Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2025-16517728-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VI.- y VIII.- de la presente.
2Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12206-3588-2013 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 12 073 IT14 000401 W.
3Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-81624991-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Agosto de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en el Expediente N° EX-2025-16517728- -APN- SGASAD#TFN, caratulado “INGENIERIA PRODOL S.A. c/DGA s/ recurso de apelación”.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso Determinar si la Resolución RESOL-2024-6092-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada en fecha 04/12/2024 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el marco del sumario Actuación SIGEA N° 12206-3588-2013, resulta ajustada a derecho, en cuanto condena a la firma INGENIERIA PRODOL S.A. al pago de una multa en la suma de $ 10.049,75 por presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero (en adelante C.A.). Asimismo, se formula cargo por los tributos adeudados, cuya suma asciende a U$D 1.973,64 y se intima a su pago a la imputada y a la firma Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. -como garante- con más los intereses del art. 794 del C.A.. Todo ello en relación a la mercadería introducida al amparo del Despacho de Importación Temporaria N° 12 073 IT14 000401 W, con vencimiento el 16/04/2013.
II. Fundamentos de la apelación Que con fecha 14/02/2025 se presenta la actora mediante apoderado e interpone recurso de apelación (RE- 2025-16517358-APN-SGASAD#TFN) contra la mencionada resolución. Efectúa una breve reseña de los antecedentes que originaron la presente causa. A continuación, desarrolla sus agravios, planteando nulidades del procedimiento, entre ellas, la nulidad absoluta e insanable del auto de apertura del sumario y todo lo actuado con posterioridad debido a la falta del sobre original del despacho, por ello, y, en consecuencia, explica que operó la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y percibir los tributos, en tanto aquél no tuvo entidad alguna para interrumpir y suspender los plazos de prescripción vigentes. Expone las irregularidades del sumario, la demora en el procedimiento administrativo y agrega que el plazo que se tomó el servicio aduanero para instruir el sumario, resolverlo y notificarlo excede cualquier parámetro razonable.
En cuanto al fondo de la cuestión, informa que los insumos importados temporalmente fueron reexportados en tiempo y forma y que la relación insumo producto se desprende del CTIT 9548/11. Plantea la prescripción del IVA y, finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y peticiona que se dicte sentencia declarándose la prescripción de la acción del Fisco en los términos solicitados o bien se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado Con fecha 29/04/2025 mediante IF-2025-44839586-APN-DTD#JGM se presenta la representación fiscal y acompaña las actuaciones administrativas. Cumple con la negativa genérica de todos y cada uno de los hechos consignados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento.
Contesta el traslado conferido remitiéndose a los argumentos de la resolución aduanera e informes técnicos y sin más fundamentación, se introduce en el análisis del fondo de la cuestión. Aduce que se ha configurado la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A. y que desde el punto de vista infraccional, la recurrente no ha acreditado ante el servicio aduanero la efectiva reexportación de la totalidad de la mercadería ingresada temporalmente.
Finalmente ofrece como prueba el expediente administrativo, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme en su totalidad la resolución aduanera, con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-3588-2013 (archivo embebido al IF-2025- 44839137-APN-DTD#JGM), en lo que aquí interesa, se inicia a fs. 1/15 con la declaración jurada de la firma respecto a la cancelación de la DIT en cuestión, acompañando el PE N° 13 001 EC03 000858 H y el CTIT utilizado en la operación. A fs. 19/20 se adjunta el aforo de la mercadería (18/05/2017) y a fs. 22 se encuentra agregada el acta de denuncia de fecha 28/06/2017 por la presunta infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto de la mercadería importada mediante la DIT N° 12 073 IT14 000401 W. Con fecha 28/12/2018 se dispuso la apertura de sumario (fs. 26) y a fs. 27 se practica la determinación de base de tributos y multa. A fs. 28 consta la consulta de la garantía afectada a la operación junto a la póliza de seguros de caución (fs. 29/30). En fecha 25/01/2022 se dispone correr vista (fs. 32/33), notificada el 13/02/2023 (fs. 34). A fs. 39/44 se presentan la importadora contestando vista y agrega el sobre original del DIT. A fs. 63/64 la DGA ratifica la denuncia y efectúa una nueva determinación de tributos y multa. Con fecha 04/12/2024, consta la resolución aquí apelada (fs. 66/71). A fs. 72 la importadora comunica el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal y acompaña Formulario F4 y carátula del Expediente (fs. 73 y 74).
V. Que mediante PV-2025-47626574-APN-VOCXXI#TFN se dispuso tratar como de previo y especial pronunciamiento la nulidad y excepción de prescripción opuestas por la actora. En fecha 05/06/2026 (PV- 2026-56191835-APN-VOCXXI#TFN) se elevan las actuaciones a la Sala “G” y con fecha 06/06/2026 (IF- 2026-56300802-APN-VOCXXI#TFN) pasan a sentencia.
VI. Que, preliminarmente, corresponde tratar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora en el escrito inicial.
Que, previo a todo, debo señalar que, de la compulsa de las actuaciones administrativas surge que no procede la acción intentada por el Fisco para perseguir el cobro de los tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., por encontrarse prescripta, atento a la nulidad del auto de instrucción de sumario (de fs. 26 de las act. adm.) toda vez que el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto.
Que, en este punto, cabe dar favorable acogida al agravio de la actora en tanto plantea que el auto de apertura carece de los requisitos exigidos para su validez.
Que consentir su cumplimiento parcial implicaría postergar los plazos prescriptivos más allá de lo dispuesto en el mismo C.A. que, en su diseño no puede desmembrase o deformar para sostener una imputación que no fue hecha en tiempo y forma. Consecuentemente, es una falla en el procedimiento que conculca el principio constitucional del debido proceso y de defensa en juicio.
Que cabe recordar que el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente. Es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados” (el resaltado me pertenece).
Que a fs. 26 del sumario administrativo antecedente de estos autos obra el auto de apertura del sumario de fecha 28/12/2018, en el mismo auto se dispone la instrucción de sumario en los términos del 1090 inc. c) del C.A., por la mencionada operación, ordena que “VISTO los hechos denunciados por la División Control Ex Ante, dando cuenta que la firma INGENIERIA PRODOL SA (33-54765544-9) no habría regularizado dentro del plazo concedido a tal efecto la situación de la mercadería que fuera documentada mediante la DIT N° 12 073 IT14 000401-W, y cuyo vencimiento operaba con fecha 16/04/2013, lo cual 'prima facie' configurarla la comisión de la infracción tipificada en el ART. 970 C.A., DISPÓNESE LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO en los términos del ART. 1090 inc. C) del citado texto legal.-
Previo a todo trámite, pasen al sector contable a fin que tengan a bien practicar la correspondiente liquidación de la multa y tributos incoados.” (el resaltado me pertenece); esto en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094, de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a liquidar los tributos que correspondan, siendo que en el caso de autos, las determinaciones de tributos y multa se liquidaron con posterioridad (fs. 27 y 64).
Que, dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura.
Que, si bien el aforo fue efectuado en forma previa al auto (fs. 19/20 de las act. adm.), no así ocurrió lo mismo con la primera liquidación, la cual se agregó con posterioridad, a fs. 27.
Al respecto, cabe precisar que la liquidación que determinara la intimación de tributos adeudados en la resolución apelada no está fechada a fs. 64, se desprende -sin duda alguna (cfr. fs. 63)- que fue efectuada con posterioridad al 05/10/2023 (fecha de la Nota N° 6079/2023 que ratifica la denuncia), vencido el plazo prescriptivo.
Que, en virtud de ello, y conforme el criterio sostenido, en mi voto en minoría, en la causa “CEARCA S.A., c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de esta Sala, considero que, por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 28/12/2018 -obrante a fs. 26 de los antecedentes administrativos- el mismo es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, por estar en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094 del C.A.
Que, de acuerdo a lo manifestado, el acto de apertura de sumario al ser nulo, carece de aptitud para suspender y/o interrumpir la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos de los arts. 805 inc. a) del C.A.
Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 16/03/2013 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción es de 5 años para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2014, en los términos del art. 804 y no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2018, careciendo de aptitud interruptiva y suspensiva de la prescripción, el acto de apertura de sumario de fecha 28/12/2018, por las razones ya expresadas precedentemente.
Que, asimismo, cabe destacar que en este caso la vista conferida no sólo fue dictada cuando ya habían transcurrido más de cinco años de los hechos investigados, sino que además, no pudo subsanar las irregularidades del auto de apertura sumarial, atento a que ella se dispuso en fecha 25/01/2022, una vez operada la prescripción. Independientemente de ello, resulta importante remarcar que en la vista corrida a fs. 32/33 de las act. adm., se intimaron montos por multa y tributos distintos a los determinados en la resolución apelada, lo que deja evidenciado la irregularidad por parte del servicio aduanero en la instrucción sumarial. Sumado a todo ello, es la recurrente quien notificada recién con fecha 13/02/2023 (casi 10 años después del hecho cuestionado) contesta la vista acompañando como prueba documental el sobre original del despacho de importación, copia del PE y CTIT en cuestión, lo que lleva a la Aduana a efectuar una nueva liquidación para determinar tributos y multa, los que se encuentran contemplados en la resolución aquí apelada.
VII. Cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en los autos: “Agencia Marítima TAGSA S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”. Expte. 40.306/13 (18/03/2014), señaló que para que el acto de apertura de sumario sea válido es necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente, art. 1094 del C.A. En este sentido resolvió de acuerdo al criterio adoptado por la Sala IV, en los autos: “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27435-A) c/ D.G.A.” del 11 de junio de 2013 (sentencia que quedó firme, por haber sido declarado inadmisible por la CSJN. el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con fecha 4/02/2014). Sostuvo que para que el auto de apertura del sumario tuviera tal virtualidad, debía tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reuniera los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente. Así, subrayó que el art. 1094 del C.A. identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario. Concluyó que resulta imperativo cumplir con aquellos requisitos para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado de pago ejercer correctamente su defensa; por el contrario, la falta de alguno de ellos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (confr. también Sala IV in re: “Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA” y en similar sentido, Sala I in re “Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.”, sentencia del 23/02/10)”.
Dicho criterio fue mantenido en las causas: “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 27/04/17; 39183/17 “Gibaut Hnos Manufacturas de Cuero SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 19/12/17; y 88231/2017 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 15/03/18, entre otras.
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, en la causa “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28874-A C/ DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. 55478/2019, se explayó acerca de la interpretación que la Sala, le ha asignado al art. 1094 inc. d) del C.A.: “En efecto, ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular —lo que no se garantizaría si, como en el caso, la vista de la liquidación se corrió 10 años después de realizado el hecho gravado—; y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas” (conf. in re, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF 28836- A) c/ DGA”, Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013). (…) Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero (esta Sala, causa “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.” citada).”
Que, en recientes precedentes, la Cámara antes citada ha reafirmado la importancia del auto de apertura de sumario y la necesidad de que este cumpla con todos los requisitos del régimen legal. (Sala I, “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. –TF 33562-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo” , 3/11/2022, Sala I, “Federal Express Corporation (TF 30584-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, 11/10/2022).
VIII. A mayor abundamiento, cabe dar favorable acogida al agravio de la actora en tanto plantea que el auto de apertura fue dictado con prescindencia de un elemento de carácter esencial, esto es la falta del sobre original del despacho importación temporal que originó la denuncia (ver Apartado IV – Acápite 1º del recurso de apelación).
Que en igual sentido me expedí en las causas “FPT ARGENTINA S.A” , EX-2025-62215424-- APNSGASAD#TFN (INLEG-2025-121205027-APN-VOCXXI#TFN) y “CHUBB”, EX-2023-53663834- - APN-SGASAD#TFN (INLEG-2025-99666744-APN-VOCXXI#TFN, 08/09/2025), en las cuales esta Sala consideró, por unanimidad, que no puede convalidarse un acto dictado con prescindencia de requisitos que condicionan su validez, en el caso que nos ocupa, me refiero a la documentación esencial en la materia analizada en autos: la carpeta original y su contenido.
Que, como consecuencia, el organismo aduanero llevó a cabo el procedimiento infraccional en trato sobre la base de datos relativos a la destinación cuestionada, sin la agregación del documento que permitiera la efectiva constatación de la infracción tipificada en el art. 970 del CA, imposibilitando el análisis de los hechos y fundamentos en que se basó la resolución cuestionada.
Que la actora otorga a esta circunstancia un tratamiento especial dentro de sus agravios, tal como se indicó con anterioridad (conf. punto IV 1, a) del escrito de apelación adjunto al RE-2025-16517358-APN- SGASAD#TFN.
Que, por su parte, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en la Causa N° 11.705/2017 “Henkel Argentina SA (TF 35.851-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” resolvió con fecha 12/12/2017 con un criterio aplicable mutatis mutandi al caso de autos. La cuestión fáctica llevada a consideración en dicho pronunciamiento resulta análoga a la de autos en cuanto tampoco se había agregado en sede administrativa la carpeta original del DIT denunciado, pese a lo cual también se dispuso la instrucción del sumario.
IX. Que de acuerdo a lo alegado por la representación fiscal en la resolución apelada, el art. 17 de la Ley N° 27.562 dispone la suspensión “(…) con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.”, es decir del 26/08/2020 al 26/08/2021.
Que, en atención a ello, según lo pretendido por el Fisco Nacional en que debía suspenderse el plazo por un año, y teniendo en consideración lo analizado en el apartado, cabe aclarar que el plazo de prescripción ya se encontraba cumplido durante el período mencionado en el párrafo precedente.
Que, con fundamento en todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de instrucción de sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de la Destinación N° 12 073 IT14 000401 W, con costas al Fisco.
X. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas. Por todo lo expuesto, voto por:
1).- DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VI.- y VIII.- de la presente.
2).- HACER LUGAR a la excepción de prescripción opuesta por la actora y DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12206-3588-2013 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 12 073 IT14 000401 W. 3).- Costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, así como el sistema normativo sobre el cual versa la controversia, se encuentran adecuadamente reseñados en el voto del Dr Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. En ese estado de situación es pertinente considerar en primer turno si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN "AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación"; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN "ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación" y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN "ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación", respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, se puede colegir que el auto de apertura del sumario fue dictado el 28.12.2018, en tanto la notificación al supuesto responsable se efectuó mediante la corrida de vista de fecha 25.01.2022. En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los casi nueve años que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (16.03.2013) y la corrida de vista operada el 25.01.2022.
A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1º, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley "Bases") a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1º bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando asíuna tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley "Bases" no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables. Por lo expuesto, voto por:
1. Revocar la RESOL-2024-6092-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12206-3588-2013.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1).- DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VI.- y VIII.- de la presente.
2).- HACER LUGAR a la excepción de prescripción opuesta por la actora y DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12206-3588-2013 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante DIT N° 12 073 IT14 000401 W. 3).- Costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.08.21 22:16:17 ART Date: 2026.08.22 08:30:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.24 17:43:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.24 17:43:40 -03:00
Fin de la sentencia