Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127676
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Mercedes, 2) hacer saber al organismo que previno la exhortación efectuada en el punto III.3.
I. Se eleva a consideración de esta Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Civil y Comercial n°2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen y el Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Mercedes, en el marco de un proceso de determinación de la capacidad de S. B. C., quien padece esquizofrenia y se encuentra internado en C.I.T.E.N sito en la localidad de Bragado (v. Sist. Augusta, trámites: "Competencia se resuelve" de 29-IX-2023 y "Competencia se resuelve" de 12-XII-2023).
II.1. Al respecto cabe señalar que esta Corte ha decidido, reiteradamente, que en consideración al orden normativo vigente, la asignación de la competencia jurisdiccional para intervenir en el conocimiento de estos supuestos, adquiere especial relevancia acudir a la télesis de los arts. 35 y 36 del Código Civil y Comercial, enmarcados dentro de los denominados principios comunes a las restricciones a la capacidad (causas C. 120.691, "G., J. D.", resol. de 22-VI-2016; C. 120.781, "D., J. M.", resol. de 29-VI-2016; C. 120.874, "L., C. J.", resol. de 13-VII-2016 y C. 121.357, "A., O. R.", resol. de 14-VI-2017).
II.2. Por otro lado, este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en causas similares al presente, habiendo abordado la cuestión en el precedente C. 109.819 "N., N. E.", sent. de 17-VIII-2011 (entre otros C. 122.717, "R., J. C.", resol. de 17-X-2018; C. 123.409, "M., O. G.", resol. de 16-X-2019; C. 126.097, "R., D. H.", resol. de 30-XI-2022; C. 125.895, "O., N. S.", resol. de 19-XII-2022; C. 125.813, "D., L. A", resol. de 31-III-2023).
En el antecedente citado, se afirmó que consolidada la residencia del presunto incapaz en un lugar distante del órgano judicial interviniente, los principios de inmediación, celeridad y economía procesal debían primar por sobre cualquier otro. En tal supuesto, donde se trataba del contralor del estatus médico-jurídico de una persona en estado de vulnerabilidad, el tema a resolver excedía una mera cuestión de competencia para involucrar los derechos del paciente y en ese sentido es la aludida inmediación la que permitiría al tribunal tener un conocimiento cabal de la situación del causante.
Así, en cumplimiento del mandato constitucional de la tutela judicial efectiva, el juez podrá adoptar todas las medidas necesarias tendientes a resguardar a la persona y su patrimonio, como así también asegurar que se efectivicen de manera urgente sus derechos (arts. 15, 36 incs. 5 y 8, Const. prov.; 9 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -ley 26.378-; 8 y 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
También se señaló en el precedente aludido que, posibilitar el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con el causante coadyuvaba en mayor medida a proteger los derechos del paciente. Así, como el principio de inmediación era considerado para determinar la competencia al inicio del proceso, conforme el art. 5 inc. 8 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, ante la situación de vulnerabilidad que evidenciaba el caso, debía otorgársele la misma trascendencia a lo largo de todo el trámite.
En ese sentido, es doctrina del Máximo Tribunal nacional que la inmediación coadyuva a una supervisión judicial directa y personal de quien se ve afectado por la medida, a la par de que favorece la concentración de las diligencias dirigidas a determinar el estado de salud, con lo que elimina las gestiones superfluas y onerosas y evita las demoras en la adopción de decisiones relacionadas a la libertad ambulatoria de la persona internada (Fallos: 328:4832; 331:211 y causa 992/2019, sent. de 26-XI-2019, del Dictamen del Procurador, al que remite).
III.1. En la contienda traída a resolver, son plenamente aplicables los principios enunciados y bajo tales pautas habrá de dirimirse la contienda arribada. Así, el magistrado de Trenque Lauquen se declaró incompetente ante el pedido de la Curaduría Oficial. En particular, la Curadora manifestó que la distancia de 300 km. existente entre el causante y la sede del organismo configuraba un obstáculo al principio de inmediatez que debía regir este tipo de procesos y acompañó un informe del médico tratante del señor C. que indicaba que debía continuar internado en C.I.T.E.N sito en la localidad de Bragado (v. "Curador-solicita" de 22-II-2023 y su PDF adj., "Vista-contesta" de 16-III-2023 y "Curador-solicita" de 28-VI-2023).
En este sentido, sin perjuicio de advertir que no ha habido una variación de las circunstancias fácticas que permitan suponer una alteración en la competencia territorial que aquí se debate, máxime cuando no existen indicios que permitan afirmar que su residencia vaya a variar en lo inmediato -el lugar de alojamiento no se ha visto modificado desde el año 2006-, en la particular circunstancia de autos, teniendo en consideración el estadío procesal de la misma -encontrándose la determinación de la capacidad en momento de ser revisada- y siendo necesario posibilitar el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con el causante, adquiere especial relevancia el principio de inmediatez, correspondiendo declarar competente para intervenir al órgano jurisdiccional más cercano al lugar donde se encuentra alojado el señor C., es decir, al Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Mercedes (art. 5 inc. 8 del CPCC).
III.2. Asimismo, el juzgado que se declara competente deberá ordenar la recaratulación de las actuaciones a fin de adecuarlo a la nueva designación de la materia sobre la que versa -determinación de la capacidad jurídica-, en atención a lo dispuesto por el art. 5 de la Acordada 3725/2014, texto según Acordada 3728, que introdujo modificaciones en el Anexo II de la Acordada 3397.
III.3. Finalmente, atento a lo que surge de las constancias objetivas de la causa, se exhorta al órgano que previno que observe en casos sucesivos la debida diligencia y celeridad, y proceda a la adopción y contralor de las medidas periódicas pertinentes para la protección de los derechos fundamentales de la persona, a fin de proveer a su debido resguardo (arts. 13 y concs., CDPC; 8, 25, CADH; 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 36.5, Const. prov.; 31, y conc., Cód. Civ. y Com.; 5, 7 inc. "e", 7 inc. l, 18 y concs., ley 26.657; conf. "Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad", de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, págs. 66/73).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Mercedes, 2) hacer saber al organismo que previno la exhortación efectuada en el punto III.3.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 18:47:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 08:58:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:48:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/04/2024 12:08:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2024 09:07:07 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/05/2024 10:53:56 hs. bajo el número RR-301-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia