Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 35349-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso incoado y confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido motivo de agravios, con costas. Conociendo del recurso de apelación deducido contra la regulación de honorarios de fs. 83 y vta., en primer término, cabe puntualizar que la Ley 27.423 no se aplica a las etapas que tuvieron comienzo de ejecución antes de su entrada en vigencia (cfr. CSJN, Fallos: 341:1063 y esta Sala, causa 670/11, “Fernández, Mauro Nicolas c/ GCBA (Cromañon) y otros s/daños y perjuicios”, del 31/08/2023 y -en su actual composición- causa 50.062/11 “Salvatierra Carlos Daniel y otro c/ EN -M° Defensa-Ejercito 1104/05 751/09 s/ personal militar y civil de las ffaa y de seg”, del 15/05/2025).
Por ello, ponderando la naturaleza del juicio, su monto (cfr. fs. 1), la importancia de la cuestión y la entidad de la labor desarrollada en la única etapa cumplida ante el Tribunal Fiscal, SE CONFIRMAN los honorarios fijados y, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN sus emolumentos, por las tareas cumplidas en la alzada (cfr. contestación de memorial de fs. 112/123) en 1 UMA, que equivale -a la fecha- a la suma de setenta y tres mil doscientos cuatro pesos -$73.204-. (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la Ley 21.839; arts. 16, 20, 21, 30 de la Ley 27.423 y Res. SGA 1432/25).
33092/2023 “INGENIERIA Y COMPUTACION SA (TF 35349-A) c/ DGA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de julio de 2025.- TAR
El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 95 y fundado a fs. 102/106, contra la sentencia de fs. 69/73, cuyo traslado fue replicado a fs. 112/123; y,
I. Que la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante TFN), por la sentencia dictada el 2 de marzo del 2023, confirmó la Resolución 47/13 (DE PRLA), dictada en la Actuación SIGEA 12197-5046-2005, en cuanto le había impuesto a la firma actora una multa por la infracción al art. 970 del Código Aduanero (en adelante, CA), con costas y confirmó parcialmente dicha resolución, respecto a la determinación de los tributos exigidos y sus accesorios. En este caso, distribuyó las costas en un 23% a cargo del Fisco Nacional y un 77% a cargo de la parte actora.
II. Que disconforme con lo así resuelto la recurrente se agravia de que el decisorio apelado no admitió su petición referida a que se suspendiera el cómputo de intereses durante el lapso de tiempo en el que su contraparte había demorado la notificación de la resolución aduanera impugnada, con fundamento en que dicha demora no le resulta imputable.
Remarca que el voto del Vocal Instructor, Dr. Pablo A.
Garbarino había admitido su requerimiento sobre el punto. Cuestiona, por el contrario, los fundamentos expuestos en el Voto del Dr. Christian M. González Palazzo, al cual adhirió la Dra. Caludia B. Sarquis, para rechazar dicha petición. Aduce que, “conforme demuestra la compulsa de las presentes actuaciones, el servicio Aduanero ha adoptado una mala praxis procedimental que pretende perpetuar, indefinidamente en el tiempo, el plazo para realizar las funciones a su cargo; negligencia que, además de transgredir el orden público y las normas de aplicación citadas en los párrafos que anteceden, lesionan principios esenciales del derecho que deben permanecer incólumes en materia penal y tributaria” (el énfasis corresponde al original).
Por ende, insiste en que se la exima de pagar los intereses resarcitorios devengados desde el 8/2/2013 (cinco días hábiles posteriores a la fecha del dictado de la resolución definitiva que culminó el sumario), hasta el día de su notificación, practicada el día 21/11/2014.
III. Que por otra parte, los honorarios regulados a la dirección letrada y representación de la parte demandada a fs. 83/83 vta. fueron apelados a fojas 91, por considerarlos bajos.
IV. Que, en efecto, el voto del Sr. Vocal Instructor admitió lo peticionado en forma subsidiaria en el apartado IV, 2., a) de su recurso, titulado “Denuncia negligencia-Solicita exención de pago de intereses” (cfr. fs. 47). Para adoptar tal temperamento, señaló que “…le asiste razón al apelante cuando sostiene que la injustificada e irrazonable demora del servicio aduanero en la notificación de la resolución perjudica su patrimonio”. Merced a tal consideración, estimó que “…bajo irrenunciables principios de justicia tributaria y razonabilidad, como así también por estrictas razones de ética y equidad (…) el cómputo de los intereses resarcitorios en cuestión siempre debe fijarse en sus justos y éticos límites, máxime en el actual contexto social de inestabilidad y crisis económica y financiera”.
Finalmente, concluyó que “…resulta ajustado a derecho suspender el cómputo de los intereses resarcitorios devengados a favor de la DGA desde el 08/02/13 (cinco días hábiles después de la fecha del dictado de la resolución aduanera) hasta su notificación”.
Por su lado, el Dr. González Palazzo manifestó adherir al voto de su colega “…con excepción a lo sentado en el Considerando VI de su voto, en relación a como deberán calcularse los intereses adeudados por la recurrente”.
En este caso, el Magistrado fundamentó que “…asumir una posición que recoja un agravio como el introducido en esta etapa jurisdiccional, es exceder el marco del contexto fáctico de lo traído a estudio.”
Agregó que “[e]s evidente el silencio que mantuvo pasivamente la actora a lo largo de aletargada etapa sumarial en instancia aduanera en el sentido de postular algún remedio procesal -como hubiera sido el instituto del amparo por mora contenido en el corpus aduanero en su artículo 116- denotando una conducta proactiva para evitar el efecto lesivo de la demora 33092/2023 “INGENIERIA Y COMPUTACION SA (TF 35349-A) c/ DGA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
del Estado -a través de la Aduana- en disponer un acto administrativo que estime lesivo a sus intereses.”
Puntualizó que “…no es lo justo ni lo ético las únicas razones que deben merituarse para valorar el contexto de la demora acaecida en la especie y su impacto -nada menos- que en la decisión pudiere acarrear en la sensible tarea recaudatoria de la Aduana y el impacto en la determinante necesidad del Estado en obtener -legítimamente, claro está- los recursos que necesita para su funcionamiento.”
Por último, la Dra. Sarquis adhirió al voto del Dr. González Palazzo.
V. Que, sentado lo anterior, el agravio formulado no puede ser admitido, toda vez que resulta de aplicación al sub examine el temperamento adoptado por la Sala IV, según el cual, toda vez que el CA prevé la opción de suspender el curso de los intereses mediante un depósito en garantía, no corresponde otorgar sin más la suspensión del curso de los intereses fundada en la existencia de mora no imputable al contribuyente deudor (doctr. esta Cámara, Sala IV, causa 21771/12 “Procesadora de Boratos Argentinos SA”, del 24/5/2016; causa 2544/18 “Vesuvio SACIFI (TF 27513-A) y otros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 11/8/2022 y citas; entre muchas otras).
En el mismo sentido, ha expresado este Tribunal que deben acreditarse circunstancias que hubieren impedido acudir a la opción prevista por el artículo 796 del Código Aduanero; de lo contrario, la existencia de esa alternativa excluye la posibilidad de aceptar el agravio basado en el irrazonable detrimento patrimonial sufrido (cfr. esta Sala, causa 25364/23 “Cereales Partners LLC UTE (TF 37553-A) c/ DGA s / recurso directo de organismo externo”, del 6/8/2024). Por consiguiente, atento a lo prescripto por los artículos 794 a 796 del Código Aduanero, y a que la recurrente no ha invocado ni mucho menos demostrado la imposibilidad de afectar sumas en garantía en sede aduanera, a fin de ejercer la opción prevista por el legislador, no se advierten motivos que puedan justificar la eximición de intereses pretendida.
VI. Que, finalmente, las costas de esta instancia deben ser impuestas a la parte vencida, ya que no se advierte la existencia de razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, SE RESUELVE: rechazar el recurso incoado y confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido motivo de agravios, con costas. Conociendo del recurso de apelación deducido contra la regulación de honorarios de fs. 83 y vta., en primer término, cabe puntualizar que la Ley 27.423 no se aplica a las etapas que tuvieron comienzo de ejecución antes de su entrada en vigencia (cfr. CSJN, Fallos: 341:1063 y esta Sala, causa 670/11, “Fernández, Mauro Nicolas c/ GCBA (Cromañon) y otros s/daños y perjuicios”, del 31/08/2023 y -en su actual composición- causa 50.062/11 “Salvatierra Carlos Daniel y otro c/ EN -M° Defensa-Ejercito 1104/05 751/09 s/ personal militar y civil de las ffaa y de seg”, del 15/05/2025).
Por ello, ponderando la naturaleza del juicio, su monto (cfr. fs. 1), la importancia de la cuestión y la entidad de la labor desarrollada en la única etapa cumplida ante el Tribunal Fiscal, SE CONFIRMAN los honorarios fijados y, con fundamento en pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN sus emolumentos, por las tareas cumplidas en la alzada (cfr. contestación de memorial de fs. 112/123) en 1 UMA, que equivale -a la fecha- a la suma de setenta y tres mil doscientos cuatro pesos -$73.204-. (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la Ley 21.839; arts. 16, 20, 21, 30 de la Ley 27.423 y Res. SGA 1432/25).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite -en la instancia anterior- su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros). Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 3/25 de esta Cámara. 33092/2023 “INGENIERIA Y COMPUTACION SA (TF 35349-A) c/ DGA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia