Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-71387564-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del Fisco para exigir tributos, con costas.
2Rechazar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, sin costas.
3Confirmar el artículo 1 ° de la Resolución N° 5114/2015 (DE PRLA) recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-5455-2008, en cuanto condena a la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. al pago de una multa que asciende a la suma de $8.473,43 (PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 43/100), con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-18027122-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 20 de Febrero de 2026 de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Horacio J. Segura, para dictar sentencia en los autos caratulados “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de apelación” expediente N° 39.704-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que a fs. 8/12 vta. se presenta, por apoderado, la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 5114/2015, dictada el 08/09/2015 por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, recaída en la actuación SIGEA N° 12210-5455- 2008, mediante el cual se la condenó al pago de una multa y los tributos correspondientes por la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del C.A., en relación a la Destinación de Importación N° 04 073 IT14 001048 X. En primer término, realiza un breve relato de los hechos que dieron lugar al dictado de la resolución apelada. Alega la prescripción de la exigencia tributaria por el paso del tiempo. Impugna la liquidación efectuada por el Servicio Aduanero, agraviándose particularmente de la moneda en la que se expresó el reclamo tributario y la tasa de interés aplicable a la deuda. Plantea la prescripción de la acción del Fisco para imponer sanciones. Alega haber acreditado la reexportación de la mercadería. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en autos.
II. A fs. 21/25 se presenta el Fisco y contesta el traslado oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y de derecho esgrimidas por la actora que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa y contesta los agravios de la actora. Se opone a la prescripción de la acción tributaria invocada por la actora. Sostiene que en autos se encuentra configurada la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el decisorio apelado, con costas.
III. A fs. 26 se agregan por cuerda las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-5455-2006. A fs. 29 se declara la causa de puro derecho. A fs. 32 se elevan los autos a la Sala "F" y quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas tienen su origen en la Denuncia N° 532/2008 obrante a fs. 1, en relación a la Destinación de Importación Temporal N° 04 073 IT14 001048 X por presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A. A fs. 5 se agrega el sobre contenedor de la DIT. A fs. 11 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 21 se corre vista de todo lo actuado a la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. y a la compañía aseguradora ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. A fs. 26/28 la importadora presenta su descargo y a fs. 41 se declara la rebeldía de la compañía aseguradora. A fs. 45/46, se dicta la Resolución N° 5114/2015 (DE PRLA), apelada en autos.
V. Que, en primer lugar, corresponde expedirse sobre el planteo de prescripción de la acción tributaria. Al respecto, cobra relevancia lo normado en los artículos 803 y 804 del Código Aduanero, en cuanto establecen que el plazo de vigencia de la potestad del Fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera es de cinco (5) años, a contar desde el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado o, en caso de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, el primero de enero del año siguiente a la fecha de dicho incumplimiento.
Así, teniendo en cuenta el vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería documentada mediante la destinación en cuestión (30/04/2005), cabe señalar que, en el caso de autos, el cómputo del plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2006, la apertura del sumario se materializó el 16/09/2010 y la resolución recurrida ante estos estrados data del 08/09/2015.
Ahora bien, para dar solución al planteo en análisis, es útil recordar que el artículo 805 inc. a) del C.A. establece que la prescripción de la acción tributaria se suspende “(...) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión (...)”.
En este orden de ideas, el plazo prescriptivo empezó a correr en fecha 01/01/2006 y fue suspendido el 16/09/2010, con el dictado del acto de apertura de sumario en los términos del art. 1090, inc. c) del C.A. Siendo menester agregar que dicha suspensión se mantiene al día de la fecha, en tanto la norma es clara en determinar como límite temporal, para el efecto suspensivo asignado al acto de apertura del sumario, a la existencia de una “decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”.
Es prístino, para quien suscribe, que una decisión –o acto administrativo– recién deja habilitado el ejercicio de la acción –para su ejecución– cuando ésta adquiere firmeza, lo que solamente puede darse una vez transcurrido el plazo previsto en la norma para su cuestionamiento, lo que, a su vez, comienza a transcurrir desde su notificación al pretenso obligado.
Entiéndase, esa decisión administrativa –revestida de ropaje de sentencia– no puede ser ejecutada mientras no sea notificada ni temporáneamente cuestionada por aquél a quien se pretende exigir el cumplimiento de lo allí exigido, ergo, la suspensión prevista en la norma se encuentra en pleno vigor y por ello debe rechazarse el planteo prescriptivo introducido por la actora.
En virtud de lo expuesto, cabe declarar que la acción del Fisco para percibir tributos se encuentra suspendida desde entonces, por lo que, corresponde rechazar el planteo incoado por la recurrente respecto de la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, sin costas.
VI. En segundo orden, corresponde expedirse respecto de la prescripción de la acción sancionatoria del Fisco Nacional.
Para ello, cabe destacar que el artículo 934 del C.A. dispone: “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco (5) años”.
Seguidamente, el artículo 935 establece que el plazo comienza a correr desde el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere cometido la infracción.
Por su parte, el artículo 937 del citado cuerpo normativo, contempla las causales de interrupción del plazo prescriptivo, siendo el dictado del auto por el cual se ordena la apertura del sumario (inc. a) y el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera (inc. d), las que aquí conciernen.
En consecuencia, la línea de tiempo que cabe trazar a los efectos de examinar didácticamente la vigencia de la potestad sancionatoria del Fisco, en este caso, encuentra tres estamentos cruciales, a saber, la fecha de vencimiento de la DIT, el auto de apertura del sumario y el dictado de la resolución aduanera. En este orden de ideas, en el casus, resulta que el vencimiento de la DIT se produjo el 30/04/2005, el auto que dispuso la instrucción del sumario infraccional data del 16/09/2010 y el dictado de la resolución aduanera se produjo el 08/09/2015, razón por la cual no ha transcurrido el plazo quinquenal previsto por la normativa analizada. Debiendo agregarse que, conforme lo previsto por el artículo 936 del C.A., el plazo de prescripción quedó suspendido con la interposición del presente recurso de apelación contra la resolución condenatoria, hasta que recaiga “decisión firme en la causa”.
En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo incoado por la recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco para imponer sanciones, sin costas.
VII. Despejado lo anterior, corresponde resolver en autos sobre la procedencia de los tributos y la multa reclamados a la firma importadora, por la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del C.A.
Mediante la DIT en trato, la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. documentó la importación temporaria, en los términos del Decreto N° 1439/1996, de la mercadería descripta como “Del tipo modulador-demodulador (“radio modem”) –Aparatos emisores con aparato receptor incorporado APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONÍA, RADIOTELEGRAFÍA, RADIODIFUSIÓN O TELEVISIÓN, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR O DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO INCORPORADO; CÁMARAS DE TELEVISIÓN; VIDEOCÁMARAS, INCLUIDAS LAS DE IMAGEN FIJA; CÁMARAS DIGITALES”, P.A. NCM 8525.20.30, por la cantidad de 400 unidades, con un valor FOB Total en dólares estadounidenses de 9.520.
El vencimiento de la destinación operó el 30/04/2005, conforme surge del sobre contenedor obrante a fs. 4 y de la Nota N° 9202/2008 (SE PTEZ) de fs. 35.
Vencido el plazo de permanencia otorgado, el servicio aduanero denunció la operación, instruyó sumario contencioso y corrió vista de todo lo actuado a la importadora y a la garante, para que aportaran las constancias que acreditasen la cancelación, como así también, en caso de corresponder, los Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC) definitivos, permiso/s de embarque/s y/o despacho/s de importación a consumo.
VIII. Que corresponde a este Tribunal dilucidar si en autos se encuentra configurada la infracción prevista y penada en el artículo 970 del C.A., respecto de la DIT aquí involucrada.
El artículo mencionado en el párrafo anterior establece que: “(...) El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al TREINTA (30%) por ciento del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada”, ello sin perjuicio de la exigencia de los tributos que gravaren la importación para consumo.
En este sentido, cabe recordar que el mecanismo idóneo para acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del Régimen de Importación Temporal es mediante la “descarga” de la DIT - eventualmente por cantidades parciales del insumo importado temporariamente hasta llegar a la totalidad debida- con su mención y la de la respectiva cantidad de insumo, en el o los permisos de embarque por los que se documentara la exportación para consumo del producto elaborado con dicho insumo; y/o mediante los despachos de importación por los que se documentara regularmente la importación para consumo del mismo, sin perjuicio de las facultades de control aduanero sobre lo declarado en tal sentido. Asimismo, es dable señalar que resulta indispensable la presentación del Certificado de Tipificación y Clasificación, por cuanto sin él no se puede determinar la relación insumo/producto entre la mercadería importada temporariamente y la exportada bajo una nueva forma, como también las mermas, sobrantes y pérdidas resultantes del proceso de transformación.
A su vez, tanto la reexportación como la importación a consumo de los insumos y mermas, en caso de que corresponda, deben realizarse dentro de los plazos estipulados.
Ahora bien, surge de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-5455-2008 que al momento de contestar la vista otorgada en sede administrativa, la importadora acompañó la siguiente documentación (ver fs. 32/38):
- Copia de la Destinación de Importación Temporal N° 04 073 IT14 001048 X.
- Copia de los Permisos de Embarque N° 04 038 EC03 003809 Z y 04 038 EC03 004925 Z.
- Copia del Certificado de Tipificación y Clasificación N° 3315/2001.
Sin embargo, de la documentación aportada por la actora surge que, en las planillas de descarga que forman parte de los P.E., no se individualiza el CTC utilizado para determinar la relación insumo/producto respecto de la mercadería importada temporalmente que se pretende descargar (ver fs. 34 y 36 de las actuaciones administrativas).
Así las cosas, si bien la importadora acompañó en instancia administrativa una copia del CTC N° N° 3315/2001, éste no puede atribuirse a los P.E. N° 04 038 EC03 003809 Z y 04 038 EC03 004925 Z, habida cuenta que en ellos no se hace referencia alguna al CTC respectivo.
Que, por lo tanto, no se puede probar de manera acabada que la totalidad de la mercadería importada temporariamente -insumos- fue utilizada con el fin de producir la mercadería efectivamente exportada - producto-, toda vez que no se tiene conocimiento de cuanta materia prima importada temporariamente se requirió para elaborar la mercadería que se exportó, al no haberse detallado cuál era el CTC aplicable a la operación.
En atención a lo expuesto, cabe afirmar que la firma importadora es responsable de la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del C.A., por la totalidad de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT Nº ° 04 073 IT14 001048 X, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas al acogerse, voluntariamente, al régimen excepcional de importación temporaria. Por ello, corresponde confirmar la pena impuesta en la Resolución N° 5114/2015 (DE PRLA) recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-5455-2008.
IX. Sentado lo anterior, corresponde analizar la procedencia de las percepciones de I.V.A. adicional e Impuesto a las Ganancias, que conforman la exigencia tributaria de la resolución en crisis. En relación a ello, en orden a lo dispuesto en el precedente “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01 s/ Dirección General de Aduanas” corresponde declarar que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y de derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal, por lo que considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión.
Por lo expuesto, corresponde revocar la exigencia de las percepciones de I.V.A. adicional e Impuesto a las Ganancias.
Respecto a la imposición de costas, en la medida en que el precedente antes referido fue dictado con posterioridad al trámite de estos autos, resulta razonable que las costas del proceso se distribuyan, en este punto, en el orden causado (conf. CNACAF, Sala V en autos “DU PONT ARGENTINA SRL (TF 38483- A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, expediente N° 1461/2025, sentencia del 30/09/2025).
X. Respecto del agravio introducido por la actora en relación a la moneda en la que se expresó el reclamo tributario, cabe señalar que el artículo 20 de la Ley 23.905 regula la moneda en que se determinan las deudas tributarias originadas en operaciones aduaneras, estableciendo que “Los derechos de importación, los derechos de exportación, así como los demás tributos que gravaren las importaciones y las exportaciones se determinarán en dólares estadounidenses”, lo que, a su vez, fue convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Volkswagen Argentina S.A. (TF 22.179-A) c/ DGA” (S.C. V. 312, L.XLV), sentencia de fecha 23/08/2011.
En base a ello, la moneda en la que se efectuó la liquidación tributaria resulta ajustada a derecho. En otro orden, con relación al cuestionamiento de la tasa de intereses aplicable, cabe poner de manifiesto que la misma ha sido fijada conforme a la normativa vigente y este Tribunal es incompetente para su morigeración.
En efecto, la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que nos son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN, Fallos: 308:2246 y sus citas; 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas).
En virtud de lo expresado precedentemente, se impone el rechazo de los agravios de la actora en relación a la moneda y tasa de interés aplicables al reclamo tributario.
En consecuencia, el monto de los tributos que gravan la importación a consumo de la mercadería en infracción asciende a la suma de U$S 1.233,65, con más los intereses del artículo 794 del C.A., que deben computarse desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación de la corrida de vista a la aquí actora, que data del 11/06/2015 (ver fs. 23 de las actuaciones administrativas), hasta la fecha del total y efectivo pago.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos prescripción opuestos por la actora. Sin costas.
2. Confirmar el artículo 1 ° de la Resolución N° 5114/2015 (DE PRLA) recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-5455-2008, en cuanto condena a la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. al pago de una multa que asciende a la suma de $8.473,43 (PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 43/100), con costas.
3. Revocar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N° 5114/2015 (DE PRLA), en cuanto le exige a la actora el pago de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, en virtud de lo expresado en el considerando IX, con costas por su orden.
4. Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N° 5114/2015 (DE PRLA), declarando que el monto de tributos adeudados por la mercadería en infracción asciende a la suma de U$S 1.233,65 (DÓLARES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 65/100), con más los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., en los términos de lo señalado en el Considerando X, con costas a la actora vencida.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que, corresponde en primer lugar, remitirme al relato esbozado en los Ptos I.- a IV .- del voto que antecede y analizar el planteo de prescripción de la acción del Fisco introducido por la firma recurrente, respecto del cargo formulado en el artículo 3º de la Resolución Nro. 5114/15, en lo que refiere a tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 8/9/2015 y notificada recién el 7/11/2018, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentran adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-
APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es de cinco años conforme lo prescripto en el artículo 803 del Código Aduanero, que comenzó a correr el 01/01/2006, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 25/4/2005), debiendo haber fenecido el 01/01/2011, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario en fecha 16/9/2010 -fs. 11 act. adm.-, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a) del C.A.).
II. Que, bajo tales premisas, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe.
Cabe destacar que, si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (16/9/10) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 8 de septiembre de 2015- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el dia 7 de noviembre de 2018 (confr. fs. 31 act. adm.), es decir 3 años y 2 meses después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
III. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
IV. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del Código Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
V. Que, en consecuencia, atento que la destinación en trato ha vencido en fecha 25 de abril de 2005 y la resolución apelada ha sido notificada el 7 de noviembre de 2018, es decir, casi 3 años y 2 meses después, cuadra repetir, de haber sido dictada (8/9/2015), no cabe más que concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-
APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la garantía del debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar. ASÍ LO VOTO.-
VI. Que, sentado ello, corresponde analizar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas interpuesta también por la co-actora importadora. Se agravia la recurrente, atento que el presunto hecho imponible habría acaecido el 25/4/2005 y que la disposición de instrucción de sumario dictada con fecha 16/9/2010, siendo éste el primer acto que “interrumpió” la prescripción de la acción, comenzando a contarse el plazo quinquenal, venciendo el mismo el día 17/9/2015. Y que el día 8 de septiembre de 2015 fue dictada la resolución cuestionada, destacando que la notificación de la condena tuvo lugar tres años y dos meses después, con fecha 7/11/2018.
Que los artículos 934 y 935 del Código Aduanero establecen que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Por su parte, el artículo 937 del citado cuerpo legal establece que "la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordene la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”.
Conforme la normativa citada, teniendo en consideración la fecha del vencimiento del D.I.T en cuestión (25/4/2005) y la fecha en que comenzó a correr la prescripción (01/01/2006), cabe destacar que el auto por el que se dispuso la apertura del sumario administrativo, de fecha 16/9/2010 (el Código Aduanero hace expresa referencia al dictado del auto por el cual se ordene la apertura de sumario y no a su posterior notificación, de acuerdo a los términos señalados por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Wonderland” S.R.L., del 12 de mayo de 2009, Fallos: 332:1109), interrumpió el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 937, inc. a), de la ley 22.415.
Asimismo, corresponde añadir a lo expuesto que una vez reanudado el plazo de cinco años para la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, el mismo volvió a ser interrumpido por el dictado de la resolución aduanera condenatoria, de fecha 8/9/2015, en los términos contemplados en el citado artículo 937, inc. d), del referido cuerpo normativo.
Por lo tanto, de todo lo expuesto se desprende que no se ha producido la pretendida prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, por lo que corresponde desestimar el planteo articulado por la recurrente en tal sentido, sin costas. ASÍ TAMBIÉN LO VOTO.-
VII. Que, sentado lo que antecede, adhiero a lo decidido en el Pto. 2.- del voto del Vocal preopinante.
ASÍ TAMBIÉN LO VOTO.-
El Dr. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Garbarino. Así lo voto.-
Que, en virtud de los votos que anteceden, por mayoría SE RESUELVE:
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para exigir tributos, con costas.
2. Rechazar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, sin costas.
3. Confirmar el artículo 1 ° de la Resolución N° 5114/2015 (DE PRLA) recaída en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-5455-2008, en cuanto condena a la firma INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. al pago de una multa que asciende a la suma de $8.473,43 (PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 43/100), con costas.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Titular de la Vocalía 17°), Pablo A. Garbarino (Titular de la Vocalía 16°) y Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía 18°). Date: 2026.02.18 13:01:53 ART Date: 2026.02.18 14:10:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.20 17:37:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.20 17:38:14 -03:00
Fin de la sentencia