Abriendo la norma
TOMO CLXIV - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.320 FOLIO N° 183/187 PROT. ELECT. JR101 468I.261
Río Gallegos, 14 de octubre de 2026.-
La presente causa caratulada "O.A.A. S/ Infracción al art. 292 del C.P.A" - Expte. N° 94054/25 - Apelación/Causa JR N° 10422/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 64/66vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado A.A.O., en orden al delito de “uso de documento falso o adulterado (Arts. 296 en función del 292, 2º párrafo, del Código Penal)”. Que a fs. 72/82, la defensa técnica apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 86/87vta., habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.
Quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le ocasiona a su defendido un perjuicio procesal irreparable. Seguidamente, se abordarán los agravios propuestos por la parte recurrente.
II. Del agravio referido a la falta de acreditación del tipo subjetivo (art. 296 del Código Penal) – inferencia lógicamente inválida:
La defensa se agravió al sostener que, si bien la pericia documentológica demuestra la falsedad material del documento -aspecto objetivo-, no acredita que el imputado supiera que la licencia era apócrifa -aspecto subjetivo-.
En tal sentido, afirmó que el uso de documento falso exige dolo directo esto es, conocimiento efectivo de la falsedad y voluntad de utilizarlo, por lo que la credulidad, imprudencia o negligencia resultarían conductas atípicas. En ese marco, sostuvo que su asistido habría obrado bajo un error respecto de un elemento del tipo objetivo -la falsedad del documento-, circunstancia que, a su juicio, excluye el dolo. Citó doctrina y jurisprudencia referida a un supuesto que consideró análogo, vinculado con la tramitación mediante gestor.
Asimismo, se agravió al sostener que el Magistrado confunde un juicio de imprudencia o infracción a un deber de cuidado, con el dolo exigido por la figura penal. Indicó que, recurrir a un gestor o incumplir trámites personales no equivale a saber que el documento utilizado es falso.
Remarcó que su defendido nunca había obtenido una licencia de conducir previa, por lo que carecería de experiencia respecto del trámite regular. Agregó que, al momento del hecho, la implementación de la Licencia Nacional Digital volvía verosímil la posibilidad de realizar la gestión a distancia para un ciudadano sin conocimientos específicos sobre el trámite.
III. Del agravio referido a la omisión de valorar prueba dirimente:
Por otro lado, la parte recurrentre sostuvo que el Sr. Juez Subrogante menciona, en el “Resulta”, el comprobante bancario incorporado a fs. 19, pero que luego, en los considerandos, omite efectuar valoración alguna respecto de dicha prueba.
Argumentó que el pago por transferencia bancaria a una persona individualizada -M.S.-, sumado a la entrega de datos personales y de una fotografía del rostro del imputado, constituye, según sus dichos, un indicio objetivo de buena fe, incompatible con la conducta de quien conoce que está participando de una falsificación.
A su vez, señaló que el Magistrado de manera diferente las intersecciones correspondientes al lugar del hecho en el “Resulta” y en los considerandos. Si bien reconoció que dicha circunstancia no resultaría determinante, entendió que revelaría la ausencia de un examen minucioso de las constancias probatorias de autos. Así, sostuvo que la omisión de valorar prueba conducente vicia la resolución por arbitrariedad.
IV. Del agravio referido a la existencia de una hipótesis alternativa razonable (engaño por parte del gestor): De igual manera, la defensa sostuvo que el causante fue víctima de un engaño por parte del gestor, quien le habría prometido que la credencial física quedaría registrada formalmente en la plataforma oficial “Mi Argentina”.
Afirmó que dicha promesa de validación en un sistema oficial estatal, otorgaba plena apariencia de legitimidad al trámite, y disipaba cualquier sospecha para un ciudadano sin conocimientos específicos, sin que la acusación hubiera logrado descartar la hipótesis alternativa razonable.
V. Del agravio referido a la inversión de la carga de la prueba – violación del estado de inocencia - descarte dogmático de la declaración indagatoria:
Por otro lado, se agravió de lo concluido por el Sr. Juez de grado al reprocharle a su asistido no haber aportado “elementos objetivos” para “deslindar su responsabilidad”, pues, de ese modo, trasladó indebidamente la carga de la prueba al imputado. Así, con sustento en la Constitución Nacional y jurisprudencia de la CIDH, indicó que la carga acreditar todos los elementos del delito recae sobre el órgano acusador.
En tal sentido, adujo que el imputado, al brindar su relato de los hechos, aportó elementos de descargo que el instructor -según sus dichos- omitió investigar.
A su vez, sostuvo que el calificar el descargo del imputado como un “mero intento de mejorar su situación procesal”, a su criterio, vacía de contenido la garantía de defensa en juicio (art. 18 CN). En este sentido, destacó que la declaración fue espontánea, circunstanciada, internamente coherente y con detalles verificables que, según afirmó, no fueron desmentidos por ninguna prueba de cargo.
VI. Del agravio referido a la insuficiencia del grado de convicción exigido por el art. 289 del C.P.P.:
Asimismo, la defenssa argumentó que el procesamiento requiere un estándar de probabilidad en el que los elementos positivos superen a los negativos. En consecuencia, sostuvo que, ante la existencia de duda razonable o equilibrio indiciario, resultaría aplicable el principio in dubio pro reo (art. 4 del C.P.P.).
En desarrollo de sus agravios, expresó que, ante la ausencia de elementos de certeza para disponer el sobreseimiento y, a la vez, la falta de prueba suficiente respecto del conocimiento de la falsedad para sustentar el procesamiento, correspondería dictar la falta de mérito y profundizar la investigación. A tales fines, con el objeto de que la investigación prosiga en los términos del art. 292 del C.P.P., propuso diversas diligencias probatorias. Subsidiariamente, para el supuesto de confirmarse el procesamiento, impugnó el encuadre en el art. 292, segundo párrafo, del Código Penal, correspondiente a la figura agravada. En tal sentido, sostuvo que la licencia de conducir constituye una habilitación personal, y no un documento destinado a acreditar la titularidad o dominio de un vehículo automotor – extremos reservados a las cédulas o títulos del automotor-, por lo que correspondería readecuar la calificación al primer párrafo del art. 292, citando jurisprudencia al respecto.
VII. Del agravio referido a la arbitrariedad y desproporción del embargo:
Finalmente, para el supuesto de confirmar el resolutorio, cuestionó el monto del embargo, al sostener que carece de fundamentación vinculada con las costas del proceso o con una eventual pena pecuniaria.
Asimismo, señaló que se omitió valorar la situación socioeconómica del imputado, quien se desempeña como trabajador de reparto mediante una aplicación y asiste económicamente a su madre jubilada.
En función de ello, sostuvo que el monto dispuesto convertiría al embargo en una sanción anticipada, tornándolo arbitrario por falta de fundamentación y por resultar contrario al principio de proporcionalidad.
VIII. Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
Que, analizados los planteos introducidos por la defensa, corresponde adelantar que los mismos no habrán de prosperar.
En primer término, y en respuesta a los agravios referidos a la falta de acreditación del tipo subjetivo, la inferencia logicamente inválida, la omisión de valorar prueba dirimente y la existencia de una hipótesis alternativa razonable -considerando II), III) y IV)-, cabe señalar que la obtención de una licencia de conducir constituye un trámite administrativo reglado, sujeto al cumplimiento de requisitos y controles destinados a verificar la aptitud de quien pretende obtener dicha habilitación para circular por la vía pública.
Entre ellos, se encuentran la realización de exámenes teórico-prácticos, la revisión médica/oftalmológica y la presentación de certificados de libre deuda de infracciones y deudores alimentarios, extremos que no pueden ser equiparados a una mera formalidad, como tampoco ser desconocidas por ningún ciudadano.
En tal sentido, la conducta atribuida al imputado no puede ser subsumida en un mero “error”, sino que responde, prima facie, a una omisión voluntaria de los deberes de información y de observancia de las normas que regulan la obtención de la licencia de conducir.
Sabemos que la normativa vigente en materia de licencias de conducir digitales (como el Decreto N° 196/2025, el cual modifica la reglamentación de la Ley N° 24.449, de Tránsito y Seguridad Vial) establece expresamente que, aun cuando la gestión pueda iniciarse de forma remota, la expedición del carnet requiere indefectiblemente la intervención de la autoridad jurisdiccional competente y la evaluación presencial de idoneidad del aspirante. Por ende, no resulta razonable pretender que la sola transacción con un intermediario informal generase una apariencia de legitimidad en el documento entregado. Por ello, no se puede equiparar la posibilidad de iniciar determinadas gestiones por medios digitales, con la inexistencia de los requisitos sustanciales que condicionan la expedición válida de dicho documento. En ese marco, entendemos que las circunstancias invocadas por la defensa -esto es, haber acudido a un gestor, remitido una fotografía por mensaje y efectuado una transferencia bancaria a una cuenta particular- no configura un mero error, y no resulta suficiente para acreditar la buena fe del imputado ni para descartar el conocimiento de la falsedad del documento. Dichas circunstancias deben ser analizadas conjuntamente con el resto de los elementos de cargo incorporados al sumario.
Así, consideramos, los argumentos invocados por la defensa no bastan para descartar el conocimiento de la falsedad del documento. Ello así, por cuanto no se trata únicamente de determinar si el imputado conocía los requisitos administrativos para obtener una licencia de conducir, sino de valorar si las particularidades de la gestión realizada, permiten inferir que sabía que la credencial que obtuvo no era auténtica.
Al respecto, cabe ponderar que el propio imputado reconoció haber obtenido la licencia mediante un mecanismo ajeno al procedimiento legalmente establecido, a través de una persona contactada telefónicamente, a quien remitió sus datos personales y una fotografía, y a cuyo nombre efectuó una transferencia bancaria, sin haber cumplido con los controles exigidos para acceder a dicha habilitación.
Tales circunstancias, analizadas conjuntamente con la pericia documentológica Nº 160/25 (fs. 48/53), que determinó la falta de autenticidad de la credencial, y con el informe de la Dirección de Tránsito Municipal (fs. 25), del que surge que el imputado no poseía una licencia registrada, constituyen elementos que permiten sostener, con el grado de probabilidad, la hipótesis de que conocía la falsedad del documento utilizado.
En consecuencia, la explicación brindada por el imputado acerca de que habría confiado en la legitimidad de la gestión no resulta suficiente, en el estado actual de la investigación, para desvirtuar la conclusión alcanzada por el Magistrado. Ello no implica trasladarle la carga de demostrar su inocencia, sino valorar su descargo en conjunto con los elementos de cargo incorporados a la causa.
Por otra parte, en respuesta a los planteos relativos a la inversión de la carga de la prueba y al descarte de la declaración indagatoria -considerando V)-, consideramos, el hecho de que el Magistrado haya considerado que el relato del imputado constituía un intento de mejorar su situación procesal no implica la arbitrariedad de la resolución. Lo relevante es que dicha conclusión encuentre sustento en la valoración razonada de las constancias probatorias, lo que ocurre en este caso. Y ello, no implica una vulneración del principio de inocencia ni una inversión de la carga probatoria.
En tal sentido, el imputado no tiene la obligación de demostrar su inocencia, pero ello no impide que el órgano jurisdiccional examine sus manifestaciones a la luz de los restantes elementos incorporados al expediente y explique por qué no resultan suficientes para conmover la imputación.
Asimismo, y en respuesta al cuestionamiento sobre el grado de convicción exigido para el dictado del procesamiento -considerando VI)- cabe recordar que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación y fundar, eventualmente, el procesamiento de un imputado/a. Al respecto, es sabido que en esta instancia priman los elementos de cargo por sobre los de descargo, siendo que el grado de certeza apodíctica de culpabilidad no es necesario en este tramo del proceso. En efecto, recordemos que en este instancia procesal: “... basta un grado de probabilidad respecto de la materialidad del suceso investigado y de la posible participación del autor, por cuanto se pretende habilitar el proceso hacia el juicio donde se lleva adelante con plenitud el debate sobre el mérito de la prueba colectada.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala V; A., L. M. s/ lesiones; 13/8/2014). En consecuencia, al advertirse un plexo probatorio convincente y conexo, se encuentran –prima facie- acreditados los extremos objetivos y subjetivos de la figura penal imputada. Por ello, no se verifican motivos que justifiquen continuar el camino previsto por el art. 292 del C.P.P.-
Ahora bien, en cuanto al cuestionamiento referido a la aplicación del segundo párrafo del art. 292 del Código Penal – considerando VI)-, el planteo tampoco prosperará.
Si bien la calificación legal asignada al hecho no resulta pasible de revisión en esta instancia, en tanto reviste carácter provisorio y mutable (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas), consideramos oportuno expedirnos a los fines de despejar las dudas planteadas por la defensa respecto del encuadre jurídico asignado.
Ello así, por cuanto el argumento defensivo soslaya que la norma agravada contempla expresamente los documentos destinados a acreditar la habilitación para circular de vehículos automotores.
Puesto que la licencia de conducir tiene por finalidad específica acreditar la habilitación legal de su titular para circular al mando de un automotor, el documento en cuestión encuadra -prima facie- en la figura calificada, resultando insuficiente la distinción intentada con las cédulas o títulos del vehículo para excluir el agravante de la figura penal, ello, sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado al hecho.
Finalmente, respecto del agravio vinculado con la arbitrariedad y desproporción del embargo –considerando VII)-, cabe señalar que el Magistrado actúo de conformidad con lo previsto en el artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, debe ordenar -asimismo- el embargo de bienes del imputado.
A su vez, no se advierte la falta de fundamentación invocada por la defensa. En efecto, el Sr. Juez Subrogante explicó los parámetros ponderados para establecer la suma de pesos quinientos mil ($500.000), conforme surge de fs. 66, precisando que la medida se encuentra destinada a resguardar la eventual pena pecuniaria, las costas procesales y la efectividad de las responsabilidades civiles emergentes del delito. Asimismo, señaló que su cuantificación debía guardar, en lo posible, correspondencia con el perjuicio que la conducta ilícita hubiera ocasionado.
Por otra parte, la alegada situación económica del imputado no desvirtua la razonabilidad de dicha medida, por el contrario, la propia norma establece de forma supletoria la inhibición general de bienes en caso de no poseer dinero o activos suficientes para cubrir dicho monto, ello, en resguardo del debido proceso sin generar perjuicios indebidos.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita:
TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
En consecuencia, no advirtiéndose elementos concretos que permitan concluir que la suma fijada resulte manifiestamente irrazonable, corresponde rechazar el planteo. Por todo lo expuesto, los agravios introducidos por la defensa no habrán de prosperar, y con la premura que esta instancia requiere, corresponde confirmar la resolución que se intentó poner en crisis.
IX. Señalamiento al Juzgado interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, específicamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción.
Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia. En efecto, se advierte que desde el 11 de diciembre de 2025 (proveído de pase a resolver) hasta el 14 de septiembre del corriente año, el expediente permaneció sin impulso procesal. Fue en la última fecha consignada cuando se dictó la resolución aquí recurrida, lo que evidencia una prolongada e injustificada dilación en la tramitación de la causa.
En esta línea, se advierte que transcurrieron nueve (09) meses hasta que se dictó la resolución impugnada, sin que obre constancia de proveído o decreto alguno que justifique la prolongada inactividad previa.
Lo expuesto no hace otra cosa que dejar en evidencia el total avasallamiento que se ha plasmado a las mandas del art. 197 1er. párrafo del C.P.P., por parte de la sede judicial de Instrucción. Por dicha razón, se encuentra compelida a obrar conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo de rito en cuestión.
Más allá de ser perfectamente advertible que durante el desarrollo de la instrucción, se pueden haber suscitado cuestiones que conspiraron contra la celeridad de la tramitación, lo cierto es que en el caso no se advierte justificación alguna para el período de paralización señalado, los cuales están muy lejos de plasmar la debida diligencia reforzada que nos exigen los estándares internacionales en este tipo de delitos.
En suma, la falta de apego a los plazos procesales del Juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al Juzgado interviniente extremar los recaudos a fin de erradicar procederes de tal naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.
X. Reserva Caso Federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de Casación (art. 439 del C.P.P), y/o interponer el recurso Extraordinario Federal, conforme lo establecido por el art. 14 de la Ley 48; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
XI. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
XII. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 64/66vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la expresa reserva de recurrir en Casación ante el TSJ, y en recurso extraordinario federal ante la CSJN.
3. HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto IX) de los considerandos que anteceden. 4°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
5. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia