Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 37.511-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución 452/2016 (AD PMAD), recaída en el Sumario Contencioso SC47-131-2014, expediente nro. 12.833-48-2011, apelada en autos.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-121606065-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 31 de Octubre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “INFA S.A. y Otro c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 37.511-A El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso que se trae a consideración de este tribunal la firma coactora presentó recurso de apelación contra la Resolución Res. 452/2016 (AD PMAD), recaída en el Sumario Contencioso SC47-131-2014, expediente nro. 12.833-48-2011. El acto administrativo recurrido dispuso condenar a la firma actora y al despachante de aduanas Claudio Calzetta al pago de una multa por $2.512.333,73 por infracción al art. 954, ap. I inc. b) del Código Aduanero (C.A.).
II. Para decidir en tal sentido, se señaló que la falta de presentación del Certificado de Importación de Productos Metalúrgicos (C.I.P.M.), exigido por la entonces vigente Resolución N° 588/2008, configuraba una “prohibición económica”. Se indicó que los imputados clasificaron la mercadería en la posición arancelaria 8462.10.11.000N —para la cual no regía restricción alguna—, cuando la clasificación correcta correspondía a la posición 8462.21.00.290M, que sí imponía la restricción económica consistente en la presentación del C.I.P.M. Asimismo, se aclaró que la derogación de la Resolución N° 588/2008 ME, dispuesta por la Resolución N° 11/2003 ME, no resulta aplicable al caso bajo examen, en tanto al momento de la oficialización de la importación para consumo (17/02/2009) dicha normativa se encontraba plenamente vigente. En virtud de lo expuesto, se condenó a la firma coactora y al despachante de aduana a una multa por infracción al art. 954, ap. I inc. b) del C.A.
III.1. La firma INFA S.A. funda su defensa en que la mercadería documentada no se hallaba comprendida dentro de las prohibiciones de importación, razón por la cual no resultaba aplicable el régimen respectivo. Sostiene que, si bien el servicio aduanero entendió que el C.I.P.M. constituía una autorización de importación y que, en consecuencia, su omisión configuraba una prohibición de carácter económico, de la lectura de la norma posteriormente derogada se desprende que dicho certificado fue concebido como un procedimiento de seguimiento y control de las importaciones. Afirma, en este sentido, que la exigencia de una validación previa para la importación o exportación de determinadas mercaderías no las convierte en prohibidas, sino que se trata de mercaderías permitidas cuya operación requiere del cumplimiento de trámites previos. Alega que la derogación de la Resolución N° 588/2008 confirma la inexistencia de una prohibición, toda vez que el fundamento de dicha derogación radicó en el cumplimiento del objetivo de seguimiento y control que la norma perseguía. Sostiene, asimismo, que la conducta posterior de la Aduana de Puerto Madryn —al disponer la interdicción con derecho a uso de la mercadería— evidencia que no se trataba de una importación prohibida. Sostiene que no se configuró la infracción por la ausencia de los elementos esenciales que conforman el tipo infraccional previsto en el art 954 inc. b) del C.A. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal.
III.2. Como otro si digo, en la misma presentación, se presenta el Despachante de Aduanas Claudio Calzetta e interpone su apelación con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos por la firma importadora. Asimismo, manifiesta que se ajustó en un todo a las instrucciones recibidas del importador, a la documentación por él suministrada y a las leyes, reglamentaciones y usos y costumbres vigentes. Invoca los arts. 902, 908 y concordantes del C.A. y solicita se deje sin efecto la resolución recurrida, con costas.
IV. Por su parte, la representación fiscal defiende la validez del acto administrativo. Realiza un breve relato de los antecedentes de la causa, niega todas y cada una de las afirmaciones de la actora y la documentación acompañada, que no sean objeto de especial reconocimiento. Sostiene que la conducta típica y antijurídica analizada en autos revistió carácter doloso. Señala que resultan punibles las inexactitudes y diferencias que importen una transgresión al deber jurídico de veracidad y exactitud en la declaración relativa a la naturaleza, calidad, cantidad o propiedades de las mercaderías objeto de la operación de importación, siempre que revistan entidad suficiente para producir el efecto previsto. Destaca, en tal sentido, que la importación a consumo fue documentada mediante el D.I. N° 09047IC03000001G, sin contar con el C.I.P.M. que correspondía, de modo que la mercadería no podía ser válidamente librada a plaza sin dicho certificado. Agrega que la derogación de la Resolución N° 588/2008 no configura un supuesto de aplicación de la “ley penal más benigna”, sino un caso de “ultraactividad”, por cuanto el tipo previsto en el art. 954, ap. 1, inc. b) del C.A. permanece inalterado, y lo que se modificó fue únicamente la reglamentación del régimen, en atención a la evolución tecnológica y a las adaptaciones propias de los regímenes administrativos. En cuanto a la responsabilidad del despachante, se señala que éste documentó una posición arancelaria con el propósito de sustraer de la operación la obligación de presentar el certificado correspondiente, generando así la apariencia de que dicho documento no era exigible cuando, en realidad, sí lo era. Cita jurisprudencia y legislación aplicable. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal.
V. Mediante el examen de las actuaciones descriptas con anterioridad, surge la necesidad de determinar, en primer término, si los hechos atribuidos a la actora configuran una declaración inexacta susceptible de sanción en los términos del art. 954, inc. b), del Código Aduanero. A tal efecto, reviste especial importancia establecer si la omisión del Certificado de Importación de Productos Metalúrgicos constituía una prohibición para la importación de la mercadería.
VI. El sub examine encuentra su origen en el Informe nro. 18/11 (SE FVIM) en el que se da cuenta que la mercadería documentada en el DI 09047IC03000001G fue erróneamente clasificada, que dicha conducta implicaba una transgresión a la Resolución nro. 588/08 y que el importador, con anterioridad de oficializar el despacho de importación conocía la clasificación arancelaria correcta (ver fs. 1/2 de las actuaciones administrativas). Según las constancias de relevancia obrantes, con fecha 13/02/2009 la Aduana de Puerto Madryn oficializó una importación a consumo declarada en la posición arancelaria 8462.10.11.000N (ver fs. 42 ibid). Mediante la nota UTVV NRO. 137 se sostuvo que si bien la declaración inexacta no provocaba perjuicio fiscal, eludía la presentación del certificado de importación de productos metalúrgicos impuesto por resolución 588/08 ME para la mercadería involucrada (fs. 45/46 ibid).
Con fecha 9/10/2014 se instruyó sumario contencioso en los términos del artículo 1090 inc. c) del C.A. contra la firma INFA S.A. y el despachante de aduana Claudio Calzetta y se les imputo la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954 inc. b) del C.A. con relación a la falta de presentación del C.I.P.M. vinculada a la destinación 090471IC03000001G (fs. 47/48 ibid). Con fecha 9/10/2014 se corrió vista a las coactoras de todo lo actuado —notificado el 22/12/2014—, quienes formularon sus defensas. Finalmente, con fecha 25/11/2016, la Aduana de Puerto Madryn emitió la Resolución nro. 452/16 (AD PMAD) aquí apelada.
VII. Luego de haber efectuado una descripción sucinta de los hechos involucrados y de lo actuado en sede administrativa, corresponde centrar la atención en determinar si el comportamiento imputado al apelante pueda o no ser finalmente catalogado como una declaración inexacta.
La CSJN señaló que el art. 954 del C.A. “…da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante – salvo los supuestos previstos en la propia ley – o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se traduce en que, por principio, en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tienden a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan” (Fallos: 315:942).
No obstante, la configuración del tipo definido por el art. 954 del C.A. no sólo presupone la constatación de una declaración inexacta, sino que a su vez la mencionada falsedad debe acarrear la producción o potencialidad de producir, de pasar inadvertida, alguna de las consecuencias perjudiciales finalmente mencionadas a través de sus incisos a), b) o c). En este sentido, la CSJN remarcó en su oportunidad que la conducta declarada sancionable a través de la disposición bajo análisis no se agota con la sola formulación inexacta de la declaración respectiva ante la autoridad aduanera, ya que la norma requiere que, a la transgresión de los ya mencionados principios de veracidad y exactitud de las declaraciones, se le sume la existencia o la posibilidad de producir un daño (Caso Ferry Líneas Argentinas SA, CSJN, 17/6/1986). De esta manera, para que una conducta en particular pueda ser finalmente sancionada sobre la base de lo dispuesto por el art. 954 ap. 1, incs. b) del C.A., los siguientes elementos del tipo infraccional deberían ser claramente identificados: a) se debe estar en presencia de una declaración que difiera con lo resultante de la comprobación efectuada por el servicio aduanero y; b) la mencionada diferencia, en caso de pasar inadvertida, deba producir, o tenga la potencialidad de producir una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación. La efectiva aplicación de la sanción estipulada por el art. 954 del C.A. sin la constatación de alguno de los elementos mencionados con anterioridad implicaría una clara violación del principio de legalidad.
VIII. A los fines entonces de poder constatar el primer elemento del tipo infraccional estipulado por el art. 954 del C.A., una diferencia entre lo detallado en el documento bajo análisis y lo verificado por el servicio aduanero debe ser comprobada. De acuerdo con la jurisprudencia del TFN, la mencionada disimilitud podría llegar a surgir tanto de la comprobación física como de la verificación documental llevada a cabo por el servicio aduanero (Papelera Tucumán S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación (expediente: 24.383-A), sentencia del 15 de abril de 2009).
En los autos bajo análisis, como bien se describió ut supra (considerando VI), en el Informe nro. 18/11 (SE FVIM se dio cuenta que la mercadería documentada en el DI 09047IC03000001G fue erróneamente clasificada como PA 8462.10.11.000N, “Máquinas de Estampar de control numérico —Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar Máquinas (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN Y OTRAS MÁQUINAS DE MARTILLAR, PARA TRABAJAR METAL; MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE ENROLLAR, CURVAR, PLEGAR, ENDEREZAR, APLANAR, CIZALLAR, PUNZONAR O ENTALLAR, METAL; PRENSAS DE TRABAJAR METAL O CARBUROS METÁLICOS, NO EXPRESADAS ANTERIORMENTE”; cuando debió haber sido clasificada como PA 8462.21.00.290M “Las demás De curvar —De control numérico— Máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN Y OTRAS MÁQUINAS DE MARTILLAR, PARA TRABAJAR METAL; MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE ENROLLAR, CURVAR, PLEGAR, ENDEREZAR, APLANAR, CIZALLAR, PUNZONAR O ENTALLAR, METAL; PRENSAS DE TRABAJAR METAL O CARBUROS METÁLICOS, NO EXPRESADAS ANTERIORMENTE”. De esta manera, se logra constatar la primera condición establecida por el tipo infraccional bajo análisis. Si el primer elemento del tipo infraccional quedó finalmente configurado, resta determinar si, como resultado de la diferencia comprobada entre lo declarado y lo verificado, se generó, o pudo haberse generado, alguno de los efectos detallados en el inciso b) del art. 954 ap. 1 del C.A.
Ahora bien, para el caso, corresponde poner de resalto lo dispuesto por la CSJN en el precedente del 12 de junio del 2012 en la causa CSJ 6/2010 (46-N)/CS1 “NATE Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A) c/ DGA” en el que, remitiéndose al dictamen de la Procuradora Fiscal ante la CSJN, entendió en cuanto a las prohibiciones objeto de autos: “toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas regladas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos propios de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición, la que solo se vería levantada para los casos en que se siguiesen tales pasos legal y reglamentariamente determinados, supuesto en que —siempre desde esta perspectiva que considero errónea— se trataría de una ´excepción´ a la regla de la prohibición”. Concluyendo que no tratándose del caso de una prohibición de importación para consumo, la conducta de las actoras carecía de la necesaria tipicidad para ser pasible de configurar una infracción aduanera.
IX. Bajo esta luz, corresponde, entonces, analizar la normativa aplicable al sub-lite para así determinar si ella había establecido una prohibición de importación.
En el art. 1 de la Resolución nro. 588/2008 ME establecía: “Artículo 1º — Establécese para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que a continuación se detallan, el Certificado de Importación de Productos Metalúrgicos (C.I.P.M.), que será exigible exclusivamente para las solicitudes de destinación de importación definitiva para consumo: (…)PA 8462.21.00”.
Cobran relevancia los considerandos en los cuales se funda dicha resolución, en los que se estableció: “ (q)ue en tal sentido, en los casos que se consideren debidamente justificados, la gestión de las solicitudes de destinación de importación definitiva para consumo puede quedar sujeta a la tramitación anticipada de licencias previas de importación de carácter automático y/o no automático. Que en algunos bienes del sector de productos metalúrgicos se han detectado cambios significativos en los flujos de comercio cuyo comportamiento resulta conveniente evaluar. Que por ello es necesario establecer, en forma transitoria, un mecanismo de verificación previo al libramiento a plaza de dichas mercaderías con el objeto de efectuar el seguimiento y control de las importaciones”.
X. En ese sentido, de la normativa expuesta, resulta claro que la resolución nro. 588/2008 ME no se trataba de una prohibición de importación para consumo, sino de un mecanismo previo de verificación de mercaderías, por lo que, de conformidad con la doctrina establecida en la causa CSJ 6/2010 (46-N)/CS1 “NATE Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A) la conducta de las actoras carecía de la necesaria tipicidad para ser pasible de configurar una infracción aduanera.
En consecuencia, cabe revocar la resolución 452/2016 (AD PMAD), recaída en el Sumario Contencioso SC47-131-2014, expediente nro. 12.833-48-2011, apelada en autos.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la resolución 452/2016 (AD PMAD), recaída en el Sumario Contencioso SC47-131-2014, expediente nro. 12.833-48-2011, apelada en autos.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Por economía procesal, adhiero al voto del Dr. Licht. No obstante ello, tratándose de la aplicación de jurisprudencia de la Excma C.S.J.N., considero que las costas deben imponerse por su orden. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Revocar la resolución 452/2016 (AD PMAD), recaída en el Sumario Contencioso SC47-131-2014, expediente nro. 12.833-48-2011, apelada en autos.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.10.31 14:32:02 ART Date: 2025.10.31 14:40:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.31 21:43:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.31 21:43:29 -03:00
Fin de la sentencia