Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 30502-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir en lo sustancial el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional, revocar el pronunciamiento apelado en cuanto dejó sin efecto la sanción aplicada a la actora, y confirmar la multa aplicada con relación al Impuesto a las Ganancias –Salidas No Documentadas, dispuesta en la resolución AFIP Nº 298/07 y
2Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (arts. 68 y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del artículo 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II
Expte. N° 22.109/2018.-
///nos Aires, 30 de abril de 2024.- PGR Y VISTOS, estos autos caratulados: “Ingetek Milenium SRL (TF 30502-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, y
I. Que, por sentencia del 21/10/2022, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió revocar las sanciones aplicadas en autos con relación al Impuesto a las Ganancias -Salidas No Documentadas-, con costas.
II. Que, para decidir del modo indicado, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo -en primer término- recordó lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
En particular, señaló que a fin de establecer el encuadre efectuado por el organismo recaudador, y con el objeto de esclarecer los elementos necesarios para la configuración del ilícito que se le imputa a la recurrente, ha de tenerse presente que las infracciones materiales reguladas por la ley procedimental requieren por su indiscutida naturaleza penal, en primer término, de la configuración del “elemento objetivo”.
Sostuvo que si éste no se verifica, no procede adentrarse al análisis del “elemento subjetivo”; es decir, primero debe determinarse si existe una conducta penalmente reprochable a título de infracción, para recién luego, analizar si dicha conducta es imputable y a quién.
En razón de ello, refirió -respecto del elemento objetivo- que no se cumple en la especie la tipicidad exigida por la figura infraccional invocada por el Fisco Nacional, ante la imposibilidad de otorgar a los conceptos volante o comprobante de pago a que hace referencia la RG 893/2000 el carácter de declaración jurada. Citó doctrina que consideró aplicable al sub examine.
Por otra parte, señaló que tampoco es posible atribuirles a los comprobantes en cuestión naturaleza de declaración jurada por invocación del artículo 15 de la ley procedimental, pues ello es pretender otorgarles un alcance del que carecen. En tal sentido, indicó que las boletas de depósito y comunicaciones de pagos contempladas en dicha normativa son confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, situación que no acontece en la especie, toda vez que la calificación de no documentada de la salida de fondos es efectuada por el fisco con posterioridad a su tarea de verificación, razón por la que los instrumentos que se pretenden asimilar integran una etapa posterior que es la referida al cumplimiento de la obligación tributaria mediante el pago.
Por todo lo expuesto, consideró que los antecedentes obrantes en la causa no evidencian que se haya configurado el llamado “elemento objetivo” de la figura infraccional según los términos descriptos en el punto 1.1 del referido pronunciamiento, tornándose inoficioso el tratamiento entonces del “elemento subjetivo” de la figura achacada.
III. Que, contra lo así resuelto, la parte demandada interpuso recurso de apelación con fecha 7/12/2022, habiendo expresado agravios el 13/12/2022. Corrido que fuera el pertinente traslado, su contraria no formuló réplicas.
IV. Que el Fisco en la fundamentación de su recurso se agravió por cuanto lo resuelto supone una desatención a lo prescripto por el artículo 6° del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación.
Al respecto, indicó que habiéndose configurado uno de los supuestos establecidos en el artículo reseñado, y siendo que el fallo del 30/03/2017 fue también dictado por la misma Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, la Sala “D” resultaba competente para entender en autos, debiéndose declarar la nulidad del fallo por la incompetencia de la Sala que dictó el mismo.
A lo dicho, añadió que la solución brindada por el sentenciante exhibe la ausencia de un recto examen de los hechos configurativos de la causa, de la normativa aplicable y de la doctrina establecida en los fallos emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otro lado, señaló que el judicante fundó su decisión invocando la inexistencia del elemento objetivo requerido por el tipo infraccional aplicado a efectos de reglamentar el artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones).
Siendo ello así, sostuvo que la A.F.I.P. procedió a dictar la R.G. Nº 893, la cual prescribe que el ingreso del impuesto en cuestión debe efectuarse dentro de los quince días hábiles administrativos de producida la erogación o salida no documentada.
En tal orden de ideas, recordó lo establecido por el primer párrafo del artículo 15 de la ley 11.683, que dispone: “Las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, tienen el carácter de declaración jurada, y las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben, están sujetos a las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley”.
Sentado ello, enfatizó que lo dispuesto por el artículo 15 de la ley de rito no hace otra cosa que equiparar el instituto de las “Salidas No Documentadas” con cualquier otro impuesto, en lo que hace a la forma de determinar e ingresar, por lo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II que ante el incumplimiento de pago se debe actuar tal como se lo hace respecto de otro tributo, debiendo analizarse la actitud asumida por el contribuyente sea que se haya actuado con culpa o con dolo, según se observe en cada caso en particular. A lo dicho, añadió que el Impuesto sobre las Salidas No Documentadas es un tributo que tiene que ingresar quien hace la erogación, debiéndolo hacer a título propio, en tanto las sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.), son la consecuencia de haber cometido los ilícitos formales y materiales en ella previstos.
Ahora bien, recordó que la infracción discutida en autos tiene su origen en una inspección a la que fuera sometida la contribuyente, con el objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Destacó que, en virtud de los datos obtenidos por la inspección se constató que la recurrente omitió efectuar el pago del Impuesto a las Salidas No Documentadas dispuesto en el artículo 37 de la ley 20.628 (t.o. en 1997 y sus modif.) con relación a erogaciones cuyo respaldo documental resultaba impugnable, toda vez que las mismas correspondían a facturas apócrifas; generándose por ello una diferencia a favor de dicho organismo.
Acto seguido, citó jurisprudencia que -a su entender- avalaría su postura. Por lo demás, advirtió que en la resolución apelada el juez administrativo ha fundado adecuadamente las sanciones aplicadas, tanto en su faz objetiva como subjetiva, en lo que hace a su encuadre legal y graduación, ya sea en la figura típica del artículo 45 de la ley procedimental respecto de las erogaciones efectuadas en los meses de octubre y diciembre de 2002, marzo y octubre a noviembre de 2003 y en el artículo 46 del mismo cuerpo con relación al mes de diciembre de 2003, no habiendo la contraparte desvirtuado ni aportado elemento alguno que permita eximirla de su responsabilidad.
En tal orden de ideas, señaló que la interpretación dada por el inferior desatiende los hechos de la causa, atentando contra la teleología del régimen vigente, lo cual permite concluir que el decisorio impartido debe ser descalificado en cuanto fue dictado prescindiendo del respeto a la normativa legal aplicable. Por tales consideraciones, solicitó se revoque la resolución apelada, con costas.
V. Que, a modo de recapitulación, cabe recordar que, por sentencia del 30/03/2017, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones apeladas en cuanto determinan la obligación de la recurrente en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales octubre y noviembre de 2002 y febrero, marzo, junio, octubre, noviembre y diciembre de 2003, impuesto a las ganancias de los años fiscales 2002 y 2003 e Impuesto a las Ganancias -Salidas No Documentadas- por los períodos fiscales octubre y diciembre de 2002, marzo, octubre, noviembre y diciembre de 2003, con más sus correspondientes intereses resarcitorios.
Asimismo, confirmó las multas aplicadas en relación con los dos primeros tributos y revocó las sanciones establecidas en relación con las Salidas No Documentadas.
Luego, por sentencia del 29/05/2018, esta Sala anuló el pronunciamiento recurrido, en cuanto aplicó a la sociedad apelante a) una multa graduada en el setenta por ciento del Impuesto a las Ganancias -Salidas No Documentadas- omitido (períodos fiscales octubre y diciembre de 2002 y marzo, octubre y noviembre de 2003, en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif) y b) una sanción equivalente al doscientos por ciento del mismo gravamen , período fiscal diciembre de 2003, presuntamente evadido, con fundamento en el artículo 46 de la precitada norma.
Para decidir del modo indicado, se destacó que los votos de los vocales que conformaron la mayoría en el Tribunal Fiscal de la Nación, difieren en cuanto a las razones en que cada uno de ellos utilizó para fundamentar la revocación de las sanciones dispuestas en concepto de impuesto a las ganancias -salidas no documentadas-, omitiendo dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 184 de la L.P.T.
Como consecuencia de ello, se dejó sin efecto lo resuelto y se reenvió la causa a dicho Tribunal a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento.
Devueltas que fueran las actuaciones, en fecha 24/06/2019, el Vocal Vicchi se excusó por haber emitido opinión en la sentencia cuya nulidad se declara, habiendo sido aceptada por resolución del 27/08/2019.
Luego, por conducto del sorteo realizado en fecha 11/09/2019, resultó desinsaculado para integrar la Sala “C” en su carácter de vocal sustituto, en los términos del artículo 6 del RPTFN, el Dr. Porparatto, Vocal titular de la Vocalía 6a. Nominación.
Finalmente, el 21/10/2022 se dictó la resolución venida ahora en grado de apelación.
VI. Que, sentado ello, corresponde analizar los agravios de la parte demandada vinculados con la nulidad del fallo por la pretendida incompetencia de la Sala que dictó el mismo.
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Al respecto, cabe recordar que el artículo 10 del Reglamento de Procedimiento del T.F.N. establece que: “Cuando el expediente fuere devuelto por la Cámara Nacional del Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, revocando o declarando nula la sentencia oportunamente dictada por una de las Salas de este Tribunal, respecto de cuestiones sobre las que deba nuevamente expedirse, el respectivo expediente será girado directamente a la Sala que le siga en orden alfabético, siendo el Vocal instructor el que surja por aplicación del artículo 4 de este Reglamento”.
Sin embargo, dispone que: “No será de aplicación lo dispuesto en los párrafos precedentes en el supuesto que la Sala de radicación original de la causa tenga, al momento de volver el expediente de la Alzada, una nueva integración mayoritaria. En este caso, el Vocal subsistente de la anterior integración deberá analizar si procede excusarse de intervenir. De ser así será reemplazado por el subrogante natural pasando a integrar dicha Sala para la resolución de ese expediente”.
En orden a lo expuesto, cabe concluir que el T.F.N. ajustó su proceder a la estricta letra del reglamento que regula su actuación, por cuanto la sentencia aquí cuestionada fue suscripta por una integración mayoritaria distinta a aquella que emitió el pronunciamiento del 30/03/2017, no resultando las manifestaciones de la demandada hábiles para conmover este aspecto del decisorio, razón por la cual corresponde su desestimación.
VII. Que aclarado lo anterior, cabe destacar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, se seguirá el criterio trazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in rebus, “VZ Bath & Body S.A. (TF 36087-I) c/D.G.I.”, Expte. Nº 12.109/2021, del 8/04/2022; y “Consultatio SA (TF 31752-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” Expte. N° 25.194/2023, del 1/09/2023, entre muchos otros).
Así, teniendo en consideración las menciones jurisprudenciales efectuadas por el recurrente, cabe recordar que este Tribunal ya se ha expedido en casos análogos al presente en ocasiones pasadas.
En efecto, este Tribunal ha sostenido que: “…[e]l instituto de las ‘salidas no documentadas’, ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio –cfr. Fallos: 275:83; 323:3376 y sentencia en la causa: R.746. XXXVII R.O. ‘Red Hotelera Iberoamericana S.A. c/ D.G.I.’, del 26/08/2003, registrada en Fallos: 326:2987. En ese caso, la C.S.J.N. ha sostenido, además, que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación a los fines de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, ‘…tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar al tratarse de actos carentes de sinceridad a su verdadero beneficiario’. Y, asimismo, descartó que dicha norma tuviera carácter sancionatorio” (cfr. en tal sentido, esta Sala, in rebus, “Combustibles Vázquez Hnos. S.R.L. c/D.G.I.”, del 15/3/2012 y “Gaveteco S.A. c/D.G.I., del 24/02/2015). La ley de impuestos a las ganancias “... efectúa una presunción, constituyendo como presupuesto para la procedencia de la misma, la no existencia de documentación. Todo gasto que no posea respaldo documental conlleva a la presunción legal que quien recibió el pago no consideró gravada la renta y, por ende, no abonó el impuesto correspondiente por ella. Referido a esta cuestión corresponde añadir que la falta de documentación a la que el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias hace referencia resulta asimilable al aporte de aquella otra que no permita demostrar la existencia y medida de las operaciones” (confr. Flavia Colombini Quijada, “Salidas no documentadas: El instituto, su naturaleza jurídica y la aplicación de multas”, Doctrina Tributaria Errepar Tomo XXIX, pág. 315, abril de 2008; como así también, esta Sala in re “Combustibles Vazquez Hnos. SRL”, ut supra citada).
La Sra. Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en el dictamen cuyos fundamentos el Alto Tribunal compartió, en la causa I.135.XLV “Interbaires S.A.(TF 15.828-I) c/ DGI” (sentencia del 27 de septiembre de 2011), que: “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18º).”; “De lo expuesto se colige CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto”.
Sostuvo, asimismo, luego de hacer referencia a las probanzas reunidas en dicha causa, que “[a]sí las cosas, frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a cargo del contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados (Fallos: 326:2987, cons. 17º)”.
Agregó que “[e]n síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimó, su suerte adversa en esta controversia queda definitivamente sellada” -ver el dictamen de fecha 21 de febrero de 2011, recaído en la causa citada-.
VIII. Que, en cuanto aquí interesa, por conducto de la Resolución N° 298/07, se aplicó a la contribuyente Ingetek Milenium S.R.L., por los períodos 10/2002, 12/2002, 03/2003, 10/2003 y 11/2003 (art. 45 de la ley 11.683 -t.o. en 1998 y sus modif.), una multa graduada en el setenta por cuento (70 %) del gravamen omitido, cuyo importe ascendía a la suma de $60.428,77, en concepto de Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas y por el período fiscal 12/2003 (art. 46 de la ley 11.683 -t.o. en 1998 y sus modif.), una multa graduada en el doscientos por ciento (200%) cuyo importe ascendía a la suma de $61.915,70, en concepto de Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas.
El artículo 45 de la ley 11.683 dispone que: “[s]erá sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren: a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas. b) Actuar como agentes de retención o percepción. c) El pago de ingresos a cuenta o anticipos de impuestos, en los casos en que corresponda presentar declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplan su finalidad, mediante la falta de su presentación, o por ser inexactas las presentadas”.
A su vez, el artículo 46 de la referida norma dice que: “[e]l que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
La norma citada, establece la figura dolosa de la defraudación fiscal, para cuya procedencia resulta necesario que se verifique la realización del tipo objetivo, la inexistencia de causales de justificación, que el sujeto sea imputable y que se compruebe en forma directa la presencia de dolo en su accionar.
Como puede advertirse, mediante estas normas se busca sancionar una conducta dolosa y deliberadamente antijurídica, que se concreta cuando a través del ardid o engaño se presentan declaraciones o liquidaciones que perjudican al Estado con un ingreso tributario menor al que correspondería efectuar (cfr. Gómez, Teresa y Folco, Carlos María, Procedimiento Tributario, Ley 11.683 comentada, 4ª edición actualizada, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 272).
En lo que aquí importa, se encuentra fuera de discusión que la contribuyente ha realizado erogaciones correspondientes a ciertos períodos del ejercicio fiscal 2002 y 2003, por supuestas operaciones cuya autenticidad fue impugnada, sin ingresar en tiempo y forma, las obligaciones previstas en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
IX. Que debe precisarse, asimismo, que esta Sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo aquí planteada en las causas: “Ugalde, Lionel Matías (TF 34116-I) c/D.G.I.”, sentencia del 5/09/2013; “Paleco S.A. c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 19/05/2016; e “Interjuegos S.A. c/Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 27/04/2017.
En dicha oportunidad se señaló que: “…[p]ara el período fiscal involucrado en la presente, se encontraba vigente la Resolución General A.F.I.P. Nº 893/00, que dispuso que el ingreso del impuesto en cuestión deberá efectuarse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos de producida la erogación o salida no documentada. Además, estableció un plazo especial de ingreso para los hechos imponibles perfeccionados desde el 25/11/98 hasta el 20/10/00 (ver especialmente el anexo resolución general citada)”.
En la referida causa “Ugalde”, este Tribunal sostuvo que: “[e]n ese orden, al llevarse a cabo el ingreso de dicho tributo se presenta una boleta de depósito o comunicación de pago, cuya naturaleza podría asimilarse a una declaración jurada, según lo prevé el art. 15 de la ley 11.683.” (cfr., en igual sentido, esta Sala, in re, “Blanco, Daniel Osvaldo c/D.G.I.”, sentencia del 30/05/2013 y sus citas).
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De este modo, se ha reglamentado la "forma" y ''plazo de presentación" de la declaración jurada correspondiente a la obligación aquí omitida, cuyo incumplimiento configura el aspecto objetivo de la sanción que se examina. Se sigue de lo expuesto que, ante la falta de ingreso del impuesto previsto en el artículo 37 de la ley del gravamen, cabe tener por verificado el elemento objetivo de la infracción (en sentido concordante, ver la causa: “Ugalde, Lionel Matías”, arriba citada).
X. Que, en este orden de ideas, cabe recordar que en cuestiones de índole sancionatoria y en cuanto a la caracterización del ilícito, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha desarrollado una hermenéutica de la norma contenida en el artículo 46 de la Ley de Procedimiento Fiscal y ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena. El mismo, responde en su esencia al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (cfr. Fallos: 271:297 y esta Sala, in re, “Caligari, Pericles (TF 34520-I) c/D.G.I.”, del 3/12/2013 y sus citas, entre otros).
Ello no obstante, si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema legal vigente (cfr. Fallos: 278:266, aplicable mutatis mutandi, y esta Sala, en una integración anterior, en los autos: “Transportes Tomassini S.R.L. (TF 21.781-I) c/D.G.I.” sentencia del 17/05/2007 y en la actual: “La Clementina S.A. c/D.G.I.”, sentencia del 26/11/2015, entre otros).
En el sub lite, la conducta defraudatoria de la actora se encuentra suficientemente descripta en los informes agregados al sumario administrativo y, asimismo, ha sido valorada por la funcionaria que aplicó la sanción.
Al respecto, tiene dicho el Máximo Tribunal que la infracción lleva implícita la intención de defraudar, debiendo el contribuyente probar su inocencia (cfr. Fallos: 206:508).
Por lo demás, no ha expresado ninguna excusa válida que permita justificar su conducta y eximirla de la sanción que se corresponde a la infracción verificada en el caso.
XI. Que tal como ha quedado expuesto, el contribuyente conformó el ajuste practicado en concepto de impuesto a las ganancias, salidas no documentadas. En cuanto al elemento subjetivo, es de concluir entonces que la contribuyente hizo valer documentación apócrifa, ocultando el verdadero beneficiario de las erogaciones efectuadas, y realizando un despliegue de maniobras ardidosas, ya que se valió de documentación falsa para respaldar sus operaciones. Es por tal circunstancia, que oportunamente se procedió a impugnar las operaciones facturadas con dichos proveedores, y se determinó un ajuste en el Impuesto a las Ganancias, Salidas No Documentadas.
En tales condiciones, se advierte que el Fisco Nacional ha evaluado en forma concreta y acertada el accionar de la actora respecto de los proveedores, para concluir que obró con dolo, sin que surja de las constancias de autos, ni de los dichos de la actora en sus distintas presentaciones, motivo o fundamento alguno para considerar que la postura adoptada por el citado Organismo carezca de toda apoyatura probatoria; todo lo cual impone admitir el recurso, revocar la decisión apelada y confirmar la sanción aplicada.
XII. Que en razón de la decisión que se adopta, las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora vencida (cfr. arts. 68 y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998- y modif.).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) admitir en lo sustancial el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional, revocar el pronunciamiento apelado en cuanto dejó sin efecto la sanción aplicada a la actora, y confirmar la multa aplicada con relación al Impuesto a las Ganancias –Salidas No Documentadas, dispuesta en la resolución AFIP Nº 298/07 y 2º) imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (arts. 68 y 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del artículo 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II
Fin de la sentencia