Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 36408-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el pronunciamiento de fs. 507/519 vta., según el punto X, 2) revocar el pronunciamiento de fs. 507/519 vta. en los términos de Alta en sistema: 26/12/2019 los considerandos XI y XII, 3) imponer las costas a la parte actora vencida (art. 68, párrafo primero del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y 4) declarar insustancial el tratamiento del recurso de fs. 621/623 contra la regulación de honorarios dispuesta a fs. 620/vta. y devolver la actuaciones al Tribunal Fiscal a los efectos de que dicte una nueva regulación de conformidad con lo decidido en la presente.
7292/2019 INGENIEROS & CIA SA (TF 36408-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de de 2019.- ID Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. A fs. 507/519 vta., y su aclaratoria de fs. 524/vta. el Tribunal Fiscal de la Nación —por mayoría— resolvió: 1) confirmar las resoluciones nºs 124/12 y 125/12, emitidas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Posadas de la AFIP – DGI, en virtud de las cuales se determinó de oficio el impuesto a las ganancias por los ejercicios 2008 y 2009 y el IVA por los períodos fiscales 01/08, 09/08 a 11/08, 01/09, 03/09, 05/09, 06/09 y 08/09 a 12/09, respectivamente, con más sus intereses resarcitorios; 2) revocar la resolución nº 124/12 en cuanto determinó de oficio el impuesto a las ganancias —salidas no documentadas— por los períodos 04/08 y 09/09 a 12/09, liquidó intereses y aplicó multa por la presunta evasión del gravamen, con sustento en el art. 46 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones); 3) confirmar la resolución nº 125/12 en cuanto aplicó multa por la presunta defraudación del IVA por los períodos 01/08 y 09/08 a 11/08; 4) imponer las costas de acuerdo a los respectivos vencimientos; y 5) ordenar al Fisco Nacional a que practique reliquidación de la deuda.
II. Para así decidir sostuvo que:
II. a) En lo referente a la excepción de nulidad articulada por la actora, señaló que de las actuaciones administrativas se advierte que conocía íntegramente los impuestos, conceptos y períodos fiscalizados. No existió un vicio o violación a una forma procesal o la omisión de un acto que genere el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión por parte de la contribuyente, máxime cuando no indicó la defensa que se vio privado de oponer.
II. b) Con relación a la impugnación del crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del IVA y los gastos Alta en sistema: 26/12/2019 deducidos en la liquidación del impuesto a las ganancias, indicó que las operaciones realizadas con determinados proveedores fueron objetadas sobre la base de indicios graves y concurrentes, tales como: (i) la imposibilidad de localizar a los supuestos proveedores en los domicilios fiscales declarados ni en los domicilios alternativos que constan en la base de la AFIP, (ii) proveedores que negaron conocer a la actora y/o haber realizado las operaciones que reflejan las facturas presentadas, (iii) la actividad declarada por los proveedores ante la AFIP difiere de los bienes y/o servicios facturados, (iv) proveedores que no respaldaron mediante la presentación de la documentación correspondiente las operaciones que dicen haber realizado, (v) proveedores que figuran en la base de datos del organismo como “Usina. Actividad venta de facturas” y (vi) falta de capacidad operativa y/o financiera para poner a disposición los bienes y/o servicios facturados.
En relación al circuito de pago de las operaciones cuestionadas, tuvo por acreditadas las siguientes irregularidades: (i) bancos que informaron que los cheques no fueron presentados al cobro, (ii) cheques que fueron cobrados por personas distintas a la consignadas en las facturas, quienes desconocieron la existencia de una relación comercial con la actora, (iii) endosos cuyas firmas estampadas en los cheques no fueron reconocidas, (iv) cheques que fueron presentados al cobro por familiares de los presuntos proveedores y (v) cheques que fueron cobrados por terceras personas que no realizan actividad económica.
Resaltó que correspondía a la actora acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales, independientemente de la identidad del presunto proveedor (conf. Fallos: “Stop Car SA” y “Feretti, Félix Eduardo”, pronunciamientos del 21 de agosto de 2013 y 13 de marzo de 2015), y no lo hizo.
Del análisis de los elementos de prueba indicó que: (i) los dichos del proveedor Cooperativa Agropecuaria Colonia Alegría Ltda. reconociendo las operaciones no fueron respaldados con documentación, siendo contradictorio con el testimonio brindado a los inspectores actuantes, (ii) el peritaje técnico no resulta hábil para conmover el criterio fiscal, toda vez que no se encuentra controvertida la construcción de viviendas por parte de la actora, sino que no es posible correlacionar los Alta en sistema: 26/12/2019 7292/2019 INGENIEROS & CIA SA (TF 36408-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO materiales supuestamente adquiridos con las obras mencionadas, (iii) el peritaje contable sólo prueba que las operaciones son formalmente válidas pero no la materialidad de las mismas, (iv) las manifestaciones de los trasportistas vinculados con los supuestos proveedores no se encuentran confirmadas con documentación alguna y (v) la prueba de informes y la testimonial acreditan la actividad desarrollada por la actora pero no la existencia de las operaciones cuestionadas.
II. c) En cuanto al ajuste practicado en el impuesto a las ganancias —salidas no documentadas— señaló que la falta de documentación se encuentra relacionada con la falta de identificación de un beneficiario del gasto, respecto de quien pueda exigirse la obligación tributaria generada por el respectivo ingreso percibido.
Advirtió que se encuentran acreditadas en autos las salidas de fondos, por medio del libramiento de cheques a los proveedores impugnados y, en consecuencia, los beneficiarios de dichos pagos.
Ante tales circunstancias, las pautas legales del instituto y la interpretación de la jurisprudencia en la materia, consideró incorrecto el proceder del Fisco Nacional en cuanto aplicó sobre el monto de las erogaciones a los proveedores cuestionados, la tasa a que se refiere el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias.
II. d) En lo atinente a la conducta desplegada por la actora, concluyó que se encuentran comprobados los elementos material y subjetivo requeridos para tener por configurada la sanción de defraudación del IVA, aplicada con sustento en el art. 46 de la ley 11.683.
III. Disconformes, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación, fundado el de la demandada a fs. 580/585 vta. y el de la actora a fs. 597/619 vta. y contestados a fs. 644/655 y a fs. 637/643 vta., respectivamente.
Alta en sistema: 26/12/2019 IV.- A fs. 574/577 se tuvo por desistida a la actora de la acción y del derecho, incluso el de repetición, con relación a la resolución nº 125/12, con costas, de conformidad con las previsiones contenidas en la ley 27.260 y la resolución general nº 3920.
V. La demandada se quejó de la revocación del impuesto a las ganancias, en concepto de salidas no documentadas, por considerar que constituye una decisión que se aparta de las constancias de la causa y de la aplicación del derecho.
Indicó que según lo previsto en el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar a su verdadero beneficiario.
Afirmó que la circunstancia de que los preceptores de los fondos se encuentren “individualizados”, esto es, que se conozca el nombre de los receptores de los cheques emitidos por la actora, no resulta óbice para la aplicación del instituto en análisis.
Resaltó que la erogación carente de documentación, o respaldada con documentación insuficiente o falsa, que impide conocer la causa jurídica de dicha erogación como al beneficiario de los pagos realizados, da a lugar al perfeccionamiento del hecho imponible previsto por el legislador y al consecuente nacimiento de la obligación tributaria.
Citó jurisprudencia en apoyo de sus dichos.
VI. Por su parte, la actora insistió en su memorial con el planteo de nulidad de la resolución nº 124/12, por entender que el Fisco Nacional desplegó una conducta irregular durante la etapa de fiscalización.
En efecto, recordó que el 7 de febrero de 2011, en una misma oportunidad, la administración dispuso (i) la ampliación de la orden de intervención (OI) nº 484526 relativa al impuesto a las salidas no documentadas del período fiscal 2008 y comunicó el resultado de dichas Alta en sistema: 26/12/2019 7292/2019 INGENIEROS & CIA SA (TF 36408-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO tareas, y (ii) a su vez, dio curso a la OI nº 592351 con relación al impuesto a las ganancias y a las salidas no documentadas por el ejercicio 2009 y, en el mismo momento, notificó la liquidación del ajuste practicado en dichos gravámenes y períodos.
Arguyó que si bien no se desconoce las facultades de verificación y fiscalización otorgadas al Fisco Nacional en la ley 11.683, manifestó que esas facultades no son absolutas, sino que se encuentra obligada a resguardar el derecho de defensa del contribuyente, permitiendo conocer a los administrados de forma íntegra el alcance de la inspección a realizarse y, en consecuencia, otorgando certeza sobre la información que debe brindar.
Es la propia administración —dijo— quien mediante la emisión de la instrucción general nº 136/1998 estableció las pautas que deben respetarse en las inspecciones que realice y que hacen a la legitimidad del procedimiento.
Manifestó que la forma en que procedió el Fisco Nacional se apartó de las normas que rigen el procedimiento tributario, en un total desapego al debido proceso adjetivo, el cual constituye una derivación del derecho de defensa consagrado en la Constitución Nacional. Se quejó, con relación al fondo del asunto, por considerar que la determinación del impuesto a las ganancias correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 era improcedente, dado que se encuentra acreditada la efectiva existencia de la adquisición de los bienes y servicios incorporados a las obras realizadas.
Sostuvo que del análisis de la prueba de la causa, se acreditó que: (i) la actora registró correctamente las operaciones con los proveedores impugnados, (ii) los comprobantes que respaldan las operaciones cumplen con las formalidades exigidas por la AFIP, (iii) el vínculo de las operaciones con la actividad desarrollada por la contribuyente, (iv) el traslado y entrega de los bienes, (v) los materiales adquiridos y los Alta en sistema: 26/12/2019 servicios contratados son necesarios para el desarrollo de su actividad, (vi) fueron utilizados en las obras realizadas y (vii) los pagos fueron realizados mediante la emisión de cheques a nombre de los proveedores, existiendo una clara correspondencia entre proveedor y beneficiario.
Argumentó que el Tribunal Fiscal realizó una inadecuada aplicación del derecho vigente y una incorrecta valoración de la prueba aportada, habida cuenta de que se encuentra acreditado que la mercadería adquirida y los servicios contratados resultan necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada.
Manifestó que el Tribunal Fiscal no sólo no consideró, sino que descartó de plano, las manifestaciones brindadas por los proveedores y los transportistas que dan cuanta de la existencia de la relación comercial y del traslado de la mercadería. Tampoco hizo mérito de la opinión de los peritos que informan la efectiva realización de las obras y que los gastos efectuados resultan necesarios para desarrollar la actividad de la actora.
VII. A fs. 621/623 la actora apeló, y fundó, su recurso contra la regulación de honorarios de fs. 620/vta. a favor de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por considerarlos “altos”.
VIII. Corresponde en primer término analizar la tacha de nulidad articulada por la actora. Ello es así, toda vez que de prosperar esa defensa se tornaría insustancial el tratamiento de los restantes agravios.
Sobre el punto, cabe recordar que el 31 de marzo de 2010 la AFIP – DGI, en el ejercicio de las facultades conferidas por el art. 35 de la ley 11.683, dispuso el inicio de la fiscalización al contribuyente mediante OI nº 484526, comprensiva del IVA por los períodos fiscales 01/2008 a 12/2009, del impuesto a las ganancias, del impuesto a la ganancia mínima presunta y del impuesto a los bienes personales —acciones y participaciones— correspondiente al ejercicio 2008 y requirió la presentación de documentación referente a esos períodos: (i) libros IVA Compras e IVA Ventas con su respectiva documentación respaldatoria, (ii) detalle y documentación de los medios de pago con que fueron cancelados las Alta en sistema: 26/12/2019 7292/2019 INGENIEROS & CIA SA (TF 36408-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO operaciones registradas en el libro IVA Compras, (iii) libros exigidos por la ley 19.550, (iv) estados contables por los ejercicios cerrados al 31/12/2007 y 13/12/2008, (v) detalle y documentación respaldatoria de los ajuste impositivos al resultado contable incluido en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por el ejercicio 2008, (vi) detalle y documentación respaldatoria de los pasivos exteriorizados en el ejercicio cerrado al 31/12/2008, (vii) detalle y documentación respaldatoria del rubro bienes de uso, incluyendo cálculo de amortización y (viii) resúmenes de las cuentas bancarias con las que opera y/u operó (v. fs. 2/3 del cpo. impuesto a las ganancias OI nº 484526).
Asimismo, se requirió copias certificadas de la documentación que respalde las operaciones realizadas con determinados proveedores detallados por la inspección actuante y aportar los medios de pagos utilizados para su cancelación (v. fs. 193/194 del cpo. impuesto a las ganancias OI nº 484526). La fiscalización procedió a constatar la información y documentación brindada con los bancos y proveedores informados. Con posterioridad la fiscalización actuante procedió a requerir copia de los estados contables correspondientes al ejercicio económico 2009 y composición de las deudas comerciales expuestas en la declaración jurada (v. fs. 758 cpo. impuesto a las ganancias OI nº 484526 y fs. 392 cpo. impuesto a las ganancias OI 592351), documentación que se encuentra agregada en las actuaciones administrativas (v. cpo.
complementario OI nº 484526).
Con fecha 7 de febrero de 2011 se puso a consideración de la actora los ajustes propuestos por la inspección actuante en el impuesto a las ganancias y en las salidas no documentadas, correspondientes al ejercicio 2008, y el 1º de marzo de 2011 se puso en conocimiento la disposición de dar por finalizada la fiscalización iniciada mediante OI nº 484526 (v. fs. 762/764 y fs. 800 del cpo. de impuesto a las ganancias OI nº 484526).
Alta en sistema: 26/12/2019 Mediante OI nº 592351, de fecha 7 de febrero de 2011, la AFIP–DGI dispuso la fiscalización con relación al impuesto a las ganancias y a las salidas no documentadas por el ejercicio 2009 (v. fs. 1 cpo. salidas no documentadas OI 592351) y puso en consideración los resultados de la fiscalización por las obligaciones y períodos verificados (v. fs. 396/399 cpo. impuesto a las ganancias OI 592351).
Vencido el plazo otorgado, y toda vez que la actora no conformó el ajuste propuesto por la fiscalización, se corrió vista al contribuyente, en los términos del art. 17 de la ley 11.683, de las actuaciones administrativas, impugnaciones y cargos formulados por el Fisco Nacional con relación al impuesto a las ganancias por los ejercicios 2008 y 2009 y a las salidas no documentadas por los períodos 04/08 y 09/09 a 12/09, a fin de que formule descargo y presente las pruebas que considere conducente, derecho que oportunamente ejerció la actora (v. fs. 8/21 y fs. 32/51 vta. del cpo. procedimiento de determinación de oficio).
Finalmente, el Fisco Nacional emitió la resolución nº 124/2012, en virtud de la cual se determinó de oficio los gravámenes por los períodos aquí cuestionados.
IX. Los acontecimientos reseñados en el punto precedente llevan indefectiblemente a concluir en la improcedencia de la defensa de nulidad articulada por la actora. Ciertamente de las actuaciones administrativas se advierte que tuvo pleno conocimiento de que se encontraba incursa en una fiscalización, participó activamente durante todo el procedimiento, prestó colaboración en todo momento con la administración, informó los datos requeridos y acompañó la documentación solicitada, como lo reconoció en diversas presentaciones.
Por lo tanto, la actora conocía de manera íntegra los alcances de la auditoría desarrollada y ejerció de manera plena su derecho defensa al momento de formular descargo y ofrecer prueba. Ciertamente, no se observa en la especie el perjuicio concreto sufrido por la contribuyente que torne ineludible una declaración de nulidad de las actuaciones, máxime teniendo en cuenta que no se advierten circunstancias que hayan impedido que la actora alegue y pruebe los extremos que consideró conducente a su derecho (Fallos: 300:1047, entre Alta en sistema: 26/12/2019 7292/2019 INGENIEROS & CIA SA (TF 36408-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO otros); máxime cuando al formular el descargo en sede administrativa no formuló agravio alguno a la ampliación de la orden de intervención oportunamente cursada (esta sala, causas “Banca de Junín SA” y “Sabino Freile SA”, pronunciamientos del 4 de septiembre de 2014 y 18 de mayo de 2015, respectivamente).
Por otra parte, lo manifestado por el juez federal en lo criminal y correccional de Misiones (v. fs. 594/596 del principal), que entendió en la denuncia penal por evasión formulada contra la actora, no puede ser atendido en esta instancia pues: (i) no se encuentra acreditada una conducta ilícita por parte de los funcionarios del Fisco Nacional; y (ii) no puede soslayarse que durante la etapa de fiscalización de nada deben defenderse los contribuyentes sino que, por el contrario, pesa sobre ellos un deber de colaboración con la AFIP.
Cabe destacar que no fue sino hasta el inicio del procedimiento de determinación de oficio que la responsable no tuvo conocimiento de las impugnaciones y cargos formulados y que, como ya se dijo, ejerció oportunamente su derecho defensa sin limitaciones. Una solución contraria a la aquí propiciada, implicaría decretar la nulidad por la nulidad misma, toda vez que su declaración no procede en el sólo interés del cumplimiento formal de la ley, ya que requiere que se demuestre el perjuicio concreto sufrido por una de las partes (Fallos: 328:58; 324:1564, entre otros), circunstancia que, como se examinara, no se observa en autos.
X. Tampoco puede prosperar la pretensión de la actora, en cuanto persigue la revocación de la determinación de oficio del impuesto a las ganancias por los ejercicios 2008 y 2009.
Ciertamente, no debe soslayarse que las presentes actuaciones tienen su origen en la fiscalización iniciada a la contribuyente, en virtud de la cual se detectaron ciertas irregularidades en determinados proveedores que habrían operado con ella. En virtud de ello, el Alta en sistema: 26/12/2019 organismo fiscal procedió a impugnar los gastos deducidos en sus declaraciones juradas del impuesto, por considerar inexistentes las operaciones reflejadas en las facturas aportadas.
En efecto, la inspección actuante reveló las siguientes anomalías en sus principales proveedores:
1. Tarcisio Braumgratz: informó que no realizó operaciones con la actora y aportó copias de las facturas, la cuales no fueron emitidas a nombre de Ingenieros y Cía. SA, que llevan en el membrete el nombre de fantasía “Imprenta Dinámica” y el concepto facturado es “almanaques personalizados”, coincidente con la actividad de “servicios relacionados con la impresión” que declara ante la AFIP; mientras que las presentadas por la contribuyente se consigna nombre de fantasía “Dinámica Aserradero” y los conceptos facturados son “tablas de pinos, tirantes y puntales”.
2. Cooperativa Agropecuaria Colonia Alegría Ltda: el objeto social que figura en sus estatutos no coincide con los bienes y servicios facturados, no presentó declaraciones juradas del impuesto a las ganancias no obstante el alto monto consignado en las facturas, no poseía empleados en el período 2008 y declaró tres en el 2009, no registra en las bases de datos de la AFIP automotores, propiedades ni maquinarias a su nombre. Asimismo, el señor Mariano Pedrozo, presidente de la cooperativa, informó que: (i) la entidad agrupa a 120 pequeños productores agrícolas, (ii) únicamente poseen un pequeño local que actúa como salón comunitario, (iii) la cooperativa no facturó ni vendió a terceros ningún tipo de productos o servicios, (iv) la cooperativa es una canal para recibir subsidios o ayuda económica para sus asociados, (v) no tiene domicilio comercial y (vi) el señor Daniel González es apoderado, a los fines de que realice trámites en organismos públicos.
Asimismo, fue consultada la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda., en atención al contrato de locación de servicios presentados, con posterioridad, por el señor Pedrozo para justificar los conceptos facturados, quien informó que no existieron operaciones comerciales o servicios facturados al proveedor. Además, la cooperativa se Alta en sistema: 26/12/2019 7292/2019 INGENIEROS & CIA SA (TF 36408-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO encuentra cargada en la base de proveedores apócrifos por falta de capacidad económica.
Los cheques librados a favor de la cooperativa consignan como beneficiarios a: (i) Teresa Evanilda Martins de Almirón, quien según las bases de datos de la AFIP no registra actividad ni alta en impuestos, es una persona insolvente, se negó a responder sobre las operaciones relacionadas con los cheques y se limitó a manifestar que es hermana de María Evanir Martins de Almirón y cuñada de Daniel Raúl González; (ii) Cesar Hugo Stickel, informó que los cheques corresponden al pago por trabajos de empuje de maderas y limpieza de terrenos con topadoras, los inspectores se constituyeron en el domicilio fiscal y observan que coincide con una vivienda de condiciones humilde, siendo atendido por el señor Stickel quien se limitó a decir que su asesor contable es el señor Marcelo Dos Reis, quien figura en la base e-APOC del Fisco Nacional, se requirió acompañe copia de los libros IVA compras, notificado, únicamente consigno el nombre de “Gustavo Gabriel González” ; (iii) Gustavo Gabriel González, informó que lo cheques se corresponden con el pago de servicios administrativos, asesoramiento y talleres de capacitación en la Cooperativa Agropecuaria Colonia Alegría Ltda. durante el año 2009 en su carácter de monotributista, no obstante que no se encuentra inscripto en ningún impuesto, con excepción de aportes al régimen autónomo, no acompañó documentación que acredite sus operaciones y de la base de datos se advierte que nunca solicitó impresión de comprobantes y no se encuentra relacionado con ningún número de CAI por contribuyente; y (iv) María Evanir Martins de Almirón, según base de datos de la AFIP el domicilio fiscal denunciado coincide con el contribuyente José González que se encuentra incluido en la base e-APOC desde 2004, nunca solicitó impresión de comprobantes ni se encuentra relacionado ningún número de CAI por contribuyente, no fue localizada en los domicilios alternativos, siendo uno de éstos, coincidente con el domicilio alternativo del señor Gustavo Gabriel González.
Alta en sistema: 26/12/2019 3.- Jorge Luis Monjes: informó que no conoce a la actora y que no realizó operaciones, las facturas acompañadas difieren en su membrete en el nombre de fantasía. Se solicitó al banco copia de los cheques acompañados como medios de cancelación, entidad que indicó que no fueron presentados al cobro, fueron cobrados por terceras personas, se desconoció la firma del endoso y no existe correlación con la cuenta bancaria del proveedor.
4. Jorge Aníbal Sapper: no aportó documentación que avale las operaciones que dice haber realizado con la actora, de la base de datos de las AFIP surge que no declara empleados en relación de dependencia, no registra movimientos bancarios en los períodos analizados, se encuentra en la base como “Usina de única actividad ventas de facturas”. Los cheques emitidos a favor del proveedor fueron cobrados por la señora Teresa Evanilda Martins de Almirón o comercializados en la Cooperativa de Crédito Mesopotámica Ltda.
5. Abel Tito Cottet: informó que no realizó operaciones con la actora, aportó copias de las facturas en cuestión, las que no fueron emitidas a nombre de Ingenieros y Cía. SA, su actividad declarada es la venta al por menor de productos farmacéuticos en tanto los servicios facturados se corresponden con “movimiento de suelos”. Los cheques acompañados por la responsable no fueron presentados al cobro.
6. Cristina Amorea Arnold: no contestó los requerimientos cursados, en la base de la AFIP surge que no registra bienes a su nombre, no posee empleados en relación de dependencia, tampoco consumos relevantes, ni pagos de impuestos, los débitos fiscales exteriorizados resultan similares a los créditos fiscales computados en el IVA, no se observan retenciones y/o percepciones en sus registros. Los cheques emitidos a su nombre fueron cobrados por: (i) Dini y Cía. SA, consultada la sociedad informó que no conoce a la proveedora ni a la actora y que el cartular fue entregado por un cliente; (ii) Papelera Mercedes SRL, consultada informó que no tiene relación comercial con la proveedora ni con la actora, que el cheque lo recibió de su cliente Superglobo SRL, que consultado éste informó que no realizó operaciones con la proveedora y que el cheque lo recibió de un Alta en sistema: 26/12/2019 7292/2019 INGENIEROS & CIA SA (TF 36408-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO cliente consumidor final en pago de factura varias por compras de productos de supermercado.
7. Félix García Da Rosa: la actividad declarada no coincide con los servicios facturados, incumplió sucesivos requerimientos cursados por la fiscalización, figura en la base de proveedores apócrifos desde el 28 de mayo de 2004, no posee cuentas bancarias, propiedades ni otros bienes registrables, no registra empleados en relación de dependencia, informó que extravió los documentos que respaldan su actividad de “ventas de madera”, no pudo precisar quienes fueron sus clientes y proveedores.
Dichas circunstancias fueron las valoradas por el Tribunal Fiscal, en cuanto sostuvo que la actora no justificó fehacientemente las operaciones que dice haber realizado y abonado, no obstante que resulta de su incumbencia la demostración de tales extremos. Sin embargo, la actora insiste en que las operaciones se encuentran debidamente registradas, que las facturas cumplen con las formalidades exigidas, que realizó las obras encargadas y que los bienes adquiridos y los servicios contratados resultan necesarios para realizar su actividad.
Ahora bien, sabido es que no basta la mera formalidad de la tenencia de comprobantes sino que estos deben reflejar la realidad económica de los actos que respaldan, dado que sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllos (artículo 33 de la ley 11.683; esta sala, causa “Inversiones Agropecuarias Sembrar SA”, pronunciamiento del 2 de marzo de 2017). Es que, dichos elementos no resultan demostrativos de la materialidad de las operaciones facturadas, sino sólo su apariencia.
En tal sentido, no debe soslayarse que la actora omite rebatir la cuestión central del pronunciamiento apelado, esto es, la falta de vinculación entre ella y los proveedores que figuran en los Alta en sistema: 26/12/2019 documentos que respaldan las operaciones y la posibilidad de identificar fehacientemente al beneficiario de los pagos realizados (esta sala, causa “Templado, Cristian Edgar”, pronunciamiento del 12 de marzo de 2019). No conmueven el criterio fiscal las manifestaciones brindadas por los proveedores y los transportistas que dan cuenta de la existencia de la relación comercial y el traslado de la mercadería, toda vez que dichas expresiones no otorgan valor material acerca de la titularidad de los bienes o los servicios prestados ni de los beneficiarios de los pagos.
Tampoco arroja luz el informe de los peritos designados en autos, ya que no se encuentra en discusión la efectiva realización por parte de la actora de las obras encomendadas por el Instituto Provincial de desarrollo Habitacional de la Provincia de Misiones, sino la correlación entre los materiales adquiridos y los proveedores que figuran en las facturas.
Dichos elementos no resulta satisfactorios para probar de manera incuestionable que los bienes facturados fueron entregados por los proveedores observados y, tampoco, que ellos fueron los beneficiarios de los pagos correspondientes por la mercadería obtenida y los servicios prestados.
En virtud de ello, corresponde desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia en cuanto fue materia de agravios.
XI. Por otro lado, el recurso interpuesto por la demandada debe prosperar y, en consecuencia, la resolución nº 124/12 en cuanto determinó de oficio el impuesto a las ganancias —salidas no documentadas— por los períodos 04/08 y 09/09 a 12/09 debe confirmarse. Ciertamente, dado que en las presentes actuaciones quedó acreditado que la actora incorporó a sus registros contables comprobantes que reflejan operaciones inexistentes y que tampoco fue posible determinar al beneficiario de las erogaciones que se cancelan, mantener la revocación dispuesta por el Tribunal Fiscal se advierte contraria a la interpretación que la Corte Suprema realizó acerca del art. 37 de la ley de impuesto a las ganancias.
Alta en sistema: 26/12/2019 7292/2019 INGENIEROS & CIA SA (TF 36408-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En la causa “Red Hotelera Iberoamericana SA (TF 14372-I) c/ DGI”, pronunciamiento del 26 de agosto de 2003, sostuvo que: “debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación —a los fines de esa norma— tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar —al tratarse de actos carentes de sinceridad— a su verdadero beneficiario”.
De ello se concluye que ambos aspectos —la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación— adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto de las “salidas no documentadas”. Por su parte, la actora no logra rebatir los argumentos sostenidos por la AFIP y no aporta elementos suficientes para tener por acreditada la veracidad de las operaciones y su realidad económica e individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quien nominalmente aparecen como los receptores de los fondos.
En tal entendimiento, cabe concluir que, en lo referente al propósito de la ley, las erogaciones impugnadas carecen de respaldo documental, toda vez que “como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos 323:3376, el instituto de las ‘salidas no documentadas’ ha sido adoptado por el legislador para asegurar la integra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos 275:83, citado en el mencionado precedente)” (causa “Red Hotelera Iberoamericana SA” ya citada).
Alta en sistema: 26/12/2019 XII.- Resta expedirse con relación a la sanción de multa por la presunta evasión de impuesto a las ganancias —salidas no documentadas— aplicada en la resolución nº 124/12.
Sobre el punto, cabe recordar que la Corte Suprema, a partir del precedente “Radio Emisora Cultural SA”, pronunciamiento del 9 de noviembre de 2000, sentó doctrina en cuanto al carácter no sancionatorio del instituto de las “salidas no documentadas” (artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, t.o. 1997 y modif.). A partir de ello, esta sala se ha pronunciado reiteradas veces sobre la validez del ejercicio por el Fisco Nacional de su potestad sancionatoria respecto de los ajustes en concepto de salidas no documentadas (esta sala, causas “DGI (autos El Chalet SRL”, “Roberto Dromi Consultores Asociados”, “Corpesca SRL” y “Refinadora Neuquina SA”, pronunciamientos del 26 de abril de 2012, del 23 de abril de 2013, del 12 de marzo de 2015 y del 23 de diciembre de 2015, respectivamente); razón por la cual correspondería revocar la decisión apelada también en este aspecto.
Ahora bien, en lo que hace al reproche penal de la actora en los términos de los arts. 46 y 47 de la ley 11.683, cabe señalar que la Corte Suprema tiene dicho que cuando la alzada revoca el rechazo de la pretensión por cuestiones de fondo, tiene la obligación de conocer en todas las defensas conducentes y oportunamente propuestas por las partes, que —por la diversa solución adoptada— no habían merecido un tratamiento adecuado en la instancia procedente, aún en ausencia de un recurso de la parte actora que, por resultar vencedora, no podía agraviarse de una decisión favorable (Fallos: 334:95 y esta sala, causas “Tandil Oeste SA” y “Augusta Megara SA”, pronunciamientos del 27 de noviembre de 2014 y 3 de octubre de 2017, respectivamente).
Bajo tales premisas corresponde examinar los argumentos formulados por la actora en su recurso de apelación de fs. 211/246 vta. interpuesto ante el Tribunal Fiscal.
La defensa de nulidad de la resolución sancionatoria, por carecer en su parte resolutiva de las normas en que se funda, no puede ser acogida, toda vez que, como ya se mencionó en el punto Alta en sistema: 26/12/2019 7292/2019 INGENIEROS & CIA SA (TF 36408-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO IX de la presente, su declaración no procede en el sólo interés del cumplimiento formal de la ley, ya que requiere que se demuestre el perjuicio concreto sufrido por una de las partes (Fallos: 328:58; 324:1564, entre otros), circunstancia que no se observa en autos.
De la lectura de las actuaciones administrativa se advierte de manera indubitable que el Fisco Nacional instruyó sumario, en los términos de los arts. 70 y 71 de la ley 11.683, a la responsable por la presunta evasión del impuesto a las ganancias —salidas no documentadas— por los períodos fiscales 04/08 y 09/09 a 12/09, con sustento en los arts. 46 y 47, incs. a) y b) de la ley citada, y se le otorgó un plazo de 15 días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho, defensa que la actora ejerció sin ningún tipo de limitación (v. fs. 8/21 y fs. 32/51 vta. del cpo. de procedimiento de determinación de oficio).
Por su parte, de los considerandos de la resolución impugnada surgen claramente los actos y las omisiones atribuibles a la responsable, como así también las normas en que se fundó la decisión de sancionarla.
Así, pues, se advierte de manera nítida que la actora conocía el reproche penal endilgado por el Fisco Nacional, los fundamentos en que se apoyaba esa persecución y, en definitiva, el sustento legal de las mismas y pudo oponerse sin mengua de su derecho defensa. En lo referente al encuadramiento de su conducta en la figura descripta en el art. 46 de la ley 11.683, impone analizar los elementos objetivo y subjetivo allí requeridos para ser pasible de reproche. En cuanto al elemento objetivo, cabe recordar que esta sala tiene dicho que en tanto se hallan contemplados en las notas aclaratorias anexas a la resolución general n° 893/2000 los números que individualizan los “volantes de pago” que se deben utilizar para el ingreso de aquel tributo, resulta de aplicación al caso lo dispuesto en el art. 15 de la ley Alta en sistema: 26/12/2019 11.683, que establece: “Las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, tienen el carácter de declaración jurada, y las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben, están sujetos a las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley” (causas: “Vaccaro, Néstor”, “Medio Ambiente SA”, “DGI (autos El Chalet SRL- TF 25026-I)”, “Roberto Dromi Consultores Asociados”, “PBB Polisur SA” y “Nuevo Sistema SA” pronunciamientos del 3 de mayo de 2007, del 29 de abril de 2010, 26 de abril de 2012, del 23 de abril de 2013, del 30 de diciembre de 2015 y del 16 de mayo de 2019, respectivamente).
Idéntico criterio fue el que adoptó la Corte Suprema en la causa “D’Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.311-I)”, pronunciamiento del 12 de octubre de 2010, en el que compartió los fundamentos y conclusiones expuestos en el dictamen del Procurador Fiscal. Allí se examinaron los elementos “forma”
y “plazo” de la presentación de las declaraciones juradas, a los fines de tener por configurado el aspecto material de la infracción tipificada en el art. 45 de la ley 11.683 con relación a una obligación en concepto de “salidas no documentadas” correspondiente al período fiscal 1995, es decir anterior al dictado de la resolución general nº 893/2000.
Si bien la Corte Suprema se pronunció por la improcedencia de la multa, en razón de que ante el vacío normativo no resultaba posible tipificar la conducta del responsable, del análisis efectuado —y a la luz de una interpretación a contrario sensu— se concluye inequívocamente en la posibilidad de aplicar sanción frente al incumplimiento al pago del instituto de las “salidas no documentadas” cuando aquéllos se verifiquen, esto es, en los casos de obligaciones nacidas por ese concepto a partir de la vigencia del resolución indicada precedentemente, tal como sucede en el caso de autos, conforme se tuvo por acreditado en el punto XI. Asimismo, se advierte configurado el elemento subjetivo requerido por la infracción endilgada, dado que se encuentran acreditados los hechos que determinan la aplicación de las presunciones de dolo y, por lo tanto, el soporte fáctico de la conducta tendiente a sustraer, deliberadamente, el correcto pago del gravamen. Alta en sistema: 26/12/2019 7292/2019 INGENIEROS & CIA SA (TF 36408-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Ciertamente, no debe soslayarse que se tuvo por probado que la actora registro contablemente operaciones inexistentes, computándose gastos improcedentes en las respectivas declaraciones juradas del gravamen y, en consecuencia, se exteriorizaron datos inexactos que incidieron en la materia imponible determinada. Al respecto, cabe destacar que frente a la infracción tributaria se produce una inversión de la carga de la prueba siendo el imputado quien debe probar la falta del elemento subjetivo, ya que, como lo sostuvo la Corte Suprema en reiterados pronunciamientos, la infracción comprobada lleva implícita la intención de defraudar, debiendo el contribuyente probar su inocencia (Fallos 206:508). En el caso de autos el apelante no ha probado la falta del elemento intencional, ni ha ofrecido prueba conducente a demostrar la falta de dolo en su accionar, sino que se limitó a afirmar de manera genérica su disconformidad con el encuadramiento realizado por el Fisco Nacional.
Lo expuesto resulta suficiente para confirmar la sanción de multa aplicada en la resolución nº 124/2012.
XIII. Las costas deben ser soportadas por la parte actora vencida (conf. art. 68, párrafo primero, de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
XIV. En atención a lo decido en los considerandos XI, XII y XII de la presente, deviene insustancial el tratamiento del recurso de apelación interpuesto a fs. 621/623 contra la regulación de honorarios dispuesta a fs. 620/vta.
En virtud de ello, corresponde devolver las actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación a los efectos de que dicte una nueva regulación de honorarios de conformidad con lo aquí resuelto. Por lo expuesto, este tribunal RESUELVE: 1) confirmar el pronunciamiento de fs. 507/519 vta., según el punto X, 2) revocar el pronunciamiento de fs. 507/519 vta. en los términos de Alta en sistema: 26/12/2019 los considerandos XI y XII, 3) imponer las costas a la parte actora vencida (art. 68, párrafo primero del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y 4) declarar insustancial el tratamiento del recurso de fs. 621/623 contra la regulación de honorarios dispuesta a fs. 620/vta. y devolver la actuaciones al Tribunal Fiscal a los efectos de que dicte una nueva regulación de conformidad con lo decidido en la presente.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Alta en sistema: 26/12/2019
Fin de la sentencia