Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 122086950-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
51538/2025 “INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS SAU (TF 122086950-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 10 de marzo de 2026.
VISTA:
La elevación del expediente TF 122086950-A (v. DEOX del 30/12/25) a fin de considerar “el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 18/08/2025 (v. IF- 2025-90407357-APN-DTD#JGM), concedido el 19/08/2025 (v. PV-2025-91076577- APN- VOCXIX#TFN) contra la sentencia dictada el 24/06/2025, en cuanto revoca la Resolución Nº 328/2023 (AD CAMP), con costas al fisco nacional (v. INLEG-2025-67895444-APN- VOCXIX#TFN)” (v. nota en la pág. 681 del expte. cit., donde también consta que el recurrente expresó agravios en plazo y que las co-actoras los contestaron); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) revocó la resolución AD CAMP 328/23, por la que se había condenado a Infraestructura y Equipos SAU y a su despachante de aduanas al pago de una multa y tributos por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1º, inciso a, del Código Aduanero, con relación a la destinación de importación para consumo (DI) 20 008 IC83 000030G.
Para decidir de ese modo, reseñó que la controversia se originó por la nacionalización de una planta destinada a la producción de conglomerado bituminoso, marca Marini, modelo XPress 2500, completa y desarmada; la cual había ingresado previamente bajo el régimen de importación temporaria (DIT 19 008 IT06 000005F) como once ítems separados. Explicó que, en el DI 20 008 IC83 000030G, la actora declaró la mercadería en la posición arancelaria 8474.32.00.100L, como una unidad funcional y con un arancel reducido del 2%; mientras que el servicio aduanero pretendía que se tributara por los once ítems individuales declarados en la destinación temporaria, alegando una declaración inexacta y un perjuicio fiscal derivado de la diferencia de alícuotas. Al resolver, el tribunal hizo notar que no estaba en discusión la clasificación arancelaria correspondiente a la mercadería, pues diversas verificaciones técnicas realizadas por el servicio aduanero evidenciaron que las partes y piezas consignadas en la importación temporal conformaban un todo o unidad clasificatoria, sino que la Aduana objetaba el trámite dado a la importación para consumo, en virtud del cual su tributación fue distinta a la que hubiese correspondido. En efecto, a fs. 41 de las actuaciones administrativas, el Jefe de la División Operativa había expresado que, al tratarse de partes que conformaban una unidad clasificatoria, el declarante disponía de dos alternativas para su importación: 1 a) Acogerse al régimen de envíos escalonados previsto en la resolución general 2212/07, previa aprobación de la Dirección de Técnica, lo que hubiera permitido oficializar uno o varios despachos a consumo por cada envío, abonando el arancel correspondiente a la unidad funcional y garantizando la diferencia. En tal supuesto, debía contar con una SIMI aprobada para cada parte al momento de oficializar el despacho.
b) Optar —como efectivamente lo hizo la firma— por la importación temporal de cada una de las piezas en forma separada, lo que no requería el trámite previo de la SIMI por tratarse de una operación de carácter suspensivo.
La inexactitud, explicó, se produjo al momento de cancelar esa importación temporaria mediante la destinación para consumo, ya que se declaró la mercadería como una unidad clasificatoria en un solo ítem con un arancel del 2%. Si, en cambio, se hubieran documentado los once ítems individualmente, como en la temporal, correspondía aplicar el arancel mayor de cada parte. Esa diferencia en la tributación generó el perjuicio fiscal que, según la Aduana, configuraba la infracción de declaración inexacta.
En ese marco, y en lo atinente al aspecto infraccional, el tribunal ponderó especialmente que, al oficializar la importación para consumo, la actora había solicitado la intervención del servicio aduanero conforme al artículo 234, apartados 3 y 4 del Código Aduanero, para consultar la correcta clasificación arancelaria. Esa circunstancia descartaba que la inexactitud pudiera pasar inadvertida y llevó a desestimar la infracción imputada. En ese sentido, precisó que la modificación en la forma de declarar la mercadería — pasando de once ítems separados en la importación temporaria a una única posición arancelaria correspondiente a la unidad funcional en la importación para consumo, bajo la Regla General 2.a— había generado una tributación inferior, aplicando un arancel del 2% en lugar de los mayores que correspondían a cada parte. Sin embargo, lo relevante para el tribunal fue que la empresa, al oficializar la destinación a consumo, sometió expresamente a consulta de la Aduana el cambio de posición arancelaria, utilizando el procedimiento especial del artículo 234, que implica canal rojo obligatorio. De ese modo, el importador no ocultó información ni omitió declarar sus dudas, sino que solicitó la intervención directa del servicio aduanero para resolver una situación de incertidumbre jurídica.
Subrayó que el órgano fiscal no valoró adecuadamente las implicancias de la interpretación conjunta de los artículos 954 y 959, inciso a, del Código Aduanero. Este último establece una excepción al régimen sancionatorio general, disponiendo que la declaración inexacta no será punible cuando el importador haya optado por el procedimiento especial del artículo 234. En otras palabras, aunque la infracción es de carácter objetivo, el legislador decidió eximir de responsabilidad sancionatoria a quien, como la actora, recurre oportunamente a la consulta aduanera.
Una vez despejada la cuestión infraccional, el tribunal abordó la responsabilidad tributaria. Tras realizar consideraciones generales sobre el Sistema Armonizado de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 51538/2025 “INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS SAU (TF 122086950-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Designación y Codificación de Mercaderías (ley 24.206) y las reglas aplicables cuando un producto no aparece directamente en la nomenclatura, concluyó que correspondía aplicar la regla general 2.a. Esta dispone que, cuando una mercadería arriba completa pero desmontada y en un solo embarque, debe clasificarse bajo la posición arancelaria del artículo terminado.
El tribunal administrativo sostuvo que, al tratarse de una máquina ingresada en partes que en conjunto conformaban la unidad completa, debía clasificarse como tal y no por cada componente individual.
Agregó que la normativa nacional exige que la declaración comprometida en las destinaciones aduaneras se realice sobre la base de un sistema de codificación que describe la mercadería y las circunstancias de la operación mediante la posición arancelaria, vinculada a su vez con códigos alfanuméricos que aportan información adicional. Al analizar la DIT 19 008 IT06 000005F, observó que el declarante había consignado en cada ítem la opción “REGLAGRALI2AOPC=RG2A-2”, lo que indicaba que las partes conformaban una unidad funcional. Sin embargo, se las declaró separadamente en once ítems, lo que constituyó —a criterio del organismo jurisdiccional— un error evidente en la propia declaración. Esa contradicción implicaba que, por un lado, se invocaba la aplicación de la Regla General 2.a y, por otro, se trataba a las piezas como ítems independientes. Incluso, esa inconsistencia generó mayores costos para el importador, que debió garantizar tributos por un monto superior.
En definitiva, el TFN tuvo por acreditado que la mercadería importada temporariamente conformaba una unidad funcional y que, por aplicación de las reglas del Sistema Armonizado, debía declararse bajo la posición arancelaria 8474.32.00.100L, tal como lo hizo el importador al oficializar la destinación de importación para consumo 20 008 IC83 000030G, bajo el régimen de consulta del artículo 234, apartados 3 y 4 del Código Aduanero. Es decir, sostuvo que no se configuraba la responsabilidad tributaria atribuida por la Aduana, ya que la inexactitud se había producido en la destinación temporaria, mientras que la clasificación arancelaria utilizada en la importación para consumo resultaba correcta. Por consiguiente, el cargo tributario carecía de sustento.
2. Que, disconforme con la decisión, el Fisco Nacional interpuso apelación. Insistió en que la actora incurrió en la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1º, inciso a, del Código Aduanero al nacionalizar la mercadería bajo la posición arancelaria 8474.32.00.100L como “unidad funcional” (con un arancel del 2%), en lugar de mantener las posiciones arancelarias correspondientes a los once ítems individuales con los que la planta había ingresado originalmente bajo el régimen de importación temporal (DIT 3 19 008 IT06 000005F). Señaló que esta discrepancia generó una diferencia tributaria en menos de USD 491.885,18, configurándose así el perjuicio fiscal exigido por el tipo. Calificó el análisis del tribunal administrativo como superficial y apartado de las constancias de la causa y de los informes técnicos de la Aduana que respaldaban la imputación. Reiteró que, al tratarse de partes integrantes de una unidad, el declarante tenía únicamente dos opciones legales: a) utilizar el régimen de envíos escalonados (RG 2212/07), previa aprobación; o b) nacionalizar la mercadería por las mismas posiciones arancelarias declaradas en la admisión temporal. Al no haber optado por la primera, el Fisco consideró que la actora estaba obligada a mantener la clasificación individual, y que el cambio a “unidad funcional” en la importación a consumo constituyó un trámite incorrecto con el fin de reducir la carga tributaria.
Argumentó que era improcedente la exclusión de punibilidad por la utilización del régimen de consulta. Sostuvo que la actora pretendió utilizar esta vía para subsanar una declaración incorrecta efectuada en la destinación temporal, apartándose de la finalidad de la norma. Precisó que el Fisco no podía cargar con el error en la declaración inicial y que aquel tampoco debería ser convalidado como tuvo lugar en la decisión apelada, donde se afirmó que “… el importador declaró cada parte de la unidad funcional por separado en 11 ítem, lo que constituye un error que surge de la lectura del propio despacho…”. Concluyó que la postura de la actora vulneraba el principio del despacho en confianza, pilar del sistema aduanero, que exige absoluta veracidad y exactitud en las declaraciones de los operadores.
Por último, solicitó que, en caso de confirmarse la revocación, las costas se impusieran por su orden, alegando que la representación fiscal tuvo motivos válidos para litigar debido a la complejidad técnica y las divergencias interpretativas entre las instancias.
3. Que, para tener por configurado el hecho ilícito descripto en el artículo 954 del Código Aduanero, resulta indispensable que la Aduana acredite los elementos exigidos por la norma: la existencia de una declaración que difiera del resultado de la verificación física o documental; que esa diferencia tenga entidad suficiente para pasar inadvertida al control aduanero; y que sea apta para generar alguna de las consecuencias previstas en sus incisos. En el caso del inciso a, la sanción procede únicamente cuando la declaración inexacta, de haber pasado inadvertida, produzca o pudiere producir un perjuicio fiscal. La procedencia de la sanción queda, pues, condicionada a la concurrencia de tales requisitos, sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que existe conducta reprochable.
Asimismo, corresponde destacar que el artículo 959 del mismo cuerpo legal introduce una pauta específica para valorar la entidad de la inexactitud, disponiendo que no será sancionado quien presente una declaración inexacta cuando: “a) la inexactitud fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración o la circunstancia o el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 51538/2025 “INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS SAU (TF 122086950-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
elemento en el cual ella recayera hubiera sido objeto de las opciones a la que aluden los artículos 234 apartado 3 ó 332 apartado 3 de este Código”. Esta norma fue debidamente considerada en la instancia de origen.
4. Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en la especie por la remisión del artículo 1182 del Código Aduanero— establece que el escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.
En este sentido, se ha señalado que la mera reedición por la parte de los argumentos vertidos en instancias anteriores o la remisión a aquéllos no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, en los términos del mencionado artículo 265 del CPCCN (cfr. Fallos 307:2216, y esta Sala causa “Firestone de Argentina”, sent. del 3/10/91, entre otras); como así también, que los recurrentes deben rebatir todos los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
Cabe recordar, además, que esta Cámara se encuentra impedida, por principio, de apartarse de lo resuelto por el Tribunal Fiscal sobre los hechos probados, debido a la limitación ínsita al recurso prevista en el artículo 1180, apartado b, del Código Aduanero. Dicha regla solo cede cuando de las constancias de la causa surja que el a quo ha incurrido en un error de magnitud suficiente o en arbitrariedad en la apreciación de la prueba (cfr. Fallos 300:985; Sala III, causa “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; Sala I, causa “Scioli”, del 14/12/93; Sala V, causa “Aspitarte y Cía S.A.”, del 14/8/95, “Seysu S.R.L.”, del 25/3/96, “Zeneca S.A.”, del 26/8/98 y “DGA en autos Procter & Gamble Soc. Col TF 19609-A”, del 21/9/06; entre otras).
5. Que el memorial del Fisco no cumple con los parámetros exigidos.
En efecto, no se hace cargo de la aplicación del artículo 959, inciso a, del Código Aduanero, pese a que la firma utilizó el procedimiento de consulta previsto en el artículo 234, lo cual asegura transparencia y descarta que la inexactitud pudiera pasar inadvertida. Asimismo, el Tribunal Fiscal efectuó un análisis exhaustivo de la prueba reunida para resolver la cuestión clasificatoria que originó la diferencia tributaria. Entre los elementos ponderados se destacan:
-La DIT 19 008 IT06 000005F (fs. 15/20, act. adm.), pues, si bien allí se declararon ítems separados, el declarante consignó la opción "REGLAGRALI2AOPC=RG 2A-2", lo cual indicaba que, desde el inicio, las partes conformaban una unidad funcional. -El e-mail 61/20 (DV OCAM) del Jefe de la División Operativa de la Aduana de Campana (fs. 26, act. adm.), donde la propia autoridad operativa local concluyó que, 5 conforme a los catálogos, se trataba de una unidad funcional clasificable por la PA 8474.32.00.100L.
-La nota 284/20 (SEIS OCAP) donde el verificador aduanero interviniente ratificó que la mercadería constituía una unidad funcional encuadrable en la posición declarada por la actora (fs. 30, act. adm.)
-El acta de constatación labrada el 8/3/22 en el obrador de la firma (fs. 74, act. adm.), donde el verificador dejó constancia de que los distintos componentes descriptos en las facturas formaban “parte de un todo" tras visualizar la planta montada; conclusión posteriormente convalidada mediante la nota 068/22 y las fotografías de la planta montada (fs. 75/81, act. adm.).
Frente a estas probanzas de que la posición arancelaria declarada en el DI era la correcta, el apelante no formuló una crítica idónea.
6. Que, en línea con lo resuelto en la instancia de origen, cabe señalar que el régimen clasificatorio de las mercaderías se rige por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el cual fue incorporado a nuestro ordenamiento nacional mediante la ley 24.206. Dicho sistema constituye un cuerpo normativo integral que prevé la aplicación sucesiva y excluyente de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado, estableciendo un orden de prelación que resulta imperativo para determinar la posición arancelaria de modo legal.
Así, la regla general interpretativa 1 determina que la clasificación se funda en los textos de las partidas y notas de sección o capítulo; mientras que la regla 2.a dispone textualmente que “[c]ualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado, o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar todavía”.
A la luz de estas disposiciones, se advierte que la declaración efectuada por Infraestructura y Equipos SAU en el DI 20 008 IC83 000030G se ajustó estrictamente al sistema legal vigente. En efecto, ha quedado fehacientemente demostrado mediante el acta de constatación de fs. 74 y el informe con fotografías de fs. 75/81 de los antecedentes administrativos que la mercadería nacionalizada consiste en una planta de asfalto marca Marini, modelo XPress 2500, que arribó al país completa, pero desmontada. Tratándose de una unidad funcional que presentaba las características esenciales del artículo terminado, la regla 2.a obligaba a clasificarla bajo la posición arancelaria del conjunto integrado —en el caso, la PA 8474.32.00.100L— y no como partes aisladas.
Por ello, se comparte que la pretensión del servicio aduanero de exigir el pago de tributos sobre once ítems individuales con sustento en el error material de la importadora en la destinación suspensiva (DIT 19 008 IT06 000005F) carece de sustento, en tanto CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 51538/2025 “INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS SAU (TF 122086950-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
importaría prescindir de las reglas de interpretación que obligan a tratar la mercadería según su naturaleza real al momento de la destinación para consumo.
7. Que, en suma, los elementos de prueba resultan concordantes y suficientes para sostener que la mercadería fue correctamente declarada en la importación para consumo, conforme a la consulta efectuada. El servicio aduanero, en cambio, se limitó a insistir en dictámenes internos que no alcanzaron para enervar la contundencia de las pruebas valoradas en la instancia anterior. Tampoco logró demostrar que el razonamiento del tribunal administrativo fuese arbitrario o irrazonable, lo cual impide a gesta Alzada apartarse de los hechos tenidos por probados (arg. art. 1180, inc. b, del Código Aduanero). Al no haberse acreditado una diferencia con entidad para pasar inadvertida, falta el presupuesto de tipicidad objetivo para la infracción del artículo 954, apartado 1º, inciso a, del Código Aduanero. Al haberse declarado una posición arancelaria ajustada al texto legal vigente, también carece de sustento el reclamo tributario, correspondiendo confirmar la decisión apelada.
8. Que las costas de la anterior instancia se mantienen a la demandada vencida, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa; solución que también se extiende a las costas relativas a la actuación ante esta instancia (arts. 1163 del CA y 68, primer párr., del CPCCN).
Por ello, SE RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 4/2/26.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia