Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-126183488-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 24 de Octubre de 2023 Apelación, expediente nº 33364-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “INFAS S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ Apelación, expediente nº 33364-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, a fs. 15-26, se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA n° 6545/2008, recaída en el expediente administrativo Actuación N° 12039-1655-2008 el 16/10/2008, por la que se la condenó, en los términos del art. 970 del Código Aduanero (CA), al pago de una multa igual a una vez y media el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de parte (32 unidades) de la mercadería importada temporariamente mediante la destinación de importación temporaria (DIT) N° 98073IT16000067A (ítem 1, subítems 2, 4, 5 y 8) y se le formuló cargo por los tributos adeudados, por la suma de $ 9.154,84 que deberá ajustarse mediante Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) más los intereses devengados conforme art 794 del CA. Se refiere a los antecedentes de la causa. Se agravia de no haber sido notificada del acto administrativo por el cual se deniega el pedido de prórroga de la importación temporaria, por lo que deviene inexistente para el administrado. Sostiene que, conforme los usos y costumbres del derecho aduanero, la solicitud de prórroga se considera otorgada si no existe reparo expreso. Opone la prescripción de las acciones del Fisco para imponer multas y exigir tributos. Supletoriamente impugna la liquidación de tributos. Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 36-41, se presenta el representante fiscal, contesta el traslado que le fuera conferido respecto del recurso de apelación interpuesto. Realiza una breve descripción de los hechos y de lo actuado en sede administrativa. Sostiene que la sanción impuesta es ajustada a derecho, dado que la firma importadora no acreditó en tiempo y forma el cumplimiento con las obligaciones del régimen de importación temporal y ello es causa suficiente para imputarle la comisión de la infracción. Realiza consideraciones relativas a las obligaciones de la importada en relación al régimen de importación temporal. Contesta los agravios de la recurrente en relación a la prescripción opuesta. Cita jurisprudencia. Formular reserva de caso federal. Solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
III. La representación fiscal acompañó el sustento documental de la litis, las actuaciones administrativas SIGEA nros. 12039-1655-2008 en soporte papel y en un cuerpo de 51 fojas, en las cuales obra la resolución apelada ante esta instancia jurisdiccional. Dichas actuaciones se encuentran agregadas por cuerda en autos.
A fs. 42 se declara la causa de puro derecho.
A fs. 48 se dispone, como medida para mejor proveer en los términos del art. 1156 del CA, la realización de una pericia scopometrica, cuyo informe se agrega a fs. 55-58.
A fs. 62 los autos quedan en estado de dictar sentencia IV.- De la compulsa de las actuaciones administrativas, surge que se iniciaron con el acta de denuncia obrante a fs. 2, contra la firma importadora INFAS S.R.L. efectuada por la Sección Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza, por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA en relación a 32 unidades de la mercadería importada mediante la destinación de importación temporaria N° 98073IT16000067A, efectuada en los términos del Decreto 1439/96, cuyo vencimiento operó el 29/12/1999. A fs. 3 obra el Sobre Contenedor de la destinación en cuestión.
A fs. 10 se dispone la instrucción del sumario. A fs. 19 se practica la liquidación de tributos. A fs. 21-21 vta., el 19/08/08 se corre vista a la importadora, quien se notifica el 29/08/08 (fs. 28) y se cita a la compañía aseguradora. A fs. 29-31 la importadora contesta la vista conferida y acompaña (fs. 35) copias autenticadas de los permisos de embarque (PE) nros. 98017EC03002426U, 00017EC03000625, 98017EC03004310Y y 98017EC03003932A y solicitudes de Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC) nros. 061-005055, 061-005058, 061-001738/00 y 061-001739/00. A fs. 37 el Jefe de la Sección de Procedimientos Técnicos emite la Nota N° 11310 por la cual ratifica la denuncia formulada a fs. 1-2 de las actuaciones en relación a 32 unidades de la mercadería importada. A fs. 41-43 vta. se dicta la resolución DE PRLA N° 6545/2008 apelada en autos.
V. Previo a adentrarme en el análisis de las cuestiones de fondo relativas al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria, corresponde expedirse sobre los planteos de invalidez del acto de denegatoria del pedido de prórroga de la importación temporaria y de prescripción opuestos por la firma importadora en su libelo recursivo.
