Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa I-1.954/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto a fs. 192/196 por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 201 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: I-1.954/14-TSJ Interlocutorio N°: 3.066.-
Actor: INGENIERIA DE OBRAS SANTA CRUZ NORTE S.R.L Demandado: ESTRADA JOSÉ LUIS Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 13-8-14 Texto: TOMO XXV – INTERLOCUTORIO – T.S.J..- REGISTRO Nº 3.066.-
FOLIO Nº 4.983/4.985.-
PROT. ELECT. TSS1 036 I.141
Río Gallegos, 13 de agosto de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “INGENIERIA DE OBRAS SANTA CRUZ NORTE S.R.L. c/ ESTRADA JOSE LUIS Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº I-12.981/11 (I-1.954/14-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Alicia de los Angeles Mercau:
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 192/196 por el Dr. Carlos Toledo Vargas, como apoderado del demandado, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 184/188.- Dicha sentencia confirma el pronunciamiento de primera instancia (confr. fs. 160/164) que condena al demandado a abonar la suma de $ 143.608,17 “…en concepto de Daño económico como consecuencia de la suscripción del contrato de locación de servicios glosado a fs. 30…” (confr. fs. 164), con más intereses a tasa activa y costas.-
Cabe señalar, en lo que interesa a esta etapa, que la firma Ingeniería de Obras Santa Cruz Norte S.R.L., por intermedio de su apoderado, Dr. Eugenio Gómez Carrasco, promueve demanda por daños y perjuicios contra el Sr. José Luis Estrada por considerar que este último, en su carácter de Socio Gerente de la actora, suscribió un contrato de locación de servicios con el Dr. Joaquín V. González “…totalmente lesivo hacia los intereses de INGENIERIA DE OBRAS SANTA CRUZ NORTE S.R.L.¼ (confr. fs. 48). Sobre el particular también le imputan a Estrada haber ocultado a los restantes socios “…ex profeso de información relacionada al contrato leonino concertado en representación de la empresa¼ (confr. fs. 49 vta.). La actora aduce que debió hacerse cargo del pago de la indemnización por rescisión anticipada del contrato de marras para evitar mayores perjuicios económicos (confr. fs. 48). La demanda es contestada a fs. 59/62 vta. y en ella se solicita su rechazo con expresa imposición de costas.-
II. El recurrente sostiene en su recurso de casación que: “…las sentencias recurridas (sic) no constituyen una aplicación razonada y correcta de las normas aplicables al caso, contenidas en la Ley de Sociedades Comerciales, como en el Código Civil Argentino¼ (confr. fs. 192 vta.). Agrega que: “…esta Excma. Cámara no se expidió acerca de la omisión de fundar en derecho la demanda, y sólo en un breve párrafo sostuvo que ‘debe también desestimarse’ y que si la cuestión era procesal quedó saneada con el llamamiento de autos a sentencia.- La actora no fundó en derecho su demanda y por ende, no dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 308 inc. 5° del C.P.C.C.¼ (confr. fs. 193). Sobre esta cuestión sostiene que: “…las acciones son entonces de responsabilidad en el ámbito del derecho comercial y más precisamente del derecho societario, pero jamás en el ámbito del derecho civil, menos aún a través de una demanda sumaria por daños y perjuicios¼ (confr. fs. cit.). Critica a la Cámara por no haber dicho nada sobre el contenido ni la finalidad del contrato de locación celebrado con el Dr. González (confr. fs. 193 vta.). Sostiene que no se le puede hacer reproche alguno en cuanto a la firma del contrato (confr. fs. 193 cit.). Plantea que no debió calificarse “…como abstractos los dichos de los testigos…” (confr. fs. 194) y que las declaraciones de Cayún, Millán y Herrera son de vital importancia (confr. fs. cit.). Dice que: “¼Implica sin dudas una enorme contradicción por parte del gerente Marcovich, quien inicia esta demanda en contra de Estrada por el supuesto desconocimiento de un contrato celebrado por éste con el Dr. González y sucede que él hace las cosas con desconocimiento total por parte de los otros socios¼ (confr. fs. 194) y que la responsabilidad por las consecuencias económicas de la ruptura del vínculo con el Dr. González es responsabilidad del nuevo gerente (confr. 194 vta.). Afirma que no puede aducirse ocultamiento del contrato del Dr. González ya que “…todos los socios son contestes en afirmar que existió una vinculación de la empresa con el Dr. González por espacio de casi veinte años…” (confr. fs. 195 vta.). Sobre el final del escrito expresa: “¼Las sentencias rozan lo arbitrario y evidente (sic) la errónea aplicación de la ley en el caso específico…” (confr. fs. fs. 196).-
III. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 1687 y en oportunidad de efectuar este Tribunal el examen preliminar a los fines de decidir si ha sido bien o mal admitido el recurso de casación, se adelanta que el mismo no alcanza a cumplimentar con los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- Analizado el recurso, se constata que los argumentos del recurrente se circunscriben a cuestiones de hecho y prueba, no obstante que se invoquen para ello normas de fondo, pero respecto de las mismas no se hilvana una crítica concreta y razonada respecto de lo resuelto en la Alzada, lo cual hace inviable el recurso. Ello así, porque para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso asuma su condición de suficiente motivación impugnativa sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.
Esta función no es cumplida -como en el caso de autos- con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa en determinadas normas legales si en esa operación se sustrae justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 86, Folio 143/144; y Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2960, Folio 4761/4764). Es aplicable al sub lite lo ya dicho por este Alto Cuerpo: “¼No se observa más que la enumeración de prerrogativas supuestamente lesionadas, lo que no basta para abrir la vía extraordinaria (confr. TSJSC, Tomo XII, Interlocutorio, Reg. 1632, Folio 2348/23800; Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2619, Folio 3918/3920; Tomo IX, Sentencia, Reg. 303, Folio 1637/1641).- Que, sobre el particular, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la sola mención de preceptos no basta para abrir la vía extraordinaria (Fallos: 165:62; 181:290; 266:135; 310:2306; entre otros), correspondiendo, por todo ello, desestimar tal pretenso agravio¼ (confr.
Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3042, Folio 4927/4930).- Los cuestionamientos del recurrente se dirigen, en definitiva, a aspectos fácticos del decisorio: se objeta la valoración de la prueba llevada a cabo por la Cámara al tener por acreditado que el demandado es responsable por daños y perjuicios por su actuación como gerente de la actora. Ello en atención al standart legal regulado en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550. Es decir, conforme a la obligación de actuar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios que le correspondía en su carácter de gerente de la actora (confr. art. 59, LSC) en relación a la suscripción del contrato de locación de servicios con el Dr.
Joaquín V. González y la posterior omisión de comunicar su contenido a los restantes socios.- La instancia extraordinaria, en relación a las cuestiones de hecho y prueba exige la tajante demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes de la lógica, lo que en el caso no se observan. Ello así, la impugnación del recurrente se traduce en una apreciación y opinión diferente a la de la Alzada, sin demostrar la pretendida sin razón de ésta, por lo que deviene inadmisible su impugnación. Sobre este punto es pertinente traer a colación lo resuelto por este Alto Tribunal, a saber: “…que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio¼ (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3034, Folio 4906/4909).- El recurrente también basa su disenso en cuestiones de naturaleza procesal irrevisables, en principio, en la instancia extraordinaria provincial (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3035, Folio 4910/4912). Objeta la omisión de tratamiento de la Cámara acerca de la pretendida carencia de fundamentación en derecho de la demanda (confr. fs. 193). Sin embargo, no se logra el acceso al ámbito de la casación, toda vez que las apreciaciones de índole procesal quedan normalmente detraídas de ella, salvo cuando se demuestre que la valoración intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables que por tal circunstancia puedan afectar el derecho de defensa o del debido proceso que en autos han sido observados por los Jueces de mérito (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3035, Folio 4910/4912).- En síntesis, las expresiones del recurrente remiten a consideraciones de cuestiones fácticas y procesales que resultan -por principio- manifiestamente ajenas al recurso provincial incoado, salvo supuestos de arbitrariedad o absurdo; así, se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3011, Folio 4861/4863).- Respecto a la deficiencia crítica del líbelo es aplicable al sub lite lo ya dicho por este Alto Tribunal: “¼si se le exige a los Jueces que se esmeren para apontocar sus fallos, también debe exigirse la debida fundamentación del recurso para sostener el embate¼ (confr.
Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2922, Folio 4663/4666).-
Así pues, el pronunciamiento de la Excma. Cámara, derivado del análisis de los hechos relatados por las partes y de acuerdo a la postura asumida por cada una de ellas, no puede ser objeto de censura en la instancia extraordinaria de casación porque es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de mérito, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo o violación de la ley, circunstancia ésta que no ha ocurrido, máxime cuando la sentencia atacada se encuentra debidamente fundada, y constituye un acto jurisdiccional válido, más allá del acuerdo, o no, que se pueda tener con el criterio sustentado (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3034, Folio 4906/4909; Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3035, Folio 4910/4912).- En mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado a fs. 192/196 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 201 y vta. Así lo voto.- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al voto de la Dra. Mercau.-
Voto del Dr. Enrique Osvaldo Peretti:
Que, por el presente expreso mi DISIDENCIA con la solución propuesta, por considerar que en autos se encuentran reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación incoado por la demandada, a tenor de lo dispuesto por el artículo 7º de la Sección 6ta., Capítulo IV - Recursos ante el Tribunal Superior de Justicia- ley 1687, considerando que corresponde declararlo bien concedido, ordenando poner los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada. Así lo voto.- Por todo lo expuesto, el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dra. Alicia de Ángeles Mercau, Daniel Mauricio Mariani, y Paula Ernestina Ludueña Campos, y el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto a fs. 192/196 por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 201 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1036I.141 Tomo: XXV Interlocutorio: 3.066.-
Folio N°: 4.983/4.985.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia