Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 49414636-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
48014/2023 “INGENIERIA Y COMPUTACION SA (TF 49414636-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, febrero de 2024.
1. Que, el 18/10/22, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría:
(i) confirmó la resolución DE PRLA 4760/16, recaída en el expediente SIGEA 12210-4192-2010, en cuanto impuso una multa de $65.692 a Ingeniería y Computación SA por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, con respecto a la destinación de importación temporaria 05 073 IT14 000934M;
(ii) confirmó parcialmente el reclamo tributario contenido en la misma resolución, con excepción de las percepciones del IVA y el Impuesto a las Ganancias, y declaró que la firma adeudaba la suma de USD 5.335, 63, más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, calculados desde el 16/9/16 y hasta la fecha del efectivo pago; y (iii) distribuyó las costas según los vencimientos (v. pp. 128-140 de la versión digital del expediente TF 49414636-A, remitida con el oficio del 26/12/23). Para decidir como lo hizo, en primer término, rechazó el planteo de prescripción que había opuesto la recurrente. Mencionó que la destinación temporaria había vencido el 15/4/06, por lo que el plazo de prescripción de ambas acciones del Fisco había comenzado a correr el 1/1/07 y hubiese vencido el 31/12/11 (arg. arts. 803, 804, 934 y 935, CA). Sin embargo, en lo referente a la acción para percibir tributos, señaló que el 3/10/11 se había dictado el auto de apertura del sumario, operando la causal suspensiva del artículo 805, inciso a, del código de la materia. Añadió que el curso de la prescripción se mantenía suspendido porque aún no estaba firme la resolución aduanera que había intimado al pago de los tributos. Por otra parte, en lo que respecta a la acción para imponer penas, aplicó la doctrina del plenario de esta Cámara "Hughes Tools SA", de fecha 23/9/03, y declaró que el plazo de prescripción se había interrumpido con el dictado del auto de apertura sumarial del 3/10/11. Finalmente, aclaró que se había vuelto a interrumpir antes de que se cumpliese un nuevo término de cinco años, con el dictado de la resolución DE PRLA 4760/16 (arg. art. 937, incs. a y d, CA).
En cuanto al fondo, destacó que la beneficiaria del régimen cargaba con la obligación de solicitar la cancelación de la importación temporaria y acreditarlo con la documentación respectiva. Precisó que aquélla debía dar a conocer los permisos de embarque mediante los cuales la mercadería había sido reexportada, de acuerdo con lo previsto por el artículo 250 del Código Aduanero. Además, tratándose de una importación para perfeccionamiento documentada al amparo del decreto 1439/96, se encontraba específicamente reglada, a través de la resolución ANA 127/92 y sus modificatorias, la obligación de consignar en cada permiso de embarque la información relativa al certificado de tipificación y clasificación (CTC), así como la referencia al despacho de importación temporaria que se cancelaba.
Aclaró que la obtención y presentación del correspondiente CTC estaba prevista en el artículo 14 del decreto 1439/96, para lo cual el beneficiario debía presentar ante la Secretaría de Industria y Comercio una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, y sustituirla por el CTC definitivo al momento de requerir la cancelación de la destinación temporaria ante el servicio aduanero.
Añadió que en el tercer párrafo del artículo 9º de la resolución ME 72/92 (aplicable conforme el art. 36 del dto. 1439/96) estaba previsto que la Secretaría de Industria y Comercio debía emitir el CTC definitivo dentro del plazo de 90 días contados a partir de la correspondiente solicitud, y que de lo contrario la declaración jurada presentada por el usuario debía considerarse válida y tendría carácter definitivo a los efectos del régimen.
También indicó que el artículo 4.1.a de la resolución general 479/95 requería consignar en cada permiso de embarque “el Número del Certificado de Tipificación y Clasificación y el Número de Circular Interna en la cual haya sido publicado o el número de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos cuando no se hubiere otorgado aquél certificado”.
Así reseñado el marco normativo, examinó la documentación que había presentado la importadora para sustentar la cancelación de la destinación temporal. Explicó que, si bien aquélla había acompañado una copia certificada del permiso de embarque 06 038 EC03 005154M y alegado que la relación insumo-producto estaba probada con la Declaración Jurada de Insumos y Mermas 01:0150415/2004, no había comprometido ninguna solicitud de CTC en la planilla de descarga del referido permiso de embarque, tal como lo requería la reglamentación aplicable, por lo que en definitiva era imposible constatar sus dichos.
A todo evento, aclaró que no era aplicable la doctrina de un precedente propio en el cual se había determinado que el hecho de no haber mencionado el número del CTC en la hoja de descarga del permiso de embarque debía encuadrarse en la falta del artículo 972 del Código Aduanero, y no en la del artículo 970. Esto así por cuanto, en aquel caso, se había podido comprobar la reexportación mediante el permiso de embarque debidamente oficializado, con su cumplido e imputación específica al DIT en cuestión, además del CTC debidamente emitido por la autoridad de aplicación. En cambio, la aquí actora no había acompañado el CTC definitivo en ninguna de las instancias.
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Finalmente, advirtió que, aunque aquélla había proporcionado, en su defecto, la solicitud de CTC 01:0150415/2004, no hizo las gestiones pertinentes en miras a obtener el certificado definitivo. En particular, no acreditó haber efectuado la consulta al Ministerio de Economía y Producción sobre el estado del trámite para la emisión del CTC, sin lo cual era imposible conocer si su solicitud poseía algún defecto o deficiencia técnica que mereciera corrección.
Sobre esa base, el organismo jurisdiccional concluyó que no se podía determinar qué cantidad de la mercadería importada mediante el DIT 05 073 IT14 000934 M había sido utilizada en el proceso productivo y exportada mediante el permiso de embarque 06 038 EC03 005154M. De ahí que correspondiese tener por configurada la infracción prevista en el artículo 970 del código.
Con respecto a la liquidación tributaria, dejó sin efecto el reclamo de las percepciones de tributos interiores con remisión al precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Cladd ITA SA (TF 22343-A) c/ DGA”, del 26/11/19.
Por último, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la tasa de interés aplicable con sustento en lo dispuesto por el artículo 1164 del Código Aduanero. A ese respecto, destacó que el juego armónico entre la resolución 841/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la resolución general AFIP 3271/12 y la voluntad del legislador plasmada en los artículos 37 y 52 de la ley 11.683, así como en los artículos 794 y 797 del Código Aduanero, estaba vigente y debía aplicarse. Agregó que la Corte federal no se había pronunciado por la invalidez de tal esquema, e incluso ratificó en la causa D.311.XLIX.ORI “Desarrollos al Costo c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 2/5/19, que los réditos debían liquidarse de acuerdo con las tasas fijadas en las resoluciones dictadas al efecto por el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía.
2. Que, disconforme con la decisión, Ingeniería y Computación SA interpuso apelación el 22/11/22, que se concedió el 24/11/22, se fundó el 6/12/22 y fue replicada el 1/11/23 (v. pp. 128-140, 146, 150, 152-167 y 647-665). En primer término, insistió acerca de la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos. Narró que la instrucción del sumario se había dictado el 3/10/11, cuando faltaban 3 meses para que operase la prescripción, y que la corrida de vista recién le fue notificada el 29/8/16, cuando habían transcurrido 11 años desde el vencimiento de la importación temporaria y se encontraba vencido el plazo para la conservación de los documentos y antecedentes aduaneros. En ese contexto, sostuvo que, conforme a una sana interpretación del artículo 805, inciso a, del Código Aduanero, debía considerarse que el plazo de prescripción se había suspendido el 3/10/11, con el dictado de la apertura sumarial, y reanudado el 29/9/16, con el dictado de la resolución DE PRLA 4760/16, de manera que ya se encontraba vencido cuando esta última resolución le fue notificada, el 9/5/19.
En segundo término, reafirmó la validez de las pruebas arrimadas al proceso para acreditar el cumplimiento del régimen de importación temporaria. Argumentó que la autoridad de aplicación nunca emitió el CTC definitivo y que se vio obligada a probar la relación insumo-producto con la declaración jurada S01:0150415/2004, conforme lo autorizan los artículos 15 de la resolución SIC 18/92 y 16 de la resolución SIC 392/06. Hizo hincapié en que la resolución SIC 18/92 había mantenido su vigencia tras el dictado del decreto 1439/96, y en que su artículo 15 se otorgaba valor probatorio de pleno derecho a la declaración jurada de insumos, mermas, sobrantes y residuos, sin otra carga para el administrado que la de su exhibición ante el organismo aduanero. A su vez, añadió que el artículo 16 de la resolución SIC 392/06 dispuso que las declaraciones juradas que hubiesen adquirido carácter definitivo mantuvieran su vigencia hasta el 31/12/07.
De forma subsidiaria, para el hipotético caso de confirmarse la pretensión del Fisco, impugnó la liquidación de los tributos por el hecho de haber sido intimados en dólares estadounidenses y porque sobre dicho importe, a su vez, se devengaba un interés mensual superior al 4% mensual (cfr. art. 794 CA, resols. ME 841/10 y MH 50/19); lo que, a su entender, era contrario a la prohibición legal de repotenciación de deudas.
3. Que en lo que respecta a la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos, se dan por reproducidas las consideraciones hechas en la causa 14530/22 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, sentencia del 27/9/22, considerando 4º y sus citas (en especial, doctr. esta Sala, causa 24779/15 “Scania Argentina SA c/ DGA”, sent. del 24/11/15, y Sala III, causa 36790/16 “Citricola Ayui SAAICC –TF 25929-A c/ DGA”, sent. del 8/9/17).
En el entendimiento que allí se propone, el primer agravio de la parte actora no puede prosperar porque –como adecuadamente lo resolvió el tribunal de origen– el vencimiento de la importación temporaria tuvo lugar el 15/4/06, y el plazo de prescripción comenzó a correr el 1º/1/07 y hubiese vencido el 1º/1/12. Sin embargo, se mantiene suspendido desde el dictado del auto de apertura del sumario del 3/10/11, en la medida en que, a la fecha, la acción del Fisco todavía no se encuentra expedita (arg. arts. 803, 804, 805, incs. a y c, 1134 y 1172, CA; y doctr. causas citadas).
4. Que, en este punto, corresponde determinar si se configuró, o no, la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la mercadería importada mediante el DIT 05 073 IT14 000934M.
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Esta cuestión requiere, claramente, de la valoración de circunstancias de hecho y prueba que, como principio, se encuentran marginadas del examen que corresponde realizar en esta Alzada, atento a la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (art. 1180, ap. b, CA); y se adelanta que no surge de las actuaciones que hubiera mediado un error de magnitud suficiente para apartarse de la decisión tomada por el Tribunal Fiscal de la Nación en ejercicio de sus facultades propias para apreciar los antecedentes de la causa (doctr. de esta Sala en las causas 2708/12 “Maritime Shipping Agency SRL”, sent. del 26/6/12, y 7625/19 “Abbot Laboratories Argentina SA”, sent. del 29/8/19, entre otras).
Debe contemplarse que, en los supuestos de importación temporaria con fines de transformación, como tuvo lugar en el caso, la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación de los insumos son los correspondientes permisos de embarque y CTC ―o copias de aquellos instrumentos, frente a la imposibilidad de acompañarlos―, a fin de poder constatar la relación insumo-producto y, con ello, la efectiva regularización de la mercadería introducida mediante el DIT en cuestión (cfr. esta Sala, causa 35392/10, “Orandi Y Massera SA”, sent. del 15/03/11, y sus citas).
En particular, el artículo 14 del decreto 1439/96 –al amparo del cual se documentó la operación (v. p. 178, expte. cit.)–, establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación - CTC-. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación - CTC- en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (énfasis añadido); es decir, que las descargas del DIT que pudieron haberse efectuado con base en la copia de la declaración jurada presentada por la actora quedaban supeditadas a la aprobación de la relación insumo-producto por parte de la autoridad de aplicación, lo que recién ocurría con la emisión del CTC definitivo.
En relación con lo expuesto, la recurrente no rebatió uno de los argumentos centrales de la decisión apelada, que consiste en que no se llevaron a cabo las gestiones necesarias para hacer valer en forma definitiva la solicitud de CTC 01:0150415/2004.
Esta Sala ha interpretado, concordemente con el Tribunal Fiscal de la Nación, que el hecho de que el artículo 30 del decreto 1439/96 hubiese derogado expresamente la resolución MEOySP 72/92, no impedía acudir a sus términos y los de su reglamentación en todo aquello que no hubiese sido específicamente previsto, como es el supuesto de falta de emisión del certificado. Por consiguiente, ante el vacío legal y reglamentario, la cuestión debe resolverse en los términos de los artículos 9º de la resolución MEOySP 72/92 y 18 de la resolución SIC 18/92, que exigen al interesado haber intimado previamente a la Secretaría por escrito para que emitiese el CTC, a fin de que se haga efectiva la validez de la declaración jurada (doctr. causa 41282/14 “Chubb Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ recurso directo”, sent. del 12/02/15).
En esas condiciones, el agravio vinculado con el supuesto valor probatorio de pleno derecho de la solicitud 01:0150415/2004 no puede prosperar y debe confirmarse la resolución apelada en cuanto tuvo por configurada la infracción aduanera y el consiguiente hecho imponible (arg. art. 274, CA).
5. Que, en la causa V.312.XLV “Volkswagen Argentina SA (TF 22179-A) c/ DGA”, resuelta el 23 de agosto de 2011, la Corte –siguiendo el dictamen del Ministerio Público Fiscal– entendió que el artículo 20 de la ley 23.905 no había sido dejado de lado por la ley 23.928 pues, a tenor de lo dispuesto en su artículo 7º, ella sólo se dirigía a las obligaciones de dar sumas de dinero determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte se discutía en esa causa debían determinarse en dólares.
Allí aclaró también que la ley 23.905 era posterior al dictado de los artículos 637, 638 y 639 del Código Aduanero, y que la vigencia de su artículo 20 ya había sido determinada implícitamente en la causa B.828.L.XLIII, “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16674-A) c/ DGA”, sentencia del 27/4/2011.
Esto impide acceder a cualquier planteo que involucre aplicar un tipo de cambio distinto al previsto por el artículo 20 de la ley 23.905 a los efectos de convertir y pagar el importe en dólares estadounidenses de los tributos aduaneros.
6. Que no pasa desapercibido que la parte actora expresa que la aplicación conjunta del artículo 20 de la ley 23.905 y las tasas de interés fijadas por el Poder Ejecutivo con arreglo a lo previsto por el artículo 794 del Código Aduanero es lo que, en definitiva, terminaría por configurar una situación lesiva de su derecho de propiedad y la garantía de razonabilidad.
Sobre esta cuestión, el Tribunal remite a cuanto tiene dicho en la causa 22939/23 “Blanquez Brizuela, Gabriela Alfonsina (TF 37180-A) c/ DGA”, sentencia del 27/6/23, considerando 5º y sus citas.
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En el caso, la actora no efectuó cálculos numéricos para demostrar que las sucesivas tasas de interés fijadas por la autoridad competente, aplicadas sobre el capital determinado con arreglo a lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905, generasen un resultado excesivo o desproporcionado con relación al monto de la deuda tributaria; ni formuló la necesaria comparación entre ese resultado y el que hubiese surgido de otra alternativa. Tampoco se hizo cargo de la facultad prevista por el ordenamiento aduanero para eludir el devengamiento de intereses mientras se cuestionaba la deuda (arg. art. 796, CA).
En esas condiciones no es posible acceder a lo solicitado, ya que importaría ejercer la más delicada de las funciones judiciales, y sustituir el régimen legal vigente por otro que el recurrente estima más conveniente, sin que se encuentren fehacientemente acreditados los extremos que justificarían una declaración de tal gravedad (doctr. Fallos: 297:108; 302:355; 324:920; entre otros).
7. Que, por lo expuesto, se desestima el recurso interpuesto y se confirma la decisión del 18/10/22 en todo cuanto fue materia de agravios.
Las costas de alzada se imponen a la vencida, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 68, primer párrafo, CPCCN).
Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y pago de la tasa de justicia efectuado por la parte actora (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia