Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 31245-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la apelación deducida por la actora, con costas, y confirmar la decisión apelada (art. 68, 1º párrafo, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 21.803/2021 INGENIERO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL SRL (TF 31245-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de mayo de 2022.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 39/43 (conforme a la foliatura del expediente en soporte papel) la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación decidió modificar la Resolución Fallo Nº 243/2012 (AD ORAN) dictada en el sumario Nº SC67-636/8-2011 (SIGEA Nº 12706-74-2010) y reencuadrar la conducta de la firma actora en la previsión del artículo 995 del Código Aduanero, imponiéndole una multa de $10.000. Impuso las costas de la contienda en un 90% a la accionada y en un 10% a la actora.
Mediante el acto originalmente cuestionado la Administración fiscal aplicó a la firma actora y al despachante –con fundamento en el artículo 954, inc. c)- una multa de $126.204,22 con basamento en la inexactitud de la declaración oficializada al exportar una cantidad de alcohol etílico elaborado a partir de caña de azúcar importada temporalmente para transformación, cuyo valor debió incluirse al declarar el valor FOB en el antiguo Sistema Informático María. La sanción aplicada ascendía a una vez el valor facturado por la exportadora, al tipo de cambio de la fecha de oficialización del permiso de embarque. Para fundar su decisión el a quo puso de resalto que el tipo infraccional imputado a la empresa exigía, además de la demostración de la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, que la misma fuese idónea para producir alguno de los efectos previstos en los incisos a), b), o c) del apartado 1 del artículo 954.
En ese sentido, luego de constatar que la declaración de la firma no se había conformado a lo preceptuado en el Alta en sistema: 04/05/2022 Aviso DGA Nº 54/2002 -en el sentido de declarar en el campo “Valor FOB” el valor completo del bien a exportar, incluyendo el de los insumos importados temporariamente que se pretendía cancelar (art. 2)- advirtió que esa inexactitud en la declaración no produjo ni pudo haber producido el ingreso desde el exterior de un importe distinto al consignado en el despacho -y que coincidía con el precio facturado por la apelante-, por no haber existido giro de divisas en relación a los insumos importados temporariamente. Destacó, además, que la propia Administración había reconocido esa circunstancia tanto en el acto apelado como en la contestación del recurso e incluso, de manera aún más expresa, en la Nota Nº 693/11 (obrante a fs. 9/11 del expediente administrativo). Juzgó, así, que “carece de toda lógica el hecho de que la Aduana por un lado reconozca que el valor verdaderamente facturado por la exportación es de U$S40.515, y que los insumos importados temporariamente lo son bien con o sin giro de divisas […] y, por el otro, que aplique una multa por el valor realmente facturado”. Apoyó, además, su decisión en un caso análogo sometido a consideración de la Sala IV en el que se había resuelto anular el acto administrativo allí cuestionado.
Seguidamente, en uso de las facultades que le confiere el artículo 1143 del Código Aduanero, reencuadró la conducta de la apelante en la infracción prevista en el artículo 995 de ese cuerpo – enfatizando la especial prudencia y pericia exigibles en su obrar, por su condición de operador (art. 1725 CCyCN)- y, consecuentemente, le impuso una multa de $10.000, teniendo en consideración la gravedad de la falta cometida (art. 915, CA).
Finalmente, reguló los honorarios de la representación letrada de la actora (a cargo del Fisco en un 90%).
II. Que a fojas 58 (del expediente en soporte papel) interpuso recurso de apelación contra aquella decisión la firma actora y a fojas 62/68 expresó sus agravios, que fueron replicados por la accionada a fs. 74/5.
Con su recurso la apelante persigue, en primer lugar, la reducción del quantum de la multa establecida en el pronunciamiento del Tribunal Fiscal; y en segundo término, la declaración Alta en sistema: 04/05/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V de nulidad del artículo 9 del fallo aduanero en cuanto ordena el giro del expediente al Registro General de Infractores a efectos de registrar el antecedente infraccional.
Aduce que al calificarse equivocadamente la infracción en sede aduanera, la vista que se corrió y su defensa estuvieron enmarcadas en la imputación de la trasgresión del artículo 954, inc. c), y no en la que finalmente el a quo consideró adecuada. Explica, sin embargo, que de haber tenido la oportunidad de realizar el pago voluntario –al momento de corrérsele vista- por el mínimo de esta última infracción, se hubiera acogido a ese beneficio del que el error del servicio aduanero la privó de gozar. Entiende, por eso, que corresponde reducir la multa al importe que hubiera podido abonar de haberse ajustado a derecho la calificación original, esto es, la suma de $1.000. Además, y sobre todo, explica que de haberse encuadrado correctamente el caso en la aduana, y de haber tenido la oportunidad de realizar aquel pago voluntario, nunca hubiera recaído la sanción accesoria de registro del antecedente infraccional, que el pronunciamiento del a quo mantuvo al no dejar sin efecto la orden de registro de la transgresión reprochada. Reclama que se anule en esta instancia esa sanción accesoria.
III. Que a los fines del tratamiento del recurso conviene poner de relieve algunas de las circunstancias que surgen del sumario administrativo labrado:
i) las actuaciones inician con el informe de la Sección de Fiscalización y Valoración de Importación de la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras de fs. 2, en el que se consigna la imputación por la infracción del artículo 954, inc. c), del Código Aduanero;
ii) a fs. 7/8 luce agregada la copia del texto íntegro del Aviso DGA (DE TEEX) Nº 54/02;
iii) la nota 693/11 (SE VESA) da detallada cuenta de la discordancia entre la forma en que se oficializó el permiso de embarque de la destinación 07076EC03000035J y la manera prescripta en el Aviso DGA Nº 54/02, así como del encuadre de esa conducta en la Alta en sistema: 04/05/2022 norma del artículo 954, inc. c) que la Administración consideraba apropiado (fs. 9/11);
iv) el auto de apertura del sumario de fs. 13/4, que contiene la citación de la firma actora, nuevamente relata en detalle los hechos que –a juicio de la aduana- daban lugar a la imputación realizada; en ese acto se le hizo saber expresamente que podía acogerse a los beneficios previstos en los artículos 930 a 932;
v) al contestar la vista referida, la apelante se limitó a señalar que no debió haber un ingreso de divisas distinto al informado –por la concreción de la importación temporal sin giro de divisas y la coincidencia del monto de la factura de venta con el monto consignado en el despacho de exportación-, lo que permitía afirmar que existía un error en el encuadre y que, en cualquier caso, la inexactitud advertida por la aduana no resultaba punible por constatarse fácilmente con la lectura de la destinación (art. 959, CA); dedica solamente algunos párrafos a la cuestión de la discrepancia con la indicación del Aviso DGA Nº 54/02 de los que no surge en rigor una argumentación orientada a exculparla del incumplimiento enrostrado (conf. fs. 23, pto II, in fine), ni la mención de la calificación que consideraba correcta.
IV. Que conviene empezar llamando la atención sobre el hecho de que tanto la queja relativa al monto de la multa como la atinente al registro del antecedente infraccional giran en torno a la alegada privación de la posibilidad para la firma de acogerse al beneficio del pago voluntario, que le habría permitido eximirse de la anotación del antecedente por medio del pago del mínimo de la escala correspondiente.
V. Que, en primer lugar, no se ha discutido en autos que el Tribunal Fiscal de la Nación cuenta con facultades suficientes para revisar la conducta de los efectores del comercio exterior y recalificar las sanciones que el servicio aduanero les imponga, resolviendo el caso con independencia de lo alegado por las partes. Esta atribución, que se encuentra expresamente prevista en el artículo 1143 del Código Aduanero, debe ser admitida siempre que no se vulnere el principio de la reformatio in peius, Alta en sistema: 04/05/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V ni se desborden los contornos del tema a decidir, supuestos que no se presentan en la especie toda vez que el importe de la multa aplicada por el a quo resultó notoriamente inferior al de la sanción originalmente impuesta por idénticos hechos por la autoridad aduanera en la Resolución Fallo Nº 243/2012 (AD ORAN) que había sido objeto de recurso. En otras palabras, la decisión no comporta un perjuicio efectivo para la apelante, ni se excedió con ella el marco de la litis (Sala, causa nº 63093/2014 “Compañía Argentina de Granos SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 31/03/2015; Sala IV, causa nº 1.483/2015 “Dow Agrosciences Argentina SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 18/06/15; y Sala III, in re "Jaime Bernardo Coll SA (TF 14.047-A) c/ D.G.A.", sentencia del 8/08/06; entre muchos otros). Además, el Tribunal dejó expresamente asentado que –a su juicio- “el distinto encuadre legal que se efectúa en autos de ninguna manera afecta la garantía de la defensa en juicio, ya que se juzgaron los mismos hechos que fueron objeto de debate y prueba en la tramitación del sumario, y encuentra su justificación en la naturaleza del proceso, en el que prima la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos, constituyendo un deber el encuadre de los mismos dentro de las normas que resultan aplicables” (conf. considerando VII a fs. 52 vta.). Como se desprende del relato de los agravios, también la decisión del Tribunal Fiscal de reencuadrar la infracción en el presupuesto del artículo 995 del Código ha sido consentida y se encuentra firme, pues no ha habido cuestionamientos a este respecto.
VI. Que el llamado pago voluntario por el que reclama la apelante tiene el efecto principal de extinguir la acción penal en sede aduanera en el umbral del procedimiento en los casos de infracciones aduaneras reprimidas solamente con pena de multa (o multa y comiso, en el supuesto del artículo 931, CA), cuando el imputado abona el mínimo de la multa “[..] que pudiere corresponder por el hecho del que se tratare” (el destacado es propio) [art. 930, CA].
Además, se estipula que “[l]os supuestos previstos en los artículos 930 y 931 sólo surtirán efecto extintivo de la acción penal si los pagos voluntarios y el abandono se efectuaren antes Alta en sistema: 04/05/2022 de vencido el plazo previsto en el artículo 1101” y que únicamente “[e]n estos casos, el antecedente no será registrado” (art. 932, CA). La oportunidad del pago, como se ve, es consustancial a ese régimen de excepción que permite al imputado extinguir la acción punitiva en un estadio embrionario del expediente administrativo (conf. en este sentido Alsina, Barreira, Basaldúa, Cotter Moine & Vidal Albarracín, “Código Aduanero Comentado”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, Tomo III, p. 346/7; y Gottifredi, Marcelo A., “Código Aduanero Comentado”, Buenos Aires, Mercojuris, 2018, p. 936), con considerable ahorro de tiempo y recursos, además de evitar el registro del antecedente. El sentido del beneficio otorgado al particular es precisamente la contracara del dispendio administrativo y, en su caso, jurisdiccional, que de esa forma se evitan.
En la propia exposición de motivos del Código se explica que “[p]ara surtir el efecto extintivo aludido, tanto el pago como el abandono, en su caso, [refiere a los casos que involucran el comiso] deben ser hechos antes del vencimiento del plazo para contestar la vista de descargo en el procedimiento para las infracciones (art. 932)” (conf. Capítulo Quinto, punto 3, párr. 2º). Y se pone de relieve allí mismo que “[c]on el régimen que se comenta se revitaliza un sistema que, a la par que disminuirá el número de causas sin que por ello se deje de sancionar la comisión de la infracción, beneficia al infractor que se allane al cumplimiento de la pena, aplicándosele el mínimo de la misma sin que la sanción conste como antecedente infraccional. Debe tenerse en cuenta que este registro es una de las principales causas que oportunamente provocaron el desuso de instituciones que […] se sustentan en la misma finalidad de economía procesal y rápida justicia que inspira el articulado que se comenta” (conf. párr. 4º del apartado citado).
