el relato liminar- lejos estaba de resultar acuciante o impostergable (pues se entabla una denuncia por hechos ocurridos tres días antes), se ha efectivizado una denuncia de violencia familiar en sede policial, que se remite al Juzgado de Paz Letrado de Hurligham, cuyo titular dictó la medida que llega cuestionada, aún cuando -como surge claro de las constancias de autos- en la problemática relativa al contacto de los abuelos con la niña ya estaba interviniendo un Juzgado de Familia (competente en la materia), hecho que resultaba conocido no solo para las partes intervinientes, sino también para el magistrado actuante.-
Frente a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha dicho, en un caso con cierta analogía que
" en el presente caso no se aprecia un conflicto de competencia en los términos tradicionales, es decir, cuando más de un juez considere que debe intervenir en un caso o que uno evalúe que el planteado ante sí es atribución de otro.
En verdad, el Juzgado Civil actuó la causa originada en el marco de la conflictiva parental por la tenencia y el régimen de visitas del niño -expediente que sigue radicado ante él- y el tribunal de familia ordenó la medida cautelar referenciada en los términos del art. 12 de la ley 12.569 -de su incumbencia-.
La contienda se produjo cuando el Colegiado interviniente, luego de adoptar la solución que la ley prevé, no se limitó a remitir los antecedentes al órgano civil para lo que estime corresponder, sino que en la inteligencia de que lo peticionado por el señor M. implicaba una modificación y/o ejecución del acuerdo homologado por el Juzgado, consideró que las presentes debían continuar ante aquél por resultar el Juez natural y a ese fin le remitió el expediente (ver fs. 23vta./24).
Al respecto cabe señalar que, esta Corte, reiteradamente, ha dicho que ejerciendo los tribunales de familia competencia exclusiva en la materia (art. 827 inc. "g", Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 13.634-), la misma sólo puede desplazarse a magistrados de distinto fuero cuando, por razones legales o de conexidad, así esté establecido (conf. doct. Ac. 59.931, 23-XII-1995; Ac. 71.182, 12-V-1998; Ac. 87.091, 5-II-2003; Ac. 89.162, 14-X-2003; Ac. 95.911, 12-X-2005; Ac. 95.193, 2-XI-2005; Ac. 94.845, 28-XII-2005; Ac. 102.008, 12-XII-2007; Ac. 102.527, 19-III-2008, entre otras). Circunstancia que se aprecia en el caso.
Así, se observa que el cumplimiento de la cautelar ordenada por el Tribunal de Familia en respuesta al requerimiento formulado en esta causa por el señor M. respecto de su hijo menor, que motiva el presente conflicto de competencia, importa, de suyo, una eventual interferencia con la ejecución del régimen de tenencia convenido con la madre que fuera homologado por el señalado Magistrado civil.
En tal virtud, la contienda erigida en el cumplimiento de aquella resolución judicial del órgano colegiado, no puede sustraerse del conocimiento del magistrado a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 5 de Mar del Plata, que decidiera la causa principal sustanciada entre ambos padres (Conf. doct. causa Ac.93.563, res. del 21-XII-2005; Ac. 97.873, res. del 10-V-2006; Ac. 99.570, res. del 31-VIII-2007) " (Sup. Corte Bs. As., Rc 116670 I 21/06/2012).-
Como se ve, de allí subyace un criterio claro y razonable: la existencia de actuaciones en los términos de la ley de violencia familiar no puede, en principio, suponer un avance sobre la competencia que está ejerciendo otro magistrado .-
Por lo demás, el criterio de prevención es rector en la materia y viene claramente indicado en el art. 830 del CPCC (esta Sala en causa nro. 629508 R.I. 42/2016), en orden incluso a asegurar unidad y uniformidad de criterio (esta Sala en causa MO 71573-16 R.I. 3/17).-
Ahora bien, no cabe duda que -en general- la Justicia de Paz sería competente para intervenir frente a denuncias de violencia familiar, en los términos del art. 6 de la ley 12.569; pero tampoco cabe duda de que, si ya existe un magistrado interviniendo dentro de la problemática familiar, es este el que debe continuar actuando e intervenir frente a cualquier cuestión que se plantee. -
Es la ratio del art. 830 del CPCC antes citado.-
Mal podría, so pena de arriesgarnos al dictado de pronunciamientos contradictorios, permitirse o tolerarse la actuación de varios magistrados respecto de la misma problemática.-
Y mucho menos si se lo hace a sabiendas.-
Con esto quiero significar que, tal lo dicho, todos los intervinientes aquí sabían de la intervención del fuero de familia con lo cual, el Sr. Juez de Grado debió inhibirse de intervenir y remitir las actuaciones al fuero considerado competente.-
Resulta, desde mi punto de vista, un uso disfuncional -y contrario a su finalidad- de la denuncia por violencia familiar y la amplia competencia acordada por el art. 6 antes citado, el acudir a ellas cuando existen actuaciones tramitando sobre la misma cuestión.-
Y, lógicamente, como Alzada no podemos permitir esta situación (art. 10 del CCyCN), mas aun cuando la cuestión vienen planteada en el memorial.-
Es mas, la regla del art. 196 del CPCC (y el criterio abstencionista) resultaba de plena aplicación aquí, por mas que la esencia de estas medidas no sea cautelar sino, en la generalidad de los casos, autosatisfactiva (esta Sala en causa nro. 52880 R.S. 662/05).-
Reflexiono, en este sentido, que en algunos casos (de allí que otrora habláramos de su "generalidad" y no de su "totalidad") los planteos en los términos de la ley 12.569 adquieren ribetes multiformes, y abandonan aquella autosatisfactividad (si se me permite la expresión).-
Es que, habiendo una causa ya en trámite, ante el fuero competente y abordando la misma problemática, mal podría (so pena de fraccionar indebidamente la intervención jurisdiccional) permitir la tramitación de un proceso autosatisfactivo sobre el mismo tema .-
Pienso que, en estos casos, el desborde competencial es institucionalmente negativo: i) genera incertidumbre ante la posible existencia de plurales decisiones respecto de un caso, que se ve exacerbada si éstas resultan contradictorias; ii) consecuentemente, dificulta o inhibe la concreción de las mandas y iii) conlleva un dispendio de actividad jurisdiccional, a efectos de encauzar el déficit. De allí, la directiva del legislador estableciendo el deber del juez de inhibirse de entender en casos que no resultan de su competencia (art. 4 C.P.C.C.; conf. doctr. B 71.130, resol. del 6-X-2010, entre otras).
Que frente a cuestiones de esta naturaleza, en que era ostensible la ausencia de jurisdicción de uno de los tribunales la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se limitó a verificar dicha circunstancia, sino que declaró la nulidad de todo lo actuado a fin de extinguir un proceso que carecía de validez desde su promoción misma y, de este modo, desmanteló toda posible consecuencia que pretenda derivarse de esas actuaciones judiciales deformadas (Fallos 322:2247; 326:2298; 327:3515; causa Competencia n° 905.XLVI "Piedrabuena, Pedro Ignacio y otros s/ plantea cuestión", sent. de 31/5/2011; 334:1458, entre otras).-
Es el criterio que siguió la Suprema Corte cuando, mediante la decisión de un habeas corpus , se procuró modificar lo decidido por un juez de familia (causa C118931, fallo del 7/5/2014), reafirmando -así- la necesidad de que cada actuación se mantenga en su cauce y dentro de sus límites razonables.-
Por cierto la cuestión podría mirarse desde otroángulo si, por ejemplo, hubiera una urgencia impostergable o fuera absolutamente imposible para el peticionante acudir a la instancia competente, caso en el cual el criterio abstencionista permitiría dictar la medida y luego remitir las actuaciones al tribunal competente; pero de lo que surge de las constancias de autos, y tal lo ya dicho, no surge que una situación de semejante envergadura sea la que aquí aconteció .-
Volviendo entonces a las constancias de autos, se desprende que el sentenciante de la instancia previa tomó conocimiento de la existencia de una causa que tramitaba por antes los juzgados de familia de este Departamento Judicial por intermedio de los relatos tanto de la denunciante -ver fs. 6/7- como del testimonio de su cónyuge -fs. 17 y vta.-.-
Y no solo hizo caso omiso a ello sino que prosiguió con las actuaciones, dictó la medida en crisis sin tener presente la posibilidad de ser la misma contradictoria o invasiva de la jurisdicción de otro magistrado .-
Que tal lo expuesto precedentemente, y existiendo causas con notoria conexidad con estos obrados -ver también el informe del Asesor de Incapaces a fs. 93/vta.- que se encuentran radicas con anterioridad por ante el Juzgado de Familia nro. 6 de este Departamento Judicial, estimo que el Sr. Juez de Paz carecía de competencia para intervenir en las presentes (arts. 4, 6 y 830 del CPCC); amén de lo cual, y en lo que hace a nuestra intervención, nada podemos ni debemos decir acerca de la medida, mas que limitarnos a invalidarla por falta de competencia; reflexiono, además, que ni siquiera podemos juzgar su ajuste a derecho pues, en realidad, no sabemos qué es lo que se pudiera haber resuelto en las restantes causas vinculadas a las presentes, en trámite ante el fuero de familia.-
Por ello, siendo la competencia un presupuesto esencial de la actuación jurisdiccional, en orden a encausar y encarrilar la tramitación, y teniendo en cuenta las cuestiones planteadas en el memorial, considero que se deberá declarar la nulidad de lo actuado por el Sr. Juez del Juzgado de Paz Letrado de Hurlingham y remitir las presentas actuaciones al Juzgado de Familia nro° 6 departamental para que EN FORMA URGENTE tome intervención y disponga las medidas que se consideren menester en relación a la denuncia formulada a fs. 1/vta.-
Sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor FERRARI , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARA LA NULIDAD de lo actuado por el Juzgado de Paz letrado de Hurlingham y SE REMITEN estos obrados al Juzgado de Familia nro. 6 departamental a fin de que EN FORMA URGENTE tome intervención y disponga las medidas que se consideren menester en relación a la denuncia formulada a fs. 1/vta.-
Sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose al Sr. Juez Titular del Juzgado de Familia al que se remite la causa la comunicación de la presente a su par del Juzgado de Paz de Hurlingham y el anoticiamiento de la presente a las partes y al Asesor de Incapaces.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. FELIPE AUGUSTO FERRARI
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia