Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123735
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDejar sin efecto lo resuelto a fs. 19/21 (v. sist. Augusta, resolución de fecha 12-II-2020; doctr. arts. 34 inc. 5 y 36 inc. 2, CPCC y conf. causa C. 123.734, cit.) y declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado de Paz Letrado de Exaltación de la Cruz, Departamento Judicial de Zárate-Campana.
C. 123.735 "PONTI, ELSA ROSA S/ INF. LEY 13.927 0 (ART. 13.927 DEL DCTO. REGLAM. 532/09) A/ APELACION"
I. Esta Corte resolvió, en el marco del presente conflicto de competencia (art. 161, inc. 2, Const. prov.), que debía entender en autos el Juzgado de Paz Letrado de San Fernando del Departamento Judicial de San Isidro (v. fs. 19/21, y Sistema Augusta, resolución de fecha 12-II-2020).
Recibidas las actuaciones, el mencionado magistrado decidió -en el entendimiento de encontrarse ante un mero error en la asignación efectuada- elevar nuevamente el expediente para su consideración por este Tribunal (v. fs. 23 y vta.; Augusta, resolución de fecha 26-II-2020).
II. Corresponde -entonces- efectuar una nueva mirada sobre el conflicto a dirimir.
La ley provincial 13.927 creó en ámbito del Poder Ejecutivo provincial, la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito provincial, con competencia en el juzgamiento por faltas cometidas en rutas, caminos, autopistas, semiautopistas o autovías provinciales o nacionales en el territorio de la Provincia (art. 29, ley cit.).
Allí, se establecen como órganos de juzgamiento a los juzgados administrativos de infracciones de tránsito provincial, pudiendo delegarse transitoriamente la tarea a los juzgados de faltas municipales, hasta tanto la Provincia cuente con la cantidad adecuada de órganos provinciales (art. 33, ley cit.). Y se prevé expresamente que es optativo para el infractor prorrogar su tratamiento al juez competente en razón de su domicilio, cuando la infracción sea cometida en rutas o espacios de dominio público nacional o bien, cuando se domicilie a más de sesenta kilómetros del lugar de comisión de la misma (arts. 32 y 36).
En cuanto a las cuestiones de competencia entre jueces de faltas de distintas jurisdicciones, se atribuye su resolución al juez de paz letrado con jurisdicción territorial en el lugar del hecho que motivó el procedimiento de faltas o -en su defecto- al juez en lo correccional de turno con jurisdicción territorial en el lugar donde se cometió la infracción (art. 34, ley cit.).
Ahora bien, en lo que hace a las vías recursivas contra la decisión dictada por el Juzgado Administrativo de Infracciones provincial, el art. 40 regula los recursos de revocatoria y apelación, cuya interposición se fija ante el funcionario que dictó el acto. Se establece -además- que la revocatoria será resuelta por el órgano de juzgamiento que emitió el pronunciamiento impugnado. Por su parte, se determina que la apelación se elevará para su resolución por ante el juez en lo correccional en turno de la jurisdicción, o de paz letrado en aquellos partidos de la Provincia que no sean cabecera de departamento judicial.
Es esta última alocución la que genera la conflictiva aquí en estudio, puesto que remite al órgano judicial "de la jurisdicción" sin que surja -al menos de la literalidad de dicho artículo- cuál sería el punto de conexión de la competencia territorial asignada.
Dada esa falta de definición, corresponde recurrir a los criterios de interpretación de leyes fijados por esta Corte en reiterados precedentes, señalando que debe comenzarse con la ley misma y adoptando como pauta hermenéutica a la sistemática, confrontando el precepto a interpretar con el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. No debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas. La interpretación debe efectuarse de tal manera que las normas armonicen entre sí y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas entre ellas (conf. doctr. Ac. 55.689, "Banco Local", sent. de 28-II-1995; Ac. 50.866, "Empresa Constructora", sent. De 17-II-1998; Ac. 67.487, "Enrique", sent. de 14-II-2001; Ac. 87.609, "A., E. M.", sent. de 13-IV-2005; C. 98.327, "Parodi" sent. de 1-IX-2010; C. 100.621, "Mannarino", sent. de 21-XII-2011; C. 117.079, "Racing Club", sent. de 8-IV-2015).
En ese sendero, cabe destacar que la misma ley, al fijar el órgano judicial con aptitud para resolver los conflictos de competencia entre los jueces de faltas, asigna la jurisdicción del lugar del hecho que motivó el procedimiento de faltas o donde se cometió la infracción (art. 34, ley cit.).
Ese punto de conexión territorial, vinculado con el lugar del hecho, resulta coincidente con el criterio utilizado por el Código Procesal Penal -aplicable de manera supletoria al régimen en análisis, art. 49, ley cit.- que remite para definir la competencia al lugar donde se hubiere cometido el delito (art. 29, CPP).
Surge del juego armónico de las pautas mencionadas que la referencia utilizada por el art. 40 para atribuir la competencia en materia recursiva, ordenando elevar la apelación al órgano -de paz o correccional- "de la jurisdicción", debe interpretarse en consonancia con la atribución fijada por el art. 34 de la misma ley. En efecto, resulta razonable -y, además, acorde a ley procesal supletoria- que se atribuya al mismo juez -en carácter de superior- tanto la decisión de los conflictos de competencia, como la revisión de la sentencia dictada, esto es, el del lugar en que la falta o infracción fue cometida (arg. arts. 34, 40 y 49, ley cit. y 29, CPP).
A mayor abundamiento, no deviene acertado fijar como punto de conexión territorial el departamento judicial de pertenencia o la ubicación física del Juzgado Administrativo de Faltas que dictó la sentencia apelada para resolver el recurso interpuesto. Ello pues, el número de Juzgados de Faltas provinciales existentes en el territorio bonaerense -siete al momento- implicaría recargar a los órganos judiciales de dichas jurisdicciones, en desmedro -principalmente- de los Juzgados de Paz ubicados en la misma localidad que alguno de los organismos señalados. Por otro lado, existen Juzgados cuya sede se encuentra ubicada fuera de la jurisdicción provincial, tal el caso del Juzgado Administrativo de Faltas de Lomas de Zamora, situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que descarta también dicha pauta como nexo de conexión (conf. causa C. 123.734 "Ponti, Elsa Rosa", resol. de 6-VII-2020).
Con base en todo lo expuesto y las circunstancias referenciadas, corresponde señalar que el órgano de alzada que debe entender en la apelación interpuesta en autos es el Juzgado de Paz Letrado de Exaltación de la Cruz, Departamento Judicial de Zárate-Campana, coincidente -además- con lo solicitado por el propio apelante al deducir el remedio (arg. arts. 34, 40 y 49, ley cit. y 29, CPP; v. fs. 9 y sistema Augusta, trámite de 30-IX-2019, "Expediente judicial - Se recibe"; PDF adjunto, pág. 19).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Dejar sin efecto lo resuelto a fs. 19/21 (v. sist. Augusta, resolución de fecha 12-II-2020; doctr. arts. 34 inc. 5 y 36 inc. 2, CPCC y conf. causa C. 123.734, cit.) y declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado de Paz Letrado de Exaltación de la Cruz, Departamento Judicial de Zárate-Campana.
Regístrese, hágase saber y remítase la presente por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/07/2020 17:36:20 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 24/07/2020 23:29:38 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 27/07/2020 17:38:44 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 27/11/2020 18:09:39 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2020 12:22:48 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia