Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 60170445-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1°)
Desestimar la apelación y confirmar el pronunciamiento recurrido, con costas a la vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.) y 2°) remitir las actuaciones a la Dirección General Impositiva para que por quien corresponda se le otorgue el trámite pertinente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
25059/2023 INGENIERIA SOL SA (TF 60170445-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 1 de septiembre de 2023.-LR Y VISTOS; CONSIDERANDO:
1. Que mediante sentencia IF-2022-115522476-APN- VOCI#TFN de fecha 28/10/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró de oficio su incompetencia para entender en la presente causa (confr. págs. 70/72 del expte adm. incorporado al sistema informático con fecha 24/5/23 mediante DEOX nº 9840273).
Para así decidir, precisó que la denegatoria del plan de pagos constituye una decisión del organismo recaudador que no se subsume en ninguno de los supuestos contemplados por los arts. 159 y 165 de la ley 11.683.
2. Que contra esa decisión, la parte actora, apeló y fundó su recurso.
Expresó que “al declararse incompetente este Tribunal Fiscal, queda abierta de forma inminente para la AFIP la vía ejecutoria por los conceptos y períodos comprendidos por el Plan de Facilidades objeto del presente, provocando así insoslayablemente un detrimento a los derechos constitucionales de esta contribuyente, más concretamente de defensa, de propiedad, de comercio, de ejercer la industria lícita, entre otros” (sic).
Entendió que “de la manera en que se resolviera no hay forma de modificar el objeto de recurso, ya que no se permite la apertura de una `competencia amplia` para revisar la sustancia del acto apelado en el sentido de los que propugnó, esto es, las consecuencias graves que de no obtener el efecto suspensivo respecto de la leuda en gestión judicial, resultante del decaimiento del régimen de la moratoria ampliada por la ley 27.653 –deuda impositiva de los recursos de la seguridad social-, implicaría un avance en la sustanciación de la ejecución fiscal” (sic).
Señaló que “decretar la caducidad de un plan de facilidades de pago constituye un acto administrativo que importa el ejercicio de potestades sancionatorias por parte de la administración, lo que encuadra en el tipo de otras sanciones al que se refiere el art. 159, inc. b)” (sic).
Solicitó “se deje sin efecto la sentencia atacada, considerando así competente al Tribunal Fiscal de la Nación para entender en los presentes autos” (sic).
3. Que Ingeniería Sol S.A. interpuso en los términos del art. 76 de la ley 11.683 el recurso de apelación contra la A.F.I.P.- D.G.I. por el decaimiento del régimen de la moratoria ampliada de la Ley 27.653 –en los términos amplios del art. 159 y ccdtes. De la ley 11.683, decreto 618/97-contra. “Otras Sanciones”.
Planteó “la competencia ampliada de este Excmo. TFN, eliminándose las restricciones impuestas por la Ley 27.430 y autorizándose a asimilar este acto de decaimiento del Régimen de moratoria –según el Plan de Mis Facilidades objeto de la Litis –como dentro de la competencia a actos asimilables a determinaciones de oficio” (sic).
4. Que, la competencia es la aptitud que la ley otorga para conocer en las distintas controversias planteadas, en atención a la materia, el grado, el valor o respecto a un territorio determinado. En el caso del Tribunal Fiscal de la Nación, la competencia en materia tributaria se encuentra regida por los arts. 159 y 165 de la ley 11.683.
Al respecto conviene recordar que el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN será competente para conocer: "a) [d]e los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que determinen tributos y sus accesorios, en forma cierta o presuntiva, o CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II ajusten quebrantos, por un importe superior a VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000) o CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000), respectivamente;
"b) [d]e los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que, impongan multas superiores a VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000) o sanciones de otro tipo, salvo la de arresto; "c) [d]e los recursos de apelación contra las resoluciones denegatorias de las reclamaciones por repetición de tributos, formuladas ante la AFIP, y de las demandas por repetición que, por las mismas materias, se entablen directamente ante el Tribunal Fiscal de la Nación. En todos los casos siempre que se trate de importes superiores a VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000)…”
En el caso, como ha señalado el Tribunal Fiscal de la Nación, la parte actora no apeló concretamente ningún acto administrativo que determine tributo, ni accesorio y/o sanción y tampoco cuestiona ajuste de quebranto alguno, ni se trata de un reclamo de repetición, como así tampoco se planteó en autos un recurso de amparo en los términos de los arts. 182 y 183 de la ley 11.683, por ende, resulta claro que el planteo del recurrente no puede ser admitido.
5. Que a mayor abundamiento, teniendo en cuenta los argumentos expresados por el apelante, conviene recordar que, este Tribunal en autos “Elisa Mirta Rebati y Norberto González SH (TF 34801-I) c/ DGI”, del 19 de abril de 2012 y –en una integración anterior- in re “Walsh Héctor Alberto (TF 33375-I) c/ DGI”, el 24 de febrero de 2011, señaló que la caducidad de los diferimientos impositivos concedidos no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados en los arts. 159 y 165 de la ley 11.683 para habilitar la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación. En ese sentido, asimismo dictaminó el Sr. Fiscal General en los autos citados, el 7 de febrero de 2011.
En ese orden de ideas, se indicó "[q]ue la resolución impugnada ante el Tribunal a quo no reviste el carácter de acto determinativo de la obligación tributaria y, por ende, no resulta susceptible de ser apelado ante dicho organismo jurisdiccional administrativo, de acuerdo con lo establecido por los arts. 159 y 165 de la ley 11.683, pues el fisco se limitó a anular los beneficios de los diferimientos. En efecto, el organismo recaudador no debía sujetarse a dicho procedimiento el que sólo debe sustanciarse cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada o la Dirección General Impositiva impugna la presentada (conf. arts. 16 y sgtes. de la ley 11.683), que como le consta al recurrente no es el caso de autos" (confr. esta Sala en autos "Wolfsohn Nelson (T.F. 17.548 I) c/D.G.I.", el día 26/04/01).
Asimismo, se agregó que "[p]or otra parte, tampoco puede sostenerse que se trate de una sanción que encuadre en el inciso b) del art. 159 de la ley 11.683, pues no es más que la consecuencia necesaria del incumplimiento del contribuyente a las condiciones establecidas en el otorgamiento del beneficio".
En estos términos, se ha resuelto que: “[e]l Tribunal Fiscal resulta incompetente para entender en una causa en lo que se discute el decaimiento de un régimen de facilidades de pago ya que éste constituye una decisión del organismo recaudador que no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados por los arts. 141 y 147 de la ley 11.683 como habilitantes de su competencia. Las leyes de moratoria son una especie del género medios de extinción de las obligaciones tributarias, materia ajena a su conocimiento y n puede confundirse el instituto de la caducidad con una sanción dado que aquélla es la consecuencia adversa para quien no cumple con un imperativo establecido en su propio interés” (Sala III, Expte. n° 19.783/04 "Obra Social del Personal de la Ind. Vidrio (TF 21.523-I) c/ D.G.I.", 28/12/07).
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Por lo expuesto, corresponde desestimar los agravios de la actora y confirmar el pronunciamiento recurrido.
6. Que por último, cabe señalar que la equivocada articulación del recurso ante un órgano incompetente no implica la pérdida del derecho a oponer las defensas correspondientes en la instancia correcta (cfr. Sala I, "Iochpe", del 17/7/01) por lo que -en atención a la declaración de incompetencia del Tribunal Fiscal que se confirma y por aplicación del principio "iura novit curia"- la Cámara se encuentra habilitada para calificar el procedimiento y asignarle al recurso interpuesto la vía procedente (cfr. Sala I, "La Casa del Filtro y Accesorios S.A.", del 27/7/93 y "Medina", del 21/3/96; Sala V "Volkswagen Argentina S.A. (T.F. 14.257-A) Incidente c/D.G.A." 11/11/02).
En consecuencia, es apropiado el criterio adoptado en la instancia de origen, a fin de remitir las actuaciones a la repartición respectiva de la D.G.I., a efectos de que se le dé el trámite respectivo.
7. Que finalmente, cabe dejar sentado que no corresponde regular honorarios a favor de la demandada porque la acción no ha sido sustanciada, la declaración de incompetencia fue dictada de oficio y no medió intervención del fisco en esta instancia. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°)
Desestimar la apelación y confirmar el pronunciamiento recurrido, con costas a la vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.) y 2°) remitir las actuaciones a la Dirección General Impositiva para que por quien corresponda se le otorgue el trámite pertinente.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia