Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35628-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
27364/2025 “INGENIERIA Y COMPUTACION SA (TF 35628-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, octubre de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 102/106vta., el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) confirmó la resolución DE PRLA 7722/14, dictada en el expediente SIGEA 12197-5082-2009, en cuanto impuso una multa de $1.345.008,15 a Ingeniería y Computación SA, por la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto de la destinación de importación temporaria 03 001 IT14 6505B;
(ii) confirmó parcialmente el reclamo tributario contenido en la misma resolución y declaró que la firma adeudaba la suma de USD 181.267,95 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, más los intereses previstos en el artículo 794 del Código Aduanero, calculados desde el 9/8/10 hasta la fecha de efectivo pago;
(iii) revocó la exigencia de las percepciones del IVA y el Impuesto a las Ganancias.
(iv) distribuyó las costas conforme a los vencimientos.
Para decidir en ese sentido, en primer lugar, rechazó el planteo de prescripción formulado por la recurrente. Señaló que la destinación temporaria había vencido el 11/10/04, por lo que el plazo de prescripción de ambas acciones del Fisco comenzó a correr el 1/1/05 y vencía el 31/12/09 (conf. arts. 803, 804, 934 y 935 del Código Aduanero). No obstante, respecto de la acción para percibir tributos, y conforme a la postura mayoritaria del Tribunal, indicó que el 26/11/09 se dictó el auto de apertura del sumario, lo que activó la causal suspensiva prevista en el artículo 805, inciso a, del citado cuerpo normativo. Agregó que la prescripción se mantuvo suspendida por la interposición del recurso contra la resolución aduanera (art. 805, inc. c, CA). En cuanto a la acción para imponer sanciones, consideró que el plazo de prescripción se había interrumpido con el dictado del auto de apertura sumarial el 26/11/09 y con la resolución DE PRLA 7722 el 10/11/14 (art. 937, incs. a y d, CA).
Con relación al fondo, destacó que la beneficiaria del régimen tenía la obligación de solicitar la cancelación de la importación temporaria y acreditarla mediante la documentación correspondiente. Precisó que debía presentar los permisos de embarque que acreditaran la reexportación de la mercadería, conforme lo dispuesto por el artículo 250 del Código Aduanero. Además, tratándose de una importación para perfeccionamiento bajo el régimen del decreto 1439/96, dicha obligación se encontraba reglada por la resolución ANA 127/92 y sus modificatorias, que exigían consignar en cada permiso de embarque la información relativa al Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC), así como las referencias necesarias a la importación temporaria, 1 tales como el número de DIT, clase, cantidad de mercadería importada comprendida en la exportación y fecha de vencimiento del plazo de permanencia de los insumos. Asimismo, aclaró que la obtención y presentación del CTC estaba prevista en el artículo 14 del decreto 1439/96, para lo cual el beneficiario debía presentar ante la Secretaría de Industria y Comercio una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes.
Examinado el marco normativo, el Tribunal analizó la documentación presentada por la importadora para acreditar la cancelación de la destinación temporaria, que comprendía 22 ítems de mercadería, correspondiente a diferentes posiciones arancelarias1. Indicó que en sede aduanera se habían aportado copias de los PE 03 038 EC03 7365Z y 7722N, así como de la solicitud de CTC 0201931/03. Sin embargo, tras revisar todas las constancias del expediente, el tribunal de origen concluyó que no podía considerarse reexportada la mercadería, dado que las planillas de descarga de los citados PE no mencionaban ningún CTC ni su solicitud, lo que impedía verificar la relación entre los insumos importados y los productos exportados. Respecto de la liquidación tributaria, dejó sin efecto el reclamo por percepciones de tributos interiores, remitiéndose al precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Cladd ITA S.A. (TF 22343-A) c/ DGA”, del 26/11/19. Finalmente, estableció que la liquidación de los tributos aduaneros confirmados debía efectuarse en dólares estadounidenses, conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 23.905.
2. Que, disconforme con la decisión, Ingeniería y Computación SA interpuso apelación a fs. 111, que se concedió a fs. 125, se fundó a fs. 128/137 y fue replicada a fs. 140/146vta.
En primer término, insistió en la prescripción de las acciones del Fisco para imponer multas y percibir tributos en relación con la destinación objeto del caso. Señaló que el auto de apertura del sumario fue dictado el 26/11/09, cuando aún restaba 1 mes y 5 días para el vencimiento del plazo original de prescripción, y que dicho acto no fue notificado dentro de los cinco días posteriores a su emisión, tal como lo exige la normativa aplicable (conf. art. 1017 del Código Aduanero y art. 40 del decreto 1759/72). Añadió que la vista del sumario fue dictada y notificada recién en julio de 2010, y que la resolución DE PRLA 7722 fue emitida el 10/11/14, pero notificada el 2/3/15, es decir, también fuera del plazo de cinco días previsto por la reglamentación. En ese contexto, sostuvo que, conforme a una interpretación 1 Ítem 1: 8537.10.90, ítem 2: 8536.90.90, ítem 3: 8536.90.90, ítem 4: 8504.40.90, ítem 5: 8504.40.90, ítem 6: 8471.80.19 , ítem 7: 8538.90.90, ítem 8: 8538.90.90, ítem 9: 8504.40.10, ítem 10: 8523.90.90, ítem 11: 8544.41.00, ítem 12: 8504.90.90, ítem 13: 8504.90.90, ítem 14: 9032.90.99, ítem 15: 8414.59.90, ítem 16: 8536.10.00, ítem 17: 9032.90.10, ítem 18: 8538.90.10, ítem 19: 8541.21.99, ítem 20: 8524.39.00, ítem 21: 9029.90.10, ítem 22: 9031.80.90.
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razonable del artículo 805, inciso a, del Código Aduanero, debía considerarse que el plazo de prescripción de la acción tributaria se suspendió el 26/11/09, con el dictado del auto de apertura sumarial —sin que en el interregno pudieran operar otras causales interruptivas o suspensivas— y se reanudó el 10/11/14, con la emisión de la resolución definitiva. En consecuencia, al momento de la notificación de dicha resolución en marzo de 2015, ya había transcurrido el remanente de 1 mes y 5 días, por lo que el plazo de prescripción de la acción tributaria se encontraba vencido. De igual modo, la extemporaneidad de la notificación del acto de instrucción del sumario y de la resolución definitiva, llevarían a declarar prescripta la acción para imponer sanciones, de acuerdo con una interpretación razonable de las causales de interrupción previstas en el artículo 937, incisos a y d, del código de la materia. En segundo término, la parte reafirmó la validez y eficacia de las pruebas incorporadas al proceso, destinadas a acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas al documentar la importación temporaria. Explicó que, si bien al momento de realizar la exportación omitió declarar en el sistema informático el CTC aplicable, acompañó el documento durante el trámite del sumario, por lo que el Tribunal Fiscal debió haber verificado que no existió un incumplimiento sustancial, al haberse reexportado la totalidad de las unidades importadas dentro del plazo de permanencia autorizado y con afectación al destino previsto por el régimen. Sostuvo que se habían cumplido las dos obligaciones esenciales exigidas por el régimen (el plazo de permanencia y la afectación de la mercadería al fin que justifica su otorgamiento). Entendió que, en esas condiciones, la imputación colisionaba con el principio de legalidad que debe primar en materia infraccional y tributaria. Subsidiariamente, para el caso de que se confirmara la pretensión del Fisco, solicitó el reencuadre de la conducta en la infracción prevista en el artículo 972 del Código Aduanero.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación a fs. 119/123vta., que se concedió a fs. 125 y no fue replicada.
Únicamente se agravió por la condena en costas con respecto a los rubros de la liquidación tributaria que resultaron revocados. Planteó que existían motivos para distribuir las costas de ese punto por su orden, ya que el precedente del Máximo Tribunal que se había tomado en cuenta era posterior al dictado de la resolución aduanera y al inicio de esta causa.
4. Que no resulta atendible el planteo de prescripción de las acciones del Fisco.
En el caso no alcanzó a cumplirse el término previsto por la normativa aduanera, toda vez que el vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería se produjo el 11/10/04; es decir que la prescripción de las acciones comenzó a correr el 3 1/1/05 y, de no mediar ninguna causal de suspensión o interrupción, hubiese operado el 31/12/09 (arts. 803, 804, 934, 935 y cctes. del CA).
Sin embargo, en lo que respecta a la acción tendiente a percibir tributos, el plazo se mantiene suspendido desde el dictado del auto de apertura del sumario del 26/11/09 (fs. 8, act. adm.), puesto que, hasta al momento, esa acción del Fisco no se encuentra expedita (arg. arts. 805, incs. a y c, 1134 y 1172, CA; y doctr. esta Sala, causa 14530/22 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, sentencia del 27/9/22, considerando 4º y sus citas).
Por otra parte, con relación a la acción para imponer penas, el curso de la prescripción se interrumpió con el dictado del referido auto de apertura de sumario (arg. art. 937, inc. a, CA). Como consecuencia de ello, un nuevo plazo quinquenal comenzó a correr el 27/11/09 (doctr. CSJN causa P.407.XXIV “Parquerama SA s/ recurso de apelación c/ ANA”, sent. del 22/02/94), el cual no alcanzó a cumplirse con anterioridad al dictado de la resolución DE PRLA 7722, del 10/11/14 (fs. 60, act. adm.).
En este sentido, debe contemplarse que, con arreglo a la letra de las normas involucradas, el mero dictado del acto de apertura del sumario y de la resolución que le pone fin tienen virtualidad para interrumpir la prescripción en curso, independientemente de su notificación al interesado (cfr. arts. 937, incs. a y d, del CA; y doctr. esta Sala, causa 14530/22 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, cit.).
5. Que, a continuación, corresponde examinar si se configuró, o no, la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la mercadería importada mediante el DIT 03 001 IT14 6505B.
El referido artículo incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”; y, sin duda alguna, la obligación a que primordialmente se refiere la norma es la prevista en el artículo 250 del mismo cuerpo legal, es decir, la exportación de la mercadería ingresada antes del vencimiento del plazo de permanencia otorgado, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a hacerlo.
Debe tenerse presente que, en los supuestos de importación temporaria con fines de transformación —como ocurrió en el caso—, la documentación necesaria para acreditar fehacientemente la exportación de los insumos consiste en los permisos de embarque y los certificados de tipificación, o sus respectivas copias cuando no sea posible acompañar los originales. Ello permite verificar la correspondencia entre los insumos importados y los productos exportados (cfr. esta Sala, causa 35392/10 “Orandi y Massera S.A.”, sent. del 15/3/11, y sus citas).
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En particular, el artículo 14 del decreto 1439/96 –al amparo del cual se documentó la operación del caso (v. fs. 5, act. adm.)–, establece: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación - CTC-. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación - CTC- en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (énfasis añadido); es decir, que las descargas del DIT que pudieron haberse efectuado sobre la base de la copia de la declaración jurada presentada por la actora quedaban supeditadas a la aprobación de la relación insumoproducto por parte de la autoridad de aplicación, lo que recién ocurría con la emisión del CTC definitivo.
En esa línea, esta Sala ha sostenido que el hecho de que el artículo 30 del decreto 1439/96 haya derogado la resolución MEOySP 72/92 no impide acudir a sus términos y a los de su reglamentación en todo aquello no específicamente previsto, como es el supuesto de falta de emisión del certificado. Por lo tanto, ante el vacío legal y reglamentario, la cuestión debe resolverse conforme a lo dispuesto en los artículos 9º de la resolución MEOySP 72/92 y 18 de la resolución SIC 18/92, que exigen al interesado haber intimado previamente por escrito a la Secretaría para que emitiera el CTC, a fin de que se hiciera efectiva la validez de la declaración jurada (doctr. causa 41282/14 “Chubb Argentina de Seguros S.A. c/ DGA s/ recurso directo”, sent. del 12/2/15).
Finalmente cabe señalar que la jurisprudencia es pacífica en cuanto a que, tratándose de un régimen de excepción, la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones impuestas recae sobre el beneficiario del régimen, o en su caso, sobre el asegurador que se subrogue en su posición. Tal acreditación debe efectuarse mediante la documentación antes mencionada (doctr. de esta Sala, causas 13079/10 “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A.”, sent. del 8/7/10; 41282/17 “Chubb Argentina de Seguros S.A.”, sent. del 12/2/15, y sus citas).
6. Que, al presentar su descargo en sede aduanera, la actora acompañó copias de la documentación que obraba en su poder, a saber: los permisos de embarque PE 03 038 EC03 7365Z y 7722N, así como la solicitud de CTC 0201931/03 (v. fs. 26/28, act. adm., y sobre papel madera atado por cuerda). En su apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, remitió a dicha documentación, invocando que la declaración 5 jurada de insumos, mermas, residuos y sobrantes 0201931/03 revestía carácter definitivo conforme lo establecido en el artículo 9° de la resolución MEOySP 72/92. Sin embargo, omitió acreditar la presentación del pronto despacho exigido por el artículo 18 de la resolución SIC 18/92, requisito indispensable para que su solicitud de CTC adquiriese validez plena.
Cabe destacar que la propia actora reconoció en su descargo la aplicabilidad de la resolución SIC 18/92. Sin embargo, no cumplió con la carga procesal allí establecida para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 9° de la resolución MEOySP 72/92. En consecuencia, no puede otorgarse valor probatorio pleno a la solicitud de CTC 0201931/03, al no haberse acreditado las gestiones necesarias para su validación definitiva (doctr. de esta Sala, causa 48014/23 “Ingeniería y Computación SA - TF 49414636-A c/ DGA”, sent. del 29/2/04).
7. Que, por otra parte, no puede soslayarse que el proceso productivo involucrado en el presente caso reviste una complejidad que lo distingue de otros en los cuales este Tribunal ha podido constatar con claridad la correlación entre los insumos importados y los productos exportados.
En efecto, en la solicitud de CTC 0201931/03 se identifican un total de 80 insumos, con distintas clasificaciones arancelarias, destinados a la fabricación de tableros de control eléctricos para grúas portuarias tipo portacontenedores, comprendidos en la posición arancelaria 8537.10.90. Sin embargo, ciertos insumos no se encuentran vinculados a ningún modelo o código específico (v. ítem 1 del cuadro anexo), lo que impide establecer una correspondencia directa con los subítems del DIT o con las planillas de descarga de los respectivos permisos de embarque.
Asimismo, se observa que para algunos elementos del listado se declara una relación insumo-producto de 1:1, sin pérdidas ni mermas, a pesar de la existencia de insumos repetidos con idéntica posición arancelaria, código y descripción (v.g. ítems 2 y 3; 4 y 6). Esta circunstancia no puede ser evaluada por este Tribunal, dado que excede su saber técnico.
En este punto, resulta pertinente reiterar que la competencia técnica para determinar la correspondencia entre los insumos importados y los productos exportados recae exclusivamente en la Secretaría de Industria y Comercio. Es dicho organismo el que posee la especialización necesaria para establecer, con carácter definitivo y vinculante para la Aduana, si la especie, calidad, cantidad y características técnicas de la mercadería a importar se corresponden con el producto a exportar (cfr. art. 9°, resolución MEOySP 72/92 y art. 15, decreto 1439/96).
Por otro lado, tampoco se verifica una plena identidad entre los valores de los insumos importados y los consignados en los permisos de embarque, toda vez que las planillas de descarga de estos últimos expresan valores CIF. Incluso considerando el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 27364/2025 “INGENIERIA Y COMPUTACION SA (TF 35628-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
valor FOB total declarado en el DIT (USD 421.420), más los importes correspondientes a flete (USD 2.644) y seguro (USD 4.245,23), se obtiene un valor de USD 428.309,23, que difiere del total de los valores CIF declarados en las planillas de descarga de los PE e imputados al DIT (USD 428.769,33).
En suma, no se desprende de manera inequívoca la cancelación de la importación temporaria mediante documentación que permita verificar la correspondencia entre la descripción, marca, modelo, código, cantidad y valor de los insumos importados y los productos exportados. Tal acreditación exigía un esfuerzo argumentativo que debió ser asumido por la recurrente, como carga inherente a la impugnación.
Se trata, en definitiva, de una cuestión que requiere la valoración de circunstancias fácticas y probatorias que, en principio, exceden el ámbito de revisión de esta Alzada, conforme a las limitaciones impuestas por la ley al recurso interpuesto (art. 1180, inc. b, del Código Aduanero). Solo correspondería apartarse de lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación si de las actuaciones surgiera un error de magnitud suficiente que justificara revisar su apreciación de los hechos (doctr. de esta Sala, causas 2708/12 “Maritime Shipping Agency SRL”, sent. del 26/6/12; 7625/19 “Abbott Laboratories Argentina S.A.”, sent. del 29/8/19, entre otras); lo que no se verifica en el presente caso.
Por consiguiente, se desestima el segundo agravio de la actora y se confirma la decisión apelada en cuanto tuvo por configurada la infracción al artículo 970 del Código Aduanero respecto de la mercadería consignada en el DIT 03 001 IT14 6505B, intimando al pago de la multa y los tributos resultantes (puntos i y ii del pronunciamiento), con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
8. Que resta tratar la apelación interpuesta por el Fisco contra la condena en costas dispuesta a fs. 102/106vta., respecto de aquellos rubros tributarios cuya revocación quedó firme en la anterior instancia (punto iii del pronunciamiento). Este planteo no puede prosperar, toda vez que las pretensiones deducidas por ambas partes en el proceso determinaron la existencia de vencimientos mutuos y recíprocos ante el Tribunal Fiscal de la Nación. En este sentido, corresponde remitirse a lo resuelto por esta Sala en la causa 4327/24 “Transportes Cuevas de Nerja SRL (TF 32613-A) c/ DGA”, sentencia del 18/4/24.
Cabe destacar que las percepciones del IVA y el Impuesto a las Ganancias fueron expresamente cuestionadas por la importadora (v. formulario F4, a fs. 1, y fs. 11 de este expediente), lo que evidencia la existencia de controversia sustancial sobre dichos rubros.
7 Asimismo, no se advierten motivos que justifiquen la dispensa de costas. Ello se desprende de la circunstancia de que el fallo “Cladd” fue dictado el 26/11/19, mientras que el pronunciamiento aquí apelado se emitió recién el 12/2/25. En consecuencia, el recurrente pudo haber obtenido el resultado que pretende mediante el ejercicio oportuno de la facultad prevista en el artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, norma aplicable por remisión del artículo 1174 del Código Aduanero.
Por lo tanto, se rechaza el recurso del Fisco y se confirma lo decidido sobre este punto, sin especial imposición de costas en la alzada, en virtud de la falta de actividad procesal útil de la contraria. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia