Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo · Causa 6400
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger parcialmente el recurso de apelación incoado por la Municipalidad demandada, revocar la sentencia de grado en la parcela que reconociera el resarcimiento por lucro cesante pretendido, confirmándola en lo demás que fuera materia de agravios 2. Acoger parcialmente el recurso de apelación impetrado por la actora y modificar el fallo de grado solamente en lo que concierne al modo de calcular la tasa de interés, con el alcance expresado en el considerando “II.4.” del voto que concitó adhesión.
3Fijar que las costas de ambas instancias serán soportadas en el orden causado, atento los vencimientos mutuos constatados (arg. arts. 68, 71, 274 y ccds. del C.P.C.C.; arts. 51 inc. 1° -segunda parte- del C.P.C.A. t.o. ley 14.437).
4Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
En la ciudad de Mar del Plata, a los 25 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-6400-BB1 “INNOVACIÓN S.A. c. MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA s. PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Loustaunau, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a la demanda indemnizatoria incoada por la firma Innovación S.A. contra la Municipalidad de Bahía Blanca y, en consecuencia, condenó a esta última al pago de la suma de pesos ciento ochenta y cuatro mil quinientos tres con catorce centavos ($ 184.503,14), por los daños y perjuicios causados a la actora, con más los intereses a calcularse de conformidad con la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el 8- 9-2008 (fecha del hecho dañoso) y hasta el efectivo pago. Impuso las costas del juicio a la vencida (conf. art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –texto ley 14.437-) y difirió la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (cfr. fs. 654/661, sent. del 28-10-2015).
II. Declarada la admisibilidad formal de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de fondo por la demandada a fs. 665/669 –replicado por la contraparte a fs. 682/683- y por la actora a fs. 671/679 –contestado por el Municipio a fs. 686/687- (cfr. fs. 690, proveído del 8-3- 2016), y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente
¿Son fundados los recursos?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. El juez de grado dictó sentencia con el alcance expresado en la Sección Antecedentes de este voto.
1.1. Expresó en primer orden que la parte actora reclamaba el resarcimiento de los daños que había padecido a raíz del comportamiento irregular en que había incurrido la autoridad, al retirar ilegítimamente la cartelería de su propiedad en el mes de septiembre de 2008.
Subrayó que en los autos “Innovación S.A. c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Pretensión de cesación de vía de hecho” –expediente N° 7762, de trámite por ante su Juzgado-, el entonces titular a cargo había dictado sentencia en fecha 2 de diciembre de 2008, haciendo lugar a la demanda incoada por la aquí actora, tras verificar que el comportamiento material de las autoridades locales, si bien tenía sustento en el ordenamiento jurídico, no había sido encauzado en el marco del procedimiento administrativo aplicable, constituyendo –en tales circunstancias- una vía de hecho repudiada por la legislación vigente (art. 109 del decreto ley 7647/70). Agregó que dicho veredicto se encontraba firme, toda vez que el remedio de queja por apelación denegada presentado por el Municipio había sido desestimado por esta Cámara de Apelación.
Así las cosas, declarada por sentencia firme la irregularidad del accionar del Municipio, juzgó que cabía hacer efectiva su responsabilidad por los daños que fueron consecuencia de dicha conducta (retiro de cartelería). Aclaró que tal conclusión no se veía empañada por el hecho de que la Administración haya dictado a posteriori un acto administrativo autorizando el retiro de los carteles de propiedad de la actora (en fecha 25-2-2009), en tanto dicha decisión había sido emitida con posterioridad al hecho enjuiciado y carecía, por tanto, de fuerza para sanear o convalidar la actuación irregular previa de las autoridades locales.
Fijada la responsabilidad de la demandada, se abocó al examen de los rubros de condena reclamados en la demanda.
1.2. En cuanto al lucro cesante, manifestó que el 25-2- 2009 la Municipalidad de Bahía Blanca había dictado un acto administrativo mediante el cual ordenó “…el retiro de la cartelería instalada en forma irregular”. Así, “más allá del recurso interpuesto por la actora contra el acto mencionado… y cuya resolución no consta en autos”, concluyó que el lucro cesante no podía superar la fecha de su dictado, por cuanto a partir de dicho momento el municipio comenzó a ostentar válidamente la potestad de su retiro (art. 110 de la Ordenanza General 267/80).
Por tanto, señaló que el daño en cuestión debía ser calculado desde septiembre de 2008 (fecha en la que se procedió al retiro de la cartelería) hasta febrero de 2009 inclusive (fecha del dictado del acto). Si bien reiteró que la aludida decisión carecía de virtualidad para sanear o convalidar la actuación irregular previa, ello no significaba “que no pueda ser tenida en cuenta en adelante, como acontece en este caso en el que importa un límite al daño reclamado”, pues lo contrario importaría “consolidar indefinidamente una situación jurídica por el solo hecho de una originaria actuación irregular de la administración”.
1.3. En cuanto a la cuantía del rubro, luego de repasar minuciosamente sendos dictámenes periciales obrantes en autos, concluyó –desde la perspectiva de la sana crítica- que la pericia del Licenciado en Economía Leonardo J. Scalise era la que mejor reflejaba, por su claridad y completitud, las ganancias que la actora había dejado de percibir, como consecuencia del hecho dañoso, durante el período en crisis. Apuntó que dicho profesional había analizado la facturación de la firma desde enero de 2005 a septiembre de 2011, observando una baja pronunciada a partir del mes de septiembre de 2008, fecha desde la que calculó el lucro cesante, discriminado por mes, computando un diferencial de facturación entre la mensual real y el promedio mensual anual y calculando un porcentaje de contribución marginal del 42,33%, valor que obtuvo del promedio de los balances anuales de la actora (desde el año 2005 en adelante).
Refirió que el cálculo mencionado arrojaba los siguientes resultados: por septiembre de 2008, la suma de pesos siete mil trescientos cuarenta y seis con sesenta y cuatro centavos ($ 7.346,64), por octubre de 2008, la suma de pesos trece mil doscientos sesenta y ocho con veinte centavos ($ 13.268,20), por noviembre y diciembre de 2008 y enero de 2009, la suma de pesos dieciséis mil trescientos noventa y nueve con veintitrés centavos ($ 16.399,23) por cada uno de dichos meses, y por febrero de 2009, la suma de pesos once mil trescientos cuarenta con sesenta y un centavos ($ 11.340,61). Así las cosas, estimó el lucro cesante en la suma de pesos ochenta y un mil ciento cincuenta y tres con catorce centavos ($ 81.153,14).
Sin perjuicio de lo anterior, aclaró que si bien el especialista había computado un factor de actualización, no sería considerado habida cuenta de la prohibición legal vigente de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa.
1.4. Finalmente, se abocó al tratamiento del daño material causado a la actora, por la pérdida de las estructuras de cartelería que fueron retiradas por el Municipio. Recordó que mientras la accionante denunciaba que la autoridad había procedido a la extracción de no menos de novecientas (900) unidades, el Municipio afirmaba –por el contrario- que la cantidad exacta era de doscientos noventa y tres (293) carteles (v. fs. 442).
Refirió, sobre el tópico, que de lo manifestado por la actora y de la prueba por ella producida no existía precisión en cuanto a la cantidad de carteles que –a su juicio- habría retirado el Municipio; resaltó, por el contrario, que tanto la accionante como los testigos (Pablo Javier Lofeudo y Rubén Orlando Lucero) referían a cantidades vagas y redondeadas en aproximación cuando, a su modo de ver, “de los registros de Innovación S.A. debieran surgir cantidades más exactas que lo que manifiesta, máxime si se encuentra reclamando un daño específico”.
En cambio, destacó que en el expediente administrativo adjuntado a la causa obraba una nota del 16 de diciembre de 2008 del Departamento de Limpieza y Mantenimiento Urbano dirigida al Secretario de Economía y Hacienda, en la que se detallaba –con mayor claridad- la cartelería perteneciente a Innovación S.A. retirada entre el 8 y el 18 de septiembre de 2008. Puntualizó que dicho informe arrojaba las siguientes cantidades: ciento setenta y nueve (179) carteles chicos (1.70 x 1.30), sesenta y nueve (69) carteles medianos (2.40 x 1.70) y cuarenta y cinco (45) carteles grandes (3.00 x 5.00), ascendiendo a un total de doscientos noventa y tres (293) carteles (fs. 35/36 expte. cit.).
Con dichos elementos, juzgó que el daño reclamado debía prosperar por los doscientos noventa y tres (293) carteles mencionados en el precitado informe. A su vez, indicó que tras comparar las dimensiones denunciadas en la demanda con el detalle efectuado en el aludido informe, cabía colegir que los carteles chicos eran los llamados “Simples” por la actora, los medianos eran los “Dobles” y los grandes eran los “Séxtuples”.
En cuanto al costo de la cartelería, apuntó que de las declaraciones testimoniales prestadas en autos (por los Sres. Lofeudo, Lucero, Bartoli, Piffer) no era posible establecer con precisión cuál era el valor de la cartelería a la fecha del hecho de marras, pues muchos de los guarismos expresados por los mencionados sujetos no resultaban contemporáneos a la fecha del hecho.
Descartadas las testimoniales, se apuntaló en los datos obrantes en la factura de fs. 129 y en los presupuestos de fs. 131 y 133 (reservados en Secretaría –v. fs. 426- y no desconocidos por la contraparte). Fijó, con tal óptica, el valor del cartel grande en la suma de pesos mil noventa ($ 1.090,00), el del mediano en la suma de pesos trescientos veinte ($ 320,00) y el del chico en la suma de pesos ciento ochenta ($ 180,00).
En consecuencia, estimó el rubro en comentario en la suma de pesos ciento tres mil trescientos cincuenta ($ 103.350,00), importe que resultaba de computar cuarenta y cinco (45) carteles grandes (pesos cuarenta y nueve mil cincuenta -$ 49.050-), sesenta y nueve (69) carteles medianos (pesos veintidós mil ochenta -$ 22.080-) y ciento setenta y nueve (179) carteles chicos (pesos treinta y dos mil doscientos veinte -$ 32.220-).
1.5. En síntesis, acogió la demanda por la suma de pesos ochenta y un mil ciento cincuenta y tres con catorce centavos ($ 81.153,14) en concepto de lucro cesante y por la suma de pesos ciento tres mil trescientos cincuenta ($ 103.350,00) en concepto de pérdida de las estructuras de cartelería, todo lo cual arrojaba un total indemnizatorio de pesos ciento ochenta y cuatro mil quinientos tres con catorce centavos ($ 184.503,14). Expuso que a dicho monto deberían adicionarse los intereses por mora, a calcularse según la tasa pasiva del Banco Provincia, desde el día 8 de septiembre de 2008 (fecha del hecho dañoso teniendo en consideración el día en que comenzaron a retirarse los efectos), hasta su efectivo pago.
2. La demandada, disconforme, deduce recurso de apelación y fundamenta a fs. 665/669.
2.1. Se agravia, en primer término, de la sentencia de grado en cuanto ordenó indemnizar las ganancias dejadas de percibir por la actora, como consecuencia del retiro de la cartelería. Sostiene que el citado rubro no resulta indemnizable en el caso. Seguidamente desarrolla la temática desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado por su actividad lícita, sosteniendo que cuando se ocasiona un daño a un particular en tal marco, “la reparación no puede constituirse en una fuente de beneficios o enriquecimiento para el afectado”. Cita jurisprudencia que entiende de aplicación al caso y peticiona que se deje sin efecto el rubro en cuestión.
Para más, aduce que las pericias practicadas en autos –y en las que se basó el juez- no lograron determinar con precisión el quantum del rubro en examen, el cual resultaría hipotético y carente de toda base científica, por lo que correspondería –a todo evento- decretar su rechazo.
2.2. Por otro lado, se agravia de la suma fijada por el a quo, para recomponer el valor de las estructuras retiradas por la accionada. Expresa que no existe prueba fehaciente tanto de la cantidad exacta de carteles que habrían sido retirados, como del valor unitario que tendrían, en atención a sus dimensiones.
Refiere que tal circunstancia, reconocida incluso por el juez de grado, “debió importar el rechazo del rubro reclamado”, en tanto la carga de la prueba del mentado extremo recaía sobre la parte demandante.
Amén de lo expuesto, critica que el magistrado se haya basado en las facturas y presupuestos obrantes en autos para establecer el valor de la cartelería, que fueron desconocidos por su parte.
Hace reserva del Caso Federal.
3. La actora, a su turno, apela el fallo de grado y fundamenta a fs. 671/679.
3.1. Reputa contradictorio el razonamiento del magistrado, en cuanto –por un lado- sostuvo que el acto administrativo de fecha 25-2-2009 carecía de fuerza para sanear o convalidar la actuación irregular previa, mas –por el otro- apuntó que dicha decisión constituía el límite temporal del lucro cesante reclamado.
Sostiene que la entidad del daño reclamado no puede depender del dictado de dicha decisión tardía, máxime cuando el Municipio desobedeció la sentencia firme dictada en el expediente en el que tramitó la pretensión de cesación de la vía de hecho administrativa, incumpliendo así el mandato que le imponía reinstalar la totalidad de los carteles retirados, “única conducta idónea para evitar que el lucro cesante siguiera produciéndose”.
Aduce que tal situación le ocasionó un daño que “únicamente podía cesar con la colocación de nuevos carteles que permitieran retomar la actividad comercial en la ciudad”, lo que tuvo que hacer a su exclusivo costo, pudiendo recuperar recién en el mes de mayo de 2010, un nivel de facturación similar al que tenía con anterioridad a la vía de hecho (cfr. fs. 672).
En razón de lo expuesto, postula que la indemnización por este rubro ha sido erróneamente calculada, correspondiendo que la indemnización del lucro cesante se extienda desde el mes de septiembre de 2008 hasta el mes de mayo de 2010.
3.2. De su lado, en cuanto a la indemnización del daño material por la pérdida de los artefactos retirados, sostiene –ante todo- que el juez de grado reconoció “una cantidad de carteles mucho menor a la que surge de las pruebas de autos”. Postula que la suma indemnizatoria por este rubro debe representar –cuanto menos- el costo de los 838 carteles cuyo retiro ordenó la Comuna demandada, en el expediente administrativo N° 210-12032/2008.
Para sustentar su pretensión, hace mérito de los siguientes elementos de prueba, que habrían sido relativizados o ni siquiera tenidos en cuenta en el fallo de la instancia: (i) las constancias obrantes en el mentado expediente administrativo, en el que se ordenó el retiro de la “totalidad” de los 838 carteles que surgían del listado allí confeccionado; (ii) la magnitud del operativo que fue montado a tal fin por la autoridad (conf. fotografías de fs. 95/135 y 192/394); (iii) las declaraciones testimoniales de los Sres. Lofeudo y Lucero, quienes aseveraron que la accionada retiró una cantidad que ronda entre los setecientos cincuenta y los ochocientos carteles; (iv) la merma en la facturación que advirtió el perito Scalise no se condice con la escasa cantidad de carteles que mandó indemnizar el a quo, pues de receptarse la hipótesis del fallo (293 carteles), la baja en la facturación debió ser “casi imperceptible”, teniendo en cuenta la totalidad de carteles con que era desarrollada la actividad comercial de la sociedad actora.
3.3. Seguidamente, peticiona que tanto el lucro cesante como el daño emergente por la pérdida de carteles sean determinados a valores actuales, dado que la fijación del resarcimiento según los valores históricos vigentes a la fecha del hecho no permitiría, en el caso, alcanzar una justa composición del daño sufrido, a la luz del acuciante proceso inflacionario por el que atraviesa nuestra economía y que es de público y notorio conocimiento.
Dice que del expediente surgen valuaciones del daño de fecha más próxima a la del dictado de la sentencia, por lo que deberían ser tenidas en cuenta, a fin de mitigar el impacto nocivo que dicho proceso tuvo sobre el poder adquisitivo de la moneda de curso legal. Considera que lo peticionado no importa echar mano a un mecanismo de actualización vedado por la ley de convertibilidad, “sino simplemente entender que el daño debe repararse de manera integral, no a medias”.
3.4. Por último, se agravia de que la sentencia haya condenado al pago de los intereses con base en la tasa pasiva común u ordinaria del Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta (30) días, sin haber contemplado la incidencia de la tasa pasiva digital, desde la fecha en que fue creada, en tanto resulta más beneficiosa para su parte.
II. Me abocaré, en lo que sigue, al examen de los agravios que tanto una como otra parte han esgrimido ante esta instancia de apelación, en defensa de sus derechos, respetando un patrón de coherencia y orden lógico, en el abordaje de las distintas cuestiones.
1.1. Cabe tener presente, a título introductorio, que el presente juicio indemnizatorio fue promovido por la firma Innovación S.A., empresa dedicada a la industria publicitaria, y que desarrolla parte de sus actividades en la localidad de Bahía Blanca, ámbito territorial donde se instala el conflicto de marras. La operatoria de la actora consiste en la provisión a terceros de espacios para publicidad en cartelería de su propiedad, que es apoyada en paredes y paredones del ejido urbano, sometidos al dominio y la regulación de la autoridad local (conf. arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 15, 16, 17, 18 y ccds. de la Ordenanza General N° 197/77).
A través de la pretensión impetrada, la reclamante procura el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos a raíz del “ilegítimo” comportamiento material del Municipio, el que incurriendo en una vía de hecho, procedió a retirar unilateralmente –entre los días 8 y 18 de septiembre de 2008- parte de las estructuras publicitarias que se hallaban bajo su explotación, acontecimientos de los que se derivaron – según denuncia- menoscabos económicos de diversa índole (cfr. escrito de demanda obrante a fs. 413/425, del 21-5-2009). La responsabilidad que predica la demandante descansa, fundamentalmente, en lo resuelto en la causa “Innovación S.A. c. Municipalidad de Bahía Blanca s. Pretensión de Cesación de Vía de Hecho Administrativa” (Expte. N° 7762), que fue instruida a raíz de los hechos descriptos precedentemente y que tramitó ante el mismo órgano judicial del que emana la sentencia aquí apelada. Luego de constatar que “el comportamiento de la demandada luc[ía] inconciliable con el principio de legalidad, al carecer… del soporte jurídico imprescindible para llevarla adelante”, el entonces magistrado a cargo de la dependencia dictó sentencia de mérito mediante la cual acogió la demanda incoada y ordenó la cesación de la vía de hecho administrativa, dado que –entre otras razones- “el retiro de la cartelería, como operación administrativa de ejecución por el municipio, carec[ía] del necesario acto administrativo que lo sustente”. Con todo, condenó a la demandada a restituir las estructuras de cartelería de propiedad de la actora, en los sitios donde habían sido retiradas (véase sent. del 2-12-2008; conf. surge del servicio de consulta de causas digital de la S.C.B.A., Mesa de Entradas Virtual, www.mev.scba.gov.ar ).
1.2. Más allá de su acierto o sinrazón, dicho pronunciamiento se encuentra firme y consentido, dato que no es controvertido en esta instancia de apelación por ninguno de los adversarios. Así pues, la ilegitimidad constatada en los autos de mención respecto del accionar material del Municipio, sobre la que no corresponde abrir juicio en esta sede (arg. art. 272 y ccds. del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.), constituye el presupuesto de la pretensión indemnizatoria que aquí se ventila, toda vez que el fundamento jurídico de la reparación pretendida está dado, precisamente, por aquel comportamiento público, lesivo de intereses de la actora (arg. art. 109 y ccds. del decreto ley 7647/70).
Con lo dicho hasta aquí, queda claro que en la especie se persigue la reparación de los daños padecidos por el afectado por una vía de hecho administrativa (previamente declarada por un órgano jurisdiccional en sentencia firme), comportamiento que –por definición- constituye una infracción especialmente grave al principio de juridicidad.
Mal no viene recordar que la vía de hecho evidencia una actuación de suyo irregular, que desborda las atribuciones que legítimamente ejerce la autoridad administrativa y, en tal carácter, mal puede ser reconocida como la aplicación o derivación de un texto legal o reglamentario. A la par que desprovista de título jurídico que la justifique, es un obrar que afecta o vulnera derechos individuales. En ello radica su condición esencial: una actuación administrativa material y ofensiva, realizada sin los necesarios soportes jurídico formales (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas B. 62.439 “Mottet”, sent. del 1-IV-2015; B. 61.256 “Milillo”, sent. del 15-VI- 2016; arg. doct. esta Cámara causa C-6555-MP2 “Sánchez”, sent. del 31-V-2016).
Tal hipótesis de conflicto debe, ineludiblemente, encuadrarse dentro del campo de la responsabilidad estatal por sus comportamientos ilegítimos, tal como fue correctamente abordada en el fallo de la instancia, ámbito en el que –por regla- rigen los postulados de la reparación integral (arg. doct. S.C.B.A. causa A. 72.518 “Torino”, sent. del 16-III-2016).
2.1. A tenor del escenario precedentemente reseñado y adentrándome en el tratamiento de los agravios referidos al reconocimiento del lucro cesante pretendido por la empresa, habré de dejar de lado todo el desarrollo argumental del Municipio cuando, al apelar, pretendió poner en crisis la sentencia de grado afirmando que la compensación de tal rubro indemnizatorio no resultaba procedente en aquellos casos en los que está en juego la responsabilidad del Estado por su actividad lícita.
El notorio desenfoque en que ha incurrido la apelante sobre el contexto verificado en el pleito, me releva de mayores comentarios.
2.2. Si bien es desechable todo aquel desarrollo traído en apelación sobre la improcedencia de indemnizar el lucro cesante en materia de responsabilidad lícita del Estado, no es menos cierto que la Comuna apelante reitera en su memorial la oposición al reconocimiento que por tal rubro hiciera el sentenciante de grado. Esa queja no es menor: la demandada se mantiene en su resistencia a que la judicatura la obligue a resarcir a su contraparte un potencial lucro perdido por el desarrollo de una actividad [publicidad] a la que, en la contestación de demanda, calificó de ilegal [cfr. fs. 442], por cuanto "los carteles carecían de permiso municipal" [cfr. fs. 441 vta.].
Manteniéndose, pues, ante esta alzada el férreo antagonismo del Municipio al reconocimiento del lucro cesante a su contraria, corresponde dirimir la controversia conforme a derecho, más allá del censurable desenfoque de argumentos jurídicos traídos por el Municipio en su libelo de apelación en el punto analizado y siempre dentro de los contornos que conformaron la litis; en la especie, la improcedencia de una condena a pagar un daño derivado de un interés económico contrario a derecho, aun cuando el menoscabo encuentre su causa en una accionar público irregular. No paso por alto que el sentenciante de grado omitió toda consideración sobre el particular, a pesar de que ello constituyó una viga esencial de la traba de la litis, como se reseñara supra. Entonces, por conducto del art. 273 del C.P.C.C. [aplicable al presente vía el art. 59 inciso 4° del C.P.C.A.], esta Cámara no puede escapar de abordar la temática desde esa perspectiva.
2.2.1. Liminarmente debe evaluarse si aquello denunciado por el Municipio -que la cartelería retirada no contaba con permiso municipal- surge acreditado en autos.
Del Expte. Administrativo N° 210-00012032/2008 acollarado como prueba extraigo los siguientes datos de interés sobre el punto analizado, a saber:
(i) Según da cuenta la copia de la sentencia recaída en la causa 7762 "Innovación S.A. c Municipalidad de Bahía Blanca s. Pretensión Cesación Vía de Hecho Administrativa", obrante a fs. 30/34, la propia firma actora afirmó que la actuación material del Municipio de retirar la cartelería estuvo motivada en el hecho de que "muchos de los carteles existentes en el ejido urbano carecían de la pertinente autorización" [cfr. fs. 30 in fine];
(ii) Por resolución del Secretario de Economía y Hacienda de fecha 25-06-2008, se intimó a Innovación S.A. para que en 48 horas procediera a presentar con carácter de declaración jurada un detalle de las estructuras de su propiedad instaladas en el Partido de Bahía Blanca con destino a la fijación de afiches publicitarios, debiendo consignar cantidad, superficie, ubicación y color del marco, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en las normas locales que cita [cfr. fs. 11].
(iii) Frente al incumplimiento de la Empresa al requerimiento administrativo, el Secretario de Economía y Hacienda dicta una nueva resolución, esta vez el 17-12-2008, haciendo saber que el retiro de la cartelería perteneciente a Innovación llevado a cabo por el Municipio encuentra su causa en la ausencia de respuesta a la intimación practicada por el art. 2 de la Resolución del 25-06-2008 [fs. 37], aunque es recién el 25-02-2009 cuando por acto administrativo fundado [cfr. fs. 90] se ordena "el retiro de la cartelería instalada en forma irregular" según el detalle contenido en las resoluciones del 25-06-2008 [se consigna 03-07-2008, erróneamente porque tal fecha corresponde al día de confección de la carta documento de notificación -ver fs. 14/15] y del 08-01-2009, alegándose que tales soportes publicitarios carecían de permiso [ver considerando tercero in fine].
(iv) El último acto administrativo citado fue recurrido en sede comunal por la empresa según da cuenta el escrito glosado a continuación de la foja 96 y que obra recibido el 13-03-2009 en la Secretaría de Economía y Hacienda. Ninguna constancia refleja el resultado de tal planteo impugnativo o patentiza sobre si el acto administrativo de fecha 25-02-2009 ha sido cuestionado judicialmente, si se halla a la fecha suspendido en sus efectos por orden cautelar jurisdiccional y/o si ha sido declarado nulo por sentencia firme en proceso contencioso administrativo.
A tenor de lo relevado -particularmente en los subpuntos (iii) y (iv) precedentes- cabe tener por acreditado que la cartelería retirada por el Municipio no contaba con permiso previo para su instalación, ya que así lo recita la Resolución del Secretario de Economía y Hacienda municipal del 25-02-2009. Y a tenor de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos -presunción que subsiste hasta tanto se declare lo contrario por órgano competente- [cfr. C.S.J.N. in re "Estado Nacional - Fuerza Aérea Argentina e/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de pesos/sumas de dinero", sent. de 28-o6-2016 y sus citas], no cabe más que estar a sus términos y considerar que la actividad publicitaria de la actora que se vio frustrada por el retiro de los soportes pertinentes, resultaba contraria a derecho por no contar con la autorización de la autoridad pública de conformidad con la Ordenanza Municipal N° 197/77 [ver texto fs. 4/5 Expte. adm.].
2.2.2. Clarificado lo anterior, tengo para mí que el agravio del Municipio en esta parcela -queja frente al acogimiento del rubro lucro cesante por el sentenciante de grado- debe prosperar.
Recuerda la Corte Suprema de Justicia nacional que el concepto jurídico de daño, salvo restricciones particulares queridas por el legislador, abarca la protección de todo interés no reprobado por la ley [Fallos 324:2972]. Esa misma fórmula ha sido utilizada por el doctor Hitters en su voto en la causa S.C.B.A. Ac. 79.171 "Vega" [sent. de 07-V-2003] y resulta receptada, por cierto, por la nueva codificación civil y comercial [cfr. art. 1737 del C.C.C.].
Desde tal plataforma, habiendo quedado probado en autos que la cartelería de la que se valía la actora para obtener ganancias -a la postre retirada ilegítimamente por el Municipio al incurrir en una vía de hecho administrativa- no contaba con la pertinente autorización del gobierno local conforme las normas que en tal territorio regulan la publicidad callejera, entonces, ningún lucro cesante puede ser reconocido en este pleito, ya que cualquier producido de aquella actividad publicitaria no representa más que ingresos obtenidos a contrapelo de la ley y, por ello, la frustración de su percepción -en razón de la vía de hecho administrativa oportunamente censurada por la jurisdicción- no reviste el carácter de daño jurídico resarcible.
No hay dudas que la vía de hecho del Municipio [retiro de cartelería sin título ni basamento alguno] redujo sensiblemente la capacidad económica con que contaba la empresa para generar recursos, al retacear las estructuras que su parte explotaba y que alquilaba a otras personas, a cambio de un canon locativo [cfr. fs. 413 vta./414, apartado IV y 415 vta./418, apartado VI del escrito de demanda], empero, la ilegitimidad del accionar material del Municipio aunque indiscutible -como se viera supra-, no alcanza para convertir en lícito aquel interés económico manifiestamente ilícito de la sociedad accionante.
2.2.3. Con todo, habré de proponer al Acuerdo acoger en esta parcela el agravio del Municipio apelante, revocar la sentencia de grado en cuanto acogió el reclamo resarcitorio de lucro cesante y, consecuentemente, rechazar la demanda de la actora respecto de este segmento de su pretensión indemnizatoria.
La precedente propuesta resolutoria me exime de abordar los agravios de la sociedad actora blandidos en torno a la extensión del resarcimiento del lucro cesante reconocido por la instancia de grado [cfr. apartado I. Puntos 3.1. y 3.3. de este voto en lo pertinente], ya que su tratamiento deviene inoficioso al quedar absolutamente desplazado por el rechazo a la pretensión de condena de tal segmento del daño, según el esquema de solución que propongo para esta materia (cfr. doct. esta Cámara causas C-2242- NE1 “Val”, sent. del 07-II- 2012; C-3419- MP1 “Blois”, sent. del 07-VIII-2013).
3. Me abocaré seguidamente al tratamiento del daño emergente fijado en el fallo apelado, representativo del importe de las estructuras y carteles de propiedad de la actora que fueron retirados por personal de la Comuna -y no reintegrados- entre los días 8 y 18 de setiembre de 2008.
3.1. Quede claro que la consideración que hiciera supra en torno a la presunción de legitimidad de la decisión del Secretario de Economía y Hacienda de fecha 25-02-2009 no importa, bajo ningún aspecto en cuanto a la evaluación de la ocurrencia del daño emergente, pasar por alto la actitud reticente que el Municipio tuvo frente al fallo judicial que –oportunamente- le había condenado a restituir las estructuras de cartelería de propiedad de la empresa en los sitios de donde habían sido retiradas y por la cual, incluso, le fueron aplicadas sanciones pecuniarias (sent. del 2-12- 2008 supra cit.; véase también doct. esta Cámara en la causa C-1867-BB1 “Innovación S.A.”, sent. de 09-VIII-2011). La peculiar realidad que se presenta en el caso de marras indica que la autoridad accionada nunca dio cumplimiento con la sentencia firme que le ordenaba cesar en la vía de hecho y restituir la cartelería a su lugar de origen (conf. se colige de los registros informáticos del Poder Judicial –www.mev.scba.gov.ar-). Entonces, carece de sentido práctico esperar a que la accionada –dando cumplimiento a la sentencia dictada en fecha 2-12-2008 en el marco de la pretensión del art. 12 inc. 5° del C.P.C.A.-, vuelva a emplazar la cartelería de propiedad de la actora, ya que ésta, inmediatamente después, bien podría ser removida, por imperio de la decisión ejecutoria emanada del Secretario de Economía y Hacienda Municipal (del 25-2-2009).
El sentido común, por tanto, torna aconsejable adoptar un tipo de composición para el conflicto que se amolde a los lineamientos antes trazados, con la premisa clara de no dejar impune –lógicamente- el daño emergente experimentado por la actora como consecuencia de la operación material desplegada por la Comuna -constitutiva de la vía de hecho- y que conforma el thema decidendum del presente proceso indemnizatorio (arg. arts. 163, 164 y ccds. del C.P.C.C.; arts. 50, 77 y ccds. del C.P.C.A.).
En ese orden de ideas, considero que la solución brindada sobre el punto por el magistrado de la instancia en torno a la procedencia del resarcimiento por daño emergente resulta de toda razonabilidad, dado que condenó a la autoridad municipal a indemnizar el importe de reposición de las estructuras o carteles que antaño había retirado sin título bastante y que la actora –en razón del peculiar derrotero reseñado en los párrafos precedentes– nunca recuperó de parte de la accionada [a pesar de la orden judicial dada en tal sentido], teniéndolas que abonar de su propio peculio.
Se trata de un ejercicio sustitutivo que tiene a garantizar la reparación plena de los daños causados por la ilegitimidad estatal pese al paso del tiempo y el devenir de los sucesos, y que incluso fue tácitamente insinuado por la propia demandante al sentar las bases de su reclamo y enunciar el repertorio de daños cuya reparación solicitaría a la justicia, en el marco del presente juicio de responsabilidad (fs. 413/425). Repárese, verbigracia, que si el Municipio hubiera satisfecho oportunamente la condena judicial que pesaba en su contra en el proceso seguido para la cesación de la vía de hecho –restituyendo la totalidad de la cartelería retirada-, no hubiera tenido sentido evaluar, pues, en estos autos, la procedencia de un resarcimiento compensatorio del importe de adquisición al que ascendían las referidas estructuras, dado que ello importaría un enriquecimiento sin causa para la actora.
Sin embargo, como vimos, el daño emergente fue expresamente incluido en el catálogo de rubros reconocidos en el pronunciamiento de grado, como modo de borrar la incidencia de toda secuela perjudicial que pudiera haber dejado aquella intromisión material lesiva, otrora cometida por la autoridad municipal.
3.2. A salvo lo anterior, el primer escollo que corresponderá sortear a los fines de evaluar la condena por daño emergente es el relativo a la determinación de la cantidad concreta de estructuras que la accionada efectivamente procedió a remover.
3.2.1. La accionante se agravia de lo resuelto por el juez de grado, quien atendió el segmento con un alcance menor al pretendido en la demanda. Así, luego de repasar las constancias de la causa, el magistrado juzgó que el daño reclamado debía prosperar solamente por los doscientos noventa y tres (293) carteles que se especificaban en el informe elaborado por el titular del Departamento de Limpieza y Mantenimiento Urbano de la Municipalidad de Bahía Blanca, única prueba que a su juicio reflejaba –con cierta precisión, ante la carencia de mayores elementos de convicción- el detalle, cantidad, ubicación geográfica dentro del radio urbano y dimensiones de los carteles retirados con motivo de los hechos de marras, con expresa indicación de las fechas en que cada uno de los trabajos había sido realizado (entre los días 8 y 18 de setiembre de 2008), por la cuadrilla dependiente de la Unidad de Talleres, Electricidad, Mecánica y Limpieza, afectada a tal fin, y que contó con el auxilio permanente de los Inspectores de Tránsito del Distrito (cfr. fs. 35/36 del expte. 210-12.032/08, informe suscripto por el Ingeniero Luis Araoz, en fecha 16-12-2008).
Luego de clasificar a las estructuras de cartelería existentes en “chicas” (1,70 x 1,30 mts. aprox.), “medianas” (2,40 x 1,70 mts. aprox.) y “grandes” (3,00 x 5,00 mts. aprox.), el informe de mención da cuenta de que: (i) el día 8-9-2008 se retiraron 94 carteles en las calles Capitán Martínez e/ Neuquén y Chubut, y sobre Chubut e/ Capitán Martínez y Brown (88 unidades chicas, 3 medianas y 3 grandes); (ii) el 9-9-2008 se extrajeron otros 34 carteles que había emplazados en las calles Capitán Martínez e/ Neuquén y Chubut, en Chubut e/ Capitán Martínez y Brown, y sobre Brown e/ Chubut y Neuquén (de los cuales 18 eran chicos, 6 medianos y 10 grandes); (iii) el 10-9-2008 fueron removidos 47 carteles de la calle Sixto Laspiur –paredón lado sur- e/ Holdich y Juan Medina (4 chicos, 33 medianos y 10 grandes); (iv) el 11-9-2008 se quitaron las 28 estructuras que se hallaban emplazadas en la calle San Luis e/ Chiclana y San Martín (3 chicas, 15 medianas y 10 grandes); (v) el 12-9- 2008 se retiraron tan solo 5 unidades chicas sobre la calles Chile 800/700 y Brickman al 600; (vi) el 15-9-2008 se descolgaron 35 carteles en la calle Brown esquina Río Negro (11 chicos, 12 medianos y 12 grandes); (vii) el 17-9-2008 se retiraron 4 estructuras chicas en las calles Rondeau al 900 (vías) y Estomba al 800; (viii) y finalmente, el día 18-9- 2008 se removieron 46 carteles chicos en las calles Undiano y Brickman, España al 850, Chile al 300, Chubut esquina Brown, Chile al 100 y Chiclana y Pueyrredon.
La información consignada en dicho inventario, asimismo, fue refrendada por el Secretario de Economía y Hacienda del Municipio, quien en fecha 17-12-2008 dictó una Resolución haciendo propios los datos allí volcados y declarando, así, que “los carteles retirados por la Municipalidad de Bahía Blanca… se encuentran detallados en el informe elaborado por el Departamento de Limpieza y Mantenimiento Urbano…, el cual forma parte de la presente Resolución” (cfr. fs. 38 expte. administrativo N° 210-12032/08, citado).
3.2.2. La actora, insatisfecha, pone en tela de juicio la veracidad de los datos obrantes en el mencionado documento público (que, reitero, hacen un total de 293 carteles -179 “chicos” o “simples” según como los denomina la actora, 69 “medianos” o “dobles” y 45 “grandes” o “séxtuples” –cfr. 420 y vta.-), pues –según dice- el número de estructuras retiradas –en los hechos- sería ampliamente superior al indicado en el informe: “no menos de novecientas (900) unidades” (según adujo en su demanda –cfr. fs. 418 vta.-), o cuanto menos los “838 carteles” que refiere en su memorial de apelación (cfr. fs. 673 y vta.).
Dicho en otras palabras, la apelante pretende que el guarismo indicado se eleve significativamente, a tal punto que su pretensión tiende prácticamente a triplicar la cantidad de estructuras contabilizadas en el fallo. Sin embargo, la actividad procesal que ha desplegado en los autos no parece condescenderse con sus afanosas apetencias resarcitorias (arg. art. 375 del C.P.C.C.).
Teniendo en cuenta el monto patrimonial que ha comprometido en el caso y la experticia que aduce poseer en el campo de los negocios publicitarios (cfr. fs. 413 vta., 414 y ss. del escrito de demanda), era razonable esperar de la empresa otro despliegue argumentativo en la exposición de los hechos del caso, brindando la información necesaria para que la jurisdicción pudiera identificar, con la mayor precisión posible, cada una de las estructuras que adujo haber perdido a consecuencia del obrar de la demandada. La falta de determinación que se evidencia en este tópico constituye un obstáculo a la adecuada reconstrucción de los hechos y empaña, por caso, la tesitura procesal de quien debe cargar con la prueba de los extremos que invoca (cfr. arg. art. 375 y ccds. del C.P.C.C.; arts. 27 inc. 4°, 77 y ccds. del C.P.C.A.; cfr. arg. art. 902 y ccds. del Código Civil t.a.).
A su vez, si la accionante procedió efectivamente a reemplazar -por su cuenta- la totalidad de la cartelería retirada por el personal municipal (tal como asevera en su memorial recursivo –cfr. fs. 672-), pues entonces hubiera sido de suma utilidad que acompañara a estos actuados los recibos o comprobantes respaldatorios de tales adquisiciones, en tanto ello permitiría trazar –aunque más no sea por la vía indiciaria- un paralelismo aritmético entre el número de estructuras reemplazadas (a partir del mes de septiembre de 2008) y el de aquellas que –según denuncia- fueron injustamente removidas por la autoridad pública (arg. arts. 163 inc. 5°; 384 y ccds. del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.). Las circunstancias descriptas, lejos de echar luz sobre la temática en examen, ensombrecen parcialmente la versión de los hechos delineada por la actora al demandar.
3.2.3. Además, las denuncias que la actora esgrime no logran poner en evidencia una irrazonable valoración del material probatorio por parte del magistrado de grado, para quien el antedicho informe practicado en las actuaciones administrativas debía prevalecer sobre las declaraciones de los testigos propuestos por la actora, y los remotos elementos indiciarios de los que pretendía valerse para imponer su tesitura procesal. No es suficiente la exposición de un punto de vista distinto al expresado en el fallo respecto de la valoración de los elementos de prueba, si no se expresa cuáles serían las reglas de la sana crítica que habría infringido el juzgador, ni se patentiza de manera concreta, directa y eficaz que el juez actuante ha valorado de manera ilógica o irracional la prueba rendida (arg. art. 374 y ccds. del C.P.C.C.; arg. art. 77 y ccds. del C.P.C.A.). Así, la incidencia de la declaración de los testigos Pablo J. Lofeudo y Rubén O. Lucero bien pudo ser relativizada por el juez de la causa, ante la existencia de otros elementos que arrojaran un mayor valor de convicción. Si bien dichos sujetos no eran empleados directos de Innovación S.A., no es menos cierto que tenían una particular y cercana vinculación con la empresa, en tanto eran contratados para realizar las tareas de pegado de los afiches, en los distintos espacios del ejido urbano que comercializaba la apelante (cfr. fs. 482/485 de autos; cfr. arg. arts. 384, 439, 456 y ccds. del C.P.C.C.; arg. art. 77 y ccds. del C.P.C.A.).
Por otra parte, la apelante refiere que las fotografías obrantes en el expediente dan cuenta de la magnitud del operativo que fue montado por la autoridad, lo que a su juicio permitiría colegir que la cantidad de carteles retirados por la cuadrilla municipal fue en realidad muy superior a la indicada en el pronunciamiento. De dichos aportes fotográficos no es posible desprender, razonablemente, a mi modo de ver, el particular escenario que describe la actora, razón por la cual sus aseveraciones no constituyen más que una mera apreciación subjetiva de parte, carente de rigor probatorio (cfr. fs. 192/409).
En similar sentido, habré de descartar el indicio que la actora pretende construir a partir del informe pericial elaborado por el Licenciado L. Scalise (cfr. fs. 609/614). De su contenido no es posible extraer que el número de carteles retirados por la Administración sea efectivamente mayor al indicado en el fallo. Es que, para calcular el lucro cesante, el referido dictamen se basó solamente en el análisis comparativo de los promedios históricos de facturación de la empresa (desde los años 2005 a 2011), sin tener en cuenta otros elementos, como podría ser el número de número de carteles afectados a la venta de publicidad, en cada uno de los períodos relevados. Para más, fue el propio experto quien puso de manifiesto que “lamentablemente la actora no lleva un registro cronológico… detallando la cantidad de carteles disponibles”, datos que “hubieran ayudado a… depurar las conclusiones llegadas solo de la observación de los montos facturados” (cfr. fs. 37 vta. del expte. judicial cit., en el que obra la pericia). Ello basta para descartar la hipótesis que esgrime la quejosa en el memorial, que he de desechar, sin más.
3.2.4. Con todo, habré de rechazar el restante planteo de la accionante, para quien del propio acto administrativo del Secretario de Economía y Hacienda Municipal (de fecha 25- 2-2009) surgiría, efectivamente, que la cantidad de estructuras retiradas por la Comuna ascendería a un número muy cercano (838) al indicado en el escrito de demanda (no menos de 900).
Ya hemos visto que la mencionada decisión ordenó “el retiro de la cartelería instalada de forma irregular” perteneciente a la firma Innovación S.A. (cfr. fs. 90 del expte. administrativo citado); también he dicho que, por no mediar discusión entre las partes, dichas estructuras coincidirían con las que ya habían sido retiradas previa e ilegítimamente por el personal del Municipio, en septiembre de 2008, todo lo cual dio paso al presente juicio indemnizatorio.
Ahora bien, no paso por alto que, al ordenar la remoción de los carteles, el acto también remite al “detalle que integra las resoluciones de fecha 03 de julio de 2008 y 08 de enero de 2009, notificadas a Innovación S.A. según constancias obrantes a fs. 50/68” (cfr. art. 1° de la Res. citada). A través de dichas resoluciones se intimó a la parte actora a regularizar su situación respecto del pago de la “Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios” y “Derechos por Publicidad y Propaganda”, abonando los importes adeudados y cumpliendo con los deberes formales que pesaban sobre la firma contribuyente (cfr. fs. 13/15, 48, 50/63 y ss. del expediente adm. citado). Dichos actos contienen un Anexo complementario con la determinación de la deuda en concepto de Derechos de Publicidad y Propaganda que efectuó la Administración, en el que se consignan liquidaciones segmentadas del tributo por un número de unidades que sería superior al expresado en el mencionado informe del Depto. de Limpieza y Mantenimiento Urbano, respecto de las estructuras efectivamente retiradas (de fs. 35/36 del expte. adm. citado).
Empero, del análisis de dicha determinación tributaria no es posible desprender –con el grado de patencia necesariola conclusión a la que la accionante pretende arribar, para poner en crisis las conclusiones del fallo (arg. art. 384 del C.P.C.C.; art. 77 del C.P.C.A.). En efecto, los criterios que la Administración utiliza para el cálculo y liquidación de la mentada tasa no necesariamente tienen que coincidir con aquellos que, por fuera de la óptica tributaria, se toman en cuenta para contabilizar e inventariar el número de carteles que –desde un punto de vista estrictamente físico- fueron retirados por el personal de la Comuna, en los acontecimientos del mes de septiembre de 2008. De allí que, al no poseer más elementos que los datos aislados que surgen de la antedicha liquidación, no es posible trazar la simetría que propone la apelante, con el fin de equiparar el número de unidades computadas a los fines del cálculo de la tasa, con el número de carteles efectivamente retirados por la cuadrilla del Municipio y relevados en el informe de fecha 16-12-2008 (cfr. fs. 35/36 expte. adm. cit.).
3.2.5. Por todo lo expuesto, corresponderá rechazar el agravio esgrimido por la actora (en el punto “I.3.2.”) y confirmar el pronunciamiento de grado en este tópico, en cuanto juzgó que el daño reclamado debía prosperar por los doscientos noventa y tres (293) carteles que se especificaban en el inventario del Departamento de Limpieza y Mantenimiento Urbano de la Municipalidad de Bahía Blanca.
Con todo cabe aclarar, sobre el punto, que si bien la Comuna accionada en su memorial pretende que el rubro en cuestión sea rechazado en su totalidad –por la ausencia, a su juicio, de todo elemento de convicción que lo avale-, ello en modo alguno se condice con la postura que asumiera al contestar la demanda, donde reconoció expresamente que su parte había retirado el número de carteles mencionados en el apartado anterior (cfr. fs. 442). Su agravio (identificado en el punto “I.2.2.”), por tanto, no merece mayor consideración y debe rechazarse sin más, al importar un franco acometimiento a la doctrina de los propios actos (doct. S.C.B.A. causas Ac. 86.638 “P., O”, sent. de 27-X-2004; Ac. 90.093 “Colombo”, sent. del 19-X-2005; esta Cámara causas C- 3003-MP1 “Viñas”, sent. del 17-V-2012; C-4143-MP2 “Roldán”, sent. del 5-XII-2013).
3.3. Resuelto lo anterior, corresponde abordar los planteos que las partes esgrimen en punto al monto indemnizatorio que el juez de grado fijó para compensar la pérdida material sufrida por la accionante (daño emergente), a causa del retiro de la cartelería que era de su propiedad. Cabe recordar que, para estimar el importe unitario de las estructuras, el a quo se basó en los datos volcados en la factura de fs. 129 y en los presupuestos de fs. 131/133, de los cuales surgía que cartel grande tenía un precio de pesos mil noventa ($ 1.090,00 –conf. factura de fs. 129, N° 0001- 00018678 emitida por la firma “AMSA S.R.L.” con fecha 8-8- 2008-), el mediano un costo de pesos trescientos veinte ($ 320,00 -conf. presupuesto de fs. 133, confeccionado en fecha 13-3-2009 por Norberto Bartoli, de la firma “Norma Lidia Rodríguez, Armado de Cartelería”-), y finalmente el chico un importe que ascendía a la suma de pesos ciento ochenta ($ 180,00 –conf. presupuesto de fs. 131, también de fecha 13-3- 2009 y emanado del mismo Norberto Bartoli).
Con dichos elementos, estableció en concepto de daño emergente la suma de pesos ciento tres mil trescientos cincuenta ($ 103.350,00) –con más intereses-, importe que resultaba de computar: (i) cuarenta y cinco (45) carteles grandes (pesos cuarenta y nueve mil cincuenta -$ 49.050-); (ii) sesenta y nueve (69) carteles medianos (pesos veintidós mil ochenta -$ 22.080-); y (iii) ciento setenta y nueve (179) carteles chicos (pesos treinta y dos mil doscientos veinte -$ 32.220-).
3.3.1. La actora se agravia de que el resarcimiento se haya efectuado teniendo en cuenta el valor histórico de adquisición que poseían los mencionados objetos en la fecha más próxima al hecho. A su juicio, la indemnización debe ser fijada “a valores actuales”, pues la adecuada compensación del daño exige que su parte reciba una suma equivalente a la necesaria para adquirir nuevamente el valor patrimonial (cartelería) del que fue privada. Sostiene, así, que lo reclamado constituye una verdadera deuda de valor, en relación a la cual no regiría la prohibición de actualización establecida en la ley de convertibilidad.
Su cuestionamiento no puede ser atendido.
Debo subrayar, nuevamente, que la propia apelante reconoce haber procedido a reponer –de su bolsillo- todos y cada uno de los carteles que oportunamente retiró el Municipio –y que nunca restituyó-, para poder de tal modo recuperar el nivel de ingresos –según dice- que poseía con anterioridad a dicho comportamiento material de la accionada (cfr. fs. 672 del memorial de agravios).
Siendo ello así, el debate que propone en relación a las denominadas deudas u obligaciones de valor no podría tener espacio en el caso que nos ocupa, pues –en razón de lo expuesto supra- la condena de marras no ha de apuntar, técnicamente, a la recomposición de un “valor” afectado (que en el caso estaría representado por la cantidad de dinero necesaria para reponer la cartelería), sino lisa y llanamente a la devolución de las sumas de dinero en que la demandante ya incurrió para la reinstalar las estructuras y carteles de los que fue privada. No hay aquí una verdadera obligación de valor (arg. art. 772 del C.C.C.), sino una de carácter monetario, respecto de la cual rige –por regla- la prohibición de actualización.
El perjuicio que la demandante pudo sufrir (daño emergente) queda a resguardo, en la especie, con la condena al pago de los intereses moratorios (arg. doct. S.C.B.A. causas C. 100.228 “Ferreyra de Seppa”, sent. de 16-XII-2009;
L. 92.783 “Vigueras”, sent. de 17-III-2010; L. 86.075 “Giménez”, sent. de 30-III-2010). A mi modo de ver, la solución del fallo resulta coherente, máxime cuando –a todo evento- la apelante no ha acompañado –más allá de su disconformidad- elementos objetivos suficientes para fundar que la indemnización –con más la tasa de interés- resulte arbitraria y alejada de la justa composición del daño que es dable esperar (arg. doct. S.C.B.A. causa C. 117.926 “P., M. G.”, sent. del 11-II-2015).
Por lo demás, la petición obrante en el memorial de que el crédito dinerario sea actualizado ante la pérdida de valor adquisitivo que habría sufrido la moneda desde la fecha del hecho lesivo, debe ser desechada. Aun cuando es de público y notorio que en los últimos años se ha producido una acentuada depreciación de la moneda, la opinión de nuestro Superior Tribunal es que el acogimiento de una pretensión como la expuesta por el quejoso no puede tener cabida. Someter el monto de condena a mecanismos que directa o indirectamente tiendan a la actualización del capital, además de ser contrario a las normas vigentes -que justamente fueron dictadas con la finalidad de evitar el envilecimiento del signo monetario (Ley N° 23.928 –con las modificaciones de la Ley N° 25.561-)- no haría más que contribuir a ese proceso (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 63.264 “De San Martín”, sent. del 26-III-2015; B. 60.738 “Viviani”, sent. del 1-VII-2015; B. 64.953 “Ithurrart”, sent. del 15-VII-2015; B. 62.488 “Ubertalli Carbonino”, sent. del 18-V-2016). Por consiguiente, al no vislumbrarse en la especie motivos que justifiquen un razonado apartamiento de la doctrina legal vigente, el rechazo de la queja se impone (arg. doct. esta Cámara causa C-6407-BB1 “Labra López”, sent. del 21-VI-2016). Con todo, y siendo que la accionante –como anticipé- no ha acompañado a estos autos los comprobantes de pago que permitirían establecer con mayor precisión el importe efectivo al que ascenderían dichas erogaciones, no resulta en modo alguno reprobable el criterio aplicado por el juzgador, para justipreciar –en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 165 del C.P.C.C.- el monto de la cartelería cuya pérdida material estaba objetivamente comprobada, tomando como referencia los documentos antes señalados (arg. art. 77 del C.P.C.A.).
3.3.2. Lo dicho precedentemente también es útil para rechazar el agravio que la parte demandada formula al respecto. En las circunstancias del caso, su genérico desconocimiento de los presupuestos y factura reseñados no bastan para empañar la labor del juzgador, máxime cuando su parte –reitero- supo reconocer oportunamente la existencia de un perjuicio resarcible habilitando con ello al juez a usar la prerrogativa del art. 165 del C.P.C.C., quien lejos estuvo de adoptar un guarismo caprichoso sin sustento alguno.
4. Por último, y de conformidad con lo que manda la doctrina legal, habré de atender el agravio que la actora dirige respecto de la tasa de interés fijada en el fallo, con el alcance que indicaré a continuación. Así, propongo que los intereses moratorios –por el período indicado en el fallosean liquidados de conformidad con la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta (30) días vigente en los distintos períodos de aplicación, calculados de conformidad con los parámetros sentados por la S.C.B.A. en la causa B. 62.488 “Ubertalli” (sent. del 18-V-2016, por mayoría-; arg. doct. esta Cámara causa R-777-BB1 “Puente”, sent. del 2-VI- 2016).
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo: (i) acoger parcialmente el recurso de apelación incoado por la Municipalidad demandada, revocar la sentencia de grado en la parcela que reconociera el resarcimiento por lucro cesante pretendido, confirmándola en lo demás que fuera materia de agravios; (ii) acoger parcialmente el recurso de apelación impetrado por la actora y modificar el fallo de grado solamente en lo que concierne al modo de calcular la tasa de interés, con el alcance expresado en el considerando “II.4.” precedente; y (iii) estipular que las costas de ambas instancias discurran por su orden, atento los vencimientos mutuos constatados (arg. arts. 68, 71, 274 y ccds. del C.P.C.C.; arts. 51 inc. 1° -segunda parte- del C.P.C.A. t.o. ley 14.437).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Loustaunau, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la cuestión planteada en igual sentido.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Acoger parcialmente el recurso de apelación incoado por la Municipalidad demandada, revocar la sentencia de grado en la parcela que reconociera el resarcimiento por lucro cesante pretendido, confirmándola en lo demás que fuera materia de agravios 2. Acoger parcialmente el recurso de apelación impetrado por la actora y modificar el fallo de grado solamente en lo que concierne al modo de calcular la tasa de interés, con el alcance expresado en el considerando “II.4.” del voto que concitó adhesión.
3. Fijar que las costas de ambas instancias serán soportadas en el orden causado, atento los vencimientos mutuos constatados (arg. arts. 68, 71, 274 y ccds. del C.P.C.C.; arts. 51 inc. 1° -segunda parte- del C.P.C.A. t.o. ley 14.437).
4. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
Regístrese, notifíquese y, cumplido, devuélvanse las actuaciones al órgano de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto J. Loustaunau – María Gabriela Ruffa, Secretaria.
Fin de la sentencia