Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2022-91090989-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 248/2015 (DV DEOA) –Impuesto a las Ganancias- en todas sus partes.
2Confirmar la Resolución N° 249/2015 (DV DEOA) –Impuesto al Valor Agregado- en todas sus partes.
3Revocar la Resolución N° 250/2015 (DV DEOA) relativa al Impuesto a las Ganancias Salidas No Documentadas (v. Considerando II, voto del Dr. Porporatto).
4Declarar prescriptas las multas en el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2008- y en el Impuesto a las Ganancias -salidas no documentadas -3/2008 a 9/2008- correspondientes a las resoluciones 58/2022 y 57/2022.
5Revocar la Resolución N° 58/2022 (DV DEOA) en cuanto aplica multa en el Impuesto a las Ganancias –períodos fiscales 2009 a 2011- por las operaciones realizadas con los proveedores: Explotación y Consultoría Pecuaria S.A., Agro Nuevo Cereales S.A., Alcides Ramiro Castillo, Infuagro S.A., Rifomar S.A., Servicios Agropecuarios Rosario S.R.L. y Vercovir S.A. (v. Considerando V, voto del Dr. Porporatto).
6Revocar la Resolución N° 57/2022 (DV DEOA) en cuanto aplica multa en el Impuesto a las Ganancias Salidas No Documentadas –períodos 03/2009 a 07/2009, 09/2009, 10/2009, 03/2010 a 05/2010, 09/2010 a 12/2010, 03/2011 a 08/2011 y 10/2011- por las operaciones realizadas con los proveedores: Explotación y Consultoría Pecuaria S.A., Agro Nuevo Cereales S.A., Alcides Ramiro Castillo, Infuagro S.A., Rifomar S.A., Servicios Agropecuarios Rosario S.R.L. y Vercovir S.A. (v. Considerando V, voto del Dr. Porporatto). …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-92296614-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 21 de Agosto de 2025 En la ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la Primera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 44.441-I caratulado: “Ingredion Argentina S.A. (hoy S.R.L.) s/recurso de apelación” y sus acumulados Nros. 44.442-I y 44.443-I, de iguales carátulas.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que, a fs. 75/116, fs. 223/262 vta. y fs. 422/462 vta., la actora interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones N° 250/2015 (DV DEOA), N° 248/2015 (DV DEOA) y N° 249/2015 (DV DEOA) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva-, todas de fecha 6 de julio de 2015, suscriptas por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “A”. Por la primera, se determina de oficio la materia imponible de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias -Salidas No Documentadas- correspondiente a los períodos fiscales 03/2008 a 09/2008, 11/2009 y 03/2010 a 05/2010, con más intereses resarcitorios y aplica multa respecto del período fiscal 11/2009 equivalente a tres tantos del gravamen presuntamente dejado de ingresar con sustento en los artículos 46 y 47 inciso b” de la ley de rito. Por la segunda, se determina de oficio la materia imponible de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2008 a 2010, con más intereses resarcitorios, y aplica multa respecto del período fiscal 2009 equivalente a tres tantos del gravamen con sustento en los artículos 46 y 47 inciso “b” de la norma procedimental. Por la tercera, se determina de oficio la materia imponible de la recurrente en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 03/2008 a 09/2008, 11/2008, 03/2009, 11/2009, 03/2010 a 05/2010 y 07/2010, con más intereses resarcitorios, y aplica multa respecto de los períodos fiscales 11/2009, 03/2010 a 05/2010 y 07/2010, equivalente a tres tantos del gravamen presuntamente dejado de ingresar con sustento en los artículos 46 y 47 inciso “b” de la norma ritual.
Expresa la recurrente que los cargos formulados en las resoluciones apeladas se vinculan a operaciones celebradas con los contribuyentes Explotación y Consultoría Pecuaria S.A., Agro Nuevo Cereales S.A. y Alcides Ramiro Castillo, todos los cuales fueran impugnados por el Fisco Nacional por considerarlos proveedores apócrifos (cfr. fs. 96/98, fs. 244/246 vta, y fs. 442 vta./445), al tiempo que señala que los referidos contribuyentes no habían sido calificados como “apócrifos” al momento en que fueron concertadas.
Desarrolla la forma en que lleva adelante la operatoria de adquisición del maíz, el proceso de compra de los granos, los diversos agentes intervinientes en la cadena de adquisición y comercialización, desde el punto de vista operativo y de pago, destacando que en todas las operaciones impugnadas operó con un corredor -intermediario-, más en ningún caso directamente con los proveedores cuestionados por el organismo recaudador. Asimismo, señala que las operaciones se encuentran debidamente registradas, los proveedores inscriptos ante AFIP y en el Registro de Operadores de Granos, con sus correspondientes cartas de porte, contratos registrados en la Bolsa de Cereales, además de haber contado con la participación de peritos recibidores, los pagos efectuados de conformidad con lo establecido por la Ley N° 25.345 y las retenciones de impuestos oportunamente acreditadas (cfr. fs. 77 vta./86, fs. 225 vta./234 vta., y fs. 424 vta./435 vta.).
Por otra parte, enfatiza que, al operar con corredores, la recurrente no tuvo injerencia en la contratación de los transportistas, por lo cual concluye que no puede afectarle la falta de respuesta o la respuesta negativa respecto a la celebración de las operaciones, además del hecho de que los indicios arrimados por el ente recaudador para impugnar las operaciones carecen -a su criterio- de sustento (cfr. fs. 88 vta./96, fs. 237/244 y fs. 435 vta./442 vta.).
En otro orden de ideas, plantea la nulidad de las resoluciones apeladas, toda vez que considera que las mismas son arbitrarias en función de que un determinado transportista haya o no reconocido efectuar el transporte en cuestión al tiempo que impugna las restantes, además de considerar que el Fisco no valoró debidamente las pruebas que indicaban en un sentido contrario al pretendido por el organismo recaudador (cfr. fs. 101 vta./105 vta., fs. 249 vta./254, y fs. 448/452 vta.).
Por otro lado, enfatiza la improcedencia de los intereses resarcitorios y cuestiona las sanciones enrostradas en los diversos gravámenes materia de apelación, solicitando en su caso, el reencuadre de las mismas en la figura del art. 45 de la norma ritual.
Por último, plantea el caso federal, acompaña prueba documental (cfr. fs. 5/14, fs. 58/74, fs. 162/172, fs. 212/222, fs. 273/279, fs. 350/360 y fs. 404/421) y ofrece producir prueba informativa y pericial contable (cfr. fs. 114 vta./115 vta., fs. 261/262 y fs. 461/461 vta.), solicitando se revoquen las resoluciones apeladas.
II. Que, a fs. 128/149 vta., fs. 285/ 304 vta. y fs. 479/497 vta. el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos, desestima los agravios de la recurrente y ratifica en todas sus partes las resoluciones determinativas de oficio que motivan las presentes actuaciones, destacando que la materia imponible ha sido debidamente ponderada por el juez administrativo, solicitando el rechazo de los recursos impetrados por las razones de hecho y de derecho que expone.
Sintetiza su argumentación destacando que en todo momento se respetaron las pautas legales exigidas por la normativa en vigor, tanto en el marco de la fiscalización como en el procedimiento determinativo posterior, resultando los actos administrativos aquí apelados la conclusión final de una gran tarea de fiscalización y verificación efectuada por el organismo recaudador (cfr. fs. 130 vta., fs. 287 vta. y fs. 481 vta.). Por su parte, sostiene que las determinaciones efectuadas y las sanciones imputadas se ajustan a la realidad del caso de marras, verificándose a ese respecto no solamente el ingreso de los gravámenes en defecto sino la utilización de facturación apócrifa en aras de conseguir dicha finalidad, con el consiguiente perjuicio a las arcas fiscales.
Por último, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la producción de la prueba ofrecida por la apelante, plantea el caso federal y solicita se confirmen las resoluciones recurridas, con costas.
III. Que, a fs. 150 (punto 3°), fs. 315 (punto 2°) se confirió traslado a la parte actora de la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional, cuyas contestaciones obran agregadas a fs. 151/155 y fs. 319/323, respectivamente.
A fs. 324 este Tribunal dispuso abrir a prueba la presenta causa, haciendo lugar a la prueba informativa y pericial contable ofrecida por la parte actora.
A fs. 332/335 vta. obra el diligenciamiento de los oficios dirigidos a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (ampliado a fs. 678/691 y contestado a fs. 695/703), a Standard Bank -hoy International and Commercial Bank of China- (ampliado a fs. 692/693 vta. y fs. 712/779 y contestado a fs. 772/805 y fs. 873/877), al Banco Ciudad de Buenos Aires (contestado a fs. 511/568) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (contestado a fs. 341/343). A fs. 664/665 y fs. 669 obra el diligenciamiento de los oficios dirigidos a Daniel Florio (contestado a fs. 661/663), Daniel A. Zanotti (contestado a fs. 655/660) y Transporte 2 de Abril S.A. (contestado a fs. 640/654). Por su parte, a fs. 569/637 obra la respuesta producida por el Banco de la Nación Argentina.
A su vez, y en atención a lo manifestado en parte por el International and Commercial Bank of China, la recurrente solicitó (cfr. fs. 812/813) y este Tribunal concedió (cfr. fs. 817 punto 1°) prueba informativa ampliatoria dirigida a los Bancos HSBC (diligenciada a fs. 818/819 y contestada a fs. 825/867 vta.) e Itaú Argentina S.A. (diligenciada a fs. 822 y contestada a fs. 824).
A fs. 879/895 obra agregado el informe pericial contable.
A fs. 902 se declara la clausura del período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “A”.
IV. Que a fs. 952/971 y fs. 1129/1150 se interponen sendos recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP-DGI, fechadas ambas 30 de junio de 2022 mediante la cual se aplica a la recurrente sendas multas con sustento en el artículo 45 de la ley 11.683 –t.o en 1998 y sus modificaciones- en el impuesto a las ganancias, períodos fiscales 2008, 2009, 2010 y 2011 y a las ganancias –salidas no documentadas, por los períodos fiscales 3/2008 a 9/2008, 3/2009 a 7/2009, 9/2009 a 11/2009, 3/2010 a 5/2010, 9/2010 a 12/2010, 1/2011 a 8/2011 y 10/2011 a 12/2011-.
En primer término, plantea nulidad por falta de causa y motivación del acto administrativo. Sobre el particular, sostiene que el acto sancionatorio carece de causa toda vez que no ha valorado correctamente los extremos que tuvo en cuenta la sentencia penal y el Dictamen del Ministerio Público Fiscal.
Plantea la prescripción de las facultades fiscales para determinar las obligaciones fiscales de los períodos 2008 y 2009. Sobre este tema, entiende que habiendo planteado tal defensa en el recurso de apelación de los actos determinativos corresponde declara también la prescripción de las facultades para aplicar sanciones. Asimismo, articula idéntica defensa por el resto de los períodos fiscales involucrados en la sanción aplicada. Expone luego los argumentos de hecho y derecho en los que sustenta la improcedencia de la sanción. Reitera que el ente fiscal no ha valorado correctamente la sentencia recaída en sede penal y cita jurisprudencia y doctrina en abono de su postura.
Luego explica que no hay presencia del elemento objetivo toda vez que se encuentra acreditada la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas.
En la misma dirección, considera que no se ha configurado el elemento subjetivo y que el ente fiscal considera que el mismo se infiere desde que la recurrente no adoptó los recaudos conducentes a la satisfacción oportuna de la deuda en su justa medida.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
V. Que a fs. 1090 obra decisorio de esta Sala por el que se ordenó la acumulación del EX-2022-91090989- APN-SGAI#TFN en tanto a fs. 1111/1113 obra la resolución de esta Sala que ordenó la acumulación del EX - 2022-911143813-APN-SGAI#TFN.
A fs. 1348, se rechazó la producción de la prueba ofrecida toda vez que no se encontraba en discusión entre las partes los hechos que se intentaban probar y se elevaron las actuaciones a conocimiento de la Sala “A”. A fs. 1349/1363 vta. obran agregadas copias de las sentencias recaídas en la causa 47.019-I.
A fs. 1365 se ponen los autos para alegar, obrando a fs. 1373/1377 vta. y 1379/1399 vta. los alegatos de la apelada y actora, respectivamente.
Finalmente, a fs. 1401 pasan a sentencia.
VI. Que, conforme surge del Informe Final de Inspección (cfr. fs. 135/165, Cuerpo Principal IVA N° 1, AA y fs. 44/73, Cuerpo Ganancias y Salidas No Documentadas, AA) y de las resoluciones apeladas, el cargo de inspección se originó en relación a casos investigados con perfil APOC, donde se observó -en lo que aquí interesa- a la recurrente como usuaria de crédito fiscal apócrifo, tratándose el caso concreto de la aquí apelante de una empresa que declara como actividad la elaboración de almidones y productos derivados del almidón, siendo objeto de las presentes actuaciones operaciones vinculadas a la compraventa de maíz.
En ese sentido, se trata en el caso de marras de la utilización de facturación proveniente de contribuyentes calificados “sin capacidad económica”, en algunos casos procedente de contribuyentes calificados como “usinas” o bien como proveedores apócrifos “con irregularidades en la cadena de comercialización” a partir de los elementos reunidos en sus respectivas fiscalizaciones, a saber:
a) AGRO NUEVO CEREALES S.A.: en este caso se solicitó -en repetidas oportunidades- a la Inspección General de Justicia tomar vista del expediente de la empresa de referencia, legajo que nunca fue localizado, argumentándose que podía estar mal archivado. Ya en el mes de mayo de 2007 se había recibido Informe de la Agencia N° 54, en el cual se indicara que el Sr. Manuel P. Hernández, propietario del inmueble correspondiente al domicilio fiscal en aquel momento, aduce haberlo alquilado a la firma Instalaciones y Servicios S.A a partir del 01/09/2005 por tres (3) años, aportando contrato de locación del 29/08/2005, manifestando desconocer a la empresa Agro Nuevo Cereales S.A. Los inspectores, con el fin de determinar el real asiento de las actividades, visitaron todos los domicilios de la empresa como los de sus autoridades, apoderados, abogados, contadores, imprentas, ya sea fiscales como legales, denunciados, alternativos o invocados en todas las verificaciones y/o fiscalizaciones de los cuales se tuvo conocimiento, así como surgidos del Padrón Único de Contribuyentes de la Administración Federal. En el supuesto del domicilio legal declarado por Internet de calle Lavalle N°721 C.A.B.A, se trataba de un locutorio perteneciente a Top Comunications S.R.L. que funcionaba desde hace años atrás, habiendo aportado la referida empresa copia de ticket de fecha 18/06/2010.
Posteriormente, el 22/06/2010 se presentó en la División Fiscalización N°5 el Sr. Jacobo Enrique Zysman, en su carácter de Presidente de la firma conjuntamente con el Dr. Luis M. Jiménez Ortiz, quienes ratificaron el domicilio fiscal sito en Ruy Díaz de Guzmán N° 107, Piso 6°, Dto. "D", de la C.A.B.A, indicando haber celebrado contrato de locación, no recordando quien era el locador ni el monto del alquiler mensual abonado. Ese mismo día, las citadas personas, exhibieron el contrato de locación del inmueble aludido, celebrado con la Srta. Romina Ortiz por el periodo 15/03/2010 hasta el 15/03/2012. De las consultas efectuadas en las bases de la Administración Federal, no surgió que la citada poseyera inmuebles. Luego se detectó que el 06/07/2010 la empresa efectuó nuevamente cambio de domicilio fiscal por Internet, trasladándolo a la calle Carlos Encina N° 1737 de la localidad de Gregorio de Laferrere, Provincia de Buenos Aires, y la fiscalización actuante verificó que se trataba de una modesta casa de familia en calle de tierra, siendo atendida por quien dijo ser su propietario, el Sr. Julio Cesar Medina, manifestando haberle alquilado a la sociedad Agro Nuevo Cereales S.A. un espacio en su casa, visualizando la actuante que se trataba de una pequeña mesa situada en un rincón del comedor, con una computadora, que según los dichos del Sr. Medina eran de propiedad de la empresa; habiendo celebrado el contrato de locación con un Señor de nombre Luis María y sin recordar el apellido.
Asimismo, la inspectora actuante se trasladó el 18/08/2010 y 19/08/2010 a la localidad de Dudignac, Cuartel 12, Partido de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires, a efectos de ubicar los seis silos en los cuales la firma refirió que se encontraban sus granos, habiéndose exhibido contrato de sub-locación con el Sr. Marcos Ugolini, lugar dónde se constató la ausencia de persona alguna, aparentemente sin actividad, con el portón cerrado con candado. Consultados que fueran los vecinos del lugar, se encontró al Sr. Fernando Puyol, empleado de la Cooperativa Agrícola Ganadera, desde hacía aproximadamente cinco años, no habiendo visualizado en dicho lapso, entrar ni salir ningún tipo de mercadería, desconociendo quien es el propietario de tales silos. Consultados los registros informáticos del organismo recaudador, surgió que el Sr. Ugolini era propietario de una finca en C.A.B.A. Entre otras inconsistencias, otro de los tantos administradores que detentó el cargo de Presidente de la firma, presentó denuncia policial por el robo de la totalidad de los libros y documentación al mismo tiempo que presentó fotocopia de correo electrónico sobre presupuesto de compra y rúbrica de los referidos libros datado cinco días antes de la fecha de la referida denuncia.
En resumidas cuentas, luego de una extensa labor fiscalizadora respecto de la firma Agro Nuevo Cereales S.A., se corroboró que esta presenta domicilio fiscal inexistente o incorrecto, resistencia pasiva a la fiscalización, utilización de interpósita persona, nunca se pudo identificar en rigor de verdad qué tipo de actividad desarrollaba y las maniobras realizadas para apropiarse del IVA en la cadena de comercialización de granos, consistente en la utilización de contratos apócrifos (de arrendamiento de inmuebles rurales/alquiler de plantas de acopio). b) ALCIDES RAMIRO CASTILLO: este proveedor fue objeto de varias fiscalizaciones. En primer lugar, surge del Informe del 26/11/2008 producido por la División Investigación de la Dirección Regional Rosario N° 1 que se trataba de una usina de facturas y que el referido no habría efectuado, realmente, las operaciones que surgen de la información obrante en las bases, a partir de la presentación de sus declaraciones juradas impositivas e informativas.
Asimismo, diversos contribuyentes bajo la referida jurisdicción dejaron constancia o denuncia que ellos nunca efectuaron transacciones comerciales con el Sr. Castillo y que, sin embargo, aparecían como proveedores informados por el rubrado a través de la información presentada por retenciones practicadas. En ese orden, el Fisco entendió que el Sr. Castillo compraba cereales en el mercado marginal, exteriorizando en sus declaraciones juradas retenciones por compra de cereales a productores genuinos que se encontraban incluidos en el Registro Fiscal de Operadores en la Compra y Venta de Granos y Legumbres Secas, con la finalidad de que a través de su intermediación se produjera el blanqueo de los granos comercializados.
Luego, del resultado de otra verificación de la División Investigación de la Dirección Regional Rosario N°1 del 07/04/2009, los inspectores actuantes se apersonaron en el domicilio fiscal declarado, sito en calle Joaquín V. González N° 195, de la localidad de Capitán Bermúdez, siendo atendidos por la Sra. Florencia Martinelli, quien manifestó ser titular de la vivienda, haber suscripto un contrato de comodato que no exhibió, cediendo el living del inmueble al Sr. Castillo, a los efectos de utilizarlo como oficina, en el período comprendido entre marzo de 2007 y noviembre de 2008. En la misma fecha, los funcionarios, se constituyeron en la zona rural de Cañada de Gómez donde el Sr. Castillo, declaró que explotaba la planta de acopio allí instalada, perteneciente al Sr.
Antinori, Hugo Alberto, quien manifestó haber alquilado la planta de acopio al Sr. Castillo y exhibiendo contrato de locación de fecha 07/06/2007, el que fuera rescindido por falta de pago el 31/12/2007. Asimismo, manifestó que durante el período en que se alquiló la planta de acopio, el Sr. Castillo no efectuó actividad alguna. c) EXPLOTACIÓN Y CONSULTORÍA PECUARIA S.A.: en este supuesto, se concurrió el 02/09/2010 al domicilio fiscal declarado en los registros informáticos, sito en calle Combate de los Pozos, Piso 6° de la C.A.B.A., donde no pudo verificarse la existencia de oficina contable y/o administrativa alguna, existiendo únicamente mobiliario personal y utensilios de uso doméstico, siendo atendidos los inspectores actuantes por el Sr.
Jorge Miguel Oller, en su carácter de presidente de la firma en comentario, quien manifestara que en el domicilio fiscal aludido no había documentación contable, libros, cartas de porte, ni ninguna documentación del estilo correspondiente a la empresa por él presidida y que el mismo es un domicilio a los fines de la recepción de documentación enviada por correo y que sólo viajaba una vez por semana a retirar dicha documentación. A su vez, manifestó que ejercía el cargo precitado desde que compró la sociedad a Carlos Vaquero, antiguo contador de la empresa, poseía el 95% de las acciones y su hermano el Sr. José Hugo Oller el 5% restante. Por otra parte, el Sr. Oller manifestó que la operatoria comercial de la empresa se realizaba en una oficina ubicada en la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, donde se encontraban los libros, facturas, cartas de porte, y demás documentación, siendo el dicente la única persona que conocía la actividad comercial de la empresa.
Agregó que poseía una planta de acopio en uso ubicada en Urquiza N° 670 de la localidad de Henderson, Provincia de Buenos Aires-, alquilada a Guala Ganadería S.A. y que compraba el cereal a productores primarios, pero no recordaba nombre, apellido, ni CUIT de los mismos, aduciendo que eran de las zonas de Río Cuarto y de Henderson. Continuó expresando que una vez que el cereal se encontraba en su poder, se comunicaba telefónicamente con un corredor de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, llamado Rubén, cuyo apellido no recordaba como tampoco el número telefónico al cual se contactaba y, que era ese corredor quien tenía los contactos con los exportadores Vicentín, Bunge y otros que al momento de la visita de los inspectores no recordaba.
En breve, explicitó el mencionado Sr. Oller que él facturaba por la empresa a los exportadores con facturas tipo "A" y que recibía facturas "A" por parte del productor o de otras empresas intermediarias por las compras de cereal realizadas. En cuanto al movimiento de los granos, expresó que el cereal iba directo del productor al exportador con cartas de porte de la empresa por él presidida, y que siempre y cuando estuvieran en condiciones, no pasaban por la planta de acopio de Henderson, Provincia de Buenos Aires. Finalmente, detalló que una vez recibido de los exportadores el depósito en la cuenta del Banco de Galicia -con la cual operaba la citada proveedora-, él mismo emitía un cheque al productor y que en todos los casos los cheques eran retirados de su oficina comercial y administrativa de Río Cuarto (Córdoba).
En otro orden de ideas, el Sr. Oller informó no poseer camiones y que el flete corría por cuenta del productor no recordando razón social de los transportistas, desconociendo quiénes eran los sujetos que figuraban como cotitulares de las cuentas bancarias de la sociedad y que los domicilios legal y alternativo denunciados oportunamente ante la Administración Federal no pertenecían a la misma. Luego, el 07/09/2010, los fiscalizadores concurrieron al domicilio fiscal del Sr. Jorge M. Oller, donde fueron atendidos por Gloria Mabel Flores, quien manifestó que el Sr. Oller no vivía con ella desde hacía un año aproximadamente, ya que se encontraban separados y que la actividad laboral del referido en la actualidad era conductor de camiones, informando también que desde el año 2006 hasta 2009 el Sr. Oller trabajó en un taller mecánico en la ciudad de Córdoba, que ella recibía una ayuda mensual de $400 para la manutención de la hija que tienen en común y que el referido no era empresario cerealero.
Por otra parte, y en relación a la planta de acopio en la localidad de Henderson, Provincia de Buenos Aires, se refiere, el Sr. Fernando J. Pasarrello, en su carácter de ocupante del predio lindero, informó a los inspectores que la planta no ha registrado movimientos desde hace aproximadamente dos años. En la planta de silos fueron atendidos por un empleado, Eduardo G. Huala, quien manifestó que la planta se encontraba vacía desde el año 2008 aproximadamente y que nunca fue operada por Explotación y Consultoría Pecuaria S.A. Luego, el 08/09/2010, el Sr. Huala se presentó en la Dirección Regional Sur de C.A.B.A y expresó que era propietario de la planta de acopio junto con su socio Jorge Asencio y que la misma fue alquilada a la firma referenciada, no recordando la fecha de emisión del contrato pero que el mismo fue suscripto por Jorge M. Oller y que, además se encontraba vencido desde agosto de 2008, sin que la empresa haya efectuado la renovación, que en aquel entonces el alquiler fue pactado por un importe mensual, recibiendo varios cheques, habiéndose cobrado el primero y los restantes rechazados y que actualmente la planta se encontraba inactiva.
Por último, el 30/08/2010 la fiscalización circularizó al Standard Bank Argentina y al Banco de Galicia y Buenos Aires, solicitando información referida a las cuentas con las que Explotación y Consultoría Pecuaria S.A. operaba en dichas entidades, requiriendo asimismo copias de los legajos de apertura de cuentas, resúmenes bancarios y cheques emitidos. Del resultado de dicha circularización se constató la acreditación de transferencias efectuadas por clientes a la CBU de la cuenta (retirándose dichos fondos, en efectivo y por caja). La cuenta de titularidad de la proveedora en el Standard Bank no registraba movimientos y la del Banco de la Nación Argentina -según datos de las bases AFIP- sólo registraba movimientos por montos no significativos.
VII. Que, en primer término, corresponde expedirse en torno a los planteos de nulidad efectuados por la recurrente conforme se expresara en el Considerando I de la presente, adelantando que estos argumentos carecen de fundamentos legales suficientes para sustentar la petición.
En el caso concreto, la recurrente afirma que las resoluciones determinativas de oficio resultan nulas de nulidad absoluta ya que valoran de forma arbitraria la prueba recabada en la instancia administrativa, prescindiendo de los hechos probados y omitiendo fundar seria y suficientemente en derecho las decisiones adoptadas para cada uno de los gravámenes involucrados.
Tal defensa no debe ser acogida favorablemente pues no se observa en los actos recurridos ante este Tribunal. En principio, cabe señalar que no se verifica en el desarrollo de la etapa administrativa violación alguna a las formas esenciales. Tampoco se observa que los actos determinativos se encuentren infundados o incausados, consistiendo los argumentos de la recurrente más bien un disentir con la valoración de la prueba y el resultado al que dicha valoración condujo al juez administrativo interviniente.
En puntual contestación a los agravios vertidos por la actora cabe señalar que la motivación consiste en la exposición de las razones que llevaron al órgano administrativo a emitir el acto, exponiendo los antecedentes de hecho y derecho que precedieron al mismo y justifican su dictado. Ha sido precisada por la doctrina jurisprudencial como “una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (conf. S.C.B.A., “Ferrara”, DIBA, 94-13).
En esa tónica, no se observa en ninguno de los actos administrativos cuya declaración de nulidad pretende la aquí recurrente, que los mismos resulten arbitrarios o carezcan de causa o fundamentación, tampoco evidencia este Tribunal la violación de las disposiciones del artículo 7° de la Ley N° 19.549, razón por la que corresponde desestimar el planteo de la recurrente.
VIII. Que, de acuerdo con el relato efectuado en autos, como consecuencia de las tareas que le son propias, el organismo fiscal pudo comprobar serias y concretas inconsistencias que lo llevaron a la conclusión fundada de encontrarse frente a operaciones impugnables con los proveedores mencionados, en atención a que los mismos bien carecían de capacidad económica, o fueron calificados como “usinas” o bien como proveedores apócrifos “con irregularidades en la cadena de comercialización”, lo que en definitiva condujo al Fisco a concluir que ninguno de los proveedores pudo haber celebrado las operaciones en cuestión.
En virtud de lo expuesto, el tema en debate queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la Administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta.
Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos.
IX. Que, resulta pertinente destacar que la defensa de la actora consiste -fundamentalmente- en sostener que las operaciones existieron, sus comprobantes son válidos, los medios de pago utilizados cumplieron la normativa vigente y no pudo ni debió conocer la situación particular de los proveedores, con los cuales jamás tuvo trato directo dado que en todo momento hubo un corredor -intermediario- entre los extremos contratantes. Ante todo, si bien, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones de los proveedores de la recurrente se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes mencionados, elementos que en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
En esa inteligencia cabe traer a colación lo sostenido por la Sala “B” de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 12/2/2002, donde señaló que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr. Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés”.
Asimismo, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunos contribuyentes, destinadas a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de créditos fiscales o de gastos, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y los comprobantes respaldatorios que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal, dejándose desde ya aclarado que no obstante el informe pericial contable acompañado por los peritos contadores, en el marco de la presente causa no está cuestionado el modo en que la recurrente lleva sus libros contables y/o subsidiarios, ni la debida registración de las operaciones, tampoco el método de pago -bancarizado en el caso- de las mismas ni si se practicaron las retenciones del Impuesto al Valor Agregado sino si, en efecto, aquellos proveedores intervinientes en rigor de verdad fueron capaces operativa y/o económicamente de llevar adelante los negocios efectivamente registrados, circunstancias fácticas que no surgen del análisis de los libros contables y/o subsidiarios de la aquí recurrente.
X. Que, puntualmente, en cuanto a la impugnación de los créditos fiscales cabe recordar la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en la que explicó que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la doctrina de la concurrencia de los elementos material-formal del crédito fiscal” (vid. por todos, “Impulso S.A.”, 27/3/98). En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Este criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal entre otros, en las causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
En esta inteligencia, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales.
XI. Que, sentado lo que antecede, debe ahora este Tribunal apreciar la prueba ofrecida y producida por la recurrente.
Sobre este punto, ya se adelantó que la prueba pericial contable no arrimó ningún elemento que permitiera a este Tribunal aseverar que, en efecto, las operaciones cuestionadas hubieran sido llevadas adelante con los proveedores cuya documentación hubiera acompañado la recurrente.
Ahora bien, resulta oportuno destacar que, si bien la recurrente pretende que este Tribunal resuelva la cuestión de fondo con base en el Dictamen del Ministerio Público Fiscal y en la sentencia emitida en el Fuero Penal Tributario, a mi modo de ver, aquellas decisiones no aportan elementos que puedan habilitar una resolución en contrario a lo que se viene sosteniendo.
En efecto. El Fiscal en su dictamen no afirma que las operaciones se realizaron como sostiene la recurrente. Adviértase que expresa que “Sin perjuicio de las observaciones efectuadas por la AFIP respecto de los supuestos proveedores, lo cierto es que al momento de concertarse las operaciones, los “corredores” intervinientes figuraban inscriptos en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas, y conforme la documentación recabada, se habrían registrado los contratos de compraventa ante la Bolsa de Cereales y el Organismo Recaudador, se habrían aportado las cartas de porte y los códigos de trazabilidad de granos en orden a las operaciones cuestionadas…”. Frente a ello, dice “no es posible descartar –a criterio del suscripto- que los bienes hayan sido adquiridos…”.
No escapa a la suscripta que en dicho Dictamen el Sr. Fiscal utiliza el verbo en condicional y que estima prudente propiciar el sobreseimiento con sustento en conocida doctrina judicial que respalda obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas.
Y, es en función de dicho Dictamen, que el Juez entiende se encuentra debidamente motivado en los términos del artículo 69 del CPPN y ante la imposibilidad “de continuar con el trámite de las presentes actuaciones con relación a los hechos mencionados carece de efecto la opinión que en sentido concordante o discordante pudiese tener”, el juez resolvió dictar el sobreseimiento. Es decir, en ningún momento el Juez emitió opinión sobre los hechos investigados.
De tal forma, no puede concluirse, como lo hace la recurrente, que en la causa penal se resolvió en el entendimiento que las operaciones fueron realizadas.
En ese mismo orden de ideas, y sin perjuicio de las reiteradas oportunidades en que la recurrente manifestara que en todas las operaciones cuestionadas intervinieron corredores intermediarios, lo cierto es que en ningún momento demostró que, no obstante haber abonado mediante cheques cruzados que obligaban a dichos intermediarios a depositar los referidos cartulares en sus propias cuentas bancarias, dichas erogaciones, en efecto, culminaran en manos de los supuestos proveedores del cereal adquirido, o lo que es lo mismo, que los mentados proveedores fueran los beneficiarios finales de las compras de mercadería realizadas por la aquí recurrente. En definitiva, la actora no demuestra ni aporta elemento probatorio alguno que permita rebatir la tesitura fiscal en torno a la impugnación de los créditos fiscales en materia del Impuesto al Valor Agregado, el que se confirma, con costas.
XII. Que corresponde analizar la procedencia de la determinación del impuesto a las ganancias, salidas no documentadas.
En principio, cabe tener presente que no sólo es requisito para la deducibilidad del gasto, que sea necesario para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas. Las disposiciones legales y reglamentarias exigen, además, que la erogación considerada como gasto esté respaldada por documentación, para que la partida sea contemplada en el aspecto negativo de la formación del resultado imponible.
En ese sentido, el artículo 37 de la ley del gravamen establece que: “Cuando una erogación carezca de documentación y no se prueba por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35 %) que se considerará definitivo”. A su turno, el artículo 38 del mismo texto legal dispone que “No se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) cuando la Dirección General Impositiva presume que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes; b) cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos –por su monto, etc.- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Es menester destacar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han delineado el instituto de las salidas no documentadas.
Así, nos enseña el Profesor Reig, “Esta es una de las excepciones que hace nuestra legislación al carácter subjetivo del tributo, sobre el importe de las salidas no documentadas. De modo que allí no interesa la calidad de sujeto: si se trata de persona física, cuáles son sus cargas de familia; si se trata de persona jurídica, si es una empresa nacional o extranjera, etc; simplemente el hecho de ser una salida no documentada y no justificable, está dispuesto que se deba tributar el impuesto como si el desconocido beneficiario se hallare en la escala máxima del tributo” (Reig, Enrique J y otros, “Impuesto a las Ganancias”, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2006, pág. 408).
Por su parte, el Dr. Torres explica que la disposición en estudio, consiste en una presunción “iuris tantum” que la erogación es íntegramente ganancia neta gravada para el beneficiario oculto, con la particularidad de que por tal circunstancia (su ocultación) se presume, además, que se encuentra en el punto máximo de la escala de rentas, configurándose un impuesto real y proporcional por el empleo de la alícuota máxima en todos los casos. “Consecuencia de ello es, también, que el impuesto a ingresar por éste concepto lo sea en forma de pago definitivo, que lo configura así como un impuesto real y proporcional por el empleo de la alícuota marginal máxima para todos los casos” (cfr. Torres, Agustín, “Salidas no documentadas”, DTE, X, pág. 5 y 6). Asimismo, cabe entender que, ante una salida indocumentada, se presume “iuris tantum” que el gasto no es necesario, quedando en cabeza del sujeto que efectuó la erogación la carga de la prueba.
Conforme lo ha señalado la doctrina y receptado la jurisprudencia, la finalidad de la norma no es otra que poder gravar en cabeza del erogante, lo que presumiblemente es renta en cabeza del perceptor de la renta o beneficiario del gasto y a quien, por la carencia de la documentación, no puede localizarse, para efectivizar su responsabilidad fiscal. En esa dirección, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “…lo que persigue el gravamen de que se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúe erogaciones no documentadas; es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio” (C.S.J.N., Radio Emisora Cultural S.A., 9/11/2000).
En el mismo sentido, el Más Alto Tribunal ha dicho que “…para que el contribuyente pueda deducir un gasto no documentado y eximirse del pago del impuesto a los réditos sobre el monto correspondiente a este gasto, debe probar no sólo que la erogación tuvo que ser efectuada para obtener, mantener y conservar réditos, sino quien recibió realmente el pago, de donde la posibilidad de que probado lo primero sin llegar a demostrarse lo segundo, la exención del pago del impuesto no sea admitida a pesar de reconocerse la deducibilidad…”. Y, agrega, “…de las verificaciones pertinentes y posibles impugnaciones con los consecuentes efectos en su caso, la documentación de un gasto permite comprobar, por de pronto, la realidad de la erogación y apreciar si por su naturaleza corresponde al concepto del artículo 5º de la ley de réditos, como asimismo individualizar al beneficiario para controlar si éste cumplió con las obligaciones impositivas que le incumben a raíz del pago recibido” (cfr. Fallos T 262:518, Cons. 4º y 5º).
Ahora bien, y en puntual contestación a los diversos agravios expuestos por la recurrente, cabe agregar que cuando la norma se refiere a la carencia de documentación, ello debe interpretarse como comprensivo de aquellos casos en que se carece de los respectivos comprobantes o cuando éstos son inoperantes o manifiestamente insuficientes a los fines que le son propios.
En efecto, como lo aclaró la C.S.J.N. in re “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, de fecha 26/8/2003, “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario” y “21) Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las "salidas no documentadas" ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente). Criterio éste que fuera ratificado más recientemente por el Alto Tribunal in re “Interbaires S.A.”, de fecha 27/9/2011”. En ese sentido, aun cuando para el pago de las operaciones se hayan entregado cheques a nombre de éstos intermediarios, las irregularidades sustanciales que adolecen los comprobantes fiscales justifican la aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 326:2987 citado supra ya que, en el caso, los beneficiarios que Ingredion Argentina S.A. identifica como receptores de los pagos no constituyen sus verdaderos destinatarios, motivo por el cual el ajuste en materia del Impuesto a las Salidas no Documentadas se confirma, con costas.
XIII. Que distinta es la solución que se propicia respecto del Impuesto a las Ganancias. Ello así, toda vez que aun cuando no se pudo comprobar que los proveedores impugnados fueran, al final de cuentas, los verdaderos proveedores del cereal adquirido por la recurrente, no es menos cierto que, a partir de diversas probanzas, se pudo corroborar que las mercaderías existieron y fueron adquiridas por la aquí apelante. Por un lado, surge del informe pericial contable que todos los pagos efectuados por las mercaderías fueron realizados a través de cheques librados a nombre de los corredores de bolsa que actuaron como intermediarios en las operaciones impugnadas. En ese sentido, el hecho de que determinados cartulares no hubieran podido ser localizados por las respectivas entidades bancarias, tal como da cuenta la respuesta de los peritos contadores sobre el análisis de la información aportada por las referidas entidades financieras, no invalida el hecho de que, en efecto, los mencionados instrumentos fueron librados, depositados y debitados en primer lugar (cfr. fs. 894).
Por otra lado, no está cuestionada en autos la actividad comercial de la apelante ni el tipo de mercadería adquirida, incluso de la prueba informativa producida en esta instancia, los peritos recibidores/clasificadores de granos Daniel Florio y Daniel Zanotti reconocieron haber intervenido en las operaciones cuyo respaldo documental el Fisco Nacional pone en crisis, lo cual da cuenta de que, indistintamente de quien fuera el proveedor del cereal, la mercadería existió (cfr. fs. 655/660 y fs. 661/663).
Otro tanto sucede con el argumento fiscal en torno a que el criterio rector para verificar la existencia física del cereal fue realizada a través de la confirmación de la prestación del servicio de transporte y entrega de la mercaderías por parte del transportista, validando únicamente aquellas operaciones en las cuales el transportista en cuestión diera contestación positiva a la circularización y, por tanto, no resultando suficiente el mero hecho de la falta de respuesta o la respuesta negativa del circularizado para invalidar la operación (cfr. Informe Final de Inspección -en especial fs. 160/161-, Cuerpo Principal IVA N° 1, AA e Informe Final de Inspección -en especial fs. 68/69-, Cuerpo Ganancias y Salidas No Documentadas, AA). La falta de respuesta de un tercero o incluso su respuesta negativa puede deberse a un diverso número de razones que no hacen a la inexistencia del servicio de transporte en cuestión, tal como hubo probado en contrario la recurrente en el caso de la empresa Transporte 2 de Abril S.A., la que no habiendo dado respuesta a la circularización en la instancia administrativa previa, luego facilitó una declaración ante escribano público y la ratificó mediante la contestación de la prueba informativa a ella dirigida en el marco de las actuaciones ante este Tribunal Fiscal (cfr. fs. 640/654).
En efecto, la actora arrimó diversos elementos que ponen en crisis el razonamiento fiscal en punto a la existencia de la mercadería, razón por la cual, en este aspecto, el de la inadmisibilidad de la deducción del gasto en el Impuesto a las Ganancias, la tesitura fiscal se revoca, con costas XIV. Que la recurrente se agravia de los intereses liquidados, por considerarlos improcedentes ante la ausencia de mora culpable.
Al respecto corresponde precisar que la falta de pago en término o en su justa medida de las obligaciones tributarias origina el nacimiento de una obligación accesoria, ingreso de intereses, que se devengan desde la fecha de vencimiento de las mismas y hasta el momento de su efectivo pago y cuyo fundamento es indemnizar al acreedor -en este caso, el Estado- por el atraso del deudor en cumplir con su obligación, que le ocasiona un perjuicio al no poder hacer uso de su derecho de crédito. Es menester tener presente que la doctrina y la jurisprudencia es conteste en exigir, para su procedencia, la presencia de mora culpable.
Ello así, el retardo en el cumplimiento de la obligación debe ser imputable al deudor, razón por la cual quedará excluido el incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor. De tal forma, si el deudor considera estar liberado de toda responsabilidad debe probarlo, lo que implica que, para la constitución en mora, deben coexistir los elementos formal y subjetivo. El elemento formal está configurado por el mero acaecimiento del plazo, concepto que deriva de la obligación contenida en el artículo 37 de la ley de rito que obliga al pago de los intereses sin necesidad de interpelación alguna. En tanto, el elemento subjetivo refiere a la inimputabilidad del deudor, cuya presencia en el derecho tributario procede de la aplicación supletoria de las normas del derecho privado, conforme la autorización expresa otorgada por el artículo 1° de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Así, resulta aplicable en la especie el régimen establecido en el artículo 509 del Código Civil, vigente a la sazón, que si bien no hace expresa referencia a la culpabilidad, la misma puede ser inferida como requisito de la mora, en tanto se permite al deudor liberarse de las consecuencias de su mora acreditando que no le es imputable, expresión que implica la falta de imputabilidad subjetiva, circunstancia que no ha merecido tratamiento ni prueba por parte de la recurrente.
Respecto de la tasa aplicable, es conteste la doctrina de nuestro Máximo Tribunal en el sentido que “el derecho tributario -en cuyo ámbito ha sido consagrada la primacía de los textos que le son propios, de su espíritu y de los principios de la legislación especial, y con carácter supletorio o secundario los que pertenecen al derecho privado (art. 1º de la ley 11.683, t.o. en 1998 y Fallos 307:412, entre otros)- presenta particularidades que, en lo que importa en el sub lite se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (conf. Fallos 323:1315, considerando 10 y sus citas), en especial en lo referente a sus elevadas tasas, que se justifican por el interés de la comunidad en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las funciones del Estado (confr. Fallos: 308:283; 316:42 –considerando 4º-; 323:3412). (Vid. Entre muchos otros, “Valot, Eduardo Alfredo c/AFIP-DGI”, 17/5/2005).
En ese contexto, corresponde confirmar los intereses liquidados, toda vez que no resultan atendibles los argumentos expuestos por la recurrente de acuerdo a la forma en que se resuelve la cuestión de fondo.
XV. Que, corresponde entonces abordar el tratamiento de la cuestión infraccional, sanción que el Fisco Nacional hubo encuadrado en los artículos 46 y 47 inciso “b” de la ley de rito y graduado en tres tantos de los gravámenes dejados de ingresar -Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 11/2009, 03/2010 a 05/2010 y 07/2010, y Salidas No Documentadas período fiscal 11/2009-. En efecto, tal como se expresara en el Considerando I, la parte actora considera que los hechos ocurridos no encuadran en las normas represivas imputadas, mucho menos en la hipótesis indiciaria ya mencionada.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”.
Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación. Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304). Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y de acuerdo a lo expuesto en los Considerandos precedentes entiendo que se encuentra acreditado en la litis el elemento material de la infracción achacada. En cuanto al elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, éste surge palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario. Debe señalarse que el accionar del Fisco Nacional resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante a tenor de lo dispuesto en el art. 47 inciso “b” de la 11683 (t.o. vigente), pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, habiendo presentado la declaración jurada del impuesto al valor agregado de manera inexacta, con el objeto de ocultar el impuesto que correspondía como consecuencia de lo señalado en los fundamentos expuestos. De allí, se extrajo la conclusión que se cometió el ilícito en cuestión.
En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, corresponde confirmar la sanción aplicada en el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
XVI. Que distinta es la solución que se propone respecto del tratamiento de la multa aplicada en el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, la que se adelanta debe ser revocada.
En ese sentido, cabe recordar que las boletas de depósitos contempladas para el ingreso del gravamen no pueden ser consideradas declaraciones juradas en el sentido que el artículo 46 de la norma ritual requiere. Ello así por cuanto para nuestro sistema tributario, la declaración jurada es aquélla que efectúa el contribuyente o el sujeto obligado a declarar, mediante la cual realiza una operación de interpretación de las normas tributarias sustantivas aplicándolas a la situación o los hechos cuya verificación reconoce e identifica el hecho imponible definido por la ley; valora también el contenido de estos hechos económicos según las pautas legales y finalmente, aplica la alícuota del impuesto sobre los valores determinados (conf. Jarach, Dino; “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, Abeledo-Perrot, pág. 432 y sgtes). Es así, que como con justeza lo dice el Profesor Giuliani Fonrouge, la declaración tributaria es una determinación del impuesto efectuada por el sujeto obligado. Es el medio por el cual el contribuyente fija el monto del impuesto, mientras no sea impugnada, regula la existencia y medida de la obligación tributaria (conf. CNACAF, Sala I, “MOUKAREL S.A.C.I. y F”, 20/5/94). En definitiva, es el acto que permite pasar de la base imponible abstracta, definida y regulada por el legislador a la base concreta e individualizada que hace desaparecer la situación de incertidumbre inicial que el acreedor posee sobre la existencia y dimensión de la obligación impositiva.
En ese contexto, y más allá de las regulaciones establecidas en la RG 893 del 11/9/2000 -aplicable en los períodos discutidos en autos-, que contempla la forma de determinación e ingreso del gravamen en cuestión, establece plazos y formas de ingreso, no instrumenta -a mi criterio- una declaración jurada a presentar por los contribuyentes y responsables, toda vez que tanto aquellas como las boletas de depósito, si bien cumplen la función de exteriorizar al fisco el cumplimiento de una obligación tributaria, lo cierto es que la naturaleza de unos y otros instrumentos -según se vio- es distinta (vid. doctrina legal del Acuerdo Plenario de este Tribunal, de fecha 3/12/75, “Gaseosas La Tablada S.A.”).
No obsta a tal conclusión lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley N° 11.683. En efecto, de consuno con dicho precepto, a fin de aplicar las sanciones previstas en los artículos 39, 45 y 46 de la norma procedimental, las boletas de depósito, deben cumplir con los siguientes elementos sustanciales: 1) ser confeccionada por el responsable, y 2) con datos que él mismo aporte” (conf. CNFED. CONT. ADM., Sala I; “Smurfit Kappa de Argentina S.A.”, 17/5/2016). Claramente, dichas circunstancias no se dan en los supuestos en los que la boleta no es confeccionada por el contribuyente ni los datos son aportados por él mismo, como en la especie, en el que aquellos fueron extraídos por los funcionarios fiscales al considerar que los gastos o compras efectuados tipificaban, según su criterio, una salida no documentada, y el juez administrativo los incorpora en la determinación de oficio.
A mayor abundamiento, debe tenerse presente que la multa se aplica con relación a la salida documentada en sí misma y no en función del impuesto a las ganancias o al valor agregado que pudiera haber omitido la actora en virtud de la deducción indebida en su respectiva declaración jurada (conf. Entre otros, T.F.N., Sala A, “Vaccaro, Néstor J”, 17/12/2003), razón por la que se revoca la sanción imputada, con costas.
XVII. Que conforme se relatara en el Considerando V, esta Sala ordenó la acumulación de los expedientes EX-2022-91090989-APN-SGAI#TFN y EX 91143813-APN-SGAI#TFN, en los que se discuten sendas resoluciones emitidas por el organismo fiscal mediante las cuales se aplicaron sendas multas en los impuestos a las ganancias (períodos fiscales 2008, 2009, 2010, 2011) y en el impuesto a las ganancias –salidas no documentadas- por los períodos fiscales 3/2008 a 9/2008, 3/2009 a 7/2009, 9/2009 a 11/2009, 3/2010 a 5/2010, 9/2010 a 12/2010, 1/2011 a 8/2011 y 10/2011 a 12/2011-.
De las actuaciones administrativas surge que las sanciones reposan en la impugnación de operaciones con diversos proveedores, a saber: Explotación y Consultoría Pecuaria S.A.; Agro Nuevo Cereales S.A.; Alcides Ramiro Castillo; Infuagro S.A.; Rifomar S.A.; Servicios Agropecuarios Rosario S.R.L.; Vercovir S.A.; Agrocapital S.A.; San Miguel Cereales S.R.L. y Agro Miel S.A., cuya fiscalización se llevó adelante bajo las Órdenes de Inspección Nros. 804.820, 813.160, 1.1196.896 y 1.438.460, respectivamente.
Se desprende de las constancias de autos que con fecha 22/9/2016 y con fecha 3/3/2020, el Juzgado en lo Penal Económico, se emitieron sendas sentencias en el marco de las causas “Ingredion Argentina S.R.L.s/ Infracción a la ley 24.769”, que resolvieron sobreseer a Julio Cesar DOS REIS, Raúl Norberto BAZÁN, Oscar Alberto MACCHI, Claudio Marcelo SCHMULEWITZ, Miguel Eduardo RATTO y Norberto Oscar CELLERINO en orden a la presunta evasión del impuesto a las ganancias, al valor agregado y a las salidas no documentadas correspondientes a los ejercicios anuales 2008, 2009, 2010 y 2011.
Habiendo quedado firmes dichos decisorios, se iniciaron los respectivos procedimientos sumariales que concluyeron con los actos sancionatorios ahora en recurso, relativas a los impuestos a las ganancias y a las ganancias –salidas no documentadas-.
Como quedó dicho –y destacara en oportunidad de formular mi oposición a las acumulaciones ordenadas por el voto de la mayoría de esta Sala –Vid. 1104/1105 y fs. 111/1113, en oportunidad de expedirse sobre la procedencia de las sanciones aplicadas esta Sala se encuentra limitada por las resoluciones que se hayan tomado sobre las operaciones cuestionadas por el organismo fiscal.
Ello así, y en atención a la sentencia recaída en la causa 47.019-I y sus acumulados –Vid. fs. 1349/1354 vta.– y lo resuelto en los considerandos precedentes, he de referirme a las multas aplicadas por las operaciones vinculadas con los proveedores Infuagro S.A., Rifomar S.A., Servicios Agropecuarios S.R.L., Vercovir S.A., Agro Nuevo Cereales S.A., Alcides Ramiro Castillo y Explotacion y Consultoría Pecuaria S.A.
XVIII. Que corresponde entonces analizar los agravios expuestos por la recurrente como cuestión de previo y especial pronunciamiento, tratándose preliminarmente, por razones de precedencia la defensa de prescripción para luego analizar la nulidad.
Debe tenerse presente que el artículo 56 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) dispone–en lo que aquí interesa- que “Las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos en la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en el previstas, prescriben: a) por el transcurso de 5 (cinco) años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que tengan obligación legal de inscribirse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación...”. A su turno, el artículo 58 de dicha norma establece que el plazo para aplicar multas y clausuras comenzará a correr desde el primero de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
En ese contexto, el término de cinco años para aplicar multa respecto al impuesto a las ganancias, por el período fiscal 2008, comenzó a correr el 1/1/2010, por el período 2009 el 1/1/2011, por el período 2010 el 1/1/2012 y por el período 2011 el 1/1/2013.
Con respecto al impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, el término de prescripción comenzó a correr para los períodos 3/2008 a 9/2008 el 1/1/2009; 3/2009 a 7/2009 y 9/2009 a 11/2009, el 1/1/2010; 3/2010 a 5/2010 y 9/2010 a 11/2010, el 1/1/2011; 12/2010 a 8/2011 y 10/2011, el 1/1/2012 y 12/2011 el 1/1/2013. Ahora bien, cabe traer a colación el artículo 65, inciso d) de la ley 11.683, t.o. en 1998 vigente a la sazónestablece que se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales “d) Igualmente se suspenderá la prescripción para aplicar sanciones desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 de la ley 24769, por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los CIENTO OCHENTA (180) días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva”.
En ese contexto, toda vez que la denuncia fue efectuada el 14/11/2013, a partir de ese momento y hasta el dictado de la sentencia definitiva, más 180 días, quedó suspendido el período de prescripción.
Con respecto al período fiscal 2008, ambas partes son contestes en que la sentencia quedó firme el 22/9/2016. Así ello, el plazo de 180 días hábiles finalizó el 16/6/2017 y sumados el año y 47 días que restaban, el plazo de prescripción para aplicar sanción en el impuesto a las ganancias operó el 2/8/2018.
En cuanto al impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, períodos fiscales, 3/2008 a 9/2008, el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/1/2009 habiendo transcurridos en oportunidad de formularse la denuncia penal, 4 años y 318 días. Así ello, el plazo de prescripción, luego del cómputo de los 180 días que establece el artículo 65, inciso d) y los 47 días que restaban, operó el 2/8/2017.
Con relación a los períodos fiscales 3/2009 a 7/2009 y 9/2009 a 11/2009 del impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, la prescripción operó el 8/2/2022.
Por otra parte, a mi modo de ver, no resultan aplicables en la especie, las disposiciones contenidas en los artículos 44 de la ley 26. 476, 17 de la ley 26.860 y 17 de la ley 27.562 en tanto implican la aplicación retroactiva de una norma que coloca al contribuyente en una situación más gravosa, violatoria por ello de la garantía contenida en el artículo 2 del C.P.N. En efecto, reconocido el carácter punitivo de las multas tributarias, cabe recurrir a las normas del Código Penal, en la medida que la propia ley no disponga lo contrario o exista una derogación implícita del Código, por ser incompatible la norma penal fiscal o la finalidad del objeto tutelado por ella, con los principios generales de aquella rama del derecho (Fallos: 211:1567; 267:74, entre muchos otros). Por tal razón, resulta de aplicación el principio que impide la aplicación retroactiva de leyes que impliquen empeorar las condiciones de los infractores, en cuyo concepto claramente debe incluirse las que establezcan un mayor tiempo de prescripción (vid. entre muchos otros, C.S.J.N., “Fisco Nacional c/César Demarco s/ejecución fiscal”, 19/2/76). Debe tenerse presente que las leyes penales no son solo aquellas que contienen precepto y sanción, sino también las que se relacionan con el derecho penal de fondo, y que, por ello, la complementan, como son por ejemplo las disposiciones relativas a la extinción de las acciones penales, la probation, etc. Es dable destacar que no resulta aplicable en la especie el artículo 65.1. de la ley 11.683 (t.o. en 1998), en tanto en oportunidad de conferirse vista de las actuaciones, ya había operado la prescripción.
Por lo tanto, corresponde acoger el planteo de la recurrente con relación al período 2008 del impuesto a las ganancias y periodos 3/2008 a 9/2008, 3/2009 a 7/2009 y 9/2009 a 11/2009, del impuesto a las ganancias, salidas no documentadas.
XIX. Que con respecto al resto de los períodos fiscales en discusión, teniendo en consideración la fecha en que quedó firme la sentencia penal -6/3/20- contando los 180 días hábiles más los dos años y 47 días (en el caso de los períodos fiscales que comenzaron a computarse el 1/1/2011); tres años y 47 días (en el caso de los períodos fiscales que comenzaron a computarse el 1/1/2012) y 4 años y 47 días (en el caso de los períodos fiscales que comenzaron a computarse el 1/1/2013), las facultades fiscales no se encontraban prescriptas en oportunidad de dictarse los actos venidos en recurso.
XX. Que deben tratarse los argumentos expuestos con el objeto de obtener la nulidad de las resoluciones venidas en recurso por considerar que carecen de causa y motivación.
A fin de definir la causa encontramos dos corrientes doctrinarias, los subjetivistas y los objetivistas. Los primeros entienden que la causa del acto administrativo está constituida por la “voluntad” del sujeto que emite el acto, en tanto para los objetivistas aquella está formada por los antecedentes de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Nuestro legislador adscribió a ésta última corriente, definiendo a la causa como “los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo”, los que deben existir o concurrir en el momento de su emisión como requisito de validez del mismo. Como señala Hutchinson, “la apreciación que de tales circunstancias haga la autoridad administrativa, puede afectar la validez de la decisión –por apartase de los hechos o el derecho realmente aplicable- y también es susceptible de comprometerla con los vicios de error y dolo” (conf. Hutchinson, Tomás; “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, Tº I, pag. 154).
Por su parte, el inciso e) del artículo 7 de la ley 19.549 recoge la postura amplia que sobre la motivación había expresado un sector importante de nuestra doctrina nacional y exige que todo acto administrativo “Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso b).
Volviendo a Hutchinson, la motivación aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular responde a la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que pueda conocer efectiva y expresamente los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (op. Citada, pag. 159). Asimismo, dicha obligación reposa en los principios republicanos que exigen juridicidad y razonabilidad e imponen a la administración la obligación de explicar sus actos.
No cabe duda entonces, que, para nuestra ley, todos los actos necesitan ser motivados, concepto que se desprende del citado inciso, en tanto expresa que el acto administrativo deberá exponer “en forma concreta las razones” que llevan a su dictado y su alcance variará según los casos y circunstancias.
En ese contexto, los argumentos esgrimidos por la recurrentes en virtud de los cuales entienden que los actos apelados carecen de causa y la debida motivación, por considerar que no brindan fundamentos ciertos y concretos y que se han apartado de las conclusiones del Juez Penal, deben ser rechazados, toda vez que surge de su lectura cuales fueron los hechos y el derecho en que se sustentan, además de guardar la debida correspondencia entre la exposición de motivos con la conclusión a la que se llega, y haberse cumplimentado el procedimiento previsto para dictarlos, limitándose sus agravios a discrepar con el juez administrativo, circunstancia que como ya se dijo en el Considerando VIII puede acarrear su revocación pero no su nulidad.
XXI. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar la procedencia de las sanciones venidas en recurso, que como se dijo, el ente fiscal subsume en el artículo 45 de la ley de rito.
En atención a la forma en que se resuelve en el Considerando XIII y en la sentencia recaída en el expediente N° 47.019-I, corresponde revocar la sanción aplicada en el impuesto a las ganancias (períodos fiscales 2009, 2010 y 2011) en relación con los proveedores mencionados en el Considerando XVII.
Con respecto a la sanción aplicada –por operaciones con dichos proveedores- correspondiente al impuesto a las ganancias, salidas no documentadas- corresponde –por idénticos fundamentos que los expuestos en el Considerando XVI, su revocación.
XXII. Que con respecto a las sanciones aplicadas por operaciones vinculadas con los proveedores Agrocapital S.A., San Miguel Cereales y Agro Miel S.A., teniendo en consideración los argumentos esgrimidos por la mayoría en las resoluciones que ordenaron las respectivas acumulaciones, corresponde suspender el trámite de las actuaciones hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la procedencia de dicha determinación. En mérito de lo expuesto precedentemente, voto por: 1) Revocar la resolución N° 248/2015 (DV DEOA) - Impuesto a las Ganancias- en todas sus partes, con costas; 2) Confirmar la resolución N° 249/2015 (DV DEOA) - Impuesto al Valor Agregado-en todas sus partes, con costas; 3) Confirmar la resolución N° 250/2015 (DV DEOA) -Impuesto a las Salidas No Documentadas- en cuanto determina impuesto y accesorios, y revocarla en cuanto aplica multa, costas en proporción a los respectivos vencimientos; 4) Hacer lugar a la excepción de prescripción articulada por la recurrente con respecto a la multa aplicada en el impuesto a las ganancias –período fiscal 2008-; 5) hacer lugar a la excepción de prescripción articulada por la recurrente con respecto a las facultades fiscales para aplicar multa, en el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, períodos fiscales 3/2008 a 9/2008, 3/2009 a 7/2009 y 9/2009 a 11/2009; 6) Revocar la resolución 58/2022 (DV DEOA) en cuanto aplica multa en el impuesto a las ganancias, períodos fiscales 2009, 2010 y 2011 por las operaciones realizadas con los proveedores Infuagro S.A., Rifomar S.A., Servicios Agropecuarios S.R.L., Vercovir S.A., Agro Nuevo Cereales S.A., Alcides Ramiro Castillo y Explotación y Consultoría Pecuaria S.A., con costas; 7) Revocar la resolución N° 57/2022 (DV DEOA) en cuanto aplica multa en el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, periodos fiscales 3/2010 a 5/2010, 9/2010 a 12/2010, 1/2011 a 8/2011 y 10/2011 a 12/2011 por las operaciones realizadas con los proveedores Infuagro S.A., Rifomar S.A., Servicios Agropecuarios S.R.L., Vercovir S.A., Agro Nuevo Cereales S.A., Alcides Ramiro Castillo y Explotación y Consultoría Pecuaria S.A., con costas; 8) Suspender la tramitación de la causa en lo que atañe a las sanciones aplicadas por operaciones vinculadas con los proveedores Agrocapital S.A., San Miguel Cereales y Agro Miel S.A., hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la procedencia de dicha determinación.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos efectuado por la Vocal preopinante y lo decidido en los Considerandos VII a XI, XIII, XV y XX.
II. Que en cuanto al ajuste relativo al Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas (tratado en el Considerando XII) corresponde su revocación.
Sobre particular, cabe tener presente que el artículo 37 de la ley del tributo que nos ocupa establece que cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento que se considerará definitiva. Por su parte, el artículo 38 de la citada ley expresa que no se exigirá dicho ingreso en los casos en que se presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes o cuando se presuma que los pagos no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario.
A su vez, el artículo 55 del decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias establece que cuando las circunstancias del caso evidencien que tales erogaciones se han destinado al pago de servicios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, podrá admitirse la deducción del gasto en el balance impositivo, sin perjuicio del impuesto al que hace referencia el artículo 37. Asimismo, agrega que tampoco corresponderá el impuesto sobre salidas no documentadas cuando existan indicios suficientes de que han sido destinados a la adquisición de bienes.
Ello así, habiéndose concluido, conforme lo expuesto en el Considerando XIII ya citado del voto de la Vocal Instructora, que si bien no se pudo comprobar que los proveedores impugnados fueran los verdaderos proveedores del cereal adquirido por la recurrente, se pudo corroborar, a partir de diversas probanzas, que las mercaderías existieron y fueron adquiridas por la aquí apelante, e incorporadas a su explotación comercial, razón por la cual, por aplicación de lo previsto en el artículo 37 y 38 de la ley y 55 de su decreto reglamentario -antes referidos-, cabe concluir que las erogaciones fueron efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, por lo que corresponde admitir no sólo su deducción en el Impuesto a las Ganancias, sino que corresponde asimismo revocar la determinación de salidas no documentadas efectuada en la Resolución Nº 250/2015.
III. Que en lo atinente a los intereses resarcitorios por el Impuesto al Valor Agregado que se confirma, debo señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco Nacional como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes [...] se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IV. Que en relación a la prescripción de las sanciones aplicadas en el Impuesto a las Ganancias –períodos fiscales 2008 a 2011- y el Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas –períodos fiscales 03/2008 a 09/2008, 03/2009 a 07/2009, 09/2009 a 11/2009, 03/2010 a 05/2010, 09/2010 a 12/2010, 01/2011 a 08/2011 y 10/2011 a 12/2011-, en primer término, debe recordarse que la ley procedimental contiene normas específicas sobre el instituto bajo trato, por lo tanto la pretensión de la actora dirigida a considerar los términos incluidos en el Código Penal no puede tener una acogida favorable. Así las cosas, la acción del Fisco Nacional para aplicar y hacer efectivas las multas prescribe a los 5 años en el caso de contribuyentes inscriptos (art. 56, Ley N° 11.683), plazo que se computa desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible (art. 58, Ley N° 11.683); en consecuencia, el plazo para computar la prescripción comenzaría a correr para los ejercicios fiscales más antiguos los días 01/01/2009 (Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas) y 01/01/2010 (Impuesto a las Ganancias).
Sin embargo, el artículo 68 de la ley procedimental reza que: “La prescripción de la acción para aplicar multa y clausura o para hacerla efectiva se interrumpirá: a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1° de enero del año siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible”.
Con relación a esta disposición, la Alzada in re “Parques Interama S.A” –sentencia del 04/09/2002- resolvió que: “... para que opere su interrupción, en los términos del artículo 70, inciso a) de la ley 11683 (actual artículo 68) no es menester que la infracción haya sido juzgada por la autoridad fiscal, ‘pues en esta materia, como en lo penal ordinario, el efecto interruptivo deriva del acto ilícito en sí mismo, de su comisión, y no de la decisión judicial acerca de su punibilidad’ (confr. Giulliani Fonrouge y Navarrine, “Procedimiento Tributario”, Depalma, 1979, comentario al artículo 70)”.
Es por lo antes señalado que al haberse cometido las ultimas infracciones durante el año 2011, el plazo de prescripción inició el 01/01/2013 y todos los períodos prescribirían junto al último, el 01/01/2018. Ahora bien, es pertinente señalar que la Ley N° 26.860 (B.O. 03/06/2013) previó en su artículo 17: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
En este aspecto, debe tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de la mencionada ley, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. La redacción del texto legal, no arroja dudas acerca de la intención del legislador, en cuanto a que la mentada suspensión se dispone “con carácter general”, esto es, que abarca a la generalidad de los contribuyentes responsables y no solamente a los que hubiesen ejercido el derecho a acogerse al régimen de normalización tributaria. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Fisco Nacional c/ Distribuidora El Plata SRL s/ Ejecución Fiscal”, de fecha 26/11/1991.
Además de la aludida norma, también resulta aplicable el artículo 65 -inc. d)- de la Ley N° 11.683, que determina una suspensión desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 del Régimen Penal Tributario, por la presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180) días hábiles posteriores a la comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos –hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero- de la sentencia judicial firme que se dicte en la causa penal respectiva.
En efecto, la causa penal se inició por oficio de fecha 14/11/2013, notificado el 15/11/2013, en virtud de la solicitud efectuada por la Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario N° 2 (actual Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 10) al Fisco Nacional, en los términos del último párrafo del artículo 18 de la Ley 24.769. Sobre el particular es preciso destacar que no obstante encontrarse ya suspendido el plazo de prescripción en atención a la mencionada Ley N° 26.860, lo cierto es que desde la causal sobreviniente de suspensión del plazo de prescripción –denuncia penal– el ente fiscal estaba impedido de aplicar las respectivas multas hasta que se dicte la sentencia en sede penal y ésta quede firme, lo que recién ocurrió los días 22/09/2016 –respecto del Impuesto a las Ganancias, el Impuesto a las Salidas No documentadas y el Impuesto al Valor Agregado por el período fiscal 2008 e IVA del ejercicio fiscal 2009- y 06/03/2020 –para el Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias por Salidas No Documentadas del ejercicio 2009 y del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias por Salidas No Documentadas de los ejercicios 2010 y 2011-.
En consecuencia, considerando los 180 días hábiles previsto por la norma y el plazo restante contenido en la ley de rito desde la fecha de la primera sentencia penal (22/09/2016), se concluye que la fecha de las resoluciones en debate (30/06/2022) es posterior a la prescripción de las facultades del órgano recaudador para aplicar sanciones sobre los tributos detallados ut supra, por ende corresponde hacer lugar al planteo opuesto por la actora. En razón de ello, corresponde declarar prescriptas las multas aplicadas en el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2008- y el impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas -03/2008 a 09/2008-, correspondientes a las Resoluciones 58/2022 y 57/2022, respectivamente.
Por otro lado, bajo esa misma inteligencia, se colige que las infracciones vinculadas con la otra sentencia penal (06/03/2020) no se encontraban prescriptas, pues el plazo restante a computar supera en forma holgada a la fecha de emisión de la resolución atacada (30/06/2022). En esa línea, voto por rechazar la prescripción incoada. Finalmente, cabe aclarar que dichas cuestiones no fueron tratadas como de previo y especial pronunciamiento, sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, por lo que no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N., in re “Colorín IMSSA”, sentencia del 2 de julio de 2013).
V. Que por otra parte, se advierte que en los EX-2022-91090989-APN-SGAI#TFN y EX-2022-91143813- APN-SGAI#TFN -acumulados a las presentes actuaciones- se discuten las multas relativas al Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas, respectivamente, vinculadas con los siguientes proveedores: Explotación y Consultoría Pecuaria S.A., Agro Nuevo Cereales S.A. y Alcides Ramiro Castillo, cuyas determinaciones de oficio fueron apeladas en estos autos; Infuagro S.A., Rifomar S.A., Servicios Agropecuarios Rosario S.R.L. y Vercovir S.A., analizados en los actos determinativos resueltos por la Sala “D” de este Tribunal en el marco del Expte. N° 47.020-I y sus acumulados –vide copia del decisorio agregado a fs. 1349/1354 vta.-; Agrocapital S.A., San Miguel Cereales S.R.L. y Agro Miel S.A., que se encuentran en trámite ante la Vocalía de la 8va. Nominación, Sala “C”, bajo el Expte. N° 48.982-I, donde se controvierten los actos que determinaron los tributos por los cuales se aplican las multas aquí debatidas.
Por los primeros proveedores mencionados corresponde revocar las multas no prescriptas, tanto en el Impuesto a las Ganancias como en Salidas No Documentadas, de acuerdo a los argumentos vertidos en el Considerando XIII por la Dra. Guzmán y lo expresado en el Considerando II de este voto, respectivamente.
En lo que hace al segundo grupo de proveedores, en consonancia con lo resuelto por la sentencia recaída en el Expediente N° 47.019-I, procede revocar la multa no prescripta en el Impuesto a las Ganancias, al igual que la sanción –también no prescripta- relativa al Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas, toda vez que se trata de bienes –cereales- cuya existencia se tuvo por probada a los fines de deducir los gastos en el balance fiscal de la firma, siendo aplicable el artículo 38 –inc. a)- de la ley del gravamen.
En referencia a los restantes proveedores (Agrocapital S.A., San Miguel Cereales S.R.L. y Agro Miel S.A.), sin perjuicio del criterio de la mayoría expuesto en INLEG-2024-136419205-APN-VOCII#TFN, considerando las condiciones en las que esta Sala toma conocimiento de estos actuados, junto con las circunstancias del caso, entiendo que debe suspenderse el juzgamiento de la conducta hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre las determinaciones de oficio apeladas en el Expte. N° 48.982-I, Sala C, Vocalía de la 8va. Nominación. El Dr. Pérez dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
En atención a la votación que antecede, por mayoría, SE
1. Revocar la Resolución N° 248/2015 (DV DEOA) –Impuesto a las Ganancias- en todas sus partes.
2. Confirmar la Resolución N° 249/2015 (DV DEOA) –Impuesto al Valor Agregado- en todas sus partes.
3. Revocar la Resolución N° 250/2015 (DV DEOA) relativa al Impuesto a las Ganancias Salidas No Documentadas (v. Considerando II, voto del Dr. Porporatto).
4. Declarar prescriptas las multas en el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2008- y en el Impuesto a las Ganancias -salidas no documentadas -3/2008 a 9/2008- correspondientes a las resoluciones 58/2022 y 57/2022.
5. Revocar la Resolución N° 58/2022 (DV DEOA) en cuanto aplica multa en el Impuesto a las Ganancias –períodos fiscales 2009 a 2011- por las operaciones realizadas con los proveedores: Explotación y Consultoría Pecuaria S.A., Agro Nuevo Cereales S.A., Alcides Ramiro Castillo, Infuagro S.A., Rifomar S.A., Servicios Agropecuarios Rosario S.R.L. y Vercovir S.A. (v. Considerando V, voto del Dr. Porporatto).
6. Revocar la Resolución N° 57/2022 (DV DEOA) en cuanto aplica multa en el Impuesto a las Ganancias Salidas No Documentadas –períodos 03/2009 a 07/2009, 09/2009, 10/2009, 03/2010 a 05/2010, 09/2010 a 12/2010, 03/2011 a 08/2011 y 10/2011- por las operaciones realizadas con los proveedores: Explotación y Consultoría Pecuaria S.A., Agro Nuevo Cereales S.A., Alcides Ramiro Castillo, Infuagro S.A., Rifomar S.A., Servicios Agropecuarios Rosario S.R.L. y Vercovir S.A. (v. Considerando V, voto del Dr. Porporatto).
7. Suspender la tramitación de la causa en lo que atañe a las sanciones aplicadas por operaciones vinculadas con los proveedores Agrocapital S.A., San Miguel Cereales S.R.L. y Agro Miel S.A., hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la procedencia de dichas determinaciones.
8. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2025.08.21 11:53:45 ART Date: 2025.08.21 11:57:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.21 13:23:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.21 13:24:35 -03:00
Fin de la sentencia