Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa I-1.722/10-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 1014/1047 vta., por la parte actora, por quebrantamiento de forma, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, a fs. 1001/1006, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda, con costas en el orden causado.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: I-1.722/10-TSJ Sentencia N°: 564 Actor: INGENIERIA PETROLERA Y CONSTRUCTORA S.A.
Demandado: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ Objeto: ORDINARIO Fecha: 19-03-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 564 FOLIO Nº 3.200/3.204 PROT. ELECT. TSS1 003 S.141
Río Gallegos, 19 de marzo de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “INGENIERÍA PETROLERA Y CONSTRUCTORA S.A. c/ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIALI-DAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ s/ ORDINARIO”, Expte. Nº I-6.773/95 (I-1.722/10-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de dar tratamiento al recurso de casación interpuesto a fs. 1014/1047 vta. por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 1001/1006, fundado en que la decisión asumida por la Excma. Cámara de Apelaciones, al confirmar el fallo dictado en la Primera Instancia, que rechaza la demanda instaurada oportunamente por la recurrente, ha incurrido en la causal casatoria de quebrantamiento de forma, prevista en el artículo 2º de la ley 1687 -Recurso de Casación-.- Ingresa al relato de sus argumentos expresando: “...La sentencia en crisis desarrolla una línea argumental para rechazar el recurso de apelación y confirmar el rechazo de la demanda que implica tratar las expresiones vertidas por la demandada al contestar la demanda como si allí se hubiera deducido una Excepción de Defecto Legal...” (confr. fs. 1039 vta.).
Afirma que la Excma. Cámara, al rechazarle el recurso de apelación y confirmar la sentencia de grado, le ocasiona un agravio pues quebranta las formas “...violando el principio de congruencia, al dar entidad de excepción de defecto legal a una expresión de la demandada al contestar la demanda que no configuró técnicamente esa defensa ... violando el derecho de defensa en juicio de la parte actora y su garantía constitucional, al tratar como excepción de defecto legal una expresión de la demandada al contestar la demanda que no configuró técnica y formalmente esa defensa, por lo que no tuvo en primera instancia el tratamiento procesal que hubiera permitido subsanar los defectos que la demandada señaló respecto de la demanda ... al no considerar que la demandada tiene reconocida la documental mencionada en la demanda por aplicación de CPr. 334 inciso 1º...” (confr. fs. 1040).
Explica que “...El primer agravio es por la violación del principio de congruencia, que se encuentra regulado e impuesto como recaudo propio de las sentencias en CPr. 34, 4° y CPr. 164, 6º, y ha sido caracterizado como el deber del Juez de dictar su pronunciamiento dentro de los límites determinados por las pretensiones deducidas ó [sic] de preservar la conformidad entre lo pedido y lo resuelto...” (confr. fs. 1040 y vta.). Pone de manifiesto, que también le ocasiona agravio el decisorio en la medida de “...tratar como excepción de defecto legal una expresión de la demandada al contestar la demanda que no configuró técnica y formalmente esa defensa, por lo que no tuvo en primera instancia el tratamiento procesal que hubiera permitido subsanar los defectos apuntados ...
Con su actitud de considerar en el fallo defectos de la demanda que no se configuraron como Excepción de Defecto Legal, la Excma. Cámara Aqua [sic] ha contribuido a agravar la situación procesal de mi parte con grave desmedro de su derecho a la defensa en juicio. Ello ocurre desde que admite ocuparse de esos defectos cuando la actora no tuvo oportunidad de subsanarlos...” (confr. fs. 1043). Cita al respecto, la directiva prevista en el artículo 327 del CPC y C, y destaca que “...Al resolver el punto el Señor Juez de primera instancia habría resuelto rechazando la defensa o admitiéndola y en este caso fijando un plazo para subsanar los defectos ... Es decir que un tratamiento normal del defecto de la demanda mi parte hubiera dispuesto de dos (2) oportunidades para subsanarlos, ya sea ante el traslado de la excepción (CPr. 327) o dentro del plazo fijado para hacer la remediación (CPr. 331, inciso 4°) ...
Pero aún más. No solo la demandada omitió plantear en forma oportuna la Excepción de Defecto Legal sino también que, considerando que el Juez de Primera Instancia ninguna mención hizo con vinculación a esas supuestas omisiones formales, la pretendida declaración de oficio por la Cámara Aquo deviene a todas luces improcedente. Ello así pues, conforme surge del CPr. art. 34. inc. 5º apartado b) los jueces tienen el deber de ‘señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades’, ello sin perjuicio de lo que en concordancia con esta norma establece el art. 337 del mismo cuerpo al prever el rechazo in limine de las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contenga...” (confr. fs. 1043/1044 vta.).
Finalmente señala como tercer agravio “...que la demandada tiene reconocida la documental mencionada en la demanda por aplicación de CPr. 334 inciso 1º... La Excma. Cámara Aqua [sic] ha focalizado su atención en el tratamiento de los defectos que la demandada achacó a la demanda, y pasó por alto que, más allá de las declaraciones del líbelo [sic] lo cierto es que la contraria nunca desconoció la documental mencionada por la actora ... Lo cierto y definitivo a los fines del recurso es que la demandada tuvo un deber legal de reconocer o desconocer la prueba documental citada en la demanda por imperio de CPr. 334 inciso 1º. No la desconoció y en consecuencia debió hacerse efectivo el apercibimiento legal que contiene el segundo párrafo de la misma norma...” (confr. fs. 1046 vta./1047).
Hace reserva de caso federal.- Puestos los autos a disposición de las partes, de conformidad con el art. 8º de la ley 1687, ninguna hizo uso de ese derecho (confr. fs. 1215).-
A fs. 1222/1223 dictamina el Señor Agente Fiscal por ante este Tribunal, considerando que “...el recurrente no ha logrado demostrar que el razonamiento que motiva la solución a la que arriba el a-quo presenta vicios o irregularidades de la entidad exigida para dar sustento al remedio casatorio, debiendo reconocer este Ministerio Fiscal que el resolutorio atacado resulta escueto, no explayándose en fundamentaciones necesarias para un mayor entendimiento, sin perjuicio de ello no logra advertirse el quebrantamiento de forma dado que se ha respetado la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia, como asimismo considero que contiene los mínimos fundamentos y la aplicación de la ley que exige el art. 164 inc. 5º del C.P.C. y C. y se encuentra encuadrada dentro de los parámetros establecidos por el art. 34 inc. 4º de la referida norma legal ... Considero que la actora pretende una interpretación distinta del material fáctico debatido en las instancias ordinarias, faltando una valoración adecuada de la prueba, circunstancia que de ninguna manera demuestra a lo largo de su escrito de casación, surgiendo una simple discordancia que no enerva el pronunciamiento atacado...” (confr. fs. 1222 vta./1223). Concluye que “...en el resolutorio impugnado no se ha violado la ley ni vulnerado el derecho de defensa conforme lo alegara la actora, siendo opinión de esta Fiscalía que el Recurso de casación interpuesto no es procedente...” (confr. fs. 1223).-
II. Que, la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte actora se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 2º, de la ley 1687 -Recurso de Casación-, al entender que la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial al dictar el decisorio impugnado ha violado el principio de congruencia y su derecho de defensa.-
Que, del análisis del escrito recurrente respecto a la temática expuesta surge que el agravio, concretamente, está centrado en la violación al principio de congruencia, por considerarse que el decisorio en crisis ha traspasado “...los límites determinados por las pretensiones deducidas ó [sic] preservar la conformidad entre lo pedido y lo resuelto...” (confr. 1040 vta.).-
Para sostener sus agravios, la recurrente pretende establecer un vínculo entre “...Las argumentaciones defensivas de la demandada...” (confr. fs. 1040 vta.), con una supuesta falta de su contraria al no interponer la defensa de defecto legal, afirmando que “...interponer formalmente esa defensa técnica fue un deber ineludible que tuvo la demandada si realmente consideró que el modo en que fue propuesta la demanda le impedía acceder a información vital o sensitiva y por esa vía afectaba su derecho de defensa...” (confr fs. 1041 vta.). Concluyendo que “...Si no hubo Excepción de Defecto Legal la sentencia no pudo hacerse cargo del argumento defensivo asignando al mismo una entidad suficiente como para rechazar la demanda...” (confr. fs.cit.).- Delineado el alcance impugnativo del recurso, deviene necesa-rio ingresar en el análisis de la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apela-ciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería de la Primera Circunscripción Judi-cial, mediante la cual se rechaza el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirma la sentencia de primera instancia.-
La Cámara ha declarado inadmisible la demanda incoada por no designar la cosa demandada con total exactitud, ya que consideró que al omitir precisar el monto reclamado no cumplimentó con el art. 308 del CPC y C (confr. fs. 1101). Para así decidirlo argumenta que asiste razón a la demandada “...cuando expresa al contestar demanda que ‘La suma declarada en el punto 1 de la demanda es ‘por demás ambigua’y no permite por la sola lectura de la demanda, al accionado, evaluar la importancia y significación de la ‘cuantía reclamada o en juego’, indu-ciendo a un engaño, que lesiona el derecho de defensa del accionado...” (confr. fs. 1101 vta.).- Sin perjuicio que la demandada haya realizado dicha afirma-ción, lo cierto es que tal argumento en primera instancia no constituyó el fundamento por el cual se rechazó la demanda, así como tampoco se le dio el tratamiento procesal que correspondería a una excepción de defecto legal.
Es más, el proceso continuó sin que la accionada haya realizado alguna consideración al respecto. Es decir, no se interpuso una excepción de defecto legal. Es por ello que, de esta manera, la Cámara ha violado el derecho de defensa de la actora y el principio de congruencia, al valorar en su sentencia supuestos defectos formales de la demanda que no fueron introducidos efectivamente en los presentes actuados, y en los que ha ingresado de oficio, violentando los derechos de la actora, tratando así una cuestión que no ha sido materia de agravio.- Así lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decir que “...La impugnación concerniente a los alcances del adagio iura novit curia justifica habilitar la instancia extraordinaria si media manifiesto apartamiento de la relación procesal, en tanto la sentencia se funda en el acogimiento de una defensa no alegada...” (confr.
Fallos 315:103). También nuestro Máximo Tribunal ha afirmado que “...Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda tendiente a obtener el cobro de un seguro por invalidez, si el tribunal ha hecho valer una circunstancia (...) no invocada por la demandada con apartamiento del principio de congruencia y mengua del derecho de defensa en juicio del actor...” (Fallos 320:1074).- Como se mencionó anteriormente, es necesario señalar que el juez de primera instancia sólo a modo de observación hace referencia a la falta de claridad en los términos de la demanda, sin que ello constituya un fundamento central para el rechazo de la acción incoada, siendo otros los aspectos ponderados por el juez de grado.-
III. Sin perjuicio de que lo expuesto bastaría para declarar la nulidad de la sentencia en crisis, corresponde referirnos a la notoria falta de tratamiento en que ha incurrido la Cámara respecto de los agravios esgrimidos en el memorial de fs. 962/983 vta.. La sentencia de primera instancia fundamenta principalmente su decisión en el procedimiento llevado adelante por la actora en la instancia administrativa previa. La Cámara no consideró el agravio esgrimido por la recurrente referido a este tema en particular, el que por su naturaleza resulta de importancia su tratamiento, atento que la sentencia en crisis confirma la dictada en primera instancia. Esta omisión, implica una clara violación al derecho de defensa del recurrente, por cuanto la parte no ha sido oída, lo que configura un típico supuesto de arbitrariedad, que invalida el pronunciamiento en este aspecto. No considerar el planteo de una circunstancia, hecho o defensa, significaría no escuchar a quien la expuso y esto evidentemente quebranta la garantía de la defensa en juicio.- Esta situación, como se mencionó, no fue planteada por la actora en su recurso. En efecto, adviértase que a fs. 1003/1005 vta. la Excma. Cámara oficiosamente ingresa a tratar la supuesta falencia de precisar el monto de la demanda, omitiendo dar una respuesta adecuada a los agravios expuestos en el recurso deducido. Es necesario señalar que la apuntada omisión concreta una verdadera situación de inseguridad, al no existir una decisión judicial concreta respecto de los agravios esgrimidos por el recurrente y los cuales debían obtener una respuesta de la Cámara.-
Ocurre, que no puede soslayarse la apuntada omisión, por cuanto la motivación de la sentencia no puede ser un mero rubro empírico del fallo, exteriorizado por la inscripción de párrafos en los votos o en los considerados, sino que debe ser apta para justificar el dispositivo por su contenido legal y lógico. Ello hace al ‘apetito de legalidad’ que caracteriza a los actos del actuar jurisdiccional, que debe extenderse a todas las partes que componen el decisorio, cuyo razonamiento lógico en cuanto encadenamiento necesario o razonable de las cosas, hechos e ideas, tanto como el proceso dialéctico en el sentido de confrontación de opiniones o posibles soluciones, podrán reconstruirse cuantas veces se desee, no bastando por tanto las meras referencias a decisiones anteriores y menos la afirmación dogmática y autoritaria de carácter apodíctico (confr.
Passi Lanza, M. A. “Elaboración de conceptos de sentencia fundada y motivada y autosuficiente o autónoma”, L.L. 131-64 y ss.).- Observamos que la respuesta jurisdiccional emanada de la Excma. Cámara se funda exclusivamente en un tópico en particular, relativo a la supuesta omisión por parte de la actora de precisar el monto pretendido a través de la presente acción, sin tratar ninguno de los agravios esgrimidos por la parte actora en su recurso, lo cual no hace más que alojar el decisorio en las puertas de la arbitrariedad. No se advierte en la resolución en crisis un desarrollo argumental que demuestre que, al momento de resolver, fueran examinadas todas las cuestiones señaladas por la recurrente y que atacan el fundamento sustancial de la sentencia de primera instancia.- Este Tribunal ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válidas (confr.
Tomo V, Sentencia, Reg. 166, Folio 857/859, Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238) o incongruencia palmaria por omisión total o parcial, de pronuncia-miento sobre los agravios propuestos (confr. Tomo III, Sentencia, Reg. 90, Folio 404/408; Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238), o la incongruencia entre el objeto de la pretensión y lo efectivamente resuelto (confr. Tomo XII, Sentencia, Reg. 425, Folio 2322/2327).- En el particular caso que nos ocupa, es indudable que la decisión emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones ha omitido el tratamiento de los agravios planteados por la actora respecto del informalismo del procedimiento administrativo, el carácter no perentorio de los plazos administrativos, y la alegada falta de definitividad de las liquidaciones de mayores costos (confr. fs. 976 vta./983).
Ello toda vez que la Alzada no se refirió a ellos ni en forma superficial, es decir que no ha siquiera ingresado en el tratamiento de los agravios referidos. Al respecto, la Excma. Cámara realiza una afirmación que se vislumbra como carente de sustento y errada, al decir que “...corresponde desestimar los agravios vertidos por la parte apelante... por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente...” (confr. 1005 vta.). Lo cierto es que la Excma. Cámara debió haber ingresado y tratado los agravios expresados por la recurrente.- Que, más allá del planteo propuesto, del examen de la sentencia objeto del recurso de casación, en orden a su estructura formal, congruencia y fundamentación (confr. arts. 34 -inc. 4º-, 164 y 165 del CPC y C y art. 2 de la ley 1687), se advierte en forma decisiva que la misma adolece de vicios substanciales que la descalifican como acto jurisdiccional, ya que debe ser condición de validez de los fallos judiciales que sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo I, Sentencia, Reg. 10, Folio 42/45, entre numerosos otros). Se ha dicho que la motivación parece comprobar, per tabulas, la naturaleza esencialmente lógica de la sentencia y que el silogismo judicial, más que en las construcciones de los teóricos, vive en la realidad judicial, en virtud de que la misma ley exige que toda sentencia sea acompañada de esa especie de radiografía lógica que hace aparecer por transparencia el esqueleto racional. Couture ha sostenido, que “...La motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria.
Una sentencia sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de fiscalización sobre los procesos reflexivos del magistrado…” (confr. COUTURE, Eduardo J., ‘Fundamentos del Derecho Procesal Civil’, 3ª edic., Ed. Depalma, Bs. As., 1990, pág. 286).- En concordancia con lo ya dicho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha invalidado -sentencias por el carril de la arbitrariedad- por no ser exhaustivas y carecer de sustento suficiente para ser considerada como un acto jurisdiccional válido, al adolecer de omisiones en el tratamiento de articulaciones serias y conducentes oportunamente formuladas por los interesados (confr. Fallos: 324:3839, 13/11/2001, “Mazza, Angel Norberto y otro c/ Lage de Bustos, Carmen Elsa”; Fallos: 315:981, 12/05/1992, “Kinsella, María Alejandra c/ Yerganian de Seferian, Elisa y otros.”; Fallos: 310:236, 10/02/1987, “Mori, Aldo Héctor c/ Pintaño, Arturo y/o quienes resultan responsables.”, entre otros).- En igual sentido se ha expedido la Corte Bonaerense al sostener que “Procede la anulación del fallo recurrido por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no suministra los presupuestos necesarios para resolver el tema litigioso ni expone conclusiones claras sobre cuestiones esenciales al extremo de impedir el conocimiento cabal de su legalidad” (confr. sum.
JUBA, SCBA, L 73585 S, 16-5-2001, “Arruti, Teodosio N. c/ Bruno Bianchi S.A. s/ Despido y diferencias salariales”) por ello debe anularse de oficio el pronunciamiento que no proporciona los presupuestos fácticos indispensables ni conclusiones certeras para la solución integral del juicio impidiendo al Tribunal el ejercicio de su potestad revisora.- Al respecto, Hitters ha afirmado que “...La falta de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteadas por las partes constituye una incongruencia por omisión (decisión cifra petita)... El pronunciamiento que incurre en omisión afecta sin duda las garantías de defensa y de la propiedad...” (confr. Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, 2º Ed., La Plata, 1998, págs. 640/641).-
Reiteradamente este Tribunal ha tratado la violación del principio de congruencia procesal en el andarivel de artículo 2 de la ley 1.687 (Recurso de Casación): “…En materia de incongruencia, el remedio se opera a través de la vía del quebrantamiento de formas (art. 2º Recurso de Casación - Ley 1687), precisamente por tratarse de un vicio estructural que necesariamente invalida al pronunciamiento así dictado…” (confr. Tomo IX, Sent., Reg. 313, Folio 1685/1694).-
En estas condiciones, la carencia de fundamentación y de trata-miento de los agravios esgrimidos por la recurrente que ostenta la sentencia atacada imposibilita a este Tribunal el conocimiento acabado del recurso extraordinario de casación, estando obligados a declarar la nulidad del fallo por quebrantamiento de las formas. Esta facultad -excepcionalmente utilizada por este Tribunal (confr. Tomo VI, Sentencia, Reg. 212, Folio 1142/1144)- debe ser ejercida en autos, atento la circuns-tancia apuntada.-
La decisión que va a ser dada en estos actuados por este Alto Cuerpo trata, en definitiva, del debido contralor de la adecuada motivación de las decisiones, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio, del derecho de propiedad y, fundamentalmente, del principio de seguridad jurídica. Esto es, comprobada la falta de tratamiento, de fundamentación o la fundamentación aparente, el acto sentencial no existe como acto procesal válido y, consecuentemente, quebranta las formas estatuidas ritualmente para su conformación; se trata -en el sub lite- de un problema de ausencia o aparente fundamentación válida; ante tal circunstancia el íter establecido por el artículo 2º de la ley citada es el encuadre normativo aplicable.- Que, a modo de conclusión de todo lo expuesto, procede la declaración de nulidad por quebrantamiento de las formas sustanciales (confr. art. 2º de la ley 1687) de la sentencia obrante a fs. 1001/1006 emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, por los fundamentos desarrollados en la presente y, por ende, dejarla sin efecto, debiendo operar el reenvío de las presentes actuaciones a los respectivos subrogantes legales para que dicten sentencia conforme a derecho y según corresponda (confr. art. 14 de la ley 1687 -Recurso de Casación-). Atento el modo en que se resuelve la cuestión, las costas deberán imponerse por su orden (art. 71 del CPC y C) (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XV, Sentencia, Reg. 527, Folio 2957/2961; Tomo XVI, Sentencia, Reg. 556, Folio 3148/3150).- Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, es necesario advertir que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución de fondo que, en definitiva, merezca el litigio.-
Por todo ello, oído que fuera el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 1014/1047 vta., por la parte actora, por quebrantamiento de forma, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, a fs. 1001/1006, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda, con costas en el orden causado.-
La presente sentencia se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en razón de haberse excusado la Dra. Alicia de los Angeles Mercau y encontrarse en uso de licencia la Dra. Clara Salazar (art. 27, ley Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1003S.141 Tomo: XVII Sentencia: 564.-
Folio N°: 3.200/3.204.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia