Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35056-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de la parte actora y revocar la resolución de fs. 166/175;
2Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida, al no advertirse CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182, del CA y 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN)
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 69208/2022 "INGENIERIA Y COMPUTACION SA (TF 35056-A)
Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, de marzo de 2023.
1. Que, a fs. 166/175, el Tribunal Fiscal de la Nación:
(i) Confirmó el artículo 1º de la resolución DE PRLA 8595/13, dictada en la actuación SIGEA 12210-2712-2005, en cuanto condena a la importadora Ingeniería y Computación SA al pago de una multa, en los términos del artículo 970 del Código Aduanero, con relación a la destinación de importación temporaria (DIT) 02 073 IT14 000219F. (ii) Impuso las costas del punto anterior a la importadora. (iii) Confirmó parcialmente el artículo 3º de la citada resolución DE PRLA 8595/13, en cuanto a la exigencia tributaria formulada a las actoras, y declaró que los tributos adeudados por Ingeniería y Computación SA ascendían a U$S 40.148,39 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, y a $85.745,84 en concepto de percepciones de IVA y del Impuesto a las Ganancias, más los intereses correspondientes.
Asimismo, declaró que la responsabilidad de Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros se circunscribía al límite máximo previsto en la póliza, más los intereses correspondientes. (iv) Distribuyó las costas del punto anterior conforme los vencimientos, los que estimó en un 39% a cargo de la importadora y en un 61% a cargo de la demandada. A su vez, en atención a que en la resolución aduanera se había reclamado el importe de tributos a la aseguradora hasta el límite máximo de la póliza, y considerando el importe de tributos cuyo pago correspondía efectuar, estimó los vencimientos en un 42,4% a cargo de la aseguradora y en un 57,6% a cargo del Fisco.
Para resolver como lo hizo, en lo que aquí interesa señalar, mencionó que la causa se había iniciado tras detectarse una presunta infracción al régimen de importación temporaria con relación a la mercadería amparada por el mencionado DIT, cuyo vencimiento había operado el 3/2/03.
Indicó que la denuncia se había efectuado el 18/10/05 (fs. 1 y 4 act. adm.); el sumario se había instruido el 17/12/08 (fs. 11, act. adm.); la vista se había corrido el 19/3/13 –y notificado a la importadora el 27/3/13– (fs. 25/vta. y 29, act. adm.); y la resolución que puso fin al sumario se había dictado el 29/11/13 (fs. 78/80, act. adm.).
Destacó que se encontraba a cargo de los beneficiarios la obligación de solicitar la cancelación de las importaciones temporarias, dando a conocer los permisos de embarque (PE) por los que la mercadería había sido reexportada, de acuerdo con lo previsto por el artículo 250 del Código Aduanero. Asimismo, señaló que, tratándose de mercadería importada para perfeccionamiento, al amparo del decreto 1439/96 (res. MEyOSP 72/92), se encontraba específicamente reglada, a través de la resolución ANA 127/92 y sus modificatorias, la obligación de consignar en los respectivos permisos de embarque lo relativo al certificado de tipificación y clasificación (CTC), así como las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número de DIT, la clase y cantidad de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria. Finalmente, aclaró que la obtención y presentación del correspondiente CTC se encontraba prevista en el artículo 8º de la citada resolución 72/92 y en el artículo 14 del decreto 1439/96.
Ponderó que, en el caso, la importadora había acompañado como prueba en instancia aduanera copias certificadas de los PE por medio de los cuales se habría reexportado el total de la mercadería.
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Sin embargo, parte de esas copias resultaba ilegible y, fundamentalmente, en ninguna parte mencionaban el CTC que acreditaba la relación insumo-producto (PE nros. 02 038 EC03 2150C y 02 038 EC03 1660H). Precisó que, la copia de un permiso de embarque en particular (PE 02 038 EC03 915J), carecía de hoja de descarga, por lo que tampoco se observaba la imputación al DIT ni la mención al CTC correspondiente. Finalmente, hizo hincapié en que la actora no había identificado ni acompañado copia de los CTC involucrados en la descarga, incumpliendo con la carga de acreditar el cabal cumplimiento del régimen.
Sobre esa base, tuvo por configurada la infracción prevista por el artículo 970 del Código Aduanero con respecto al total de la mercadería importada temporariamente, y efectuó la reliquidación de los tributos conforme con lo previsto en el artículo 274 del mismo código, para lo cual tomó en consideración la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a la inaplicabilidad del derecho adicional y a la moneda en que debían determinarse los tributos aduaneros y las percepciones de tributos interiores, respectivamente.
Resta aclarar que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1164 del Código Aduanero, rechazó expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad de la tasa de interés mensual aplicable.
2. Que, disconforme con la decisión, a fs. 176, Ingeniería y Computación SA interpuso apelación, que se concedió a fs. 181, se fundó a fs. 187/192, y fue replicada a fs. 204/208vta.
En sustancia, insistió en que, antes del vencimiento del plazo de permanencia, había exportado la totalidad de la mercadería a través de los PE 02 038 EC03 2150C, 02 038 EC03 1660H y 02 038 EC03 915J; lo que intentó probar en sede aduanera con los medios a su alcance.
Hizo especial hincapié en que, al momento de notificársele la vista, habían transcurrido más de diez años desde los hechos, por lo que, en su contestación, puso expresamente de manifiesto que ya no conservaba parte de la documentación idónea para acreditar la relación entre los insumos importados y la mercadería resultante del proceso productivo.
Aclaró que el plazo de conservación de la documentación aduanera a cargo del contribuyente era de diez años al tiempo de los hechos (disp. AFIP 455/98) y que, de haberse enterado antes de la existencia del sumario abierto con relación al DIT 02 073 IT14 000219F, habría tomado recaudos para conservar los CTC o, en su defecto, las declaraciones juradas de insumos y mermas presentadas ante la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación.
Agregó que ofreció como prueba en sede aduanera que la DGA remitiese las carpetas contenedoras de los permisos de embarque, lo que tampoco fue posible producir, por haber vencido el plazo de conservación de la documentación en poder de la demandada. En esas condiciones –es decir, al haberse practicado la notificación de la corrida de vista una vez expirado el plazo de conservación de la documentación–, la recurrente sostuvo que la imputación resultó contraria a los principios de legalidad y debido proceso que consagra la Constitución Nacional; por lo que pidió que se declarase la nulidad de la resolución DE PRLA 8595/13, en el entendimiento de que carecía de causa y violaba el derecho aplicable. En subsidio de lo anterior, impugnó la liquidación de los tributos por haber sido intimados en una moneda fuerte y distinta a la de curso legal, como es el dólar estadounidense. Indicó que la determinación en esa moneda era irrazonable y contraria a la prohibición de repotenciación de deudas; máxime cuando se le aplica una tasa de interés superior al 3% mensual.
Citó jurisprudencia en apoyo de su interpretación.
3. Que, teniendo en cuenta los planteos que se formulan en la instancia, en primer lugar, corresponde determinar si se configuró, o no, la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT 02 073 IT14 000219F.
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El referido artículo del código incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”; y, sin duda alguna, la obligación a que primordialmente se refiere la norma es la prevista en el artículo 250 del mismo cuerpo legal, es decir, la exportación de la mercadería ingresada antes del vencimiento del plazo de permanencia otorgado, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a hacerlo.
Al tratarse de una excepción al régimen general, la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón de otorgamiento cae en cabeza del beneficiario, quien ha de probarlo por medio de la documentación aduanera correspondiente (cfr. esta sala, causa “Curtiembre Pelicce SA (TF 9684-A c/ DGA”, sent. del 31/08/04). En caso de que la Aduana se encontrare impedida de aportar los originales en su poder por haber vencido su plazo de conservación –tal como aconteció en el caso (v. esp. fs. 68 act. adm. y fs. 112 de este expte.)–, se han considerado suficientes las copias simples de la documentación aportadas por la parte actora siempre que, del cotejo de los datos obrantes en ellas, surja en forma fehaciente la descarga del total de la mercadería ingresada (cfr. esta sala, causas “Meskas Juan y Juan Meskas & Meskas Antonio S (TF 22547-A) c/ DGA”, sent. del 8/6/10; “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 22547-A) c/ DGA”, sent. del 10/6/10; “Supertap SA (TF 26901-A) c/ DGA”, sent. del 11/4/13; entre otras).
A su vez, se tiene dicho que en los supuestos de importación temporaria con fines de transformación –como se da en la especie–, la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación son los correspondientes permisos de embarque y certificados de tipificación y clasificación –o copias de aquellos instrumentos, frente a la imposibilidad de acompañarlos-, de forma tal de poder constatar la relación insumo-producto y, con ello, la efectiva regularización de la mercadería introducida mediante el DIT en trato (cfr. esta sala, causa 35392/10, “Orandi Y Massera SA (TF 19648-A) C/ DGA”, sent. del 15/03/11, y sus citas, arg. art. 14, dto. 1439/96 y art. 8º res. ME 72/92).
4. Que, en el caso, el vencimiento de la destinación temporaria operó el 3/2/03.
De acuerdo con la nota del importador fechada el 6/2/02, obrante en el sobre contenedor del DIT a fs. 3 de la actuación administrativa, la mercadería importada estaba amparada por la factura comercial nro. 444 y consistía en 4 servidores “Stratus” (compuestos cada uno de ellos por 1 CPU, 1 monitor, 1 teclado, 1 mousse y 3 cables de conexión), 4 módems con su correspondiente transformador y cables de conexión, 8 discos con software “Windows 2000 Advance Server and 25 CAL´s”, 36 manuales, y otros 20 discos con drivers de instalación de los componentes de cada servidor y complementos de manuales. El valor FOB total declarado por la mercadería importada, y coincidente con el de la factura nro. 444, fue de USD 112.312.
En el sobre contenedor del DIT obra otra nota del importador, fechada el 7/2/02, en la que declaró bajo juramento que la mercadería sería utilizada “en la fabricación de sistemas de medición para variables hidrotérmicas”.
A fin de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, en sede aduanera la actora proporcionó copias de los permisos de embarque 02 038 EC03 2150C, 02 038 EC03 1660H y 02 038 EC03 915J;
todos los cuales tienen constancia de cumplido y fueron registrados con antelación al vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería.
Las copias fueron anexadas a la nota que presentó su despachante de aduana el 13/2/02 a fin de solicitar la cancelación de la importación temporaria, y que se encuentra en la propia carpeta del DIT, a fs. 3 de las actuaciones. También lo fueron a la contestación de la vista del sumario (fs. 36/52, act. adm.); oportunidad en que, tal y como afirma la recurrente, aclaró que no contaba con los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV ejemplares de los correspondientes certificados de tipificación y clasificación “en razón del tiempo transcurrido desde la realización de las citadas exportaciones”, y asimismo solicitó al servicio aduanero la remisión de las carpetas contenedoras de los permisos de embarque “dentro de las cuales se encuentran agregados los ejemplares de los documentos que acreditan la relación insumo-producto entre las mercaderías importadas y reexportadas” (fs. 30vta. y 31, act. adm.).
Al respecto se observa que todas las copias de los PE, incluida la del 02 038 EC03 915J, cuentan con su correspondiente planilla de descarga e imputación específica al DIT 02 073 IT14 000219F (v. esp. fs. 51/52, act. adm.).
Si bien el Tribunal Fiscal de la Nación acierta en señalar que ninguno de los documentos menciona el CTC aplicable y que estos documentos nunca fueron acompañados –lo que, en gran medida, se debió al tiempo transcurrido entre el hecho presuntamente infraccional y la notificación de la vista a la interesada–, no es menos cierto que la mercadería importada temporariamente no sufrió una transformación tal como consecuencia de su sometimiento al proceso productivo que hiciese indispensable la lectura de los CTC a efectos de constatar la cancelación de la importación temporaria. En el caso concreto, esa cancelación se pone en evidencia a partir de la correspondencia entre la descripción, la marca, el modelo, la cantidad de unidades y el valor de los insumos consignados en las planillas de descarga de los tres PE –con imputación específica al DIT del caso–, y en la destinación de importación.
Así, se observa que a través de los señalados permisos de embarque se exportó un total de: 4 unidades de proceso, marca Stratus, modelo FT server 3210 (coincidente con el que se consigna en la descripción de la mercadería en el DIT 02 073 IT14 000219F); 8 unidades de software Microsoft Windows/2000/Advance; 4 módems ; 36 manuales impresos “STRATUSSERVER”; y 20 unidades de “discos” o “drivers” de instalación de los distintos componentes de los servidores; en plena coincidencia con el detalle efectuado en la nota del 6/2/02.
También se advierte que los productos exportados consistieron en soportes para control o distribución de electricidad; en concordancia con lo declarado por el importador en la nota del 7/2/02. Finalmente, surge que el precio CIF total de los insumos consignados en las planillas de los PE e imputados al DIT del caso (USD 115.215,95), resulta coincidente con la sumatoria de los importes: valor FOB total (USD 112.312), flete (USD 1313,20), y seguro (USD 1590,76), detallados en el DIT y respaldados por la documentación comercial adjunta al despacho.
5. Que, en el particular contexto al que se ha hecho referencia, y sin dejar de reconocer que el régimen al amparo del cual ingresó la mercadería exige al beneficiario obtener el correspondiente CTC y presentarlo ante la Aduana al momento de solicitar la cancelación de la temporal (arg. art. 14, dto. 1439/96), cabe tener por configurada una situación de duda respecto de la responsabilidad que se imputa a la actora, que no puede ser resuelta en su contra en virtud del principio contenido en el artículo 898 del Código Aduanero (en similar sentido, cfr. esta Sala, causa 5667/12 “Alcatel Lucent de Argentina SA”, sent. del 21/3/17 y su cita).
Por consiguiente, corresponde admitir el agravio, revocar la resolución apelada, y dejar sin efecto la resolución DE PRLA 8595/13, en cuanto tuvo por configurada la infracción al artículo 970 del Código Aduanero con relación a la mercadería del DIT 02 073 IT14 000219F, e intimó al pago de la multa y los tributos resultantes. Ello, a su vez, torna insustancial tratar los restantes agravios de la recurrente.
Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de la parte actora y revocar la resolución de fs. 166/175; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida, al no advertirse CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182, del CA y 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN)
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia