Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.349-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución (DE PRLA) 47/13, en cuanto impone multa a la firma “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A.” en una vez y media el importe de los tributos que gravan la importación a consumo, que asciende a la suma de $ 33.066,14. Costas a la actora.
2Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) 47/13 en tanto exige el pago de tributos, con excepción de las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias), los que ascienden a la suma de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 61/100 ($ 32.762,61), más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 09/11/12 y hasta la fecha de efectivo pago. Costas por sus mutuos vencimientos que se estiman en un 23% a cargo del Fisco y un 77% a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-23167030-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 2 de Marzo de 2023 Reunidos los Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino, Christian M. González Palazzo, y Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante), a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “INGENIERIA Y COMPUTACIÓN S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. N° 35.349-A, El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que, a fs. 45/49, se presenta, por apoderado, la firma Ingeniería y Computación SA, e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) 47/13, dictada en el marco de la actuaciones administrativas SIGEA 12197-5046-2005, por la cual se la condena al pago de multa y tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero. Relata que importó temporariamente, mediante la destinación 02 001 IT14 000621 Z, mercadería individualizada en siete (7) ítems y que, mediante los permisos de embarque aportados, se puede comprobar que la misma fue reexportada en tiempo y forma, a excepción del ítem 1; explica que los insumos importados temporariamente correspondientes a los ítems 3, 4 y 7 fueron cancelados, pero que la firma se encuentra imposibilitada de acreditar su tipificación, y afirma que sólo puede acreditar la exportación y la relación insumo – producto de los insumos de los ítems 2, 5 y 6, cuyas posiciones arancelarias se encuentran codificadas en el CTC 6837/98 que acompaña como documental. Dice que, contrariamente a lo expuesto en el informe de Procedimientos Técnicos obrante a fs. 89 de las actuaciones administrativas, los códigos necesarios para constatar la reexportación de la mercadería se encuentran perfectamente detallados. Cuestiona que el Servicio Aduanero demoró 23 meses en notificar la resolución apelada en autos, por lo que solicita se la exima del pago de los intereses resarcitorios devengados en ese plazo. Plantea la improcedencia del Derecho Adicional, citando el precedente de la CSJN “Frisher SRL”. Hace reserva del caso federal. Ofrece prueba. Solicita se revoque la sentencia apelada, con costas.
III. Que la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Niega todos y cada uno de los hechos esgrimidos por la contraria que no sean objeto de un especial reconocimiento de su parte. Relata los hechos. Afirma que se encuentra comprobado en autos que la firma importadora no regularizó en término la situación de la mercadería en trato. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, las que acompaña junto a su presentación. Cita normativa aplicable. Hace reserva del caso federal. Solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que en las actuaciones administrativas SIGEA 12197-5046-2005 se inician, a fs. 1, con el Acta de Denuncia N° 524/05. A fs. 29, se instruye sumario. A fs. 32, obra la liquidación de tributos y multa. A fs. 34 y vta., se corre vista de todo lo actuado a la importadora, y se cita a la firma aseguradora. A fs. 43, obra la cédula de notificación dirigido a la importadora, de fecha 25/10/2012. A fs. 54/55, contesta la vista la importadora, y acompaña copia de los permisos de embarque 02 001 EC03 10790B y 02 038 EC03 1660H, y el CTC 6837/98. A fs. 89, interviene la Secretaría de Actuación N° 1, informando que el código utilizado en la documentación obrante en autos no se encuentra tipificado, determinando que se encuentra el total de la mercadería importada temporariamente en infracción. A fs. 96/97, se dicta la Resolución (DE PRLA) 47/13.
IV. Que se le imputa a la firma importadora la presunta comisión de la infracción al régimen de importación temporaria tipificada en el art. 970 del C.A., toda vez que no habría cumplido, en tiempo y forma, con la reexportación de la mercadería amparada por la destinación N° 02 001 IT14 000621 Z, por la que se importó temporariamente mercadería correspondiente a la posición arancelaria 7326.90.00.900J (ítem 1), 8536.50.90.900H (ítem 2), 8414.59.90.000G (ítem 3), 8414.90.20.100T (ítem 4), 8538.10.00.000B (ítem 5), 8538.90.90.000C (ítem 6), y 9405.10.93.000X (ítem 7).
Que el servicio aduanero, mediante la Resolución (DE PRLA) Nro. 47/2013, resolvió condenar a la firma importadora al pago de una multa que equivale a una vez y media (1,5 veces) el importe de los tributos que gravan la importación para consumo, y se formuló cargo en concepto de tributos, por considerar que no resultó acreditado el cumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria.
Que, en desacuerdo con dicha decisión, la actora recurre a este Tribunal Fiscal pues considera haber reexportado parte de la mercadería importada temporariamente, en tiempo y forma, es decir, antes de que venciera el plazo de cumplimiento de la destinación de importación temporaria, por medio de la documentación aportada en autos.
V. Que este Tribunal Fiscal tiene dicho en reiterada jurisprudencia que sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Que la forma de acreditar la salida de la mercadería introducida temporariamente, es dejando constancia en el cuerpo del permiso de embarque respectivo que la mercadería allí documentada coincide precisamente con la importada previamente en forma temporaria, de modo que el servicio aduanero se encuentre en condiciones de efectuar el debido control.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de una destinación de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa. Que, cabe destacar, como consideración preliminar, que no hay controversia en que la recurrente no ha podido demostrar la reexportación de la mercadería importada temporaria mediante la DIT 02 001 IT14 000621 Z en lo que respecta a los ítems 1,3, 4 y 7. Ahora bien, la recurrente afirma que puede acreditar la exportación y la relación insumo-producto correspondiente a los insumos de los ítems 2, 5 y 6, cuyas posiciones arancelarias se encuentran codificadas en el CTC 6837/98 que acompaña como documental. Ello así, la litis se centra en las descargas efectuadas a través de los permisos de embarque 02 001 EC03 01709B y 02 001 EC03 001660H. Que, en instancia administrativa, la firma importadora acompañó copias certificadas por escribano público de la destinación de importación temporaria 02 001 IT14 000621 Z, del Certificado de Tipificación y Clasificación 6837/98 y de los permisos de embarque 02 001 EC03 01709B y 02 001 EC03 001660H.
Que, de la compulsa de la prueba aportada en autos, se observa – respecto del permiso de embarque 02 038 EC03 001660H –, que la descripción de la mercadería obrante en la hoja de descarga no individualiza ningún Certificado de Tipificación y Clasificación, limitándose sólo a la mención de diferentes destinaciones de importación temporaria, entre las que se advierte la DIT objeto de autos, circunstancia que impide efectuar la descarga de la mercadería importada temporariamente.
Que, respecto del permiso de embarque 02 001 EC03 010790B, si bien en principio sí resultaría aplicable Certificado de Tipificación y Clasificación 6837/98, lo cierto es que no se advierte en el detalle los ítems correspondientes a la mercadería importada temporariamente en virtud de la destinación 02 001 IT14 000621 Z referida. En ese sentido, no resulta posible concluir una identidad entre la mercadería importada temporariamente mediante la destinación 02 001 IT14 000621 Z, en lo que se refiere a su descripción, la marca, el modelo y la versión, y la mercadería descripta en la hoja de descarga del permiso de embarque 02 001 EC03 010790B. A eso se refiere el servicio aduanero en su Nota (SE PRTE) 6903/12, de fecha 26/12/2012, cuando indica que el código utilizado en la documentación obrante en autos, no se encuentra tipificado (ver fs. 89 de las actuaciones administrativas).
Que cabe destacar que en los permisos de embarque (de exportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar lo concerniente al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT, clase y cantidad de la mercadería importada, comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria. .
En consecuencia, del análisis en conjunto de la documentación obrante en autos, cabe concluir que la misma es insuficiente para probar la reexportación de la mercadería importada temporalmente al amparo de la destinación 02 001 IT14 000621 Z.
En consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el suscripto – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
VI. Que la recurrente solicita que se suspendan los intereses devengados desde el dictado de la resolución aduanera de fecha 01/02/13 hasta la fecha de su notificación producida veintitrés meses después, el día 21/11/14, (cabe aclarar que entre ambas fechas hay sólo una diferencia de veintiún meses y días) sosteniendo que resulta injusto e irrazonable que el administrado deba cargar con la demora excesiva del servicio aduanero para llevar a cabo tal notificación, puesto que se le imponen intereses resarcitorios por un período en que el expediente no tuvo actividad alguna, siendo que el impulso procesal de la notificación constituía claramente un deber del Fisco. Que corresponde tratar el agravio esgrimido en forma expresa por la firma recurrente, sin que corresponda extrapolar los efectos de la presente decisión a otras causas que se encuentran en trámite por ante la Vocalía de la 16° Nominación, donde la referida petición no se verifica y, en tal hipótesis, deberá ser objeto de un análisis particular en cada caso concreto.
Que toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del art. 1017 de la ley 22.415.
En tal sentido, el art. 40 del reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LPA) dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas” Bajo los parámetros expuestos, la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994). Por lo demás, cabe colegir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma ni razón alguna que autorice al Fisco a notificar una resolución administrativa transcurridos veintiún meses desde su dictado, en tanto dicho proceder resulta manifiestamente irracional y no puede ser cubierto con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.
Por ello, le asiste razón al apelante cuando sostiene que la injustificada e irrazonable demora del servicio aduanero en la notificación de la resolución perjudica su patrimonio, quien en definitiva tendrá que abonar una mayor cantidad de dinero en concepto de intereses resarcitorios por una demora que no le es imputable, motivo por el cual corresponde admitir el agravio formulado por la firma actora en ese sentido.
En efecto, bajo irrenunciables principios de justicia tributaria y razonabilidad, como así también por estrictas razones de ética y equidad (mutatis mutandi votos del suscripto –en disidencia- al sentenciar las causas "ALPEMAR S.R.L. c/DGA s/ recurso de apelación” (Expte. N° 36.199-A), del 21/12/18, “GRIMOLDI S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 38.106-A), del 15/3/2019 y “COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación” (Expte. Nro. 39.643-A), del 26/06/19, entre otras, que tramitaran por ante la Vocalía de la 16° Nominación), el cómputo de los intereses resarcitorios en cuestión siempre debe fijarse en sus justos y éticos límites, máxime en el actual contexto social de inestabilidad y crisis económica y financiera.
Por lo tanto, resulta ajustado a derecho suspender el cómputo de los intereses resarcitorios devengados a favor de la DGA desde el 08/02/13 (cinco días hábiles después de la fecha del dictado de la resolución aduanera) hasta su notificación en fecha 21/11/2014.
VII. Que corresponde referirse a la improcedencia del Derecho Adicional que plantea la apelante en su recurso. Que al respecto cabe destacar que, conforme surge de la liquidación de los tributos que luce a fojas 32 de las actuaciones administrativas, no se observa la exigencia de este concepto. Por lo tanto, corresponde desestimar los agravios formulados respecto a este punto.
Que sí se ha incluido en la liquidación de tributos y, consecuentemente se ha exigido a la recurrente el pago de las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias Que resulta necesario poner de manifiesto que, en relación a las percepciones de I.V.A. adicional y del Impuesto a las Ganancias, resulta de aplicación al caso de autos la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
VIII. Que, en razón de lo expuesto en el Considerando anterior y teniendo en cuenta las pautas de la liquidación de fs. 32 de las act. adm. SIGEA 12197-5046-2005, la reformulo de la manera siguiente:
ITEMS 1 Y 7 VALOR EN ADUANA $ 2.148,39 TRIBUTOS:
DERECHOS DE IMPORTACIÓN (19,5%) $ 418,93 TASA DE ESTADÍSTICA (0,5%) $ 10,75 TASA DE C. DE DESTINO (24%) $ 515,62 BASE IMPONIBLE IVA $ 3.093,69 IVA (21%) $ 649,67 TOTAL TRIBUTOS $ 1.594,97 ITEM 2 VALOR EN ADUANA $ 845,22 TRIBUTOS:
DERECHOS DE IMPORTACIÓN (18%) $ 152,14 TASA DE ESTADÍSTICA (0%) $ 0 TASA DE C. DE DESTINO (24%) $ 202,85 BASE IMPONIBLE IVA $ 1.200,21 IVA (21%) $ 252,04 TOTAL TRIBUTOS $ 607,03 ITEM 3 VALOR EN ADUANA $ 464,55 TRIBUTOS:
DERECHOS DE IMPORTACIÓN (14%) $ 65,04 TASA DE ESTADÍSTICA (0%) $ 0 TASA DE C. DE DESTINO (24%) $ 111,49 BASE IMPONIBLE IVA $ 641,08 IVA (21%) $ 134,63 TOTAL TRIBUTOS $ 311,16 ITEM 4 VALOR EN ADUANA $ 83,14 TRIBUTOS:
DERECHOS DE IMPORTACIÓN (15,5%) $ 12,89 TASA DE ESTADÍSTICA (0,5%) $ 0,42 TASA DE C. DE DESTINO (24%) $ 19,95 BASE IMPONIBLE IVA $ 116,40 IVA (21%) $ 24,44 TOTAL TRIBUTOS $ 57,7 ITEMS 5 Y 6 VALOR EN ADUANA $ 47.923,40 TRIBUTOS:
DERECHOS DE IMPORTACIÓN (17,5%) $ 8.386,60 TASA DE ESTADÍSTICA (0,5%) $ 239,62 TASA DE C. DE DESTINO (24%) $ 11.501,62 BASE IMPONIBLE IVA $ 116,40 IVA (21%) $ 10.063,91 TOTAL TRIBUTOS $ 30.191,75
Total tributos adeudados: $ 32.762,61 Conforme lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución (DE PRLA) 47/13, en cuanto impone multa a la firma “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A.” en una vez y media el importe de los tributos que gravan la importación a consumo, que asciende a la suma de $ 33.066,14. Costas a la actora.
2. Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) 47/13 en tanto exige el pago de tributos, con excepción de las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias), los que ascienden a la suma de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 61/100 ($ 32.762,61), más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 09/11/12 y hasta la fecha de efectivo pago teniendo en cuenta la suspensión dispuesta. Costas por sus mutuos vencimientos que se estiman en un 23% a cargo del Fisco y un 77% a cargo de la actora. El Dr. González Palazzo dijo:
Que me adhiero a lo propuesto por el Dr. Garbarino con excepción a lo sentado en el Considerando VI de su voto en relación a cómo deberán calcularse los intereses adeudados por la recurrente, en tanto suspende el cómputo de los intereses resarcitorios devengados a favor de la DGA desde el 08/02/13 –cinco días hábiles después de la fecha del dictado de la resolución aduanera- hasta su notificación en fecha 21/11/14 en tanto, entiendo que, asumir una posición que recoja un agravio como el introducido en esta etapa jurisdiccional, es exceder el marco del contexto fáctico de lo traído a estudio.
Es evidente el silencio que mantuvo pasivamente la actora a lo largo de la aletargada etapa sumarial en instancia aduanera en el sentido de postular algún remedio procesal –como hubiera sido el instituto del amparo por mora contenido en el corpus aduanero en su artículo 1160- denotando una conducta proactiva para evitar el efecto lesivo de la demora del Estado –a través de la Aduana- en disponer un acto administrativo que estime lesivo a sus intereses.
Claramente, no es lo justo ni lo ético las únicas razones que deben merituarse para valorar el contexto de la demora acaecida en la especie y su impacto –nada menos- que en la decisión pudiere acarrear en la sensible tarea recaudatoria de la Aduana y el impacto en la determinante necesidad del Estado en obtener –legítimamente, claro está- los recursos que necesita para su funcionamiento.
El único argumento que advierto como viable para dar sustento al planteo suspensivo acogido por mi colega de grado, podría encontrar sustento en el instituto del plazo razonable al que se alude en el inciso 1, del art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos en tanto constituye, una garantía exigible en toda clase de procesos, de acuerdo a lo establecido expresamente en la valiosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 31/1/01, caso del “Tribunal Constitucional del Perú -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-”, considerandos 66 y ss., en especial considerandos 69”.
Al respecto, hemos dicho en diversos pronunciamientos que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos -cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos: 318:514; 323:4130, entre otros), constituyendo una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" (confr. CSJN, caso "Simón", sentencia de 17 de junio de 2005, considerando 17)- como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -al expedirse sobre el punto 6.1 de la ConvenciónEuropea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que contiene una previsión similar- han expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (casos "Genie Lacayo vs. Nicaragua”, fallada el 29 de enero de 1997, párrafo 77 y "López Alvarez v. Honduras”, fallado el Io de febrero de 2006; "Konig”, fallado el 10 de marzo de 1980 y publicado en el Boletín de Jurisprudencia Constitucional 1959- 1983 en Madrid por las Cortes Generales).
Es claro que en materia infraccional penal, la tutela jurisdiccional de los derechos del administrado debe custodiada al extremo en el afán de no arribar a una decisión que pudiere derivar una injusticia extrema (que en el caso no se verifica), empero la operación en trato y su impacto tributario, supone una demandable proactividad de quien opera como particular, en este caso, con el servicio aduanero.
Es sabido que la Aduana, históricamente, impulsa los procesos que son sometidos a su jurisdicción con una demora que lejos está de los estándares de excelencia que se esperaría de un organismo que tiene una misión recaudatoria y de control. Empero, también los particulares –insisto en el contexto de lo pretendido- tienen una responsabilidad subyacente para hacer valer sus derechos y ella no puede recaer exclusivamente en el Estado. Insisto, el silencio mantenido hasta la excitación de esta instancia jurisdiccional, no puede tomarse como intrascendente en una cuestión de naturaleza estrictamente tributaria. Por el contrario, la falta de un temperamento proactivo denota un desinterés en el ejercicio de su derecho para ahora reclamar una morigeración –a través de la suspensión de los plazos para computar los intereses resarcitorios-de lo debido al Fisco.
Al no colegirse un plazo irrazonable en el contexto de lo acaecido administrativamente, el desinterés que se verifica empíricamente no puede afectar el cómputo de los intereses que le son legítimamente exigidos en base al argumento retórico en abstracto de “justicia y equidad”.
Por ello, voto por:
1. Adherirme a lo propuesto por el Dr. Garbarino, excepto a lo que hace a la suspensión del cómputo de los intereses expuesto en el punto 2 in fine de la parte resolutiva de su voto.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución (DE PRLA) 47/13, en cuanto impone multa a la firma “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A.” en una vez y media el importe de los tributos que gravan la importación a consumo, que asciende a la suma de $ 33.066,14. Costas a la actora.
2. Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) 47/13 en tanto exige el pago de tributos, con excepción de las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias), los que ascienden a la suma de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 61/100 ($ 32.762,61), más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 09/11/12 y hasta la fecha de efectivo pago. Costas por sus mutuos vencimientos que se estiman en un 23% a cargo del Fisco y un 77% a cargo de la actora.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9), a la Dra. Marta Nora Chiappe (27-05617314-0) y al Dr. Ariel Serantes a la CUIT (20-25226196-7). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.03.02 15:38:41 -03:00 Date: 2023.03.02 15:42:59 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.02 21:47:15 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.02 21:47:16 -03:00
Fin de la sentencia