En relación a la primera de las excepciones opuestas, cabe destacar que obran en el sobre contenedor (fs. 3 de las actuaciones) las constancias del expediente por el cual tramitó el pedido de prórroga de la importación temporaria solicitado por la importadora a través de su despachante de aduanas, Sr. Alberto C. Ghirardi, presentada el 16/04/1999 ante la Sección de Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza. Dicha solicitud tramitó mediante Actuación EA73 N° 5970/99. Al efecto, el 30/08/1999 se solicitó a la importadora aportar cierta documentación en el plazo de 5 días de notificada. El pedido de documentación fue notificado al domicilio del despachante de aduanas mediante correo postal el 4/9/1999. Obra en el expediente el correspondiente aviso de recibo de correo Argentino. Ante la falta de presentación de la documentación y el silencio de la importadora, el 23/11/1999, la Sra. Jefa interina de la Sección Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza emitió la Nota N° 19183/99 mediante la cual deniega el pedido de prórroga solicitado. Dicha denegatoria es notificada el 26/11/1999 al despachante de aduana actuante.
Por su parte, la importadora plantea —recién en esta instancia recursiva— que no fue notificada del pedido de documentación por parte del servicio aduanero, como así tampoco, de la posterior denegatoria del pedido de prórroga. Por ello infiere, según expresa en su libelo recursivo: “La solicitud de una prórroga en la importación temporaria, de no existir reparo expreso, se entiende otorgada conforme los usos y costumbres del derecho aduanero. De allí que la falta de conocimiento, por haber sido notificado al domicilio de un tercero ajeno a la Empresa, nunca se supo del pedido de documentación adicional”. Cabe destacar, en primer lugar, que la figura del despachante de aduana no es un “tercero ajeno”. Por el contrario, es quien resulta autorizado para representar a la firma ante la Aduana en todas las gestiones relativas a las operaciones de importación y exportación en las que interviene en tal carácter. El despachante de aduanas es la figura en quien la importadora deposita su confianza, en razón de su expertiz. Asimismo, en su calidad de auxiliar del servicio aduanero, es a quien éste, lógicamente, realizará las solicitudes pertinentes, ya sea de documentación, información, rectificación de declaraciones, etc. En este orden de ideas, como surge de la presentación del pedido de prórroga, la cual lleva conjuntamente la firma del representante legal de la empresa y del despachante Sr. Ghirardi, las notificaciones cursadas por la Aduana a este último necesariamente resultan vinculantes para la firma a la cual representa, no pudiendo ésta, excusarse de los efectos de las notificaciones cursadas al mismo, alegando que se trata de una persona “ajena a la empresa” cuando ha sido ella misma quien le ha conferido autorización y facultades suficientes para actuar en su nombre.
De lo expresado precedentemente se colige que, tanto el requerimiento de documentación como la denegatoria del pedido de prórroga, fueron debidamente notificados a la recurrente por parte del Servicio Aduanero.
En segundo término, la firma recurrente contaba con las herramientas legales necesarias para, oportunamente, efectuar el planteo recursivo correspondiente contra el acto administrativo que denegó el pedido de prórroga, pero no lo hizo. En efecto, nada refiere en la contestación de la corrida de vista dispuesta (fs. 29-31 de las actuaciones), oportunidad en la que expresa haber tomado conocimiento de la denegatoria de prórroga del plazo de la DIT.
Corresponde, entonces, rechazar el planteo formulado en ese sentido, sin costas.
VI. Sentado ello, corresponde analizar el segundo y tercer agravio de la recurrente en relación al planteo de prescripción de la exigencia tributaria y de la acción para imponer penas.
Como se ha expresado en el considerando anterior, la denegatoria de la solicitud de prórroga fue notificada el 26/11/99, por lo que, en virtud de lo establecido por el art. 266, ap. 3 del CA, se otorgó un plazo perentorio de veinte (20) días, a contar desde la fecha de la referida notificación para cumplir con la obligación de reexportar para consumo. Es decir, que el vencimiento de la DIT en trato, operó el 29/12/99, con lo cual la prescripción quinquenal de las acciones del fisco para reclamar tributos e imponer penas, comenzó a correr a partir del 1/1/2000 (arts. 934 y 935 del CA).
La recurrente plantea en su libelo recursivo, en cuanto a la prescripción de la acción del Fisco para reclamar tributos, que la corrida de vista conforme art. 1101 del CA se efectuó en 2008 (fs. 24-24 vta.) y por ello “había transcurrido con creces el término de cinco años” Asimismo, en cuanto a la prescripción de la acción para imponer penas, la recurrente expresa: “…el sumario en cuestión fue iniciado en el año 2002, (si bien se dio a conocer a fines del año 2008 y todas las indefensiones que esto causó), en el peor de los casos para mi representada, el computo de la prescripción habría comenzado el 01/01/2003, y por tanto se habría visto cumplido el 01/01/2008, fecha en la cual no existía actividad alguna de la administración , la cual retoma el abandonado sumario en agosto de 2008.”
Cabe destacar que el Código rector establece las causales de suspensión o interrupción del plazo de prescripción, según el caso.
En efecto, el art. 805 inc. a) del CA, establece que la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende desde la apertura del sumario. Por su parte, el art. 937, inc. a) del mismo Cuerpo Legal dispone que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario.
En el caso de autos, a fs. 10 de las actuaciones administrativas se dispuso la instrucción del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA. A partir del día siguiente a la fecha del acto procesal dispuesto, comenzó un nuevo plazo quinquenal de prescripción que culmina con el dictado de la resolución apelada en autos, el 16/10/08.
Empero, la fecha inserta en el acto administrativo impulsor de la acción penal evidencia a simple vista una manipulación –sin salvado alguno- que ameritó a esta instrucción disponer como medida para mejor proveer, la realización de una pericia scopometrica a través del personal especializado de la Policía Federal Argentina, en virtud de las facultades establecidas por los arts. 1143 y 1156 del CA. Ello, por cuanto resulta de vital importancia determinar la validez del acto de apertura sumarial, cuyos efectos no son menores, pues la suerte de la pretensión fiscal se encuentra íntimamente vinculada a éste, dado que determina las razones que le dan basamento y, desde el aspecto temporal —en análisis en autos—, su directa relevancia para el cómputo de los plazos prescriptivos.
En efecto, la pericia efectuada por personal de la División Scopometría de la Superintendencia Federal de Policía Científica a cargo del Comisario Centofanti —cuyo informe luce agregado a fs. 55-58 vta. de autos—, arrojó como conclusión que: “I. LOS RASTROS DE OBLITERACIÓN Y MATERIAL TINTÓREO AZUL, NO RESULTAN EN CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTES PARA PODER DETERMINAR CATEGÓRICAMENTE CUAL FUE LA FECHA INICIALMENTE INSERTA EN EL DOCUMENTO DE MARRAS.” Asimismo, continúa el informe: “III. LA FECHA INSERTA FUE OBJETO DE UNA MANIPULACIÓN MANUAL INICIALMENTE, MEDIANTE OBLITERACIÓN POR ACCIÓN DE RASPADO SECTORIZADO A PARTIR DEL USO DE UN IMPLEMENTO PUNZOCORTANTE, PROCURANDO POSTERIORMENTE EL OCULTAMIENTO DE LA ACCIÓN CON EL ASENTAMIENTO DE LA CONTEMPORÁNEA ESTAMPA FECHADORA Y ARRASTRE DE SOBRE IMPRESIÓN LONGITUDINAL EN EL ESPACIO DE DICHA FECHA.”
En base a lo hasta aquí reseñado y atento la contundencia del informe pericial, puedo aseverar que el acto de apertura sumarial —con la fecha inserta en las condiciones descriptas precedentemente— presenta una irregularidad tal que no puede convalidarse bajo ningún aspecto o razón, pues sería cegar con impunidad lo que es indudablemente un acto ilícito.
Se ha afectado fatídicamente la incolumidad de un acto administrativo esencial pues se ha manipulado dolosamente su contenido intrínseco en uno de sus aspectos gravitacionales desde el plano temporal en tanto es uno de los tres estamentos que demarcan la suerte de las acciones del fisco para mantener su vigencia.
Con el examen pericial reseñado ha fenecido la presunción de legitimidad de la que goza el acto administrativo pues se ha acreditado que su forma esencial ha sido afectada por acción dolosa de un tercero (art. 14 inc. b) de la Ley 19.549).
Estamos frente a un documento público ilícitamente adulterado que no puede generar halo de legitimidad alguno a su contenido y por ello, simple y contundentemente cabe reputarlo NULO DE NULIDAD ABSOLUTA y así cabe declararlo.
Ello en concordancia con la profusa jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha entendido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales -ora infraccionales- (CSJN - "Fallos", 96:23; 99:284; 183:68; 295:591,entre muchos otros)
Cabe destacar, en cuanto a la vigencia de la acción sancionatoria del Fisco Nacional, que es pacífica la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal en cuanto sostiene que, en materia penal, las nulidades, aun cuando la parte no realizó planteo alguno al respecto, son de orden público y no solo pueden, sino que deben ser declaradas aun de oficio (Fallos CSJN 305:1236; 311:2205; 313:1224; 323:1785; 324:2778 y, en el ámbito local, P. 71.313, sent. del 16-II-2000; P. 63.579, sent. del 8-III-2000; P. 65.996, sent. del 5-IV- 2000; P. 50.959, sent. del 17-V-2000; P. 61.271, sent. del 23-VIII-2000; P. 62.689, sent. del 3-X-2001, e/otras).
VII. Por lo expuesto y como lo adelante corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable del auto de apertura del sumario obrante a fs. 10 de las actuaciones administrativas y, consecuentemente, de la resolución dictada al efecto, apelada en autos.
Dicho lo anterior, es claro que la declaración de nulidad aquí propuesta importa una consecuencia directa en la suerte que deberán correr las acciones del fisco para exigir tributos e imponer penas en los términos de los arts. 803 y 934 del C.A.
Ello es así, toda vez que el vencimiento de la destinación, como ya se expresó, operó el 29/12/99, por lo que la prescripción quinquenal comenzó a computarse a partir del 1° de enero del 2000.
El plazo para el ejercicio de la acción del fisco para reclamar los tributos e imponer penas por las infracciones aduaneras venció, entonces, el 1° de enero de 2005.
Al no haber operado ninguna causal de suspensión ni de interrupción de la prescripción ya que, como se dijo, todo el pretenso acto de instrucción de sumario es nulo y consecuentemente también lo es todo lo actuado con posterioridad, dicho acto no produjo los efectos propios conforme lo establecido en los arts. 937 y 805 inc. a) del C.A.
VIII. Dado que el acto de apertura sumarial resulta ser fruto de un acto ilícito, lo aquí decidido habrá de transpolar las fronteras de este decisorio, por lo que, mediante Secretaría General de Asuntos Aduaneros, deberán remitirse testimonios de la presente causa para dar intervención a la justicia en lo Criminal y Correccional Federal, como también al Sr. Director de la Dirección General de Aduanas para que adopte los temperamentos administrativos y judiciales correspondientes en atención a la gravedad de lo acaecido y la probable comisión de un delito de acción pública.
IX. Respecto de las costas del proceso, en virtud de lo expuesto precedentemente, no advierto razones que ameriten apartarme del principio general de la derrota, por lo que estimo ajustado a derecho imponerlas a la demandada perdidosa.
X. Atento a la forma en que aquí se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios de la recurrente. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad de la Nota N° 19183/99, emitida por la Secretaría de Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza en la actuación EA73 N° 5970/99, mediante la cual se deniega el pedido de prórroga de la DIT 98073IT16000067A, sin costas.
2. Declarar la nulidad de la instrucción del sumario obrante en la actuación administrativa n° 12039-1655- 2008 y, consecuentemente, de la Resolución DE PRLA N° 6545/2008 apelada en autos.
3. Declarar la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos e imponer penas por infracciones aduaneras en el marco de la operación en trato.
4. Mediante Secretaría General de Asuntos Aduaneros, remitir testimonios de la presente causa para dar intervención a la justicia en lo Criminal y Correccional Federal, como también al Sr. Director de la Dirección General de Aduanas para que adopte los temperamentos judiciales y administrativos correspondientes en atención a la gravedad de lo acaecido y la probable comisión de un delito de acción pública.
5. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.
El Dr. Garbarino dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. González Palazzo.
ASÍ LO VOTO.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELE:
1. Rechazar el planteo de nulidad de la Nota N° 19183/99, emitida por la Secretaría de Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza en la actuación EA73 N° 5970/99, mediante la cual se deniega el pedido de prórroga de la DIT 98073IT16000067A, sin costas.
2. Declarar la nulidad de la instrucción del sumario obrante en la actuación administrativa n° 12039-1655-2008 y, consecuentemente, de la Resolución DE PRLA N° 6545/2008 apelada en autos.
3. Declarar la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos e imponer penas por infracciones aduaneras en el marco de la operación en trato.
4. Mediante Secretaría General de Asuntos Aduaneros, remitir testimonios de la presente causa para dar intervención a la justicia en lo Criminal y Correccional Federal, como también al Sr. Director de la Dirección General de Aduanas para que adopte los temperamentos administrativos y judiciales correspondientes en atención a la gravedad de lo acaecido y la probable comisión de un delito de acción pública.
5. Costas a la demandada vencida.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino en los términos del art. 1162 del CA.
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros cúmplase con lo ordenado, fecho, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.10.24 11:30:38 -03:00 Date: 2023.10.24 13:15:55 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.24 13:15:56 -03:00
Fin de la sentencia