Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 52895207-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de alzada a la vencida (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Conociendo el recurso de apelación contra la resolución del 13/09/2022 que reguló los honorarios de los representantes del Fisco, y teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y la única etapa cumplida, se CONFIRMAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada, en tanto solo fueron apelados por bajos.
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y además, el resultado del recurso, SE FIJAN los emolumentos del apoderado y patrocinante de la parte demandada por las tareas cumplidas en la Alzada (cfr. fs. 375-386. en 6,4 UMA y 2,5 UMA respectivamente, que equivalen –a la fecha– a la suma de $259.654 y $103.861 (arts. 16, 19, 20, 21, 29, 30 y 58 de la Ley Nº 27.423, Resolución 176/24).
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Buenos Aires, de marzo de 2024. IDM Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso En 2019, la Administración Federal de Ingresos Públicos dictó una resolución mediante la cual determinó el Impuesto al Valor Agregado respecto de la firma Ingiba S.R.L., una empresa dedicada, entre otras cuestiones, a servicios de ingeniería y arquitectura. La AFIP cuestionó las prestaciones recibidas del Sr. Dardo Rubén Ledesma. Contra aquel acto administrativo, Ingiba S.R.L. interpuso recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el cual rechazó su pretensión.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal La Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 3/06/2022 (cfr. págs. 317-326 de las actuaciones ante el Tribunal Fiscal recibidas el 16/03/2023 –las páginas consignadas a continuación corresponden a este documento digitalizado–) resolvió confirmar la Resolución Nº 043/19 (DV RRES) DEL 17/04/2019 dictada por la jefa (int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Resistencia de la AFIP –Dirección General Impositiva– , mediante la cual se determinó el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales febrero, marzo y abril de 2015, enero, mayo a noviembre de 2016 y enero a julio de 2017, con más intereses resarcitorios. A su vez, la resolución aplica multa equivalente a tres tantos del impuesto evadido, según los arts. 46 y 47, inc. c, de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Para decidir de ese modo, luego de efectuar una reseña de la resolución recurrida, analizó las constancias de las determinaciones de oficio practicadas, así como las distintas constancias documentales incorporadas a la causa y la prueba pericial contable producida ante ese tribunal.
Consideró la procedencia de la sanción aplicada en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales febrero, marzo y abril de 2015, enero, mayo a noviembre de 2016 y enero a julio de 2017 según los arts. 46 y 47, inc. c, de la Ley Nº 11.683. Al respecto, consideró que el análisis de las circunstancias de hecho y prueba, ponía de resalto que se encontraban configurados los elementos que permitían encuadrar la conducta de recurrente en dicha figura infraccional, consistentes en la presentación de declaraciones juradas engañosas. Asimismo, con relación a los intereses resarcitorios reclamados en la Resolución N° 043/2019, sostuvo que los mismos constituían una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora en que había incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias, los que además habían sido calculados según el art. 37 de la Ley N° 11.683, sin que se presenten como confiscatorios, por lo que confirmó los mismos.
En esta línea, recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema que sostiene que a dichos intereses se le reconoce características indemnizatorias, y que tiene por finalidad resarcir a la víctima, en este caso la Hacienda Pública, restituyéndola al estado anterior a la mora.
Con respecto a la sanción aplicada, sostuvo que el art. 46 de la ley 11.683 exige para que se configure la sanción la concurrencia de la omisión del impuesto (elemento objetivo) y la conducta del sujeto en lo que hace a su voluntad comisiva (elemento subjetivo). Entendió que el elemento objetivo se encontraba acreditado a raíz de los documentos obrantes en el expediente y de las impugnaciones efectuadas por el organismo fiscal que considera inexactas las declaraciones juradas presentadas.
En lo que refiere al elemento subjetivo, sostuvo que el art. 46 acude, ante la falta de certezas del organismo fiscal, a las presunciones previstas en el art. 47 mediante las cuales se establecen CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 10959/2023; “INGIBA SRL (TF 52895207-I) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
hipótesis –las que admiten prueba en contrario– respecto de la voluntad defraudatoria del sujeto. El Tribunal, indicó que en el caso bajo análisis se acude al inciso b) del art. 47 que establece: “…cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.”
Concluyó que si bien la presunción se apoya en aspecto subjetivo que es la de establecer cuando es que existe “gravedad” y es el Fisco quien debe darla a conocer, en el caso de facturas apócrifas, el solo hecho de haberse demostrado la inmaterialidad de la operación y, en su caso, la inexistencia del proveedor, la gravedad resulta palmariamente expuesta. Finalmente, reforzó su tesitura con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Red Hotelera Iberoamericana S.A. s/ D.G.I” del 26/08/2003, en donde declaró que la carencia de aptitud del instrumento utilizado es equivalente a la ausencia de instrumento o documento, lo que aquí acontece. Las costas la impuso a la actora vencida.
Asimismo, el 13/09/2022 reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el fisco nacional los Dres. Ignacio Mauro Markievich y Carlos A Muzzio, en las sumas de $ 64.881 (pesos sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta y uno), equivalente a 7,20 UMA y $ 162.204 (pesos ciento sesenta y dos mil doscientos cuatro), equivalente a 18 UMA, por sus actuaciones en autos como apoderado y patrocinante.
III. Agravios de la parte actora Contra aquel pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación el 31/08/2022 y expresó agravios el 15/09/2022, los que fueron contestados por la AFIP el 22/02/2023.
Al respecto, considera que no fue valorado por el Tribunal Fiscal la información con la que contaba al momento de contratar con el Sr. Ledesma, ya que el mismo fue incorporado a la base de contribuyente no confiable con posterioridad a la relación que lo unió con INGIBA S.R.L.
Asimismo, esgrime que en la sentencia se omite valorar las pruebas que se encuentran agregadas en los antecedentes administrativos.
En esa línea, afirma que los indicios son serios, precisos y concordantes y permiten afirmar que el Sr. Ledesma prestó los servicios, realizó las obras, emitió las facturas y cobró los cheques que cancelaban dichos servicios. Ello, en razón de que la firma INGIBA S.R.L. no posee maquinaria ni capacidad operativa para realizar la obra que entregó y que por ello subcontrató al Sr. Ledesma.
Sostiene que la resolución de la AFIP es nula de nulidad absoluta, ya que a su entender, no cumple con los requisitos del acto administrativo previstos en la ley 19.549.
Por último, solicita que de no hacer lugar a lo solicitado, se aplique al caso la doctrina de la mora no imputable y el error excusable, es decir que no se apliquen los intereses reclamados por cuanto no ha existido culpa ni dolo.
IV. Agravios del fisco nacional A su vez, el fisco nacional interpuso recurso de apelación el 16/09/2022, por considerar bajos los honorarios regulados.
V. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009;
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“Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
VI. Presunción de legitimidad de los actos administrativos Sentado lo expuesto, en relación con la carga probatoria respecto de la veracidad de las operaciones, esta Sala ha tenido oportunidad de recordar la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema que sostiene que las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad, por lo que su peculiar naturaleza obliga a tener en cuenta primordialmente las normas que específicamente lo reglan y los principios propios de la rama del derecho a la que pertenece, lo que impide una remisión simplista y mecánica a las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (cfr. esta Sala, “Viluco SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 54.471/2014, del 11/8/2016).
En virtud de ello, las exigencias derivadas del art. 377 del Código Procesal deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, por lo que no es el Estado quien debe demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asientan dichos actos, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, sino, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (CSJN, Fallos: 328:53 y sus citas; esta Sala, in rebus: “Germaiz SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 23.131/2016, del 11/6/2019; y “Food´s Land SA c/ ENAFIP-DGI s/ DGI”, Causa Nº 44.105/13, del 26/12/2017).
De este modo, en virtud de la interpretación armónica de los arts. 12 de la Ley Nº 19.549 y 377 del Código Procesal explicitada precedentemente, cabe precisar que recae sobre el contribuyente la carga de acreditar la veracidad de las operaciones en las que el recurrente intenta justificar la deducción de gastos en el impuesto a las ganancias y/ o el cómputo de créditos fiscales en el impuesto al valor agregado (arg. esta Sala, in rebus: “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ Dirección General Impositiva”, Causa Nº 7795/2008, del 3/4/2012; “Woolyn SA c/ EN- AFIP DGI- Resol 90/07 RDEX s/ Dirección General Impositiva”, Causa Nº 880/2008, del 18/10/2011; esta Cámara, Sala IV, in rebus: “Recoleta Vesubio SA (TF 30762-I) c/ DGI”, Causa Nº 40567/2011, del 6/3/2012; y “Granysem SRL (TF 18435-I) c/ DGI”, Causa Nº 43.069/2011, del 14/8/2012).
Por lo tanto, debe señalarse que “la prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien, a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva” (CSJN, Fallos: 315:2555). En el caso, correspondía a la recurrente probar que había dado cumplimiento a todos los requisitos, formales y también sustanciales, a fin de obtener el reconocimiento de deducción y/o crédito fiscal perseguido; además de aportar prueba conducente para rebatir las conclusiones a las que arribó la demandada (arg. esta Sala, in rebus: . “Viluco SA” y “Woolyn SA”, ya citados).
VII. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 10959/2023; “INGIBA SRL (TF 52895207-I) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Cabe recordar que el recurso previsto en el artículo 86 inc. b) de la Ley Nº 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. Fallos: 300:985, considerando 5; 326:2987, considerando 9; 328:3048, considerando 11; 332:357, considerando 8; 334:249, considerando 7; 336:1668, considerando 8; 338:169, considerando 6; 340:1513, disidencia del Highton de Nolasco y Rosenkrantz, considerando 15; “Tecpetrol SA (TF 27621-1) c/ DGI”, causa CAF 32366/2012/CS1 RO, del 12/9/2017, considerando 11; “Eurnekian, Eduardo (TF 18906-1) c/ DGI”, causa CAF 40457/2012/CS1 RO, del 23/11/2017, considerando 9; “ADM Argentina S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, causa CAF 29982/2017/1/RH1, del 28/10/2021, apartado III del dictamen fiscal al cual la Corte remite).
En esta línea, teniendo en vista el contenido de los agravios reseñados, cabe advertir que el análisis de las cuestiones planteadas por el apelante exige la revisión de cuestiones de hecho y prueba ajenos, por regla general, a la jurisdicción de esta Cámara, en razón de lo previsto en el artículo recientemente citado (esta Sala, in re: “Inser SA (TF 30108-I) SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 14.116/2022, del 11/8/2022). En el supuesto previsto en la norma en comentario, los agravios en esta especie de recurso deben formularse teniendo en cuenta que lo que corresponde conocer y decidir a este Tribunal, en principio y como regla general, es: a) si existió violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, y b) acerca del fondo del asunto, tener por válidas las conclusiones de dicho tribunal sobre los hechos probados. Es decir, los agravios del apelante deben estar centrados, como regla general, en cuestiones de derecho (cfr. esta Sala, in rebus: “Golden Penaut Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 72.680/2018, del 9/5/2019; “Arusa, Vicente Eduardo (TF 23735-I) c/ DGI s/ Apelación”, Causa Nº 23.090/2012, del 12/11/2013).
En tal orden de exposición, esta Cámara ha tenido ocasión de enfatizar el carácter limitado del citado recurso, razón por la cual cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (cfr. Sala I, in re: “Merlino Automotores S.A.”, del 12/3/2009; Sala II, in re: “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re: “Agropecuaria Laishi S.A.”, del 15/4/2010; esta Sala, in rebus: “Mueblería Torca SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 80.005/2018, del 20/2/2020; “Del Buono, Jorge Luis” del 15/3/2007; entre muchos otros).
Ahora bien, sin perjuicio de ello, tal principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos. Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (cfr. esta Sala, in rebus: “CLK SA (TF 36588-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 12.113/2021, del 9/8/2022; “Boccuti, Antonio Miguel c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 5.864/2014, del 6/11/2014; Sala V, in re: “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c/ DGI”, Causa Nº 35.379/10, del 21/3/2011).
Si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, constituye un requisito de procedencia que el recurrente demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria (cfr. esta Sala, in rebus: “CLK SA” y “Golden Penaut Argentina SA”, ya citados).
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En este sentido, lo que se encuentra sometido a conocimiento de esta Sala consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso sólo cabe confirmar la decisión recurrida (cfr. esta Sala, in rebus: “Kimberly Clark SA (TF 36115-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 17.550/2021, del 13/4/2022; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/ DGI”, Causa Nº 72.673/2018, del 7/5/2019; “Cuatro Esquinas SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 13.104/2018, del 14/3/2019; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/ DGI”, Causa Nº 83.620/2016, del 16/10/2018; “Salas, Fernando Martín c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 82.591/2015, del 10/4/2018; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/ DGI”, Causa Nº 18.124/2016, del 14/9/2017; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/ DGI”, Causa Nº 4.502/2014, del 29/9/2014; “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27.409/2012, del 31/10/2012; entre otros; doctrina de Fallos: 326:2987; 332:357; y 334:249).
VIII. Improcedencia de los agravios En este entendimiento, cabe precisar que en su pronunciamiento, el Tribunal Fiscal confirmó la resolución que determinó el Impuesto al Valor Agregado.
Para decidir de ese modo, en primer lugar, tuvo en cuenta lo actuado en sede administrativa. Al respecto, indicó que el juez administrativo no se había apartado de las circunstancias de hecho y de derecho que fundaron la resolución apelada, ni que tampoco se hace incumplido con el procedimiento reglado por la ley Nº 11.683. El tribunal puntualizó que la firma Ingiba S.R.L. tuvo conocimiento de las actuaciones seguidas por la inspección y el juez administrativo, y que contó con la oportunidad de presentar el pertinente descargo en oportunidad de contestar la vista. Sin embargo, ello no ocurrió, lo que demuestra que los agravios vertidos por la apelante como fundamento de la defensa de nulidad, configuran una discrepancia con el criterio del Fisco, pero que ello no afecta la validez del acto administrativo cuestionado.
Posteriormente, analizó la situación del proveedor Dardo Rubén Ledesma. Indicó que tiene como actividad declarada Servicios relacionados con la construcción, que posee CUIT inactivo y que se encuentra en el historial de contribuyentes con irregularidades. Asimismo, aseveró que no posee acreditaciones bancarias desde el año 2014 y que las declaraciones juradas arrojan permanente saldo técnico a favor del Sr. Ledesma, como así también la falta de pagos de la mayoría de sus declaraciones juradas y que los planes de pagos a los que adhirió se encuentran caducos.
Puso de resalto que a raíz de la verificación y los requerimientos realizados por el área Fiscalización, ellos fueron incumplidos, no aportando ningún tipo de documentación, Libros de IVA y/o comprobantes de compras y ventas, no pudiendo ser localizado en visitas posteriores en el domicilio fiscal. La emisión de facturas electrónicas por importes significativos no concuerda con su perfil patrimonial, sin capacidad económica y financiera, con irregularidades en la cadena de comercialización y por la resistencia a la fiscalización, por lo que se determinó su inclusión en la base e-Apoc.
Inmediatamente, en el en el considerando VII del pronunciamiento recurrido el tribunal efectuó un análisis del informe pericial (obrante a fs. 275/414) producido en las actuaciones y ponderó que si bien el informe afirma la conclusión de las obras a cargo de la actora y los materiales que fueron necesarios para ella, la misma no CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 10959/2023; “INGIBA SRL (TF 52895207-I) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
aportó ninguna información sobre los proveedores de la firma Ingiba S.R.L.
Asimismo, del análisis de la prueba pericial contable se describieron los bienes que posee en su inventario desde el 2010 hasta 2017. Agrega que los libros contables se encuentran rubricados y foliados. Asimismo, agrega que las facturas del Sr. Ledesma eran válidas al momento de su emisión y obedecen a las normas de facturación. Asimismo, indica que los montos abonados por los respectivos bienes y servicios son acordes a los precios de mercado de la época para los mismos bienes y servicios, son razonables. Pone de resalto, en este punto, que la mera existencia de facturas en lega forma no habilita, sin más, el crédito del cómputo fiscal y que el art. 12 de la ley de Impuesto al Valor Agregado surge palmariamente la intención del legislador de resguardar la determinación final del gravamen imponiendo una serie de requisitos y condiciones para que el crédito fiscal pueda ser computado como tal por el contribuyente.
Concluye que de la prueba obrante en el expediente administrativo, mas allá de que la empresa para la realización de los contratos que tiene a su cargo, torna necesarias las maquinarias especiales para la ejecución de su labor, la actora no logró modificar el análisis del proveedor cuestionado como tampoco lo ha modificado la pericia contable.
Agrega que la impugnación del proveedor ha sido adecuadamente valorada por el Fisco Nacional, toda vez que ha quedado demostrada la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que presentan un cuadro de serios reparos respecto de su capacidad operativa para poder prestar los servicios o bienes facturados, los que llevaron al Fisco Nacional a concluir que los mismos no fueron prestados por el proveedor impugnado.
Así las cosas, se advierte que el recurrente no ha presentado razones de peso que permitan modificar lo decidido, máxime cuando se pretende revertir el juicio del Tribunal Fiscal acerca de los hechos y de la prueba, aspecto que solo resulta revisable para la Alzada en supuestos de deficiencias manifiestas o errores en la apreciación de aquellos extremos –como se ha expuesto en los considerandos VI, VII y VII–, los cuales no se advierten en el caso bajo examen.
En efecto lo decidido por el Tribunal Fiscal se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso, que le permitieron concluir que correspondía confirmar la resolución que determinó el Impuesto al Valor Agregado. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar los agravios de la parte actora y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal.
IX. Validez de aplicar en el caso los intereses resarcitorios En punto a los agravios introducidos por la actora respecto de la aplicación de intereses resarcitorios y de la invocación de la existencia de una mora inculpable al contribuyente, cabe notar –tal como lo ha hecho el Tribunal Fiscal– que la apelante no ha demostrado en autos que la mora en el cumplimiento de la obligación tributaria no le fuese imputable.
Es que no debe olvidarse que el art. 37 de la ley 11.683 establece que “la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio” sin estipular ninguna causal eximente del devengamiento de éstos.
Por tal motivo, la Corte Suprema, en el precedente registrado en Fallos: 323:1315, “Citibank NA (TF 15575-I) c/ D.G.I.” del 1/6/2000), sostuvo, frente a la hipótesis de que pudiera aplicarse la última parte del art. 509 del Código Civil (actual art. 888 del Código Civil y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 10959/2023; “INGIBA SRL (TF 52895207-I) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Comercial de la Nación) –norma que exime al deudor de las responsabilidades derivadas de la mora cuando ésta no es imputable– que “la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor –que deben ser restrictivamente apreciadas– han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria”. En este sentido, dadas las particularidades del derecho tributario, en ese campo ha sido consagrada la primacía de los textos que le son propios, de su espíritu y de los principios de la legislación especial, y con carácter supletorio o secundario los que pertenecen al derecho privado (art. 1° de la ley 11.683, t.o. en 1998). Luego, el Máximo Tribunal agregó que “[e]s evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto –o que lo ha hecho por un monto inferior al debido– en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que (…) se trata de la aplicación de intereses resarcitorios, cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. considerando 10; en el mismo sentido, CSJN, Fallos: 334:1182 y 340:1513).
Así las cosas, las quejas introducidas por la actora respecto de la aplicación de intereses resarcitorios y de la invocación de la inexistencia de una mora inculpable, no tienen eficacia para eximirla de su pago, dado que no se presenta ningún supuesto excepcional que haga posible la dispensa de esos accesorios.
X. Costas Que, atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de alzada a la parte vencida en autos (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de alzada a la vencida (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Conociendo el recurso de apelación contra la resolución del 13/09/2022 que reguló los honorarios de los representantes del Fisco, y teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y la única etapa cumplida, se CONFIRMAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada, en tanto solo fueron apelados por bajos.
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y además, el resultado del recurso, SE FIJAN los emolumentos del apoderado y patrocinante de la parte demandada por las tareas cumplidas en la Alzada (cfr. fs. 375-
386. en 6,4 UMA y 2,5 UMA respectivamente, que equivalen –a la fecha– a la suma de $259.654 y $103.861 (arts. 16, 19, 20, 21, 29, 30 y 58 de la Ley Nº 27.423, Resolución 176/24).
Hágase saber que, en caso de que los profesionales beneficiarios acrediten –en la instancia anterior– su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros). A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 10959/2023; “INGIBA SRL (TF 52895207-I) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia