Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 38931-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de la demandada y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (art. 68, CPCCN);
2Fijar los honorarios de la representación letrada de la actora del modo indicado en el considerando VII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° CAF 27.358/2025 INGENIERIA PRODOL SA-TF 38931-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de octubre de 2025.-
VISTOS Y
I. Que mediante la resolución del 16/10/2024, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del art. 3 de la resolución DE PRLA 8407 del 30/10/2017 recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12210-4405-2010 (v. fs. 85/7 del expte. en soporte papel). Impuso las costas al Fisco, por considerarlo sustancialmente vencido.
Para así decidir, el a quo -por mayoría- explicó que en el expediente SIGEA N° 12210-4405-2010 tramitaba el procedimiento contra la importadora por infracción a lo preceptuado en el art. 970 del C.A respecto de la destinación 07073IT14850L. Señaló que luego de haberse labrado acta de denuncia 304/12 y practicado liquidación de tributos, el servicio aduanero dispuso el 21/10/2013 la instrucción de sumario, y corrió vista de la imputación. Sin embargo -advirtió- “[n]o hay constancias de que se haya generado en los actuados, un análisis o bien efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de la comisión de la infracción que prima facie habría sido verificada”. Y agregó que “[d]e haber ocurrido ello, no hubiese correspondido el archivo de la multa, sino que se tendría que haber condenado o absuelto a la recurrente”.
El a quo destacó que, sin haber meritado las defensas de la recurrente y la aseguradora, la demandada dictó la DE PRLA PRLA 8407 del 30/10/201 por la que -con fundamento en lo dispuesto en la Instrucción General n° 9/17- ordenó el archivo del sumario infraccional y la formulación de cargo por tributos presuntamente adeudados. El tribunal recordó que las previsiones de los artículos 1080 y 1081 del CA, de acuerdo a las cuales cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, pudiendo ejercer a ese efecto todas las funciones de control que las leyes le acuerden. Además, destacó lo preceptuado en el artículo 1101 del Código, que obliga a sustanciar los sumarios corriendo vista a los interesados a fin de que formulen sus defensas y ofrezcan prueba.
El a quo explicó que “[s]urge de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero -si bien corrió vista de lo actuado a los presuntos responsables y ella fue contestada- a la hora de decidir se limitó a dictar la resolución que aquí se apela, disponiendo el archivo del sumario de acuerdo conforme la Instrucción General (DGA) 9/17 y la formulación de cargo a la recurrente en concepto de derechos de exportación”, y que “[d]e tal modo se vació de contenido sustancial a la norma transcripta en el párrafo anterior”.
Además, el pronunciamiento subrayó que “[t]ampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el artículo 1112 del CA […] dado que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, si hubiese seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, debería haber condenado o absuelto al imputado (conf. el inc. a) del art. 1112 del CA) y no ordenar el archivo, sin más trámite, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General N° 9/17 (DGA)”.
II. Que el Fisco apeló esa resolución y expresó sus agravios en la presentación de fs. 103/112, replicado por la importadora a fs. 148/54.
En su memorial, luego de recordar los antecedentes del caso, señaló que en autos no se discute una infracción sino un cargo, derivado de la importación a consumo de la mercadería amparada por un DIT. A su juicio, no existe accesoriedad entre el cargo por tributos y la infracción.
Explica que al no haber imputación infraccional resultaba innecesario incluso correr vista de las actuaciones.
El Fisco señala que al notificarles a las recurrentes únicamente el cargo (determinación de tributos) y la imputación de una infracción aduanera, no se trataba aquí del procedimiento para las infracciones, sino de un acto administrativo determinativo de tributos (atacable por el procedimiento de impugnación). Solicitó por ello que se revocara la resolución apelada.
En subsidio, pidió que se lo eximiera de las costas.
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III. Que en la resolución de fs. 96/vta. el a quo reguló los honorarios de la representación letrada de la accionante (v. p. 198/200).
Contra esa decisión el Fisco dedujo apelación a fs. 121/6 y lo propio hicieron los letrados de la actora a fs. 128/9. A fs. 139/42 estos últimos replicaron los agravios del Fisco.
IV. Que de las actuaciones administrativas surge -en síntesis- que:
(i) El 16/10/2012 se labró acta de denuncia por el presunto incumplimiento del régimen de importación temporaria y se notificó (fs. 54 del expte. administrativo);
(iii) La División Verificación confirmó que no había constancia del cumplimiento de la reexportación de la mercadería involucrada y ordenó la remisión de las actuaciones a la Sección Liquidaciones para la liquidación de los tributos que gravan la importación a consumo; además, se detallaron los tributos aplicables en función de la clasificación realizada (fs. 58/60);
(iv) El 15/02/2013 se practicó la liquidación de los tributos (fs. 64);
(v) El 17/09/2013 se ordenó la instrucción del sumario en los términos del artículo 1090, inc. c), CA, y la corrida de vista a la importadora y la aseguradora (fs.70). Ese acto fue notificado tanto a la importadora como a la aseguradora (fs. 73/4). (vi) La aseguradora contestó la vista a fs. 75/9; y la importadora hizo lo propio a fs. 80/117 (esta última, en particular, aportando prueba con el propósito de acreditar la reexportación de la mercadería en plazo).
(vii) El 30/10/2017 se dictó la Resolución DE PRLA n° 8407 por la cual, con fundamento en la IG (DGA) n° 9/17, la Aduana dispuso el archivo de las actuaciones, pero no sin antes formular cargo a la firma importadora y a la aseguradora en concepto de tributos por u$s 4.660,72 y $13.718,57, e intimar a su pago (p. 97/8).
V. Que esta Sala ya se ha expedido con anterioridad acerca de la validez de reclamos tributarios como el de autos, dictados en aplicación de la Instrucción General n° 9/17 de la DGA y sin sustanciar el procedimiento previsto en el Código para infracciones como la imputada.
En efecto, confrontada a planteos similares con relación a la Instrucción General nº 9/17, declaró inválidos los actos del servicio aduanero que, sin valorar las defensas de los particulares imputados –en especial, en relación con el cumplimiento del régimen de destinación de importación temporaria-, tras disponer el archivo del sumario formulan mecánicamente cargos por los tributos que se adeudarían, teniendo por constatado el incumplimiento (v. causas nº 10.727/2020 “TPC Compañía de Seguros SA c/ EN - AFIP - DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 18/12/2024; nº 37.318/2022 “La Perseverancia Seguros SA (TF 53189519-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 25/08/2022; y n° 3.407/2020, caratulada “HTI Cono Sur S.A. c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19 de octubre de 2021).
Como surge del relato de las actuaciones, si bien en el sumario administrativo que derivó en el dictado del acto recurrido se corrió vista a la importadora y la aseguradora de las imputaciones formuladas (originalmente, por tributos y multa), y la aseguradora y la importadora comparecieron al procedimiento esgrimiendo sus defensas y ofreciendo prueba, estos elementos nunca fueron valorados pues el servicio aduanero dictó inmediatamente la Resolución DE PRLA Nº 8407, sin ponderar los antecedentes del expediente.
La decisión del servicio aduanero se apoyó exclusivamente en que el importe de la multa no alcanzaba el mínimo previsto por la instrucción general DGA 9/17. Pues bien, resulta evidente que la exigencia del cumplimiento del procedimiento previsto (arts. 1080 a 1117 del Código Aduanero), propia de todo acto administrativo (art. 7, inc. b), LNPA), es el reverso del derecho de los administrados al debido proceso adjetivo -o la actualmente denominada tutela administrativa efectiva- (art.1, inc. f), LNPA; art. 1 bis, en el texto según Ley nº 27.742), que comprende –como es lógico- no solamente el derecho de exponer las razones de sus pretensiones y defensas (ap. 1; ahora, ap. (i)) y producir la prueba conducente para acreditarlas (ap. 2; ahora ap.
(ii)), sino también de que la decisión haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas (ap. 3; ahora ap. (iii)). De otro modo, se estaría consintiendo que el acto del artículo 1101 constituyera un inútil formalismo sacramental y no la verdadera consagración del derecho del administrado a ser oído (conf. Sala IV, causa nº 46.832/2022 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022; y sus citas; y esta Sala, causa “TPC” ya citada; causa n° 8974/2024 “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (TF 123363466-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V externo”, del 4/02/2025; n° 8421/2025 “Bridgestone Argentina SAIC (TF 69407438-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 10/07/2025; entre otras).
De esta forma -tanto aquí como en los precedentes citados al inicio del considerando- la clausura de la investigación condujo a que se intimara una suma de tributos en los términos del artículo 274 del Código Aduanero, pero sin determinar fehacientemente si se había reexportado o no la mercadería ingresada al amparo de la importación temporal, al vencimiento del plazo acordado para su permanencia (v. en el mismo sentido arg. Sala I, causa nº 30.397/2023 “Geminelli SA (TF 74859875-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 26/10/2023; Sala II, causa “Aseguradora de Cauciones SA Compañía Argentina de Seguros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 12/11/2019; Sala III, causa nº 23.858/2023; “Carraro Argentina SA c/ EN-AFIP-DGA-SIGEA 12210- 4661- 2012 Resol 9384/18 s/ Dirección General de Aduanas”, del 25/04/2024; Sala IV, causas nº 46.832/2022 “Envases”, ya citada, y nº 47883/2022 “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 1/11/2022).
En consecuencia, no corresponde convalidar el requerimiento fiscal derivado del acto cuestionado, dictado sin la sustanciación del sumario correspondiente.
VI. Que no se advierten motivos para dispensar a la demandada ni de las costas de la instancia previa ni de las correspondientes a esta apelación (arts. 1163, CA y 68, CPCCN).
VII. Que, finalmente, en función de la naturaleza del proceso y su monto, el resultado obtenido, la extensión, calidad y eficacia del trabajo cumplido ante la anterior instancia, corresponde modificar la regulación practicada en la instancia previa de los honorarios del Dr. Juan Patricio Cotter por su desempeño en la representación legal y asistencia letrada de la actora, en la única etapa del proceso, y fijarlos en la cantidad de 4 UMAs -equivalentes actualmente a la suma de $ 308.916 (arts. 16, 20, 21, 24, 29 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA 2226/2025).
Asimismo, por la actuación del Dr. Cotter ante esta Alzada, en la representación letrada de la actora, corresponde fijar sus honorarios en la cantidad de 1 ,2 UMA, equivalentes al día de la fecha a $ 92.671,20 pesos (cfr. artículos 16, 19, 21 y 30 de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA CSJN Nº 2226/2025).
Por lo expuesto, el Tribunal
1. Desestimar el recurso de la demandada y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (art. 68, CPCCN); 2) Fijar los honorarios de la representación letrada de la actora del modo indicado en el considerando VII.
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia