Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 47019-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada.
2Distribuir las costas de esta instancia según los respectivos vencimientos.
3Fijar los honorarios con arreglo a los considerandos XVII, XVIII y XIX.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3521/2023 INGREDION ARGENTINA SRL-TF 47019-I Y
ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 4 de abril de 2024.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La firma Ingredion Argentina S.R.L. interpuso el recurso de apelación previsto en el artículo 76, inciso 'b', de la ley 11.683 contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI) nºs 97/2016, 98/2016 y 99/2016, por medio de las cuales, respectivamente, determinó las obligaciones tributarias en el impuesto a las ganancias (períodos fiscales 2008 a 2011), el impuesto al valor agregado (períodos fiscales 03/2009 a 07/2009, 09/2009, 09 /2010 a 12/2010 y 03/2011 a 09/2011) y el impuesto a las ganancias —salidas no documentadas— (períodos fiscales 03/2009 a 07/2009, 09/2009, 10/2009, 09/2010 a 12/2010, 03/2011 a 08/2011 y 10/2011), liquidó los intereses resarcitorios y efectuó la reserva de aplicar eventualmente sanciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 24.769.
II. El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, por mayoría:
i. Confirmar las resoluciones nºs 98/2016 y 99/2016, y revocar la nº 97/2016.
ii. Distribuir las "[c]ostas según los respectivos vencimientos".
iii. Regular los honorarios a favor de las representaciones letradas intervinientes y de los peritos contadores.
Preliminarmente, rechazó el planteo de nulidad de las actuaciones administrativas pues sostuvo que el cotejo de aquéllas exhibió que la conducta de la AFIP no fue arbitraria y que las quejas de la parte actora "resultan una discrepancia con los ajustes practicados por el Fisco que no habilita per se la invalidez de los mentados actos, debiendo agregar que el actor ha ejercido su derecho a ofrecer prueba" (voto de la vocal Gómez).
No admitió el planteo de prescripción "respecto a las facultades del Fisco para determinar las obligaciones fiscales correspondientes al impuesto a las ganancias del período 2008, y por el IVA y salidas no documentadas de marzo a noviembre de 2009, en ambos casos", sobre la base de los siguientes fundamentos:
1. El cómputo del plazo de prescripción "comenzó a correr el 1º de enero de 2010, debiéndose analizar si durante su curso se produjeron causales suspensivas o interruptivas".
2. "[N]o resulta aplicable [...] la suspensión dispuesta por el artículo 44 de la ley Nº 26.476 (B.O. 24 de diciembre de 2008) por cuanto los períodos fiscales que se discuten son posteriores a la culminación del plazo de suspensión dispuesta por dicha normativa".
3. "[S]í resulta aplicable la suspensión con carácter general y por el término de un año [...] dispuesta por el art. 17 de la ley 26.860 (BO 3 de junio de 2013).
4. El artículo "agregado a continuación del art. 65 de la ley 11.683 [...] dispone que: 'Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción'".
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ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 5. "[L]as vistas del art. 17 de la ley de rito, que llevan fecha 28 /12/2015, fueron notificadas al recurrente el 29/12/2015 [...], es decir dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que se produciría la prescripción, empezando desde allí a correr la suspensión por 120 días. Posteriormente, se dictaron las resoluciones determinativas el 16 de junio de 2016, cuando aún no se había cumplido el plazo de prescripción" (voto de la vocal Gómez). En el plano sustancial de la controversia asevera:
1. "[L]as exhaustivas tareas de fiscalización realizadas a cada uno de los proveedores de cereales que emitieron los comprobantes fiscales impugnados, [...] dan clara cuenta de la imposibilidad que fueran ellos los que hubieran hecho las ventas que allí se instrumentan debido a la falta de capacidad económica y operatoria mínima e indispensable para llevarlas a cabo".
2. "Así, la falta de empleados en relación de dependencia, la falta de instalaciones y de bienes de uso, composición de sus directorios con personas de escasa solvencia económica, actividades declaradas diferentes a las de constitución y a las que facturaron a Ingredion Argentina S.A., reiterados cambios de domicilio fiscal y la imposibilidad de localizar a las empresas y sus directivos en sus domicilios".
3. "Llama la atención [...] que los proveedores estuvieran inscriptos como acopiadores pero de las tareas de fiscalización surgió que carecían de instalaciones para el acopio de cereal, es decir que su existencia como tal, al igual que la documentación de las operaciones y su registración, fue exclusiva y meramente formal".
4. Las pruebas producidas ante ese tribunal permitían arribar a una conclusión similar, pues:
La AFIP informó:
a. "[S]alvo Servicios Agropecuarios Rosario S.R.L." el resto de los proveedores fueron excluidos del Registro de Operadores de Granos "en forma concomitante a la fecha en que facturaron como acopiadores las compras de cereales al aquí recurrente".
b. Se detectó anomalías "en las cartas de porte de Rifomar S.A. y de Servicios Agropecuarios Rosario S.R.L.; Infuagro S.A. directamente no tenía informadas en su sistema cartas de porte, muestra también de la suma de irregularidades que ponen en duda la efectiva compra del cereal y su traslado, suficiente para concluir que no fueron ellos los que intervinieron en las operaciones".
5. "[L]as declaraciones de los representantes de los proveedores no puede modificar la legitimidad de la pretensión fiscal ya que deben ser puestas en contexto de una maniobra en la que se crean y/o utilizan empresas al sólo efecto de generar comprobantes fiscales para ocultar al verdadero proveedor o productor".
6. "[E]s la recurrente la que reconoce que no ha contratado con ellos. En su escrito de apelación ante este Tribunal indica que 'En todas las operaciones impugnadas, Ingredion ha operado con un corredor, en ningún caso directamente con ningún acopiador o productor' [...] Y si bien a continuación invoca que en las compras participaron corredores, [...] [que] reconocen haber actuado en dicho caracter, no adjunta ninguna documentación legal, comercial y fiscal que demuestre que realmente se relacionó y operó bajo dicha figura".
7. Esas consideraciones eran "suficientes para confirmar la Resolución nº 98/2016 [determinación de oficio en el impuesto al valor agregado]".
8. El ajuste en el impuesto a las salidas no documentadas debía ser confirmado por idénticos motivos. Ciertamente, "los beneficiarios que Ingredion Argentina S.A. identifica como receptores de los pagos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3521/2023 INGREDION ARGENTINA SRL-TF 47019-I Y ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO no constituyen los verdaderos destinatarios" pues "no fueron ellos los que vendieron los cereales" y "[a]ún cuando para el pago de las operaciones se hayan entregado cheques a nombre de éstos, las irregularidades sustanciales que adolecen los comprobantes fiscales justifican la aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 326:2987".
9. La solución era distinta respecto del ajuste en el impuesto a las ganancias ya que "si bien el recurrente no demostró las compras con los proveedores que emitieron los comprobantes, de las pruebas rendidas, en particular del informe pericial contable obrante a fs. 744 /784 surge que los cereales fueron adquiridos y entregados, y es por ello que se identifican allí también las cartas de porte, por lo que debe admitirse el cómputo del gasto de acuerdo a lo previsto en los arts. 17 y 80 de la ley de impuesto a las ganancias" (voto de la vocal O´ Donell).
III. Esa decisión fue apelada por la AFIP, que expresó los siguientes agravios que fueron replicados:
i. La sentencia es arbitraria pues incurre en una directa contradicción con los hechos que surgen de la causa y las disposiciones de la ley del impuesto a las ganancias. La alzada debe apartarse del principio de revisión limitada previsto en el artículo 86, punto 2º, de la ley 11.683 y realizar una nueva apreciación de los elementos de la causa.
ii. "[E]sta claro que la firma [Ingredion], adquiere [...] materia prima para ejercer su actividad, pero lo que se cuestiona es que la materia prima declarada adquirida a través de los proveedores impugnados, no existió".
iii. Los proveedores impugnados no tenían empleados en relación de dependencia, instalaciones ni de bienes de uso, sus directorios estaban compuestos por personas de escasa solvencia económica, y las actividades declaradas eran diferentes a las de su constitución y que fue imposible localizar a las empresas y sus directivos en sus domicilios.
iv. La sentencia omite considerar que en el punto 'c' del informe contable se expuso "[r]especto del proveedor RIFOMAR no han podido periciar la totalidad de la documentación que respalden las operaciones cuestionadas con este proveedor", "[r]especto de los proveedores INFUAGRO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS EL ROSARIO [...] se detallaron las operaciones cuyo tickets balanza no han sido cotejados" y "[t]ambién detallan las operaciones que no han podido ser cotejadas, con su correspondiente carta de porte".
v. La respuesta a la prueba informativa que brindó la AFIP evidenció que las cartas de porte de los proveedores adolecían de distintas irregularidades.
vi. "Por las razones esgrimidas, también corresponde agraviarse de los accesorios revocados, y de la imposición de costas".
IV. Asimismo, la firma actora interpuso recurso de apelación y presentó el memorial que fue replicado.
Prelimimarmente sostuvo que las facultades de la AFIP-DGI para determinar y exigir presuntas diferencias en el impuesto a las ganancias (período fiscal 2008), el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias — salidas no documentadas (períodos fiscales 03/2009 a 11/2009) se encontraban prescriptas.
Para ello, efectúa las siguientes consideraciones:
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3521/2023 INGREDION ARGENTINA SRL-TF 47019-I Y
ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO i. La suspensión de la prescripción prevista en el artículo 17 de la ley 26.860 es inconstitucional porque su trámite parlamentario no tuvo origen en la cámara de diputados conforme lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución Nacional.
ii. La suspensión de la prescripción dispuesta en esa ley y reiterada en el artículo 7 de la resolución general 3509/2013 serían aplicables solamente a los contribuyentes que se acogieron al régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera.
iii. Las normas son irrazonables ya que "[l]a aplicación de la norma con carácter general, viola la garantía de igualdad por cuanto dispone, sin fundamento suficiente, igual tratamiento para contribuyentes en situaciones desiguales".
iv. Existiría un conflicto entre la norma del artículo 17 de la ley 11.683 "que prevé expresamente una vista por 15 días hábiles, y el texto del artículo agregado a continuación del artículo 65, que refiere a que la vista debe ser notificada 'dentro' de los 180 días corridos a la fecha de prescripción; pero ello así siempre que pudiera efectivizarse el inicio del procedimiento de determinación de oficio dentro de ese plazo; esto es siempre que se contara con el plazo de 15 días hábiles como mínimo".
v. La suspensión prevista en el artículo agregado a continuación del artículo 65 de la ley 11.683 no puede ser aplicada en casos "en donde el plazo de prescripción se hubiera visto afectado por causales de suspensión generales previstas por otras leyes ajenas a dicho cuerpo normativo" pues el plazo de prescripción se vería prorrogado a seis años.
En el plano sustancial de la controversia asevera:
i. La materialidad de las operaciones se encuentra probada y existen pruebas concretas que identifican claramente a los proveedores.
ii. "[E]l a quo ha inferido en mi mandante una responsabilidad que en sí lo excede, dado que las tareas que podría haber hecho para verificar la capacidad económica de los proveedores, fueron correctamente realizadas".
iii. "[S]e ha logrado explicar el circuito de los pagos, a raíz de los extractos bancarios acompañados, los cheques individualizados y los apoderados que cobran dichos cheques".
iv. Ninguno de los proveedores estaba incluido en la base APOC al momento de la realización de las operaciones.
v. "[A]l existir circuito financiero y al existir transacción, y al existir objeto de la transacción fehaciente, resulta a todas luces arbitrario que se acuse la falta de capacidad económica, cuando de no ser así, no se podría haber ni siquiera concretado la transacción".
vi. "[U]na posición contraria a la aquí expuesta implicaría una grave violación al principio de legalidad por cuanto crearía una obligación adicional en cabeza de los contribuyentes que no tiene recepción normativa".
V. La parte demandada apeló "por bajos" y "por altos" los honorarios regulados a favor de los letrados intervinientes y de los peritos contadores (fs. 875), y la firma actora apeló "por altos" los honorarios fijados a favor de aquellos letrados y del perito contador intervinientes por la parte demandada (fs. 881).
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ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO VI. A efectos de lograr una mejor comprensión de la cuestión debatida, corresponde en primer término examinar los agravios formulados por la parte actora.
VII. Preliminarmente, debe tratarse el planteo de prescripción de las facultades de la AFIP-DGI para determinar los impuestos en los períodos señalados.
i. El planteo referente a la inconstitucionalidad de la ley 27.260 fundado en que no tuvo su inicio en la Cámara de Diputados no puede ser admitido.
No existe controversia acerca de que la letra del artículo 52 de la Constitución Nacional establece que "[a] la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas".
Como es sabido la ley 27.260, por un lado, reguló el denominado "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionado" (Libro I) y, por otro lado, estableció un "Régimen de Sinceramiento Fiscal" (Libro II).
Éste último, según el título I del Libro II, previó un "Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior". Por ende, no era necesario que el tratamiento de esta ley tuviera origen en la Cámara de Diputados pues la esencia del Libro II de esa ley fue regular un "blanqueo de capitales" que no tiene encuadramiento en el artículo 52 de la Constitución Nacional.
ii. No tiene razón la firma recurrente en cuanto plantea que la suspensión de la prescripción establecida en la ley 26.860 sería aplicable solamente a los contribuyentes que se hubiesen acogido al régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera.
En efecto, esta sala ha dicho que la ley 26.860 suspendió con carácter general y por el término de un año el curso de la prescripción de las acciones del Fisco Nacional tendientes a determinar o exigir el pago de tributos (causa nº 30458/2018 "Supermercados Mayoristas Yaguar SA", pronunciamiento de fecha 16 de abril de 2019).
iii. Las consideraciones precedentes descartan el planteo de irrazonabilidad que, con carácter subsidiario, planteó la firma actora.
iv. Las quejas que ofrece la parte actora con relación a la suspensión prevista en el artículo agregado a continuación del artículo 65 de la ley 11.683, tanto en el sentido de que no puede ser aplicada en casos "en donde el plazo de prescripción se hubiera visto afectado por causales de suspensión generales previstas por otras leyes ajenas a dicho cuerpo normativo" como respecto de la supuesta incompatibilidad con el artículo 17 de la ley 11.683 comportan un planteo que es fruto de una reflexión tardía.
Por consiguiente, su tratamiento se encuentra vedado en esta instancia de conformidad con los artículos 271 y 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de aplicación supletoria al caso en función del artículo 197 de la ley 11.683 (esta sala, causas nºs 30.005/2018 "Agrocentro Santa Fe SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo", 17.397/2021 " Nidera SA - TF 33469-I c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo" y 6069/2022 "Sucesión de Costamagna Hugo -TF 33645-I y OTRO", pronunciamientos del 19 de febrero de 2019, del 11 de febrero de 2022 y 3 de noviembre de 2022; ver, asimismo, Fallos: 315:1169; 319:1818; 322:1546; 326 :1436; 327:3721; 328:2833; 329:2498 y 4349).
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ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO VIII. Esta cámara, por sus diversas salas, ha dicho invariablemente que no corresponde apartarse de la apreciación que el Tribunal Fiscal realiza sobre las circunstancias fácticas de la causa, dado los límites del recurso que prevé el artículo 86, inciso ‘b’, de la ley 11.683, a menos que se pruebe que aquel tribunal haya incurrido en un error en la apreciación de los hechos (esta sala, causa “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011 y del 4 de agosto de 2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “Ambulancias Privadas Argentinas SA”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011, Sala IV, causa “Banco de Italia y Río de La Plata SA”, pronunciamiento del 24 de septiembre de 1996, y Sala V, causas “ Devez, Manuel Rodolfo” y “Del Buono, Jorge”, pronunciamientos del 13 de febrero de 2002 y del 15 de marzo de 2007, respectivamente).
IX. Los agravios ofrecidos por la parte actora acerca del ajuste en el impuesto al valor agregado no pueden prosperar.
Resulta claro que no fue exclusivamente el incumplimiento de los deberes fiscales de los proveedores la conducta que el Fisco Nacional ponderó para efectuar el ajuste fiscal. Por el contrario, sobre la base de las tareas de fiscalización, reunió indicios serios que le permitieron aseverar que los proveedores carecían de la estructura necesaria para realizar las operaciones que contrató la firma recurrente.
En efecto, la lectura de los antecedentes administrativos exhibe que:
—La proveedora Vercovir S.A. declaró la utilización de una planta de acopio pero ésta "se [encontraba] en desuso y sin ningún tipo de personal al tiempo de constatación en octubre/2010". Asimismo se detalló que aquélla tenía capacidad para almacenar 3.000 toneladas de cereal pero los funcionarios actuantes constataron que la proveedora movilizó 31.832,77 toneladas que provenían de otras localidades "denotando un uso indebido de las cartas de porte". En las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias no declaró bienes de cambio, poseer bienes inmuebles o muebles registrables, las personas que la integraron poseen escasa capacidad económica y la actividad registrada ante la AFIP no se condice con la declarada en la escritura de constitución de la sociedad.
—La proveedora Servicios Agropecuarios S.A. se registró ante la AFIP como acopiadora; "sin embargo de las verificaciones efectuadas quedó claramente constatado" que no ejercía esa actividad, tuvo "reiterados cambios de domicilio fiscal" y solo se pudo localizar a una persona responsable "quien dijo ser empleada y recibir ordenes de trabajo vía telefónica [...] desconociendo el domicilio legal de la firma así como a sus integrantes". No poseía bienes inmuebles o muebles registrables. "Los galpones tienen capacidad para 7.240 tns. de granos; no obstante se habrían movilizado a partir del 01/01/2010, 574.735 tns. [...] que no habrían salido de dicho predio [...] sino que fueron movilizados desde 553 localidades distintas, pertenecientes a 13 provincias, razón por la que habría efectuado un uso indebido de las cartas de porte". Uno de sus socios "manifestó -en forma testimonial- el desconocimiento del [...] domicilio comercial de la empresa, siendo utilizado para suscribir documentación, ignorando el contenido de la misma".
—La proveedora Rifomar S.A. incumplió la obligación de informar "tanto a la AFIP como a la IGJ y a terceros -mediante la publicación en el Boletín Oficial- respecto del domicilio a través del cual se pueda localizar a los responsables de la contribuyente y por CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3521/2023 INGREDION ARGENTINA SRL-TF 47019-I Y ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ende ejercer las tareas de verificación", "[n]o se pudo localizar a persona alguna, representante y/o accionista de la firma", sus proveedores más relevantes se encontraban cargados en la base e-Apoc y el examen de los extractos bancarios exhibió que la gran mayoría de los retiros fueron realizados en efectivo.
—La proveedora Infuagro no desarrollaba actividad administrativa en los domicilios declarados, "[l]a totalidad de las cobranzas y/o ingresos obtenidos en 2009 no se bancarizaron", "[c]onsultado por muestreo el personal en relación de dependencia declarado [...] negó su vinculación con la contribuyente", no se pudo "localizar a los socios y/o autoridades en los domicilios declarados, informando la Cámara Electoral que la actividad desempeñada -de los dos (2) socios [...]- es la de albañil".
X. La reseña efectuada permite apreciar, en un sentido contrario al que sostiene en su memorial de agravios, que el Tribunal Fiscal realizó un adecuado examen de los elementos probatorios acompañados a la causa. Por tanto, sus críticas, en última instancia, sólo comportan su discrepancia respecto del criterio de selección y de valoración sobre los medios probatorios.
XI. La Corte Suprema sostuvo que "a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley del IVA), como respecto de su reintegro en casos de vinculación con operaciones de exportación (art. 43 de la ley del IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de los bienes (confr. causa CSJ 685/2013 (49-F) /CSI 'Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-1) c/ DGI', sentencia del 10 de marzo de 2015) o, en otras palabras, mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. causa CSJ 119/2013 (49-A) 'ADM Argentina S.A. c/ EN - AFIP - DGI - Resol. 24/08 25 /08 DV DyR2 s/ Dirección General Impositiva', fallada en la misma fecha), extremo que no se cumple en el caso de autos, pues como surge de lo antes expuesto, el tributo cuyo reintegro pretende la actora, no proviene de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas" (causa "Molinos Río de la Plata SA c/ENAFIP-DGI Resol. 68/10 (GC) y otros s/DGI", pronunciamiento del 25 de agosto de 2015).
XII. En cuanto concierne al ajuste en el impuesto a las ganancias salidas no documentadas, es pertinente recordar que el Máximo Tribunal expuso que "…debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación —a los fines de esa norma— tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar —al tratarse de actos carentes de sinceridad— a su verdadero beneficiario" (Fallos: 326:2987).
XIII. Con esa mirada puede afirmarse que ambos aspectos —la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación— adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto de las "salidas no documentadas" (esta sala, causas "Smurfit Kappa de Argentina S.A." y "Agropecuaria del Sur SA", pronunciamientos del 17 de mayo de 2016 y del 16 de mayo de 2017).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3521/2023 INGREDION ARGENTINA SRL-TF 47019-I Y
ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO XIV. La actividad probatoria reseñada demostró que no fue posible establecer una vinculación entre los sujetos que facturaron los servicios y las operaciones descriptas en esos documentos. Tampoco pudo establecerse el circuito económico de los pagos pues en el informe contable los expertos indicaron que la firma recurrente efectuó los pagos con cheques que fueron librados a favor de los corredores de bolsa que actuaron como intermediarios en las operaciones impugnadas, sin que se haya acreditado un posterior endoso a favor de los proveedores.
Desde esa perspectiva, debe confirmarse el ajuste en las previsiones contenidas en el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias.
XV. Los agravios que la AFIP-DGI sostiene para intentar rebatir el pronunciamiento apelado consisten, sencillamente, en proponer interpretaciones diferentes de los medios probatorios que no logran invalidar las conclusiones del Tribunal Fiscal.
Ciertamente, dicho Tribunal consideró que el informe contable exhibió que los cereales "fueron adquiridos y entregados" y que por lo tanto, debía admitirse el cómputo del gasto en los términos de los artículos 17 y 80 de la ley de impuesto a las ganancias.
Esa afirmación —la existencia de la mercadería— y su vinculación con la actividad de la firma actora —"la elaboración de almidones y productos derivados del almidón, molienda de maiz"— no está controvertida por la AFIP.
A ello puede agregarse que el informe contable exhibió que los gastos estaban acreditados pues los peritos dejaron constancia de que los cheques librados por estas operaciones habían sido debitados de la cuenta bancaria de la firma actora y en relación con la proveedora Rifomar S.A. identificaron los débitos correspondientes a las facturas impugnadas (ver fs. 789 del expediente judicial).
Por tanto, las objeciones formuladas por la AFIP no pueden prosperar.
XVI. En función del resultado alcanzado, las costas de esta instancia deben ser distribuídas con arreglo a los respectivos vencimientos (artículos 68, segundo párrafo, y 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
XVII. En función de la naturaleza del proceso, de su monto —para el que debe tomarse las sumas apeladas en concepto de impuesto y accesorios (resoluciones nºs 98/2016 y 99/2016)—, del mérito, de la calidad y de la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, SE FIJA en las sumas de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 1.450.000) y de SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 620.000)
los honorarios a favor de la dirección letrada y representación procesal del Fisco Nacional, respectivamente, por la actuación en las dos primeras etapas del proceso, y SE FIJA en 17,95 UMA y en 7,68 UMA —equivalentes a las sumas de $ 728.249,45 y de $ 311.585,28, según la resolución SGA nº 176/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor de la dirección letrada y representación procesal del Fisco Nacional, respectivamente, por su actuación en el alegato.
Con esas mismas pautas, teniendo en cuenta el monto involucrado —para el que debe tomarse las sumas apeladas en concepto de impuesto y accesorias (resolución nº 97/2016)—, SE CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3521/2023 INGREDION ARGENTINA SRL-TF 47019-I Y ACUM c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO CONFIRMA en la suma de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.180.364) y SE FIJA en 14,54 UMA —equivalente a la suma de $ 589.902,34 según la resolución SGA nº 176/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor de la Dra. Cynthia Paula Calligaro por la dirección letrada y representación procesal de la parte actora en la instancia anterior (artículos 7, 9, 19, 37 y demás concordantes de la ley 21.839 y artículos 16, 20, 21 y demás concordantes de la ley 27.423).
XVIII. Al ponderar la calidad y la extensión del peritaje contable, así como el criterio que indica que los emolumentos de los auxiliares de la justicia deben guardar, como regla, una adecuada proporción con los correspondientes, o los que debieron corresponder al resto de los profesionales intervinientes durante la sustanciación del pleito, SE FIJA en la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 800.000) los honorarios a favor del perito contador Gustavo Alberto Yañez y SE ESTABLECE en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 399.000) los honorarios a favor del perito contador Guillermo Cohen (Fallos: 300:70, 320:2349, entre muchos otros).
XIX. Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentem ente enunciadas, SE FIJA en 22,99 UMA —equivalente a la suma de $ 932.727,29, según la resolución SGA nº 176/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor de la representación procesal y dirección letrada del Fisco Nacional. Asimismo, SE ESTABLECE en 13,08 UMA —equivalente a la suma de $ 530.668,68, según la resolución SGA nº 176/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor de la Dra. Cynthia Paula Calligaro por la dirección letrada y representación procesal de la parte actora en esta instancia (artículos 30 y demás concordantes de la ley 27.423).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE:
1. Desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada. 2. Distribuir las costas de esta instancia según los respectivos vencimientos. 3. Fijar los honorarios con arreglo a los considerandos XVII, XVIII y XIX.
Regístrese, notifíquese y remítase al Tribunal Fiscal.
Se hace constar que la jueza Liliana María Heiland no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
Fin de la sentencia