VII. Que teniendo al alcance esa posibilidad, la apelante optó, en cambio, por cuestionar simplemente el encuadre original de la aduana, pero sin proponer una calificación alternativa de la conducta que se le reprochaba o consignar el mínimo de la infracción cuya imposición ahora considera acertada (conf. en la expresión de agravios, fs. 67, último párrafo); y –aún más- sosteniendo en todo Alta en sistema: 04/05/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V momento que su actuación no era punible (conf. contestación de vista de fs. 22/7 del expediente administrativo).
Luego, todavía ante el dictado del acto sancionatorio eligió mantener aquella tesitura y ocurrir por ante el Tribunal Fiscal por vía de apelación (conf. los términos del recurso a fs. 13/18). En el escenario descripto es claro que la conducta de la recurrente conllevó la renuncia a la posibilidad de acogerse al beneficio que ahora invoca tardíamente, pues la recalificación de que aquí se trata fue realizada de manera absolutamente oficiosa por el a quo y no por la aduana en sede administrativa (conf. Cotter, Patricio, “Las infracciones aduaneras. Consideraciones Generales”, en “Estudios de Derecho Aduanero”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, págs. 495/7). Así, no es admisible que la actora intente prevalerse en este estadio del proceso de una disposición concebida exclusivamente para poner fin a la acción punitiva de la aduana en sede administrativa, en un momento preciso de la instrucción sumarial y de manera excepcional, cuando en modo alguno el nuevo encuadramiento se debió a su defensa, sino que fue el resultado del ejercicio oficioso por el Tribunal Fiscal de una facultad que, por otra parte, ella misma consintió –con todas sus consecuencias- al conferirle jurisdicción con la interposición de su recurso (conf. Winkler, Paula, “El pago voluntario de multas y el procedimiento”, 2003, Buenos Aires, Microjuris; y con cita de este último artículo, Gottifredi, op. cit. págs. 935/7; y Sala III, causa nº 26712/2015, “Leuru SA c/ EN-DGA s/proceso de conocimiento”, del 20/09/2008 y Sala IV –con una integración anterior-, causa nº 185.678/02 “Atorrasagasti Barges Piazza y Cia S.R.L. (TF 15.293-A) c/ DGA", del 18/04/2006).
VIII. Que, por otra parte, es claro que –con limitaciones idénticas a las señaladas en el considerando IV- el Tribunal Fiscal está facultado tanto para revisar la graduación de las sanciones, de un modo acorde con lo previsto en los artículos 915 y 916 de ese cuerpo legal, como para graduar la que decide imponer en uso de las facultades evaluadas anteriormente. En este punto, cabe aclarar que si bien por principio la valoración de los elementos fácticos que aquél realiza para fijar la multa no sería susceptible de revisión por la vía del recurso deducido, que otorga una competencia limitada a esta Cámara (arg. art. Alta en sistema: 04/05/2022 1180, ap. b, CA), el escrito recursivo no contiene un cuestionamiento autónomo de la cuantía de la multa decidida por el a quo. En efecto, no sólo no se ha objetado la razonabilidad del monto establecido sino que, el tenor de algunas de sus aserciones parece sugerir que incluso lo considera exiguo (conf. fs. 67, 2º párrafo)
Sea como fuere, en el caso se valoró especialmente para graduar la pena la magnitud del incumplimiento, como así también el conocimiento exigible al operador (conf. considerando VII), de modo que no se advierte arbitrariedad en este aspecto de la solución adoptada por el a quo.
IX. Que la recurrente deberá cargar con las costas de esta instancia, por no advertirse motivos para la dispensa (art. 68, 1º párrafo, CPCCN).
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Rechazar la apelación deducida por la actora, con costas, y confirmar la decisión apelada (art. 68, 1º párrafo, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 04/05/2022
Fin de la sentencia