Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 36538-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora. Con costas (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/2025 de esta Cámara.
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Expte. CAF 13.177/2024/CA1: “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. (TF 36538-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
MEC Buenos Aires, de febrero de 2026.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso Las presentes actuaciones se originan ante la configuración de una presunta infracción al artículo 970 del Código Aduanero respecto de la mercadería ingresada al amparo del DIT 04 073 IT14 000426 H bajo el régimen de importación temporaria. La firma Ingeniería y Computación S.A. afirmó haber reexportado en término los insumos mediante el permiso de embarque 04 038 EC03 006295 S y acompañó el Certificado de Tipificación y Clasificación 6837/1998. El servicio aduanero verificó que en la planilla de descarga del permiso no se encontraba consignado el certificado aplicable, lo que impedía establecer la relación insumoproducto y tener por cancelada la destinación. En consecuencia, se impuso multa y se formularon cargos tributarios, decisión que fue confirmada en lo sustancial por el Tribunal Fiscal de la Nación y que motiva el presente recurso.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Mediante sentencia del 16/2/2024, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación —en cuanto aquí interesa— (i) confirmó el artículo 1º de la resolución DE PRLA 4439/2015 por la que se le había impuesto a Ingeniería y Computación S.A. una multa de $13.680 ante la verificación de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero; (ii) confirmó parcialmente la deuda tributaria determinada en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e Impuesto al Valor Agregado por un total de USD 2.336,32; y (iii) revocó los tributos liquidados en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
Para así decidir, tras examinar los antecedentes administrativos de la controversia, destacó que la obligación fundamental que el régimen de importación temporaria pone en cabeza de su beneficiario consiste en la reexportación de la mercadería dentro del plazo que hubiera sido otorgado a tal fin y que es el importador sobre quien recae la carga de la prueba de su cumplimiento. Además, puso de resalto la relevancia del certificado de tipificación, cuya presentación —sostuvo— es una de las obligaciones contraídas por el importador como resultado de su acogimiento al régimen de importación temporaria y es lo que le permite a la Aduana conocer qué 1 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 13.177/2024/CA1: “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. (TF 36538-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
cantidad de los insumos importados temporariamente fueron empleados para generar cada unidad del producto finalmente reexportado.
Sobre esta base, advirtió que, dispuesta la apertura del sumario y corrida la vista pertinente, la actora había informado la regularización a través del permiso de embarque 04 038 EC03 006295 S de la totalidad de la mercadería introducida en forma temporaria; pero que, conforme a la documentación obrante en el expediente administrativo, dicho documento no resultaba suficiente para cancelar la destinación de importación involucrada en autos. Al respecto, señaló que en la hoja de descarga no se imputaba el Certificación de Tipificación y Clasificación aplicable y que, si bien la importadora había acompañado copia del certificado 6837/1998, el permiso no imputaba ningún CTC ni solicitud de él, por lo que —en consecuencia— no resultaba posible cotejar la relación insumo-producto a los efectos de tener por reexportada la mercadería allí declarada.
Entonces, concluyó que, en virtud de la inaplicabilidad del Certificación de Tipificación y Clasificación a la mercadería exportada, no podía considerarse la descarga documentada en los permisos de embarque a los fines pretendidos por la actora, de manera que cabía tener por configurada la infracción imputada por no haberse cumplido con las obligaciones emergentes del régimen de importación temporaria.
Por otra parte, analizó la procedencia de la pretensión tributaria de la Aduana por los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Sobre el punto, indicó que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema en el caso “Cladd ITA S.A.”, el servicio aduanero carecía de facultades para exigir los importes reclamados por dichos conceptos. Por consiguiente, modificó los montos de la exigencia tributaria y los determinó en la suma de USD 2.336,32 en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e Impuesto al Valor Agregado, a la que deberían adicionarse los intereses devengados desde los diez días de la notificación de la corrida de vista y hasta el momento de su efectivo pago. Además, rechazó el planteo de la actora en cuanto a la improcedencia de la dolarización de la deuda tributaria, pues el artículo 20 de la ley 23.905 había modificado el artículo 639 del Código Aduanero estableciendo que, a los fines del pago de los derechos de importación y exportación y demás tributos 2 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 13.177/2024/CA1: “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. (TF 36538-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
que gravan esas operaciones, correspondía aplicar el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago.
Con relación a la multa aplicada en sede administrativa, sostuvo que, tratándose de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades discrecionales, procedía confirmar su imposición.
Finalmente, distribuyó las costas según los respectivos vencimientos.
III. Agravios de la actora Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso de apelación el 25/3/2024 y expresó agravios el 15/4/2024, los que fueron contestados por la Aduana con fecha 15/5/2024.
En su presentación, sostiene:
(i) que, cualquiera sea el alcance que se le otorgase al acto administrativo que ordena la instrucción del sumario en cuanto a la suspensión o interrupción del término de la prescripción, no es posible soslayar que los plazos procedimentales resultan de cumplimiento obligatorio para la Administración Pública, puesto que, de lo contrario, se le reconocería al Fisco una extensión indefinida del periodo durante el cual puede ejercer sus atribución, “en flagrante contradicción al espíritu y naturaleza jurídica del instituto de la prescripción”. (ii) que el servicio aduanero practicó defectuosamente la notificación del acto administrativo que dispuso la instrucción del sumario. En concreto, indica que dicha notificación se practicó tres años después de su dictado, “cuando ya se encontraban ampliamente acaecidos los plazos de prescripción quinquenal para ser ejercidas las acciones para aplicar penas y exigir el pago de tributos”.
(iii) que, no obstante las dificultades en la constatación del efectivo cumplimiento del régimen de importación temporaria, “ello no impidió que, en el cu[r]so de la sustanciación del sumario infraccional (procedimiento de conocimiento por excelencia) I.C.S.A. haya podido acreditar, en forma cabal y fehaciente, la efectiva reexportación del insumo en tiempo y forma”. En otros términos, señala que, “si bien al tiempo de realizar la reexportación omitió declarar el CTC de aplicación ante el Sistema Informático Malvinas…, ello [no] impide que el Servicio Aduanero pueda constatar posteriormente, en la etapa de revisión especialmente prevista en el 3 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 13.177/2024/CA1: “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. (TF 36538-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Art. 1090 y cctes. del C.A., el efectivo cumplimiento de la reexportación y, en consecuencia, la inexistencia del supuesto hecho imponible e infracción afirmado y exigido por este”.
(iv) que la importadora no ha transgredido ninguna de las dos obligaciones esenciales en las que se sustenta la finalidad del régimen de importación temporaria, esto es, la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado y su afectación al uso para el que había sido destinada. Afirma que acompañó los documentos idóneos para acreditar el cumplimiento de esas obligaciones, “con la única disquisición/reproche de no haberlo realizado en oportunidad de la declaración ante el SIM (falta de individualización del CTC de aplicación)”. Indica que, al omitir considerar que las había efectivamente cumplido y no valorar las pruebas aportadas en ese sentido, la Aduana incurrió en una afectación al principio de legalidad en materia penal y tributaria, así como al principio de defensa en juicio. (v) que resulta necesario distinguir las obligaciones “sustanciales”
del régimen de importación temporaria de las “meramente accesorias y/o formales”. Destaca que los incumplimientos vinculados a las formas establecidas por el servicio aduanero para acreditar la exportación o reimportación carecen de entidad suficiente para configurar la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero. Sostiene que “la transgresión reprochada en nada afecta las obligaciones sustanciales ya descriptas y cuyo incumplimiento reprime el Art. 970 del C.A.”. Concluye que “no ha existido en el caso posibilidad alguna de incumplir con el plazo y el destino tutelado por la citada norma y, en consecuencia, no se encuentra perfeccionado el hecho imponible y el tipo infraccional endilgado, cuyos tributos y multa constituyen el objeto de Litis”. Solicita el reencuadre de su conducta en la infracción tipificada en el artículo 972 del Código Aduanero.
IV. Antecedentes de la controversia Conforme surge de las actuaciones SIGEA 12210-5461-2008, el 19/8/2008, se labró el acta de denuncia 535/2008 por la presunta comisión de la infracción al régimen de destinación suspensiva prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la mercadería amparada por el DIT 04 073 IT14 000426 H (v. fs. 1/3).
El 31/8/2010, en la medida en que Ingeniería y Computación S.A.
no habría regularizado dentro del plazo la situación de la mercadería introducida 4 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 13.177/2024/CA1: “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. (TF 36538-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
mediante el DIT en cuestión, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dispuso la instrucción del sumario (v. fs. 18).
Una vez determinados los importes de la multa mínima aplicable, así como de los tributos adeudados (v. fs. 25), el 5/11/2013, se le corrió vista a la empresa actora para que presentara su descargo y ofreciera todas las pruebas de las que pretendiere valerse, haciéndole saber —entre otros puntos— que se declararía la extinción de la acción penal abonase voluntariamente el pago de $6.806 en concepto de multa mínima; que debería integrar el monto de USD 5.696,3 por los tributos adeudados; y que, “en caso de ofrecer como defensa la documental por la que regulariza la temporal en cuestión (Destinaciones, Declaración Jurada de descarga de relación insumos-productos y Certificado/s de Tipificación correspondientes) la misma deberá acompañarse en original o en copia debidamente certificada por escribano p[ú]blico bajo apercibimiento de continuar las actuaciones según su estado” (v. fs. 29).
Ello fue notificado a la importadora con fecha 22/11/2013 (v. fs. 31).
El 18/12/2013, Ingeniería y Computación S.A. contestó la vista manifestando —en lo que aquí interesa— haber cumplido con la reexportación de la mercadería “a través de la Aduana de Mendoza mediante el Permisos [sic] de Embarque 04 038 EC03 6295S”, para cuya comprobación y “[a] los efectos de realizar el cómputo de la relación insumo producto de la mercadería involucrada”, acompañó el Certificado de Tipificación y Clasificación 6837/1998. (v. fs. 33/35; y, en particular, punto IV —“Hechos – Produce defensa”, subpunto 1 —“Acredita reexportación de mercadería”—).
Frente a lo expresado por la actora, se remitieron las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos para que informara si, mediante el permiso de embarque y el Certificado de Tipificación y Clasificación presentados, había sido regularizada en tiempo y forma la situación de la mercadería ingresada al país en forma temporaria y si, en su caso, indicara la cantidad que se hallaba en infracción (v. fs. 63).
El 24/8/2015, la Sección Operativa y Registral ratificó los términos de la denuncia “toda vez que en la Planilla de descarga del Permiso de 5 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 13.177/2024/CA1: “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. (TF 36538-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Embarque no compromete C.T.C. aplicable, por lo que no se puede constatar la correcta descarga del D.I.T. involucrado” (v. fs. 64).
A través de la resolución DE PRLA 4439/2015, dictada el 27/8/2015, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros: (i) condenó a la firma Ingeniería y Computación S.A. al pago de una multa cuyo monto ascendía a $13.680 de conformidad con lo previsto en el artículo 970 del Código Aduanero por la mercadería ingresada mediante el DIT 04 073 IT14 000426 H; (ii) formuló cargo a la importadora por el pago de tributos adeudados por el importe de USD 2.336,34, así como por la suma de $4.110,27 en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias (v. fs. 71/73).
Para fundamentar su decisión, la autoridad aduanera señaló que “en las infracciones al régimen de importación temporal la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción (en el caso la no reexportación de la mercadería en término) produce una inversión de la carga de la prueba quedando a cargo del infractor la acreditación de todos los extremos que afirme lo eximen de responsabilidad”. Desde esta perspectiva, destacó que, “no habiéndose ofrecido otra prueba que desvirtuare la imputación efectuada, corresponde sea acogida favorablemente la denuncia incoada respecto de la mercadería en infracción, debiendo esta instancia continuar contra la imputada por la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A.”. En consecuencia, consideró que se habían constatado los extremos fácticos de la infracción atribuida a la empresa importadora, de modo que procedía el dictado de un pronunciamiento condenatorio.
Contra ese acto administrativo, Ingeniería y Computación S.A.
dedujo recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación en los términos del artículo 1132 del Código Aduanero (v. fs. 9/14 de estas actuaciones). Entre los fundamentos de su recurso, planteó: (i) que había reexportado en tiempo y forma la totalidad de la mercadería importada mediante la destinación de importación involucrada en el caso, lo que pretendió acreditar a través de la presentación del Certificado de Tipificación y Clasificación 6837/1998 y el permiso de embarque 04 038 EC03 006295 S; (ii) que, subsidiariamente, no procedía la liquidación de los tributos practicada en sede administrativa, tanto por la imposibilidad de exigir el pago del Derecho Adicional como por la moneda en la que se fijaron los importes de los gravámenes.
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Finalmente, 16/2/2024, el Tribunal Fiscal —en cuanto aquí importa — confirmó la multa impuesta por la Aduana en el entendimiento de que, tal como se adelantó, el permiso de embarque 04 038 EC03 006295 S no era idóneo para cancelar la destinación de importación en cuesto, pues “en la respectiva hoja de descarga no se imputa el certificado de tipificación y clasificación aplicable”, sin que resultara posible “cotejar la relación insumo-producto a efectos de tener por reexportados los insumos allí declarados” (v. fs. 47/52).
V. Principio de congruencia: imposibilidad de examinar en esta instancia el planteo de prescripción Como primera medida, corresponde advertir que, en virtud de las exigencias derivadas del principio de congruencia, esta Alzada se encuentra impedida de examinar la procedencia del planteo de prescripción introducido por la actora recién al momento de expresar agravios en esta instancia.
Cabe recordar que el principio de congruencia exige la existencia de conformidad entre la sentencia y las pretensiones y defensas deducidas en juicio (conf. artículos 34, inciso 4º y 163, inciso 6º del CPCCN), de manera que debe mediar correspondencia entre el contenido de las pretensiones y oposiciones de las partes y la respuesta que surge del órgano jurisdiccional (CSJN, Fallos: 336:2429). Tal es la trascendencia de este principio que la Corte federal le ha reconocido carácter constitucional (CSJN, Fallos: 229:953; 230:478; 248:549; 302:263; 313:528, 983; 319:2933; 325:603; 330:4015; 341:1091; 342:1580; 343:1657; 344:1857), como expresión de los derechos de defensa en juicio y de propiedad, integrando el sistema de garantías constitucionales del proceso que se encuentra orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos (CSJN, Fallos: 315:106; 317:1333; 321:469; 329:5903; 338:552).
Así, la jurisdicción de los tribunales de alzada se encuentra limitada por los términos en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de los recursos concedidos, los que determinan el ámbito de su facultad cognoscitiva y decisoria; marco que, en caso de ser ignorado mediante la resolución de cuestiones que han quedado firmes por no haber sido materia de impugnación, infringe el principio de congruencia sustentado en los derechos de propiedad y defensa en juicio (CSJN, Fallos: 230:478; 231:222; 248:577; 268:323; 301:925; 338:552; 344:2251, 344:3230, votos de los jueces Maqueda y Lorenzetti y de la juez Highton de Nolasco; 7 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 13.177/2024/CA1: “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. (TF 36538-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
345:716 y 347:2314. En igual sentido, esta Sala, in re: “Colgate Palmolive Argentina S.A. (TF 36188-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 317/2024, sentencia del 13/9/2024).
En este orden de ideas, la prescripción que la actora pretende hacer valer en su expresión de agravios ante esta instancia no había sido alegada en el momento procesal oportuno. Ciertamente, tanto en el descargo presentado en sede administrativa como en el recurso de apelación deducido ante el Tribunal Fiscal, la firma importadora desarrolló su pretensión exclusivamente sobre la base de haber cumplido con las obligaciones emergentes del régimen de importación temporal con arreglo al cual había introducido la mercadería amparada por el DIT 04073IT14000426H. Ello, sin haber articulado —siquiera de manera tangencial— la prescripción de las potestades del servicio aduanero para imponer penas y exigir tributos.
En consecuencia, resolver el planteo de prescripción a esta altura del proceso importaría, por tratarse de un punto que no integró los términos de la litis definidos por el propio recurrente ante el Tribunal Fiscal, un apartamiento del principio de congruencia, violatorio de lo dispuesto en los artículos 34, inciso 4º, y 163, inciso 6º, del CPCCN (conf. esta Sala, in rebus: “Cubb Argentina de Seguros S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 23.374/2015, sentencia del 19/4/2016; y “Blufstein, Oscar Ángel c/ TF-DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 63.715/2014, sentencia del 30/6/2016).
VI. La cuestión controvertida Sentado ello, la cuestión sometida a conocimiento y decisión de esta Sala consiste en determinar si Ingeniería y Computación S.A. ha incurrido en la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, lo que exige dilucidar —a su vez— si ha cumplido con las obligaciones emergentes del régimen de importación temporal y, más concretamente, si, mediante el permiso de embarque 04 038 EC03 006295 S y el Certificado de Tipificación y Clasificación 6837/1998, ha logrado acreditar la reexportación en plazo de la mercadería importada y registrada en el DIT 04 073 IT14 000426 H.
VII. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho 8 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 13.177/2024/CA1: “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. (TF 36538-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
A los fines de examinar esta cuestión, conviene recordar que, como regla, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo previsto en el artículo 1180 del Código Aduanero, está reservado a ese órgano la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartarse de la aplicación de ese principio (CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “SIAT S.A. (TF 16680-A) c/ DGA”, sentencia del 14/11/2009; “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 18034-A) c/ DGA”, causa 25.245/2005, sentencia del 20/10/2011; “Welding Argentina S.A. (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 6774/2015, sentencia del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela (TF 26455-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 37.638/2017, sentencia del 4/10/2018; “Odfjell Argentina S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 28.558/2018, sentencia del 26/2/2019; “Novartis Argentina S.A. (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 5609/2016, sentencia del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos S.A. (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 3084/2020, sentencia del 5/5/2021; “Paraná S.A. de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 10/2019, sentencia del 22/7/2022; “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 27.458/2022, sentencia del 27/12/2022; “Biocardales S.A. (TF 37340-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 41.258/2023, sentencia del 7/3/2024; y “Axel S.A. (TF 29891-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 45.113/2023, sentencia del 14/3/2024; “Eastman Chemical Argentina S.A. (TF 35552-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 71.743/2022, sentencia del 6/8/2024, entre muchos otros).
VIII. La prueba del cumplimiento de las obligaciones del régimen de importación temporaria Así las cosas, corresponde poner de resalto que, al acogerse al régimen de importación temporal de mercadería, el importador asume la obligación de reexportarla al vencimiento del plazo otorgado (artículo 250 del Código Aduanero).
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En virtud de la indudable excepcionalidad que reviste el régimen en cuestión, así como por la condición impuesta a cargo del beneficiario que recibe el privilegio que aquél consagra, ha de exigirse por el estricto cumplimiento que aquélla supone, de modo de alcanzar sus fines (CSJN, Fallos: 314:1824; esta Sala, “Rodio Panamericana S.A. c/ DGA”, sentencia del 30/9/2008 y “Volkswagen Argentina S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 41.400/2014, sentencia del 21/4/2015. En el mismo sentido, esta Cámara, Sala IV, in re: “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. (TF 23519-A) c/ DGA”, causa 13.079/2010, sentencia del 8/7/2010; y “Chubb Argentina de Seguros S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, 41.282/2014, sentencia del 12/2/2015). Por consiguiente, tratándose de una excepción al régimen general, la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón de su otorgamiento cae en cabeza del beneficiario —o bien del asegurador, que puede subrogarse en sus defensas—, quien debe hacerlo por medio de la documentación pertinente obrante en su poder (conf. esta Sala, in rebus: “Magalcuer S.A. (TF 36406-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 7429/2024, sentencia del 30/5/2024 “Kimberly Clark Argentina S.A. (TF 33036-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 44.331/2024, sentencia del 6/3/2025. Asimismo, esta Cámara, Sala IV, in re: “Curtiembre Pelicce SA (TF 9684-A) c/ DGA”, sentencia del 31/8/2004; “La Economía Comercial S.A. de Seguros Grales (TF 23454-A) c/ DGA”, sentencia del 8/8/2013; y “Rovafarm Argentina S.A. (TF 37461-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 652/2025, sentencia del 27/2/2025).
Concretamente, en los supuestos de importación temporaria con fines de transformación, la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación de los insumos son los correspondientes permisos de embarque y Certificado de Tipificación y Clasificación —o copias de aquellos instrumentos, frente a la imposibilidad de acompañarlos—, a fin de poder constatar la relación insumo-producto y, con ello, la efectiva regularización de la mercadería introducida mediante el DIT que amparó la operación de importación (arg. artículo 14 del decreto 1439/1996; esta Sala, in re: “Heil Trailer Internacional S.A. c/ EN-DGA – Resol 5246/12 (expte 12210-2497/05 s/ dirección general de aduanas”, causa 1627/2013, sentencia del 22/11/2016; “Kimberly Clark Argentina S.A. (TF 32663-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 103/2019, sentencia del 10 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 13.177/2024/CA1: “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. (TF 36538-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
26/12/2019; y “Johnson Matthe y Argentina S.A. (TF 35939-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo de externo”, causa 25.198/2023, sentencia del 23/9/2025). En idéntico sentido, esta Cámara, Sala IV, in rebus: “Orandi y Massera S.A.”, causa 35.392/2010, sentencia del 15/3/2011 y sus citas; y “Ingeniería y Computación S.A. (TF 49414636-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 48.014/2023, sentencia del 29/2/2024, “Merisant Argentina S.R.L. c/ AFIP – DGA s/ dirección general de aduanas”, causa 55.872/2019, sentencia del 4/9/2025).
IX. Análisis de la cuestión Desde esta perspectiva, cabe precisar que, mediante el DIT 04 073 IT14 000426 H, Ingeniería y Computación S.A. registró la importación temporaria para transformación de 258 unidades correspondientes a la PA 8536.49.00.900N (Ítem 1); 8 unidades de la PA 8536.50.90.100P (Ítem 2); 4 unidades de la PA 8531.10.90.000K (Ítem 3); 5 unidades de la PA 8538.90.90.000C (Ítem 4); y 5 unidades correspondientes a la PA 8538.90.90.000C (Ítem 5) (v. documentación incorporada en el sobre de fs. 4, así como la obrante a fs. 39/44 de las actuaciones administrativas).
A los efectos de acredita el cumplimiento de la reexportación de la mercadería ingresada al amparo del régimen especial, la actora acompañó el permiso de embarque 04 038 EC03 006295 S —por el que registró la exportación a consumo de 2 unidades correspondientes a la PA 8537.10.90.900V y 1 unidad a la PA 8544.70.10.110B— (v. fs. 45/49, íd. cit.) y el Certificación de Tipificación y Clasificación 6837/1998 (v. fs. 50/60, íd. cit.), elementos que tanto la Aduana como el Tribunal Fiscal consideraron insuficientes a los fines pretendidos y tener por comprobada la cancelación de la destinación, puesto que no se había identificado en el primero de esos documentos a qué certificado debía imputarse y no resultaba posible —por ende— cotejar la relación insumo-producto (v. Nota 5046/2015 SE OPRE y considerando XIII de la sentencia apelada).
Vale insistir con que el decreto 1439/1995 exige que el importador obtenga el Certificado de Tipificación y Clasificación a fin de cancelar la importación temporaria ante el servicio aduanero (artículo 14), instrumento que —como se adelantó— permite establecer la relación insumo-producto y la existencia, o no, de sobrantes, residuos o mermas, de forma tal que la mercadería importada temporalmente queda vinculada con el producto reexportado a través del proceso 11 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 13.177/2024/CA1: “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. (TF 36538-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
productivo e industrial denunciado. Ahora bien, la resolución 479/1995 de la ex Administración Nacional de Aduanas —reglamentario del procedimiento para la importación temporaria de mercadería para su transformación y posterior exportación bajo la forma resultante— establece que el beneficiario de la importación temporaria debe observar “estrictamente” los siguientes requisitos: (a) declaración en el permiso de embarque del número de Certificación de Tipificación y Clasificación o el número de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos cuando no se hubiera otorgado el certificado; (b) declaración jurada en el permiso de embarque que consigne que no se ha modificado la relación producción, consumo, sobrante, pérdidas, residuos y mermas que dieron lugar a dicho certificado o la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos, por la cual se tramite el Certificado de Tipificación y Clasificación; y (c) se utilizará el formulario en uso del permiso de embarque, debiéndose consignar —además— lo relativo al Certificado de Tipificación y Clasificación, el número, año y Aduana de registro de los Despachos de Importación Temporaria y el valor total CIF de la mercadería importada temporariamente (v. punto 4º, “Exportación para consumo”).
Esos recaudos no han sido adecuadamente cumplidos por la importadora, pues no se ha consignado en el permiso de embarque la información relativa al Certificado de Tipificación y Clasificación aplicable a la mercadería exportada, de manera que, en consonancia con lo expuesto por el Tribunal Fiscal de la Nación, no es posible establecer la necesaria relación insumo-producto imprescindible a los efectos de tener por acreditado el cumplimiento de las obligaciones esenciales del régimen de importación temporaria, consistentes en la reexportación en término del producto para el cual se ingresaron los insumos empleados en el correspondiente proceso industrial. En tal sentido, cabe poner de resalto que —valga la insistencia— que lo reprochado en sede administrativa —y que fue confirmado por el Tribunal Fiscal— no fue la falta de presentación del Certificado de Tipificación y Clasificación, sino que el respectivo permiso de embarque no había sido idóneo para tener por cumplida dicha reexportación por tener individualizado el certificado contra el cual efectuar el cruce de datos a fin de determinar la relación insumo-producto, exigencia que este Tribunal descartó de manera expresa que pudiera caracterizarse como meramente formal (esta Sala, in re: 12 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 13.177/2024/CA1: “INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A. (TF 36538-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
“Heil Trailer Internacional S.A. c/ EN-DGA – Resol 5246/12 (expte 12210-2497/05 s/ dirección general de aduanas”, cit. supra).
En tales condiciones, la omisión de consignar en el permiso de embarque el Certificado de Tipificación y Clasificación aplicable —exigencia expresamente prevista en la normativa reglamentaria— no constituye un mero defecto formal, sino que impide objetivamente verificar la relación insumo-producto y, con ello, la efectiva cancelación de la destinación temporaria. A ello se suma que la actora no ha aportado en la instancia anterior elemento probatorio alguno diverso de los ya incorporados y valorados en sede administrativa. En este contexto, y habida cuenta del carácter limitado de la revisión judicial prevista en el artículo 1180 del Código Aduanero, que no autoriza a sustituir la apreciación de la prueba efectuada por el órgano especializado salvo supuesto de error manifiesto —extremo que no se configura en el caso—, corresponde confirmar el criterio adoptado por el Tribunal Fiscal y desestimar los agravios articulados.
X. Costas de esta instancia El principio general en materia de costas es el que resulta del artículo 68 del CPCCN, conforme al cual “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”.
De este modo, con fundamento en el hecho objetivo de la derrota, el principio general es la imposición de las costas al vencido, y sólo puede eximirse de esa responsabilidad —si hay mérito para ello— mediante un pronunciamiento expreso acerca de dichas razones, bajo pena de nulidad (CSJN, Fallos: 328:4504; 332:2657 y 334:396, CSJ 1490/2019/RH1, “Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi Ltda c/ Provincia del Chaco s/ amparo”, sentencia del 30/9/2025, entre otros).
Por consiguiente, toda vez que no se advierten razones para apartarse del principio objetivo de la derrota, corresponde imponer las costas de esta instancia a la actora en su carácter de vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
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En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora. Con costas (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/2025 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia