Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-72561732-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la multa impuesta en el art. 1° de la Resolución DE PRLA 4615/16, en relación a la totalidad de la mercadería amparada por la DIT 05073IT14002278P, declarando que el importe de la misma asciende a la suma de SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 61.470).
2En relación a lo resuelto en el punto anterior, costas por los respectivos vencimientos, los que se estiman en un 70% a cargo del Fisco y un 30% a cargo de la coactora INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SA.
3Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA 4615/16, declarando que la deuda en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, a cargo de las coactoras, asciende a la suma de U$S 6.254,36 (SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS). Ello, con más los intereses del art. 794 del CA, desde el 6.4.2016 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a las coactoras.
4Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA 4615/16, en cuanto les exige a las coactoras el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias los que ascienden a la suma de ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 09/100 ($ 11.724,09), con costas por su orden.
5Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la coactora COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA es el garantizado con la póliza 1566505; o el de los tributos si éste último resultare inferior. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-58873362-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 12 de Junio de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente EX- 2019-72561732- -APN-SGASAD#TFN; al que se encuentra acumulado el que lleva número EX-2019-
74597898- -APN-SGASAD#TFN, caratulado “COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que mediante IF-2019-72561479-APN-DTD#JGM, se presenta la firma INGENIERIA Y COMPUTACION SA, e interpone recurso de apelación contra la Resolución 4615/2016 (DE PRLA), que la condena al pago de una multa por comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del CA y le formula cargo por tributos. Afirma que antes del vencimiento del DIT 05073IT14002278P reexportó la totalidad de la mercadería mediante el PE 05038EC03011738R. Plantea la prescripción de las acciones del fisco para perseguir el pago de los tributos y para aplicar penas. Cita jurisprudencia de este Tribunal. Asimismo, considera que “la resolución aquí apelada es un acto nulo, de nulidad absoluta e insanable, por carecer de causa y violación al derecho aplicable, conforme el art. 14, b) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”. Impugna la liquidación tributaria, señalando que los tributos han sido incorrecta e ilegítimamente intimados en una moneda distinta a la de curso legal. Cita jurisprudencia de la CNACAF. Agrega que resulta irrazonable que, además de exigir un pago en dólares estadounidenses, el importe devengue además un interés mensual del 3% (conf. Art. 794 del CA y Res. ME 841/10). Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia revocando la resolución apelada, con costas a la demandada.
II. Que, por medio del IF-2019-96320855-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado oportunamente conferido. Con respecto a la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos y para imponer penas, sostiene que no hay motivo que permita suponer que han prescripto, resultando improcedente la defensa plateada por la contraparte. Añade que se le ha asignado carácter restrictivo a su interpretación, ya que en caso de duda debe estarse por la subsistencia del derecho y por el plazo de prescripción dilatado. Cita jurisprudencia. Arguye que la resolución aduanera no requiere ser notificada para que surta efectos en este sentido. Cita el fallo “Hughes Tool SA” en apoyo de su postura y el fallo de la CSJN “Wonderland SRL”. Con respecto a la moneda en que se reclamó el cargo por tributos, sostiene que las garantías fueron constituidas en dicha moneda y también surge de la destinación en trato que los rubros reclamados en los cargos fueron oportunamente garantizados en dicha moneda al oficializar la operación. Cita lo dispuesto en el art. 20 de la ley 23.905. Cita el fallo de la CSJN “Volkswagen Argentina SA”. Con relación a los intereses, cita el fallo de la Sala IV, de la CNACAF, “Procesadora de Boratos Argentinos SA” y remite a lo expuesto por la CSJN en el fallo “Neumáticos Goodyear SA” al respecto. Solicita se dicte sentencia, confirmando el fallo apelado, con costas a la contraria.
III. Que por PV-2019-98743842-APN-VOCXVIII#TFN, se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa.
IV. Mediante PV-2025-126963969-APN-SGASAD#TFN, Secretaría General Asuntos Aduaneros digitalizó e incorporó el expediente EX-2019-74597898- -APN-SGASAD#TFN.
V. Mediante IF-2019-74597519-APN-DTD#JGM la firma COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución 4615/2016 (DE PRLA). En primer lugar, denuncia conexidad con la presente causa. Plantea la prescripción de la acción del Fisco para exigir el pago de tributos. Subsidiariamente, impugna la liquidación. Se refiere al límite máximo de la póliza 1566505 ($54.000). Se queja de la intimación en dólares. Plantea la improcedencia del IVA adicional y del anticipo de ganancias. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada en lo que ha sido objeto de agravios, con costas.
VI. Que por medio del IF-2019-98983745-APN-DTD#JGM se presenta la DGA y contesta el traslado del recurso de la aseguradora. Hace un resumen de lo actuado en sede administrativa y una negativa genérica de los dichos de la coactora. Se opone al planteo de prescripción de la acción tributaria. Se refiere a la responsabilidad de la firma aseguradora y al límite de la póliza. Con relación a la moneda en que se reclamó el cargo por tributos, cita el art. 20 de la ley 23.905. Respecto a la tasa de interés se remite al art. 794 CA. Se opone a la impugnación de las percepciones de IVA y ganancias, entendiendo que la aseguradora responde en iguales términos que el importador. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
VII. Mediante PV-2020-08379091-APN-VOCXV#TFN se tiene por contestado el traslado IF-2019-98983745- APN-DTD#JGM. Mediante INLEG-2025-122300362-APN-VOCXIII#TFN se acumuló el expediente EX-2019-
74597898-APN-SGASAD#TFN a la presente causa.
VIII. Que la Actuación SIGEA 12210-4196-2010 se inicia con la Nota 012588 presentada por el despachante de aduana relativa a la cancelación del DIT 05073IT14002278P. A continuación, se agregan copias del referido DIT (fs. 2/29), del PE 05038EC03011738R (fs. 30/35) y de las correspondientes Solicitudes de CTC (fs. 36/99). A fs. 100 obra el Acta Denuncia 12210/11 labrada contra la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. en los términos del art. 970 del CA, en relación al DIT 05073IT14002278P, cuyo vencimiento había operado el día 30/8/2006. A fs. 105 obra la planilla de aforo. A fs. 106/112 obra la liquidación de tributos correspondiente a cada ítem. A fs. 117, con fecha 7.10.2011, se instruye sumario. A fs. 118/121 se determinan los tributos y la multa. A fs. 129 se corre vista de lo actuado a la firma INGENIERIA Y COMPUTACION SA y se cita a la firma LA MERCANTIL ANDINA COMPAÑIA DE SEGUROS SA, en su carácter de garante de la obligación tributaria. A fs. 131/133, con fecha 18.04.2016, contesta vista la importadora y a fs. 137/139, con fecha 03.05.2016, hace lo propio la aseguradora. A fs. 147 la Sección Operativa y Registral ratifica la denuncia formulada en su oportunidad, por cuanto no se aportan nuevos elementos. A fs. 149/155 obra impresión de pantalla del Registro de Infractores. A fs. 157/161, con fecha 26.09.2016, se dicta la resolución DE PRLA 4615/16, aquí apelada.
IX. Que, en primer lugar, corresponde expedirse sobre la nulidad de la Resolución 4615/2016 (DE PRLA), planteada por la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SA. Al respecto, la coactora sostiene que el servicio aduanero confirmó la denuncia inicial sin compulsar y analizar los elementos de prueba presentados para la defensa, lo que constituye una fragrante violación al derecho de defensa y convierte a la resolución apelada en un acto nulo por carecer de causa.
Que se ha señalado que “Cuando se invoque una nulidad debe haber un interés jurídico, no pudiendo peticionarse por la nulidad misma. Así, para que un vicio procesal dé lugar a tal declaración es necesario que se haya colocado al que la invoca en un estado de indefensión no subsanable” (conf. “TEXTIL RIO GRANDE S.A”, expte. 13.505-
A, 16.10.03).
Que, corresponde destacar, que no se constata en el sumario, error o vicio alguno, que causaren a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, por lo cual, atento a la posibilidad de las actoras en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estimen conveniente, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables. Que la doctrina de la CSJN sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros Fallos: 205-549 y 267-393, “RECKITT BENCKISER S.A.”, expte. 22.419-A, 13.08.07).
Que no se ha vulnerado el derecho de defensa de las firmas de marras, en tanto que en esta instancia han contado con amplias posibilidades para acreditar sus dichos, con la consiguiente subsanación de cualquier irregularidad que pudiera haberse configurado en sede aduanera.
Que, por ende, corresponde rechazar el planteo de nulidad, y afectación del derecho de defensa en juicio, opuesto por la coactora INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SA.
X. Que corresponde ahora analizar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas opuesto por la coactora INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A.
Vale aclarar que, sin perjuicio de mi opinión respecto a la interpretación de las normas de prescripción del CA, se decidirá, por razones de economía procesal, conforme lo establecido al respecto por el plenario “Hughes Tool” de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, coherente con el precedente sobre la materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Wonderland”.
Que, conforme lo dispuesto en los arts. 934 y 935 del CA, la acción del Fisco para imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años, plazo que comienza a computarse desde el 1° de enero del año siguiente a la fecha de comisión infracción imputada (30.08.2006). Siendo ello así, el plazo de prescripción comenzó a correr el 01.01.2007 y vence el 31.12.2011.
Que, conforme lo dispuesto en el art. 937, inc. a), del CA “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, conforme surge de fs. 117 de las actuaciones administrativas, el curso de la prescripción penal se interrumpió el 07.10.2011 con el dictado de la instrucción de sumario, comenzando a correr el nuevo plazo quinquenal el 08.10.2011.
Que, en consecuencia, el plazo de la prescripción penal habría operado el 08.10.2016; por lo que habiéndose dictado la Resolución apelada el 26.09.2016, no se encuentra prescripta la acción del fisco para imponer la multa en trato.
Que a lo expuesto debe adicionarse que no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial invocada por la actora referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y García” del 08.11.2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros” del 26.06.2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años y, en los presentes autos se trata de un procedimiento infraccional iniciado con fecha 24.02.2011 (ver acta denuncias de fs. 100) en el que dentro de los plazos prescriptivos establecidos por el CA, la Aduana ha tramitado el sumario infraccional que diera origen a la resolución apelada ante este Tribunal.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas.
XI. Que el planteo de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos se resolverá, por fundamentales razones de economía procesal, conforme la interpretación del Código Aduanero del precedente de la Corte Suprema "WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO" del 12.05.2009 y del plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830-A)" de fecha 21.09.2003; ello sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión sobre esta cuestión expuesta in extenso en la causa “LA CARDEUSE S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, sentencia del 12.11.2019, expte. 35.693-A (se puede ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/35693-A- 12-11-19-1.p df).
Que, el art. 803 del CA dispone que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera", comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que, según el art. 805, inc. a) del CA, la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos se suspende: "desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión".
Que, en el caso, el vencimiento del DIT en trato, operó en fecha 30.08.2006 (hecho generador de la obligación tributaria); razón por la que el plazo de prescripción tributaria comienza a correr el 01.01.2007 . En consecuencia, de no mediar causales suspensivas del curso de la prescripción tributaria hubiera operado el 31.12.2011. Que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 07.10.2011 (ver fs. 117 de las act. adm.), se encuentra suspendido el curso de la prescripción tributaria “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” -conforme art. 805 inc. a) del CA-.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria.
XII. Que, sentado lo que antecede, corresponde analizar si en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del CA, con relación a la mercadería importada temporariamente mediante el DIT 05073IT14002278P.
Según surge de las actuaciones administrativas, en fecha 26.08.2005, la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. documentó la importación temporaria de 5 unidades de mercadería clasificada en la posición arancelaria (PA) 8203.20.90.900D (item 1), 5 unidades de mercadería clasificada en la PA 8203.20.90.900D (item 2), 39 unidades de mercadería clasificada en la PA 8471.80.19.000A (ítem 3), 26 unidades de mercadería clasificada en la PA 8531.80.00.000W (ítem 4); 29 unidades de mercadería clasificada en la PA 8532.29.90.000A (ítem 5), 31 unidades de mercadería clasificada en la PA 8536.30.00.900R ( ítem 6), 65 unidades de mercadería clasificada en la PA 8536.49.00.900N (ítem 7), 10 unidades de mercadería clasificada en la PA 8536.49.00.900N (ítem 8), 69 unidades de mercadería clasificada en la PA 8536.50.90.100P (ítem 9), 1 unidad de mercadería clasificada en la PA 8536.50.90.100P (ítem 10), 17 unidades de mercadería clasificada en la PA 8536.50.90.900H (ítem 11), 30 unidades de mercadería clasificada en la PA 8536.90.90.990U (ítem 12), 30 unidades de mercadería clasificada en la PA 8536.90.90.990U (ítem 13), 2 unidades de mercadería clasificada en la PA 8538.10.00.000B (ítem 14), 32 unidades de mercadería clasificada en la PA 8538.90.90.000C (ítem 15), 99 unidades de mercadería clasificada en la PA 8538.90.90.000C (ítem 16), 3 unidades de mercadería clasificada en la PA 8538.90.90.000C (ítem 17), 5 unidades de mercadería clasificada en la PA 8538.90.90.000C (ítem 18) y 2 unidades de mercadería clasificada en la PA 8544.41.00.000C (ítem 19).
Que con fecha 09.08.2010 se presenta en sede administrativa, a través de su despachante de aduana, la importadora acompañado: 1) copia del PE 05038EC08011738R, oficializado el día 30.11.2005, por medio de la cual sostiene haber cancelado el DIT involucrado en autos –ver fs. 30/35 de las actuac.adm.-; 2) copia del certificado de tipificación y clasificación (CTC) 6837/98 -Solicitud CTC 061-004142/97-, cuyo número coincide con aquel que ha sido mencionado en la hoja de descarga del PE 05038EC08011738R -ver fs. 36/46 del exp. adm.-.
Con posterioridad, el 24.02.2011, la Nota 1433/11 (SE PTEZ), obrante a fs. 102 de las act., da cuenta de la falta de regularización de la mercadería documentada en el DIT 05073IT14002278P. En este sentido, la Sección Procedimientos Técnicos informa que no ha podido constatar la reexportación en tiempo y forma de los insumos importados temporariamente, atento a la falta de presentación de la DDJJ en los términos de la Resolución ex ANA 479/95.
Al proceder al control de la descarga del PE 05038EC08011738R, cotejando la relación insumo-producto declarada en el CTC 6837/98 imputado en el referido PE y la cantidad de mercadería ingresada por medio del DIT involucrado en autos, se desprende lo siguiente:
- La PA NCM 8203.20.90 (ítem 1 y 2 del DIT) no se encuentra tipificada en el CTC declarado en el PE. Ello así, no resulta posible comprobar qué cantidad de insumo de dicha PA se utilizó para el producto de la PA NCM 8537.10.90. Ello así, no se encuentra acreditada la reexportación de los ítem 1 y 2 del DIT de autos. - Respecto a la PA NCM 8471.80.19 (ítem 3 del DIT), se observa una relación insumo-producto 1u-1u, sin embargo, en la hoja de descarga del PE se indica que para una (1) unidad de producto final descargado –ver campo “cantidad unidades” en la hoja 2 del PE- se utilizaron 39 unidades de insumo de la PA señalada. Ello así, la relación insumo-producto del CTC declarado y presentado a fs. 36/46 de las act. no coincide con lo indicado en la hoja de descarga del PE, no pudiendo tenerse por descargado el ítem 3 del DIT.
- La PA NCM 8531.80.00 (ítem 4 del DIT), no se encuentra tipificada en el CTC, no resultando posible conocer la relación insumo-producto. Ello así, el ítem 4 del DIT no puede tenerse por descargado.
- Para la PA NCM 8532.29.90 (ítem 5 del DIT), se observa una relación insumo-producto de 2u-1u, sin embargo, en la hoja de descarga se indica que para una (1) unidad de producto final –ver campo “cantidad de unidades” en la hoja 2 del PE- se utilizaron 29 unidades de insumo de la PA indicada. Ello así, la relación insumo-producto del CTC no coincide con lo declarado en la hoja de descarga del PE, no pudiendo tenerse por descargado el ítem 5 del DIT.
- La PA NCM 8536.30.00 (ítem 6 del DIT), no se encuentra tipificada en el CTC, no resultando posible conocer la relación insumo-producto. Ello así, el ítem 6 del DIT no puede tenerse por descargado.
- En el caso de la PA NCM 8536.49.00 (ítem 7 y 8 del DIT), se observa una relación insumo-producto de 20u-1u. Sin embargo, en el caso del ítem 7 se indica que se descargan 65 u del insumo para un solo producto y en el caso del ítem 8 se agregarían 10 u más, es decir, un total de 75 u del mismo insumo para un solo producto, por lo que no existe coincidencia entre la relación insumo-producto señalada en el CTC y la declarada en la hoja de descarga. Ello así, no puede tenerse por reexportada la mercadería importada temporariamente por medio de los ítem 7 y 8 del DIT.
- En el caso de la PA NCM 8536.50.90 (ítem nros. 9, 10 y 11 del DIT, misma PA NCM aunque diferente SIM), se observa en el CTC que existen numerosas relaciones insumo-producto, que varían según la descripción de la mercadería, el modelo del artículo y la marca, pero dicha información no se encuentra individualizada en la hoja de descarga del PE, por lo que no resulta posible comprobar la debida regularización. A mayor abundamiento, la descripción de los modelos de la mercadería contenida en los CTC en relación a los insumos no coincide con la descripción de los modelos contenida en los subitem del DIT del caso. En consecuencia, no se encuentra acreditada la reexportación de la mercadería amparada por los ítem 9, 10 y 11 del DIT.
- La misma situación se plantea respecto de las PA NCM 8536.90.90 (ítem 12 y 13), 8538.10.00 (ítem 14), 8538.90.90 (ítem nros. 15, 16, 17 y 18), y 8544.41.00 (ítem n° 19). Además, se observa que ninguno de los modelos descriptos en el CTC coincide con el modelo del insumo documentado en el DIT en cuestión. Ello así, cabe concluir que tampoco se probó la reexportación de la mercadería importada temporariamente por medio de los ítem 15, 16, 17, 18 y 19 del DIT.
Que, ello así, cabe concluir que se ha configurado la infracción prevista y penada en el art. 970 del CA en relación a la totalidad de la mercadería importada temporariamente por el DIT 05073IT14002278P.
Que cabe advertir un error en la liquidación de la multa obrante a fs. 118 de las act. adm, correspondiente a la mercadería en infracción documentada en los ítem 1, 2, y 4 del DIT en cuestión, motivo por el cual corresponde proceder a su reliquidación.
Valor en Der. TC ítem aduana TE Base IVA IVA Total Multa $ Impo 30.8.2006 U$S 18% 0,50% 21% 3,095 1, 2 y 4 726,37 130,75 3,63 860,75 180,76 315,14 975,34 Véase que si bien a fs. 118 se consignó el tipo de cambio correcto (u$s 1 = $3,095), el servicio aduanero determinó la suma de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS $ 39.324 en concepto de multa mínima en relación a los ítem 1, 2, y 4 del DIT 05073IT14002278P, siendo el importe correspondiente asciende a la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 975,09).
Valor en Der. TC Ítem aduana TE Base IVA IVA Total 30% VA Multa $ Impo 30.8.2006 (VA) U$S 18% 0,50% 21% 3,095 1, 2 y 4 726,37 130,75 3,63 860,75 180,76 315,14 217,911 975,34 15% 0% 10,50% 3 1.362,42 204,36 1.566,78 164,51 368,88 408,73 1.265,01 16% 0,50% 21% 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 12.551,49 2.008,24 62,76 14.622,49 3.070,72 5.141,72 3.765,45 15.913,62 15, 16, 17, 18 y 19 17% 0% 10,50% 9,10 y 11 1.463,65 248,82 1.712,47 179,81 428,63 439,10 1.359,00 IMPORTE 19.512,97 MULTA MÍNIMA MULTA IGUAL A TRES 68.295,39 VECES Y MEDIA Que conforme surge de la liquidación que antecede, corresponde rectificar el importe de la multa, declarando que la misma asciende a la suma de SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 39/100 ($ 68.295,39).
XIII. Que el régimen legal aplicable determina que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, se aplica, a los efectos tributarios, el art. 274.1 inc. a), del CA, que prevé que se considerará importada para consumo -en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería y su garante serán responsables de las correspondientes obligaciones tributarias.
Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar que la coactora COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA cuestiona el reclamo de las percepciones IVA adicional y Ganancias.
Que, en este sentido la Corte Suprema en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26.11.2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. La Corte sostuvo que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Resulta pues de aplicación al caso el criterio sustentado por el más Alto Tribunal, y dado que en la causa el plazo al que hace referencia la Corte Suprema ha precluido, corresponde revocar las percepciones exigidas por la Aduana.
Que, respecto de los intereses resarcitorios (art. 37 quinto párrafo de la ley 11.683) correspondientes a las percepciones Ganancias e IVA Adicional no ingresados tempestivamente (inexigibles en virtud del referido fallo "CLADD") cabe declarar su condonación de oficio conforme lo establecido por el art. 8 tercer párrafo de la ley 27.743 (BO: 08.07.24) y el art. 21 tercer párrafo de la Resolución General (AFIP) 5525/2024 (BO 16.07.24). Que las coactoras se agravian de la determinación tributaria en dólares estadounidenses.
Que, al respecto cabe precisar que que:
(i) las normas de determinación de tributos aduaneros cuando tienen lugar en materia infraccional (arts. 638 inc. e) y la regla del art. 639 del CA) son normas especiales previas; en consecuencia, no habiendo sido derogadas, su vigencia y aplicación subsiste frente a una norma general posterior sobre determinación de derechos de exportación e importación (art. 20 de la ley 23.905, BO: 18.02.191), máxime cuando esta última norma, en rigor, no introdujo novedad alguna en la materia de determinación tributaria sobre la que versa, pues lo que establece igualmente ya operaba de consuno con las normas especiales previas del CA;
(ii) el dictado del art. 20 de la ley 23.905 debe interpretarse de modo armónico con las normas especiales previas del CA, no derogadas por dicha ley y que continúan vigentes, y que se aplican a los supuestos específicos que gobiernan. Vale remarcar que esta es la interpretación correcta del ordenamiento normativo, dado que en nuestro sistema jurídico no se admite: la derogación tácita de normas; no se presume la imprevisión del legislador y todas las normas vigentes deben interpretarse armónicamente, siendo esta última la modalidad que debe prevalecer sobre aquellas cuyo resultado es la destrucción de unas contra otras, por simple vía interpretativa del magistrado.
(iii) afirmar que fue a partir del dictado del art. 20 de la ley 23.905 que los derechos de exportación e importación empezaron a determinarse en dólares resulta una aserción errónea, divorciada de la realidad fáctica (comercial) y normativa (aduanera del comercio exterior) que se pretende captar. Aunque sorprenda tener que recordarlo, las obligaciones de comercio exterior se contraen en dólares y, en consecuencia, los tributos anejos a dichas obligaciones, como accesorios de ellas, también se determinaron siempre en esa moneda (con independencia de las franquicias de los diferentes estados para cancelarlos en moneda nacional). Efectivamente, que los arts. 638 inc. e) y 639 del CA establecieran, en 1981, cuál era el tipo de cambio aplicable a supuestos específicos de determinación de derechos de importación (i.e. los emergentes de un sumario infraccional) se debía precisamente a que dichas obligaciones se determinaban en dólares en 1981, diez años antes de que, en 1991, ello se aclarara por el legislador mediante el art. 20 de la ley 23.905, dictada preventivamente por la inminente sanción de la ley de convertibilidad 23.928. En tal sentido, resulta lisa y llanamente antojadiza la tesis de que el art. 20 de la ley 23.905, por aclarar que los tributos aduaneros se determinan en dólares, modificara o alterara el alcance de dos normas vigentes del CA; justamente porque esas dos normas, por su propio contenido -fijación del tipo de cambio aplicable- desde su misma concepción y sanción en 1981, operaban sobre la realidad comercial y legal de que los tributos aduaneros se determinan en dólares, no pudiendo ello verse alterado en su alcance por una ley que simplemente aclaró o consignó tal realidad comercial y jurídica operante desde siempre.
(iv) finalmente, el supuesto infraccional específico de estos autos, en lo que concierne al tipo de cambio aplicable a la determinación tributaria concomitante a la configuración del ilícito -gobernado por los arts. 638 inc. e) y 639 del CA- resulta una cuestión ajena, no decidida ni tratada por la Corte Suprema en ninguno de los precedentes del alto tribunal que se usan para sostener la tesis contraria (“Editorial Perfil S.A. (TF 13.456-A) c/ DGA. s/ Recurso de hecho” del 12.08.08; “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16.674-A) c/ Dirección General de Aduanas” del 27.04.10 y “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA" del 23.08.11), no siendo de recibo interpretaciones extensivas de dicha jurisprudencia a supuestos normativos especiales extraños a tales precedentes. Máxime cuando dichas interpretaciones extensivas conllevan la derogación judicial de normas del Código Aduanero que se encuentran plenamente vigentes -arts. 638 inc. e) y 639 del CA-, sin intervención del Congreso. Por lo expuesto, lo aquí resuelto no contradice, de ningún modo, jurisprudencia alguna del Alto Tribunal y se atiene a las normas legales vigentes.
Valor en Ítem aduana (VA) Der. Impo TE Base IVA IVA Total U$S U$S 18% 0,50% 21% 1, 2 y 4 726,37 130,75 3,63 860,75 180,76 315,14 15% 0% 10,50% 3 1.362,42 204,36 1.566,78 164,51 368,88 16% 0,50% 21% 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 12.551,49 2.008,24 62,76 14.622,49 3.070,72 5.141,72 16, 17, 18 y 19 17% 0% 10,50% 9,10 y 11 1.463,65 248,82 1.712,47 179,81 428,63 TOTAL 6.254,36 DEUDA Que, en consecuencia, la obligación tributaria a cargo de las coactoras en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT asciende a la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (U$S 6.254,36) -conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-. Ello, con más los intereses del art. 794 del CA, los cuales comienzan a devengarse a partir de los 10 días desde la corrida de vista, notificada a la importadora el día 22.3.16, según constancia de fs. 130. Ello así, los intereses comenzaron a devengarse desde el día 6.4.2016.
En relación al agravio de las coactoras respecto de la tasa de interés aplicada a la deuda en dólares, cabe aclarar que no se han ofrecido pruebas que permitan acreditar fehacientemente que la autoridad de aplicación, al fijar la tasa cuestionada, hubiera excedido el límite impuesto en el art. 794 del CA.
XIV. Que, sentado lo expuesto y habiendo quedado determinada la exigencia tributaria, se debe analizar el agravio de la coactora aseguradora respecto del límite máximo de su responsabilidad.
Que mediante la póliza 1566505 de fecha 24.08.2005 la coactora MERCANTIL ANDINA garantizó la operación de autos por la suma de $ 54.000 (CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS) (ver copia aportada por la demandada mediante RE-2026-52628387-APN-DTD#JGM), con más intereses (art. 1122 del CA).
Que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro (Fallos 315:1406); es una fianza y no un seguro, ya que pertenece a los contratos de garantía cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora, pues cumple con las mismas funciones económicas que las garantías que un determinado deudor otorga a favor de su acreedor para asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria (Cfme. C.N.Com. Sala B del 11-3-97 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ De los Electrónica SA y otros”).
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el seguro de caución es un contrato de garantía cuya finalidad es garantizar a favor del tomador, y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (fallos 321:3334) (Cfme. C.N.A.C.A.F Sala III “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” sent. del 14.12.01).
Que de la naturaleza jurídica del seguro de caución y de las condiciones generales resulta que una vez formulado el cargo o existiendo resolución firme que establezca la responsabilidad el Tomador y el monto, la DGA tendrá derecho a requerir del Tomador o del Asegurador el pago pertinente (art. 4). Los derechos que corresponde a la DGA contra el Tomador, en razón del siniestro cubierto por la póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagado por éste (art. 5). La Aduana en su carácter de asegurado frente al incumplimiento de la obligación por parte del tomador del seguro tiene acción directa contra el asegurador, por lo que en el caso la firma COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA es responsable de la obligación tributaria relativa a la mercadería no regularizada hasta la suma de $ 54.000 que es el límite de la responsabilidad establecida por su póliza, con más intereses del art. 794 del CA.
Que por ello VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la multa impuesta en el art. 1° de la Resolución DE PRLA 4615/16, en relación a la totalidad de la mercadería amparada por la DIT 05073IT14002278P, declarando que el importe de la misma asciende a la suma de SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 61.470).
2. En relación a lo resuelto en el punto anterior, costas por los respectivos vencimientos, los que se estiman en un 70% a cargo del Fisco y un 30% a cargo de la coactora INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SA.
3. Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA 4615/16, declarando que la deuda en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, a cargo de las coactoras, asciende a la suma de U$S 6.254,36 (SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS) -conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-. Ello, con más los intereses del art. 794 del CA, desde el 6.4.2016 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a las coactoras.
4. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA 4615/16, en cuanto les exige a las coactoras el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias los que ascienden a la suma de ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 09/100 ($ 11.724,09), con costas por su orden.
5. Declarar condonados los intereses resarcitorios (art. 37 quinto párrafo de la ley 11.683) correspondientes a las percepciones de Ganancias e IVA Adicional no ingresados tempestivamente.
6. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la coactora COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA es el garantizado con la póliza 1566505; o el de los tributos si éste último resultare inferior. Ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha del total y efectivo pago. El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede; todo ello sin perjuicio de la opinión del suscripto en materia prescriptiva, la que deviene minoritaria en el seno de esta Sala “F”, por lo que no corresponde su tratamiento, por razones de celeridad y economía procesal. Asimismo, planteo mi disidencia con la solución propiciada por el Vocal preopinante en lo que respecta a la incidencia que corresponde atribuir al artículo 20 de la Ley Nº 23.905 sobre el régimen originariamente previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero. Que, en efecto, el voto que antecede funda su conclusión en la aplicación de dichas disposiciones, entendiendo que, en los supuestos de incumplimiento del régimen de importación temporaria, corresponde acudir al régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio vigentes al momento del hecho generador de la obligación tributaria.
Que, conforme a dicha inteligencia, la conversión a moneda nacional de la deuda tributaria determinada por la Dirección General de Aduanas debe efectuarse utilizando el tipo de cambio vigente al momento del vencimiento del plazo acordado para la reexportación de la mercadería importada temporariamente.
Que la cuestión controvertida exige determinar el alcance que corresponde atribuir al artículo 20 de la Ley Nº 23.905 en relación con el sistema originariamente previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero, particularmente en lo atinente a la moneda en que deben determinarse los tributos aduaneros y al criterio legal aplicable para su conversión a moneda nacional cuando el pago se efectúe en pesos. Que, en tal sentido, el voto que antecede parte de la premisa según la cual los tributos aduaneros se habrían determinado históricamente en dólares estadounidenses, atribuyendo al artículo 20 de la Ley Nº 23.905 un alcance meramente aclaratorio o sistematizador. Desde esa perspectiva, considera que las disposiciones contenidas en los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero conservan plena operatividad también en materia cambiaria.
II. Que el criterio adoptado se sustenta, en lo sustancial, en una interpretación según la cual las disposiciones contenidas en los artículos 638 —inc. e)— y 639 del Código Aduanero, en tanto normas específicas aplicables a los supuestos de incumplimiento del régimen de importación temporaria, conservarían plena operatividad aun con posterioridad a la sanción del artículo 20 de la Ley Nº 23.905, tanto en lo relativo a la moneda de determinación de los tributos aduaneros como respecto del momento al cual debe referirse el tipo de cambio aplicable para su conversión a moneda nacional.
Que, de acuerdo con esa inteligencia, la especialidad de dichas disposiciones impediría atribuir al artículo 20 de la Ley Nº 23.905 efectos modificatorios sobre el régimen previamente establecido por el Código Aduanero, por entenderse que los tributos aduaneros ya se encontraban determinados en dólares estadounidenses con anterioridad a dicha reforma y que la cuestión relativa al tipo de cambio continuaría íntegramente regida por los artículos 638 —inc. e)— y 639 del citado cuerpo legal.
Que, sin embargo, no comparto tal conclusión, pues el argumento fundado en la pretendida especialidad de los artículos 638 —inc. e)— y 639 del Código Aduanero no resulta decisivo para resolver la cuestión debatida. Ello es así, pues el carácter general o especial de una norma no se define por la amplitud temática de la ley en la que se inserta, sino por el aspecto concreto de la realidad jurídica que regula.
Que, desde esa perspectiva, si bien la Ley Nº 23.905 contiene diversas disposiciones de naturaleza tributaria, su artículo 20 regula de manera directa y específica una cuestión determinada: la moneda en que deben ser determinados los tributos aduaneros y el criterio aplicable para su conversión a moneda nacional cuando el pago se efectúe en pesos.
Que, en tales condiciones, la cuestión controvertida no consiste en determinar si una norma especial debe prevalecer sobre una norma general, sino en establecer si el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 introdujo o no una modificación relevante respecto del régimen originariamente previsto por el Código Aduanero en materia de moneda de determinación de los tributos aduaneros y de conversión a moneda nacional.
Que, por las razones que seguidamente expondré, entiendo que dicha reforma alteró el sistema preexistente, extremo que impide atribuir a los artículos 638 —inc. e)— y 639 del Código Aduanero el mismo alcance que tenían bajo el régimen originario.
III. Que los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero se inscriben en el sistema originario de dicho cuerpo legal, dentro del cual la cuantificación de los tributos aduaneros se estructuraba mediante la aplicación del tipo de cambio vigente al momento imponible.
Que, desde una perspectiva histórica, dicho sistema no constituyó una innovación introducida por la Ley 22.415, sino que respondió a un esquema preexistente en el cual los valores expresados en moneda extranjera —propios del comercio internacional— debían ser considerados conforme a una referencia cambiaria determinada para posibilitar la liquidación de los tributos correspondientes.
Que ese criterio fue receptado y sistematizado por el Código Aduanero en sus artículos 638, inciso e), y 639 y concordantes, al establecer la aplicación del tipo de cambio vigente al momento imponible, y encuentra asimismo confirmación en los estándares internacionales en materia de valoración aduanera incorporados al derecho interno mediante la Ley Nº 23.311, cuyo artículo 9 contempla la utilización del tipo de cambio vigente al momento de la importación o exportación.
Que, en este contexto, no puede ser atendida la afirmación según la cual los tributos aduaneros se habrían determinado siempre en dólares estadounidenses, pues tal aseveración importa no distinguir entre el plano de la realidad económica —en la cual las operaciones de comercio exterior pueden celebrarse en moneda extranjera— y el plexo normativo de la determinación tributaria, que bajo el régimen originario del Código Aduanero se estructuraba en moneda nacional.
Que, en tal sentido, la circunstancia de que las operaciones de comercio exterior se estructuren habitualmente sobre valores expresados en dólares estadounidenses, o que determinados importes sean exteriorizados en dicha moneda al momento de oficializarse una destinación aduanera, no autoriza por sí sola a concluir que la obligación tributaria se encontrara jurídicamente determinada en dólares estadounidenses en el mismo sentido previsto por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
Que una cosa es la utilización del dólar estadounidense como moneda de valoración, referencia comercial o unidad de cuenta dentro de la operatoria del comercio internacional, y otra distinta es la determinación jurídica de la obligación tributaria en dicha moneda, entendida como una consecuencia normativa expresamente establecida por el legislador.
Que, por ello, la sola existencia de valores FOB, CIF o importes tributarios expresados en dólares estadounidenses dentro de la operatoria aduanera no permite concluir, sin más, que el régimen originario del Código Aduanero hubiera consagrado una determinación jurídica de los tributos aduaneros en dicha moneda en los términos posteriormente receptados por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
IV. Que, en ese marco, la propia existencia de una regla como la contenida en el artículo 639 del Código Aduanero —destinada a fijar el tipo de cambio aplicable al momento imponible— evidencia que dicha referencia cambiaria constituía un elemento integrante del sistema legal vigente al tiempo de su sanción, extremo difícilmente conciliable con la afirmación de que los tributos aduaneros ya se encontraban determinados en dólares estadounidenses en el mismo sentido y con el mismo alcance que posteriormente consagró el artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
Que, no obstante, ese presupuesto normativo fue sustancialmente alterado por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905, el cual dispuso que los tributos aduaneros se determinen en dólares estadounidenses, sustituyendo el esquema originario en el cual la obligación tributaria quedaba cuantificada en moneda nacional mediante la aplicación del tipo de cambio previsto por el artículo 639 del Código Aduanero, referido, en el supuesto contemplado por el artículo 638, inciso e), al vencimiento del plazo acordado para la reexportación.
Que la incorporación de dicha disposición impide considerar que el régimen legal permaneció inalterado. Por el contrario, revela la voluntad del legislador de introducir una regulación específica respecto de la moneda de determinación de los tributos aduaneros y del criterio aplicable para su conversión a moneda nacional, aspectos que hasta entonces se encontraban regidos por una lógica normativa diversa.
Que, en consecuencia, no se configura aquí una verdadera colisión entre normas especiales y generales que deba resolverse mediante la prevalencia de unas sobre otras, sino una modificación legislativa posterior que incide directamente sobre el presupuesto normativo dentro del cual operaban originalmente los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero.
Que ello impide atribuir a dichas disposiciones el mismo alcance que tenían bajo el sistema originario, sin tomar en consideración la incidencia que sobre la materia introdujo el artículo 20 de la ley 23.905.
V. Que, en ese nuevo contexto normativo, los artículos 638 y 639 del Código Aduanero conservan vigencia en cuanto determinan el momento al cual deben referirse los elementos del régimen tributario aplicable —tales como la alícuota, la base imponible y el tratamiento arancelario correspondiente—. Sin embargo, el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 regula específicamente la moneda en que deben determinarse los tributos aduaneros y establece el criterio aplicable para su conversión a moneda nacional cuando el pago se efectúe en pesos, circunstancia que necesariamente incide sobre la función que el artículo 639 cumplía en materia cambiaria dentro del sistema originario.
Que, en tales condiciones, no resulta posible atribuir a la regla cambiaria contenida en el artículo 639 del Código Aduanero el mismo alcance que poseía con anterioridad a la reforma introducida por la Ley Nº 23.905, pues el presupuesto normativo sobre el cual dicha disposición operaba ha sido sustancialmente modificado por el legislador.
VI. Que no altera esta conclusión la circunstancia de que la determinación tributaria examinada se exteriorice en el marco de un procedimiento infraccional. En efecto, el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no establece distinción alguna según el origen, causa o vía procedimental de la obligación tributaria aduanera, ni limita su aplicación a determinadas clases de liquidaciones. Antes bien, su texto se refiere, en términos amplios, a los derechos de importación, a los derechos de exportación y a los demás tributos que gravaren las operaciones de comercio exterior, razón por la cual no corresponde introducir por vía interpretativa restricciones que el legislador no contempló.
VII. Que tampoco resulta atendible sostener que la cuestión aquí debatida sea completamente ajena a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien es cierto que el Alto Tribunal no se expidió en forma expresa sobre un supuesto exactamente igual al presente, no lo es menos que sus precedentes han reconocido de manera reiterada la plena vigencia del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 y la validez de la determinación de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses, premisa de la cual se siguen necesariamente las consecuencias jurídicas propias del régimen legal allí establecido.
Que, de la secuencia conformada por los precedentes "Editorial Perfil" (12/8/2008), "Bridgestone Firestone Argentina S.A." (27/4/2010), "Volkswagen Argentina S.A." (23/8/2011) y "Compañía Argentina de Seguros La Mercantil Andina S.A." (15/10/2020), así como del dictamen emitido por la Procuradora Fiscal, Dra. Laura Monti, en esta última causa (12/2/2019), se desprende una línea interpretativa definida, a saber: a) el artículo 20 de la ley 23.905 se mantiene plenamente vigente;
b) los tributos aduaneros alcanzados por dicha norma deben determinarse en dólares estadounidenses; c) cuando la obligación ha sido exteriorizada en esa moneda, corresponde reconocerle el tratamiento jurídico propio de una obligación expresada en moneda extranjera;
d) cuando el pago se efectúa en moneda nacional, la conversión correspondiente debe realizarse conforme al régimen previsto por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905; y e) la circunstancia de que el pago se efectivice en moneda nacional no altera la regla legal que fija la moneda de determinación del tributo en dólares estadounidenses.
Que, en tales condiciones, no resulta posible afirmar que la citada disposición legal careció de toda incidencia sobre el régimen originariamente previsto por el Código Aduanero, pues ello importaría desconocer el alcance que reiteradamente le ha sido reconocido por la jurisprudencia del Máximo Tribunal.
Que, por el contrario, la inteligencia que mejor se armoniza con los precedentes citados es aquella que reconoce que el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 introdujo una regulación específica respecto de la moneda de determinación de los tributos aduaneros y de su conversión a moneda nacional, extremo que necesariamente debe ser considerado al interpretar el alcance actual de los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero.
VIII. Que, a mayor abundamiento, corresponde aclarar que la cuestión relativa al tipo de cambio aplicable no puede ser caracterizada como un problema de naturaleza meramente instrumental, metodológica o de técnica liquidatoria.
Que ello es así, pues no se trata de una simple modalidad operativa de pago, sino de un aspecto que incide directamente en la cuantificación de la deuda tributaria y, por ende, en su contenido económico. Que, en efecto, no resulta jurídicamente indiferente considerar el tipo de cambio vigente al momento del vencimiento del plazo acordado para la reexportación de la mercadería importada temporariamente, conforme a lo previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero o, por el contrario, mantener la obligación determinada en dólares estadounidenses hasta su cancelación, con conversión a moneda nacional conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, según lo previsto en el artículo 20 de la Ley Nº 23.905. Que lo expuesto puede apreciarse con claridad a partir de un ejemplo sencillo. Supóngase una obligación tributaria determinada por un importe de USD 1.000.
Que, si se aplicara el tipo de cambio vigente al momento jurídicamente relevante previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero —por ejemplo, $100 por dólar—, la obligación quedaría cuantificada en $100.000 desde ese momento, permaneciendo inalterada frente a posteriores variaciones cambiarias. Que, por el contrario, si la obligación permanece determinada en dólares estadounidenses y su conversión a moneda nacional se difiere hasta el momento del efectivo pago, aplicándose el tipo de cambio vigente el día anterior a éste —por ejemplo, $200 por dólar—, el importe exigible ascendería a $200.000.
Que ello evidencia que el criterio de conversión aplicable no constituye una cuestión meramente operativa ni una simple modalidad de cancelación, sino un elemento que incide directamente sobre la cuantificación económica efectiva de la obligación tributaria.
Que, en tales condiciones, la problemática aquí examinada trasciende el plano estrictamente operativo o cancelatorio y se proyecta sobre el propio régimen monetario de la obligación tributaria, extremo que impide abordarla como una cuestión meramente accesoria o secundaria dentro del sistema legal aplicable.
IX. Que, sentado lo anterior, corresponde examinar la construcción interpretativa según la cual la cuestión relativa al tipo de cambio aplicable debería ser analizada distinguiendo entre un supuesto plano constitutivo de determinación de la obligación tributaria y un ulterior plano relativo a su cancelación efectiva. Que, en tal sentido, la distinción entre un supuesto “plano constitutivo” de determinación del tributo, regido por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero, y un “plano extintivo” relativo a su cancelación, gobernado por el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905, aun cuando pueda enunciarse en un plano teórico o meramente ilustrativo, no resulta jurídicamente apta para resolver la cuestión debatida en la litis. Que la distinción precedentemente descripta se sustenta en la premisa según la cual los tributos aduaneros ya se encontraban jurídicamente determinados en dólares estadounidenses con anterioridad a la sanción de la Ley Nº 23.905, atribuyendo al primer párrafo de dicha disposición un alcance meramente declarativo de una situación preexistente en materia de determinación monetaria de los tributos aduaneros.
Que la dificultad que presenta la construcción analizada no radica en la circunstancia de que la determinación de la obligación tributaria y su efectivo pago puedan verificarse en momentos temporalmente distintos, extremo que naturalmente puede acontecer en toda relación jurídica obligacional. En realidad, la cuestión debatida consiste en determinar la naturaleza jurídica de la regla contenida en el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 y el ámbito normativo al cual corresponde atribuirla.
Que, en tal sentido, no puede compartirse la premisa según la cual dicha disposición integraría exclusivamente un supuesto plano extintivo o cancelatorio de la obligación tributaria.
Que ello es así, pues el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no establece una modalidad de pago ni regula los efectos extintivos de la obligación tributaria, sino que se limita a fijar la referencia temporal a la cual debe remitirse el tipo de cambio aplicable. De manera tal que si la disposición examinada se limita a establecer el momento al cual debe referirse el tipo de cambio aplicable cuando el pago se efectúe en moneda nacional, la cuestión debatida no concierne propiamente al pago de la obligación tributaria, sino al criterio cambiario que debe regir la conversión a moneda nacional de una obligación determinada en dólares estadounidenses. Que tampoco resulta suficiente para justificar dicha conclusión la afirmación según la cual el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 regularía exclusivamente el importe en moneda nacional necesario para extinguir la obligación tributaria, pues, como se ha analizado en el considerando anterior, la determinación del criterio cambiario aplicable incide directamente sobre la cuantificación económica de la deuda y no constituye una cuestión autónoma o escindible del régimen monetario que la disciplina.
Que, en tales condiciones, la regla contenida en el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no puede ser examinada de manera aislada, pues integra, junto con la previsión contenida en el primer párrafo de dicha disposición, un mismo régimen normativo relativo a la determinación monetaria de los tributos aduaneros. En efecto, mientras el primer párrafo establece que tales tributos se determinarán en dólares estadounidenses, el segundo dispone el criterio temporal al cual debe remitirse el tipo de cambio aplicable cuando su cancelación se efectúe en moneda nacional, conformando ambos aspectos una regulación jurídicamente integrada de una misma materia.
Que, por ello, la sola invocación de un supuesto plano constitutivo regido por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero y de un plano extintivo regido por el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no basta para resolver la cuestión debatida, pues una vez descartado que esta última disposición constituya una mera regla relativa al pago de la obligación tributaria, permanece pendiente determinar de qué modo dicha regulación monetaria se articula con el sistema de cuantificación previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero, cuestión que será examinada seguidamente.
X. Que la inconsistencia de la construcción analizada se advierte con particular claridad cuando se examina la función que cumplen los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero dentro del sistema normativo originario.
Que, en efecto, dichas disposiciones no regulan aisladamente distintos aspectos de la obligación tributaria, sino que integran un sistema de determinación construido sobre una referencia temporal única e históricamente determinada, en virtud de la cual el régimen tributario aplicable, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio quedan fijados conforme a las circunstancias vigentes al momento jurídicamente relevante previsto por la ley. Que, en el supuesto aquí examinado, incumplimiento del régimen de destinación suspensiva de importación temporaria, el artículo 639 del Código Aduanero remite expresamente a la fecha prevista en el artículo 638, inciso e), esto es, al vencimiento del plazo acordado para la reexportación de la mercadería importada temporariamente. Que, en ese esquema, la conversión de la moneda extranjera a moneda nacional no constituye una operación autónoma o posterior a la determinación del tributo, sino que integra el propio proceso de cuantificación de la obligación tributaria previsto por el citado artículo 639. Así, el régimen tributario aplicable, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio quedan fijados conforme a las circunstancias vigentes al momento del vencimiento del plazo para la reexportación.
Que, de tal modo, la obligación tributaria resulta íntegramente cuantificada mediante la remisión a circunstancias ya verificadas al tiempo previsto por la ley, quedando íntegramente cuantificada en moneda nacional conforme al tipo de cambio vigente al momento del vencimiento del plazo para la reexportación, sin que la determinación de su contenido económico dependa de acontecimientos posteriores vinculados al momento de su cancelación. Que, por el contrario, el régimen instaurado por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 responde a una lógica normativa diversa en materia de determinación monetaria de los tributos aduaneros, pues dispone que éstos se determinen en dólares estadounidenses y que, cuando su pago se efectúe en moneda nacional, la conversión correspondiente deba practicarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, incorporando así una referencia temporal necesariamente posterior al momento imponible y ajena al esquema de cuantificación histórica previsto por los artículos 638 y 639 del Código Aduanero.
Que, en tales condiciones, el tipo de cambio previsto en el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no constituye una mera sustitución puntual de la regla contenida en el artículo 639 del Código Aduanero, pues presupone una forma distinta de determinación monetaria de la obligación tributaria.
Que lo expuesto no implica desconocer la vigencia de los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero en lo relativo a la determinación de los restantes elementos estructurales de la obligación tributaria. En efecto, en el supuesto aquí examinado, tales disposiciones continúan rigiendo en cuanto remiten al vencimiento del plazo acordado para la reexportación de la mercadería importada temporariamente como fecha relevante para la determinación del régimen tributario aplicable, la alícuota y la base imponible.
Que la cuestión debatida se circunscribe exclusivamente al régimen monetario aplicable a los tributos aduaneros, ámbito en el cual el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 introdujo una regulación específica relativa tanto a la moneda de determinación de la obligación como al criterio temporal de conversión cuando el pago se efectúe en moneda nacional, redefiniendo en ese aspecto el régimen legal originario.
Que, por ello, no resulta jurídicamente consistente preservar la lógica temporal histórica de los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero respecto del régimen tributario aplicable, la alícuota y la base imponible y, simultáneamente, sustituir exclusivamente el tipo de cambio allí previsto por el vigente al momento del efectivo pago en razón de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
Que semejante solución importa desarticular el funcionamiento interno del sistema previsto por dichas disposiciones, conservando algunos de sus elementos y sustituyendo otros por criterios pertenecientes a una lógica normativa distinta, sin explicar adecuadamente el fundamento jurídico que justificaría dicha operación. Que, en efecto, termina combinando un esquema de cuantificación de la obligación tributaria en moneda nacional por referencia al tipo de cambio vigente al momento legalmente relevante previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero con una regla de conversión concebida para operar respecto de tributos determinados en dólares estadounidenses, conforme al segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
Que, de tal modo, reconoce eficacia normativa a esta última disposición en materia de tipo de cambio aplicable y, simultáneamente, niega que el primer párrafo de esa misma norma hubiera introducido modificación alguna en lo relativo al régimen de determinación monetaria de los tributos aduaneros establecido por el legislador, construyendo así un régimen híbrido que no se corresponde íntegramente ni con el sistema originario del Código Aduanero ni con el instaurado por la Ley Nº 23.905.
Que admitir una interpretación en tal sentido importa prescindir de un principio reiteradamente afirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme al cual no cabe presumir la inconsecuencia del legislador (Fallos: 312:1614; 312:1680; 315:1256; 316:1319; 317:1820; 319:3241; 323:585; 324:3876, entre muchos otros), debiendo interpretarse las leyes de modo tal que sus disposiciones no se neutralicen entre sí, sino que se integren en un sistema coherente y armónico (Fallos: 313:1149), extremo que no se verifica en la construcción analizada, en tanto conduce a vaciar de contenido una de las previsiones centrales del artículo 20 de la ley 23.905, esto es, la determinación de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses.
Que ello evidencia que la construcción analizada no logra integrar de manera coherente la modificación introducida por el artículo 20 de la Ley 23.905, sino que termina combinando reglas pertenecientes a sistemas normativos diversos cuya coexistencia, en materia de moneda de determinación y tipo de cambio aplicable, no resulta jurídicamente conciliable.
XI. Que los fundamentos expuestos resultan suficientes para precisar el alcance que corresponde atribuir a las normas involucradas. Sin perjuicio de ello, la exigencia de claridad en la fundamentación de las decisiones jurisdiccionales no autoriza a simplificar un problema jurídico cuya adecuada resolución exige un análisis integral del sistema normativo aplicable, a fin de asegurar una adecuada comprensión del régimen jurídico vigente y evitar interpretaciones que, por su carácter reductivo y fragmentario, generen confusión acerca de su alcance y aplicación.
XII. Que, en ese entendimiento, corresponde remitirse a los fundamentos desarrollados en los Considerandos IV a XXII del voto del suscripto en el expediente EX-2024-14015961--APN-SGASAD#TFN, caratulado “SKF ARGENTINA S.A.”, de esta Sala F, con sentencia de fecha 9 de abril de 2026, en los cuales se aborda con mayor extensión la problemática aquí tratada, en términos concordantes con la solución que se propicia en el presente.
XIII. Que, por último, corresponde precisar, en relación a la procedencia de intereses resarcitorios sobre las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias requeridas en la especie por el Fisco Nacional, que dicha postura no condice ni refleja fielmente la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, a partir del dictado del fallo “CLADD ITA S.A.”, del 26 de noviembre de 2019 (confr. voto del suscripto in re “TPC CÍA. DE SEGUROS S.A.” -Expte. Nro. 34.866-A-, que tramitara por ante la Vocalía de la 18° Nominación; entre muchos otros).
Por lo demás, soy de la idea que tampoco resulta de aplicación a los fines de resolver el tópico de marras la doctrina esbozada por la Corte Suprema de la Nación a partir de las sentencias dictadas en los precedentes “Francisco Vicente Damiano S.A.” (Fallos: 303:1496), “Arenera Puerto Nuevo S.A.M.C.I.L. y A.” (Fallos: 303:1496) y “Cimayco S.A.” (Fallos: 303:1500), todos ellos del 6 de octubre de 1981, por tratarse de supuestos jurídicos y obligaciones sustancialmente distintas a las reclamadas por la DGA en la litis.
Por lo tanto, al no resultar ajustado a derecho, en la especie, requerir intereses resarcitorios sobre las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias que fueran reclamadas por la DGA al formular el cargo tributario objeto de autos, resulta improcedente su condonación, por manifiesta ausencia de deuda exigible en tal sentido. Que, en virtud de lo expuesto, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la multa impuesta en el art. 1° de la Resolución DE PRLA 4615/16, en relación a la totalidad de la mercadería amparada por la DIT 05073IT14002278P, declarando que el importe de la misma asciende a la suma de SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 61.470).
2. En relación a lo resuelto en el punto anterior, costas por los respectivos vencimientos, los que se estiman en un 70% a cargo del Fisco y un 30% a cargo de la coactora INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SA.
3. Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA 4615/16, declarando que la deuda en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, a cargo de las coactoras, asciende a la suma de U$S 6.254,36 (SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS). Ello, con más los intereses del art. 794 del CA, desde el 6.4.2016 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a las coactoras.
4. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA 4615/16, en cuanto les exige a las coactoras el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias los que ascienden a la suma de ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 09/100 ($ 11.724,09), con costas por su orden.
5. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la coactora COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA es el garantizado con la póliza 1566505; o el de los tributos si éste último resultare inferior. Ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha del total y efectivo pago.
6. Establecer que los tributos deberán considerarse determinados en dólares estadounidenses y que, para su cancelación en moneda nacional, la conversión deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905.
El Dr. González Palazzo dijo:
I. En primer término, y por razones de método, habré de remitirme a la descripción del marco fáctico y probatorio de la presente que pormenorizadamente plasma el Dr. Juan Manuel Soria en su voto.-
II. Alcance de mi adhesión.
Comparto la solución propiciada por el Sr. Vocal instructor en cuanto confirma la procedencia de la exigencia tributaria y determina la obligación fiscal derivada de los hechos sometidos a juzgamiento.
Sin embargo, discrepo respetuosamente con los fundamentos desarrollados en lo que respecta al tipo de cambio aplicable para la cancelación de la acreencia fiscal.
III. La necesaria distinción entre determinación de la obligación tributaria y cancelación de la deuda. A mi juicio, la cuestión exige distinguir dos planos conceptualmente diversos que no deben confundirse. Por un lado, la determinación de la obligación tributaria, esto es, la individualización y cuantificación del crédito fiscal nacido como consecuencia del hecho imponible previsto por la legislación aduanera.
Por otro, la cancelación de esa obligación ya determinada, cuestión que remite a la forma en que el obligado extinguirá válidamente el crédito fiscal así establecido.
La distinción no es meramente terminológica. Por el contrario, constituye un presupuesto lógico indispensable para interpretar armónicamente el sistema normativo aplicable.
Comparto plenamente la cuantificación de la obligación tributaria efectuada en el voto preopinante, en tanto surge de la aplicación de las normas específicas del Código Aduanero que regulan el nacimiento del tributo, la configuración del hecho imponible y la determinación de la deuda.
Sin embargo, de ello no se sigue necesariamente que la conversión de dicha obligación a moneda nacional deba efectuarse al tipo de cambio vigente al momento en que se produjo el hecho imponible o al tiempo en que se determinó el crédito fiscal.
IV. Alcance del artículo 20 de la ley 23.905.
El artículo 20 de la ley 23.905 dispone que los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan operaciones regidas por la legislación aduanera, se determinan en dólares estadounidenses y que, cuando corresponda su cancelación en moneda nacional, la equivalencia deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al efectivo pago.
A mi entender, dicha disposición no deroga, desplaza ni contradice las normas específicas del Código Aduanero relativas a la determinación de la obligación tributaria.
Antes bien, ambas regulaciones operan sobre aspectos diferentes de una misma relación jurídica. Mientras las disposiciones del Código Aduanero permiten establecer cuánto se adeuda, el artículo 20 de la ley 23.905 regula cómo debe cancelarse esa obligación cuando el pago se efectúa en moneda nacional. Desde esta perspectiva, no existe incompatibilidad normativa alguna que exija acudir a criterios de derogación tácita, prevalencia temporal o especialidad.
Las normas gobiernan momentos distintos del fenómeno tributario y, precisamente por ello, pueden coexistir armónicamente.
V. La doctrina de la Corte Suprema.
Esta inteligencia encuentra adecuado sustento en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Volkswagen Argentina S.A. (TF 22.179-A) c/ D.G.A.”.
En dicho precedente, el Alto Tribunal reconoció la operatividad del artículo 20 de la ley 23.905 respecto de los tributos que gravan operaciones de importación y exportación, distinguiendo claramente entre la determinación de la obligación tributaria y la conversión a moneda nacional necesaria para su cancelación.
A mi juicio, esta interpretación permite armonizar adecuadamente las disposiciones del Código Aduanero con la legislación posterior, sin necesidad de considerar desplazada ninguna de las normas involucradas.
VI. La coherencia del sistema.
La interpretación propiciada preserva la coherencia interna del ordenamiento.
En efecto, si se acepta —como correctamente lo hace el voto preopinante— que la obligación tributaria se encuentra determinada en dólares estadounidenses, resulta conceptualmente difícil sostener, al mismo tiempo, que la cancelación de dicha obligación deba efectuarse mediante una conversión histórica practicada al tipo de cambio vigente al momento del hecho imponible.
Ello importaría, en los hechos, transformar inmediatamente una obligación determinada en moneda extranjera en una obligación expresada en pesos históricos, privando de efectos prácticos a la propia determinación efectuada en dólares.
Dicho de otro modo, una cosa es establecer cuánto se debe y otra muy distinta determinar cuánto debe entregarse para extinguir válidamente esa deuda.
Confundir ambos planos conduce a resultados interpretativos que no parecen compatibles con la estructura normativa diseñada por el legislador.
VII. Conclusión.
Por las razones expuestas, adhiero parcialmente al voto del Sr. Vocal instructor en cuanto confirma la exigencia tributaria y determina su cuantía.
No obstante ello, dejo aclarado que, a mi juicio, la cancelación de la obligación deberá efectuarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905, mediante su conversión a moneda nacional según el tipo de cambio vigente al día anterior al efectivo pago.
Así lo voto.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la multa impuesta en el art. 1° de la Resolución DE PRLA 4615/16, en relación a la totalidad de la mercadería amparada por la DIT 05073IT14002278P, declarando que el importe de la misma asciende a la suma de SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 61.470).
2. En relación a lo resuelto en el punto anterior, costas por los respectivos vencimientos, los que se estiman en un 70% a cargo del Fisco y un 30% a cargo de la coactora INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN SA.
3. Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA 4615/16, declarando que la deuda en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, a cargo de las coactoras, asciende a la suma de U$S 6.254,36 (SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS). Ello, con más los intereses del art. 794 del CA, desde el 6.4.2016 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a las coactoras.
4. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA 4615/16, en cuanto les exige a las coactoras el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias los que ascienden a la suma de ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 09/100 ($ 11.724,09), con costas por su orden.
5. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la coactora COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA es el garantizado con la póliza 1566505; o el de los tributos si éste último resultare inferior. Ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha del total y efectivo pago.
6. Establecer que los tributos deberán considerarse determinados en dólares estadounidenses y que, para su cancelación en moneda nacional, la conversión deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905. Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia remítase a guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.06.12 12:44:28 ART Date: 2026.06.12 17:21:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.12 17:23:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.12 17:24:19 -03:00
Fin de la sentencia