Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir los agravios del recurrente y en consecuencia revocar la sentencia en crisis y rechazar la demanda promovida por Jorge Leopoldo Inostroza Hernández contra Domingo Britos con costas al actor por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).
2Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a la actuación en la instancia de grado. 3º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9446/26 Sentencia: Definitiva Actor: Inostroza Hernández Jorge Leopoldo Demandada: Britos Domingo Objeto: Cobro de pesos Fecha: 29-09-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los 29 días del mes de septiembre de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “INOSTROZA HERNÁNDEZ, Jorge Leopoldo c/ BRITOS, Domingo s/ cobro de pesos” Expte. 8529/2024 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº1 Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia de la ciudad de Las Heras, que ingresaron en la instancia con el Nº 9446. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M. J. Fernández y Griselda I. Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la Dra. Barbara Lia Larroque se presenta con el escrito de PE 1302224/2024 como apoderada de Jorge Leopoldo Inoztroza Hernández y en tal carácter promueve demanda por resolución de contrato de compraventa y restitución de la suma de tres millones de pesos ($3.000.000)entregados a cuenta del precio con más novecientos noventa mil pesos ($990.000)en concepto de intereses que ese capital hubiera generado desde el periodo del 18 de diciembre de 2023 hasta el 18 de marzo de 2024, o la determinación del lucro cesante que se estime corresponder y accesorios legales.
Relata que su representado suscribió un contrato de compraventa de un terreno con el señor Domingo Britos con todo lo edificado, clavado, plantado y adherido identificado como Circunscripción II Sección 2 Chacra 704, parcela 2 Sector C de la localidad de Perito Moreno indicando sus dimensiones: con un callejón de ingreso de 3 metros de ancho y 25 metros de largo de ingreso a un terreno de 20 metros de frente por 25 metros de largo, superficie total 575 m 2 con una mejora de galpón de 4m por 8m y dos caballerizas de 3m por 3m con servicio de agua de red y luz. Indica que la venta se realizó por la suma de seis millones de pesos en dos cuotas de tres millones a pagar el 18/12/23 y la segunda el 20/3/24. Expresa que, en esa pieza, el vendedor se comprometió a presentar el comprobante del pago de la tierra que se le adjudicó en venta y que en el expediente se estaba tramitando el plano conforme a obra para dar cumplimiento a sus deberes como adjudicatario.
Relata que antes del vencimiento de la segunda cuota el actor se constituyó en la dirección de tierras de la Municipalidad de Perito Moreno para constatar el cumplimiento por el demandado de las obligaciones que se comprometió por contrato, observando que no presentó el plano y se le informó que el terreno no podía ser enajenado por esos incumplimientos y por otro lado que no respetaba el código de ordenamiento urbano territorial y uso del suelo. Agrega que se arribó a un acuerdo de palabra por el cual el demandado se comprometía a devolver el importe de la cuota abonada, pero al momento de instrumentarlo por escrito lo deja sin efecto.
Sostiene que agotados los términos de una resolución extrajudicial y “la falta de comunicación de saneamiento” resulta notoria la imposibilidad de ejecutar el contrato y por ende de considerarlo nulo”. Afirma que ello lo faculta para resolver el contrato y pedir la devolucvión de lo abonado con más el lucro cesante. Refiere que el vendedor se obligó a garantizar la cosa libre de evicción y de vicios sin cumplir antes del vencimiento del plazo para el pago de la tierra pretendiendo someter a riesgos al comprador “sobre posible ocupación u otros vicios que impidan el normal ejercicio de sus derechos como propietario del bien”. Sostiene que corresponde resolver el contrato de compraventa y restituir al actor la suma de $3.000.000 entregada a cuenta del precio del inmueble con más $990.000 equivalente a los intereses que ese capital hubiese generado desde el 18/12/2023 al 18/3/2024 o la determinación del lucro cesante que se estime corresponder.
Funda el derecho en los arts. 1077, 1078, 1079, 1080 y siguientes y concordantes del CCyC. Ofrece prueba. Pide que oportunamente se haga lugar a la demanda.
II.-Que corrido traslado de la demanda Domingo Britos se presenta por propio derecho, con el patrocinio letrado del Dr. Enzo Otarola en PE 1346713/2024 a contestar la demanda. Reconoce que en diciembre de 2023 suscribió con la actora el boleto de compraventa cuyos detalles enumera. Niega que en el boleto se estableciera que la venta se realizaba por $6.000.000 pagaderos en dos cuotas de $3.000.000 cada una, pagaderas el 18/12/2023 y 20/3/2024; que se hubiera comprometido a presentar el comprobante de pago de la tierra objeto de juicio y que en el expediente de adjudicación se encontraba tramitando el plano conforme a obra requerido para dar cumplimiento a sus deberes como adjudicatario.
Niega que la actora se hubiera constituido en la Dirección de Tierras de la Municipalidad de Perito Moreno para constatar el cumplimiento de obligaciones de su parte que se comprometiera por contrato; y que en esa oportunidad observara el no cumplimiento de sus obligaciones de presentación del plano conforme a obra y que la Dirección de Tierras hubiera notificado al Sr. Britos que el terreno no podía ser enajenado y niega que el impedimento se debiera a incumplimiento de su parte.
Sigue una serie de negativas que se dan por reproducidas reconociendo el boleto y dando su versión de los hechos haciendo aclaraciones a efectos de dejar a salvo la plena validez del boleto referido pues el actor falta a la verdad respecto de sus incumplimientos respecto de la Ordenanza de Tierras N 709/04 que adjunta y sostiene haber abonado al mes de diciembre 2023 el precio de la tierra objeto de compraventa que se pretende anular conforme documentación que acompaña que evidencia su buena fe.
Sostiene que el actor ha tomado posesión del inmueble ocupando los galpones y dependencias objeto del boleto de compraventa y, a la fecha de esa contestación, mantiene dicha posesión por lo que mal puede argumentar incumplimiento de su parte.
Niega vicio alguno en el presente en la voluntad de celebrar el contrato pues ambos tuvieron cabal conocimiento de las condiciones en las que se operaba la compraventa del inmueble y afirma que a fines del año 2023 concurrieron juntos a la Dirección de Tierras siendo atendidos por la Sra. Susana Elizabeth Vera que los impuso sobre las dimensiones que debía tener el inmueble para que la Municipalidad pudiera considerar su inscripción catastral. Sostiene que no se trata de una zona de chacras conforme una vista del lugar y hace hincapié en que la ordenanza 2399/18 fue modificada por la ordenanza 2653/HCD/ 2022 que en su art. 3 extiende la zona “residencial B” por lo que no se puede fundar en un requisito legal que ha sido modificado. Se refiere a la zona donde el propio municipio realizó una obra de viviendas en la zona suburbana donde no se respetan los 1.400 m 2 de superficie y acompaña foto satelital de la aludida zona. Invoca que el actor tuvo acceso a la vivienda ocupando dependencias y lo consideró apto para sus necesidades y por otro lado han existido innumerables situaciones de compraventa de inmuebles que contaban con una adjudicación en venta y por ello carece de sustento la imposibilidad de vender por no encontrarse escriturado el terreno. Indica que en esos casos, luego se ha actuado en los expedientes municipales.
Afirma que se ofreció al comprador ajustar las dimensiones a los 1440m 2 pero el actor se embarcó en una campaña de desprestigio en su contra. Argumenta que no ha existido vicio de voluntad al celebrar el contrato y que incluso se acudió al consejo de quien era en ese momento la directora de tierras y catastro y la posesión de lo vendido fue entregada al actor que a la fecha continua detentándolo sin haber consignado las llaves y siendo subsanable la cuestión de las dimensiones mínimas del inmueble a través de una adenda, pero no la nulidad.
Entiende que en este punto existen dos caminos: si el actor se arrepintió de la operación las sumas abonadas se perderán para él pues deben ser consideradas como seña, señal o arras en los términos del art. 1059 del CCyC como ha sido explícitamente consignado en el boleto, o bien puede abonar la cuota pendiente con sus intereses y así cancelar el precio de venta y no desentenderse de sus actos. Ofrece prueba. Pide se rechace la demanda en todas sus partes, con costas.
III. Que transcurridos los pasos procesales se dictó sentencia en PE 2213592/2026, que establece en el fallo: Hace lugar a la demanda interpuesta por Jorge Leopoldo Inostroza Hernández contra Domingo Britos y en consecuencia condena a la parte demandada a pagar a la primera la suma de tres millones de pesos en el término de 10 días de quedar firme la presente resolución. A dicha suma deberán agregarse los intereses establecidos en el considerando. Impone las costas procesales a la parte demandada. No regula honorarios de conformidad con lo ordenado en el considerando. Manda registrar y notificar.
IV. Que, no conforme con lo resuelto, el demandado interpone y funda recurso de apelación en PE2241609/2026. Ataca la sentencia por presentar, a su juicio, graves deficiencias en la subsunción normativa, en la interpretación del negocio jurídico y en la valoración de la prueba producida que la torna en arbitrario y susceptible de revocación.
Entiende que el primer error conceptual determinante de la sentencia consiste en haber construido su razonamiento sobre la supuesta imposibilidad de transferir el dominio del inmueble y lo considera suficiente para habilitar la resolución contractual en los términos del art. 1083 CCyC. Sostiene que tal conclusión no se desprende de las constancias de la causa, sino de una interpretación defectuosa del informe municipal incorporado al expediente. Donde argumenta se indican los recaudos administrativos necesarios normales en este tipo de operaciones (subdivisión, aprobación de planos, adecuación a normativa urbanística) no a una imposibilidad jurídica absoluta. Sostiene que la doctrina distingue entre imposibilidad y mera dificultad o contingencia y que solo las primeras justifican la resolución del contrato. Considera que la sentencia al equipararlas incurre en error que vicia el pronunciamiento.
Expresa que agrava este yerro el hecho que el propio contrato expresa el estado jurídico del inmueble y la necesidad de realizar gestiones para su regulación. Así que se encontraba en trámite de confección el plano conforme a obra lo que demuestra que las partes no contrataron sobre la base de un dominio perfecto e inmediatamente transmitible sino que la circunstancia se incorporó como parte del negocio celebrado. Por ello entiende que la sentencia incurre en una contradicción lógica pues transforma en incumplimiento aquello que era conocido y asumido por los contratantes. Afirma que no se trata de un hecho sobreviniente ni un vicio en el consentimiento lo que era una circunstancia estructural del contrato.
Desde otro carril impugnativo sostiene que la sentencia desconoce el principio de la autonomía de la voluntad (art. 958 del CCyC). Sostiene que la operación celebrada entre las partes responde a la lógica frecuente de las prácticas inmobiliarias negocio de bienes sujetos a procesos de regularización con los riesgos y cargas derivadas de dicha situación.
Razona que a partir de este errónea premisa se aplica en la sentencia los arts. 1083, 1084 y concordantes del CCyC sin verificar la concurrencia de los presupuestos que habilitan la resolución del contrato. No se da en el caso el incumplimiento esencial que frustre la finalidad del contrato pues el actor conocía el estado jurídico del inmueble al momento de contratar y pago parte del precio y la toma de posesión por lo que la finalidad del negocio no se encontraba frustrada. Sostiene que la necesidad de realizar trámites administrativos no constituye un incumplimiento esencial sino una etapa del cumplimiento por lo que a su juicio la sentencia indebidamente extiende el ámbito de aplicación del instituto resolutorio que es de carácter excepcional.
Sostiene que el contrato implica una asignación de riesgos entre las partes conforme moderna doctrina; y que el riesgo vinculado a la regularización del dominio del inmueble fue asumido voluntariamente como surge del propio boleto. Explica que no se trata de un riesgo sobreviniente ni una circunstancia desconocida y se trataba de un elemento constitutivo del negocio. Afirma que por ello no resulta jurídicamente admisible que el actor pretenda resolver el contrato invocando aquello que integró el riesgo asumido al contratar pues implica vulnerar el principio de buena fe.
A mayor abundamiento critica que la sentencia omitió analizar la cláusula del contrato que estipulaba que ante el incumplimiento de las condiciones pactadas la operación quedaba sin efecto sin devolución de lo entregado y lo equipara a la figura del arras o de la cláusula penal. Dice que constituye una manifestación de la voluntad de las partes. Califica la omisión de tratamiento de una cuestión decisiva de un supuesto de arbitrariedad que viola el principio de congruencia.
Critica el análisis del informe de la municipalidad por su contenido sino que además imputa al autor por una presunta vinculación con la letrada de la parte actora señalando que afecta la apariencia de imparcialidad y por ello de la sentencia.
Ataca la conducta del actor por haber celebrado un contrato, abonado el precio y tomado posesión del inmueble y luego desconocer sus propios actos y exigir la restitución de lo abonado.
Para el supuesto de admitirse la resolución del contrato se queja por haberse omitido considerar el uso y aprovechamiento del inmueble y el beneficio de dicha ocupación que a su juicio importa un enriquecimiento inequitativo. Sostiene que la sentencia no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las circunstancias del caso. Pide se haga lugar al recurso.
V. La apoderada del actor contesta agravios con el escrito de PE 2290721/2026. Sostiene que no constituye una crítica concreta y razonada y que la sentencia es una derivación razonada del derecho vigente y está acreditado el contrato de compraventa, el pago de $3.000.000, la imposibilidad jurídica y material de transferir el inmueble en las condiciones pactadas, el incumplimiento esencial de la demandada y la procedencia de la resolución del contrato ya sea por la documental reconocida y la prueba informativa remitida por la Municipalidad de Perito Moreno y la Dirección de Tierras.
Sobre la posibilidad de regularizar el inmueble entiende que el argumento no puede prosperar y señala que la propia sentencia lo establece con claridad pues el inmueble no estaba escriturado y requería una subdivisión posterior y autorización administrativa. Refiere el informe municipal incorporado detallando lo que surge del mismo para concluir que no se trata de una mera dificultad administrativa sino una imposibilidad de cumplir con la finalidad contractual.
Sostiene que resulta relevante que el actor tuviera conocimiento de la existencia de trámites pendientes pero lo relevante es que el actor vendió un inmueble en condiciones que no permitían la escrituración ni la subdivisión. Ello no convalida el incumplimiento ni elimina la obligación del vendedor de cumplir las condiciones necesarias para la transferencia válida del bien.
Considera incompatible con el incumplimiento la pérdida del dinero pues implica beneficiar con la retención del dinero a quien resultó responsable de la frustración del contrato. Hace notar que la sentencia resolvió correctamente la restitución del dinero con fundamento en lo dispuesto en los efectos resolutorios derivados de la resolución conforme arts. 1083, 1084 y 1088 del CCyC. Niega haber poseído el inmueble y obtenido beneficios de esa ocupación. Hace notar que controvertido el hecho por su parte no fue acreditado por medio probatorio y que por el contrato el demandado dejó caer prueba testimonial oportunamente ofrecida. Sostiene que no existe prueba idónea para acreditar enriquecimiento sin causa o aprovechamiento de su parte.
Respecto del cuestionamiento a la prueba del informe de la municipalidad de Perito Moreno sostiene que el demandado no la cuestionó oportunamente para negarle eficacia probatoria. Hace notar que las manifestaciones respecto de una supuesta vinculación del profesional firmante del informe con la apoderada del actor carecen de sustento y no constituyen agravio. Pide se confirme la sentencia recurrida en todas sus partes.
VI. Que antes de ingresar los agravios quiero señalar, en uso de la facultad que otorga el art. 46 de la ley 1 Orgánica de la Justicia de Santa Cruz en cuanto establece que se podrá señalar en las sentencias y resoluciones las irregularidades de procedimiento que observan en la tramitación de las causas aunque no sean materia de recurso. Varias cuestiones me llamaron la atención: desde la poca ortodoxa redacción del boleto que podría haber sido más ordenada hasta escritos con el título de “Acredita Vista” cuando no había vista alguna a la que se refiriera (PE 1319010/2024; PE1400436/2024; PE 1540277/2024; PE1755163/2025) En la audiencia preliminar realizada telefónicamente consultando a una y otra parte sobre la posibilidad de conciliar (está bien que con ingenio se superó el aislamiento por la pandemia) pero sin dar cumplimiento con el deber indicado en el inc. 3 del art. 338 del CPCC de “Fijar los hechos conducentes sobre los cuales versará la prueba”.
En PE 1400608/2024 el demandado se manifiesta sobre la presentación de la actora a quien se le había corrido traslado de la documental acompañada al escrito de contestación de demanda y no del escrito de contestación y se queja de que ello es improcedente y que en esa oportunidad se haya aprovechado para agregar prueba documental pidiendo el desglose. Se debió citar lo reglado en los arts. 310 y 312 del CPCC. El demandado debió señalar que el procedimiento se apartaba del viejo procedimiento español que admitía: demanda, contestación, réplica y dúplica y que se estaba realizando una réplica y así pudo disponerse por el magistrado rechazando el escrito. Pero en realidad invocando el art. 310 del CPCC se declaró extemporánea la agregación de la prueba dejando a salvo la réplica. Cual era esa prueba documental: era la publicación de ordenanzas de tierras, concretamente la ordenanza 2390/HCD/2018 que aprueba el Código de Ordenamiento Urbano Territorial; la ordenanza 2687/HCD/2022 y la Ordenanza 709/HCD/04. Condenar por extemporánea la presentación de esa ordenanzas equivale a disponerlo así en el caso que se hubiera acompañado una publicación del Boletín Oficial de una ley necesaria para resolver. Estas Ordenanzas se mencionan en el dictamen del 21/08/2024 del expediente de tierras y las tomaré en cuenta para evitar pedirlas como medida para mejor proveer.
VII. Que ingresando al examen de los agravios tenemos que en la primera vertiente impugnativa se ataca la sentencia achacándole un error conceptual determinante. Critica que se haya construido el razonamiento sobre lo que califica de “supuesta imposibilidad de transferir el dominio” que el magistrado consideró suficiente para habilitar la resolución en los términos del art. 1083 y siguientes del CCyC.(ver página 8 dos últimos párrafos de la sentencia.
Analicemos este fundamento de la sentencia: La parte actora comunica el 19 de marzo de 2024 en carta documento agregada en PE 1305869/2024 “la resolución del contrato de compraventa…” identifica el inmueble que se transmite y explica que ello es “debido a los incumplimientos de sus obligaciones las cuales constan en el expediente del lote a saber: el terreno no puede ser enajenado debido a que no ha cumplido con las obligaciones de presentación de plano conforme a obra ni puede ser enajenado en las condiciones del contrato dado que no respeta lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano Territorial de uso del suelo adjunto al legajo del lote. Ante la circunstancia mencionada y falta de comunicación de saneamiento resulta notoria la imposibilidad de ejecutar el contrato y por ende considerarlo nulo….” (aunque no se demanda por nulidad).
Al contesta la demanda en PE 1346713/2024 se agrega la carta documento despachada el 9 de abril de 2024 donde se refiere que en el último párrafo “… que Ud. admitía la condición de que la venta se encontraba supeditada a la realización de los trámites de mensura y escrituración del inmueble lo que podía llegar a requerir algún redimensionamiento del inmueble transferido y en todo momento se hicieron las consultas ante el municipio local requiriendo informes al respecto, por lo que no existiendo vicio de voluntad alguno ni vicio en la cosa su reclamo deviene completamente improcedente y contrario a derecho.” Afirma que el actor hace uso de las instalaciones y que de solicitar la terminación del contrato las sumas adeudadas serán retenidas en concepto de seña o arras. Sostiene la vigencia del boleto celebrado entre las partes y lo intima a cancelar el saldo del precio bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
Estamos de acuerdo que si los contratos se documentan en instrumentos bien redactados y explicadas las partes de sus alcances, es más difícil que las partes litiguen y si lo hacen es más fácil la subsunción del caso en las normas legales y contractuales para resolver al quedar clara la voluntad de las partes. Es decir interpretarlo conforme a la intención común de los contratantes y al principio de la buena fe (arts. 1061 a 1068 del CCyC). El contrato, de más está decirlo, no es claro en los compromisos de las partes y por ello de ese intercambio de las cartas documentos y de los escritos de demanda y contestación se advierte que cada parte entiende tener razón y mayores aspiraciones conforme interpretan mal el contrato haciéndole decir lo que no dice.
El “Acta compra-venta” donde las partes instrumentaron el contrato no se indica lugar y fecha aunque la certificación notarial indicaría que el acuerdo se instrumentó en Perito Moreno el 18 de diciembre de 2023. Llama la atención que no obstante la referencia al pago de $3.000.000 en concepto de adelanto que realiza ese instrumento firmado ante escribano se haya hecho otro acta “de recibo de dinero” fechada el 18 de diciembre de 2023 y certificada la firma del Sr. Domingo Britos el 19 de febrero de 2024. Se indica acá que la suma es por “adelanto de compra y venta del terreno ubicado…”.
En ningún momento se indica que los $3.000.000 se entregan como seña o arras que, conforme el art.1059 del CCyC, se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse. Los usos y costumbres no determinan a seña del 50% del precio. Hemos visto que el actor comunica, el 19 de marzo de 2024, en carta documento agregada en PE 1305869/2024 “la resolución del contrato de compraventa…” que cumplen el carácter recepticio de la extinción. El art. 1077 del CCyC permite la extinción por una de las partes en estos términos: “El contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes, mediante rescisión unilateral, revocación o resolución en los casos en que el mismo contrato, o la ley, le atribuyen esa facultad.” El Art. 1078 indica las reglas generales a respetar. En el caso de la resolución éste produce efectos retroactivos entre las partes (art. 1079 inc. b CCyC).
El contrato no le atribuye al adquirente la facultad de resolución esgrimida en la carta documento agregada en el escrito de demanda. El art. 1088 del CCyC que se invoca como fundamento en la sentencia legisla sobre la resolución por cláusula resolutoria implícita que requiere un incumplimiento estricto de la prestación, que el cumplimiento tempestivo de la prestación sea condición de mantenimiento del interés del acreedor y que este incumplimiento prive a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tenía derecho a esperar. La cláusula resolutoria implícita exige que el deudor esté en mora y que el acreedor lo emplace, bajo apercibimiento expreso de resolución total o parcial del contrato, el cumplimiento en un plazo no menor de quince días (excepto que por los usos y costumbres o de la índole de la prestación resulte la procedencia de uno menor). Pero dicho requerimiento no es necesario si ha vencido un plazo esencial para el cumplimento, si el incumplidor ha manifestado su decisión de no cumplir o si el cumplimiento resulta imposible. En tales casos, la resolución total o parcial del contrato se produce cuando el acreedor la declara y la comunicación es recibida por la otra parte. No invocan las partes que el actor hubiera formulado la intimación por 15 días ni existencia de un plazo esencial para el cumplimiento.
Para analizar este primer agravio tengo en cuenta que el título del escrito de demanda es: “DEMANDA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y DEVOLUCIÓN DE PAGO” dentro del relato de los hechos se indica que “Agotados los medios tendientes a una resolución extrajudicial del conflicto y a falta de comunicación de saneamiento (¿?) resulta notoria la imposibilidad de ejecutar el contrato y por ende considerarlo nulo”. No se entiende a que se refiere con “comunicación de saneamiento” ni la confusión de sostener que por imposibilidad de ejecutar el contrato se lo deba considerar nulo, nulidad que por otra parte no se demanda.
A continuación se expresa que “Ante el incumplimiento del vendedor en el plazo señalado, faculta a mi mandante a resolver dicho contrato y peticionar la devolución de la suma abonada con más el lucro cesante relacionado a la misma.” En que quedamos: demanda la resolución judicial o funda que su parte ejerció el derecho de hacerlo en los términos del art. 1078 del CCyC y pide solo la restitución de los $3.000.000.
Sigue dentro del capítulo de los hechos y sostiene que: “En el presente caso el vendedor se obligó en el documento a garantizar la cosa libre de evicción y de vicios, sin embargo no cumplió con dicho compromiso antes del vencimiento del plazo para el pago total de la tierra, pretendiendo someter a riesgos al comprador sobre posible ocupación u otros vicios …”
Evicción es la turbación o privación judicial que sufre el adquirente en todo o en parte y la garantía de evicción es aquella que persigue asegurar al adquirente frente a esas circunstancias citándolo a fin de que defienda al adquirente. Pesa esta garantía sobre el contratante que transmite un derecho a título oneroso para asegurar la legitimidad del derecho que transmite frente a turbaciones. Es un efecto natural de los contratos onerosos y en el contrato no se lo suprimió como puede pactarse. Es más, nada se dice sobre evicción o vicios. Finaliza el capítulo de hechos sosteniendo que “En consecuencia corresponde resolver el contrato de compraventa, debiendo restituirse a mi mandante la suma de pesos tres millones ….” No está claro si se pide que el magistrado en la sentencia declare resuelto el contrato o si su parte lo resolvió unilateralmente por C.D. agregada a la demanda y recibida por el demandado que la contestó.
Llama la atención el fundamento de su acción. Se cita artículos del CCyC. La extinción por declaración de una de las partes del art.1077 del CCyC agrupa: 1) a la rescisión unilateral que es una causal extintiva de fuente convencional o legal ejercida por una de las partes que no requieren expresión de causa; 2) la revocación por imperio de la manifestación de voluntad de aquella parte en cuyo favor el legislador la consagró, para ser invocada en ocasiones de modo discrecional o frente a ciertas causas determinadas; y 3) la resolución ejercida por uno de los contratantes invocando una de las cláusulas del contrato o una causa legal. El art. 1078 del CCyC establece las reglas generales. El art. 1079 del CCyC invocado como fundamento se refiere a la operatividad de los efectos de la extinción por declaración de una de las partes estableciendo que la rescisión unilateral y la revocación producen efectos sólo para el futuro, mientras la resolución produce efectos retroactivos entre las partes sin afectar el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe. Los arts. 1080 y 1081 se refieren a la restitución de lo recibido en razón del contrato.
En el punto 6 del petitorio la actora incluye “Declarar resuelto el contrato y condenar a los demandados a la devolución de la suma ….” Aunque utiliza el plural demandados cuando hay un solo demandado.
La sentencia en el fallo sólo se refiere a hacer lugar a la demanda interpuesta por Jorge Leonardo Inostroza Hernández contra Britos Domingo y “en consecuencia condenando a la parte demandada a pagar a la primera la suma de pesos tres millones ($3.000.000) en el término de quedar firme la presente resolución. A dicha suma deberá agregarse los intereses establecidos en el considerando. 2º) Imponiendo las costas procesales a la parte demandada….” No se dispone en el fallo la resolución del contrato, por lo que entiendo que lo ha tenido por resuelto unilateralmente por la parte actora en su carta documento agregada a la demanda y contestada por la parte vendedora. Abona esta conclusión que en el último párrafo de la carilla 8 de la sentencia se expresa: “Por ende y de conformidad a lo previsto en los arts. 1083, 1084, 1088 y sgtes. concs. del CCC procede la resolución del contrato.
Critica el recurrente que la sentencia haya construido su razonamiento en una supuesta imposibilidad de transferir el dominio del inmueble, que a su entender no se desprende de las constancias de la causa. En el acta de compraventa con que se instrumentó el contrato entre las partes en el anteúltimo párrafo “El vendedor deja estipulado que el trámite y la documentación de dicha tierra ese encuentra en la confección de plano conforme a obra para posterior solicitar título de propiedad ante las autoridades que corresponda.” Solo se acompañó copia del recibo expedido por la MMO Paula Soto “por trabajos de confección de planos” y se la ofreció como testigo. Pero en el expediente de la Dirección de Tierras correspondiente a la chacra 704 a fs. 108 obra plano conforme a obra suscripto por la mencionada Maestro Mayor de Obra.
A fs. 121 al pie de una fotografía, obra una inspección efectuada el 3/07/2024 que señala: Mejoras: “Vivienda terminada y habitada. Construcción de madera y mampostería Hacia el fondo una edificación de madera y otra estructura metálica. Frente del terreno se encuentra un sector sin cerrar el frente (sector donde se emplazó una vivienda habitada, y la otra parte del frente cerrado con postes metálicos y de madera. Portón de rejas. También en su frente tiene maderas colocadas verticalmente y alambre romboidal. El resto del perímetro del terreno tiene alambre y postes de maderas.” Carece de firma e identificación del inspector. Hay certificados de libre deuda fiscal, de infracciones. El expediente de pedido de tierra fiscal lo realiza el demandado el 28/12/2009 para actividades de terapia de su hijo de nombre Matías de quien se acompañó certificado de discapacidad (fs. 5) a fs. 26 se informa que emplazó en el terreno un perímetro cerrado, animales y vivienda de materiales ligeros por lo que a fs. 27 se le adjudica.
El saldo de precio se cancela a fs. 96. A fs. 97/99 se agregan acta de compraventa y pago de $3.000.000 y a fs. 100 se le informan las medidas mínimas de los lotes y se hace notar que no ha presentado proyecto de loteo. Fs. 101 toma vista del expediente la Dra. Larroque y a fs. 108 plano conforme a obra. A fs. 121 y siguientes acta de inspección y fotografías. No hay constancias que se hubiera caducado la adjudicación de la tierra de fs. 27 del expediente de la dirección de tierras, pero si de la adjudicación, del cercado del terreno, la edificación de vivienda habitada, pago de la tierra, plano conforme a obra y pedido de escrituración.
De los términos del acta de compraventa se desprende que los contratantes eran conscientes que el terreno era parte de una adjudicación de tierra fiscal. Se pudo comprobar en la tierra el cumplimiento de las condiciones asumidas: Construcción, galpón, caballerizas, cercado de la propiedad. El vendedor se comprometió a otorgar al adquirente copia fiel del pago del total de la tierra en comprobante emitido por el área de recaudación del municipio. Dejó el vendedor estipulado que el trámite y la documentación de dicha fierra se encuentra en la confección de plano conforme a obra para posteriormente solicitar título de propiedad.
Es decir que cuando se contrataba era claro que el trámite no estaba terminado. En el expediente de adjudicación surge que se ha abonado la tierra e incluso obra agregado plano conforme a obra. Es decir el demandado ha dado cumplimiento con las cargas de la adjudicación: edificar, cercar durante una década y cuando firma el acta de compra-venta solo debía un saldo, que abonó a la municipalidad, que había practicado liquidación del saldo y recibió el pago, sin observaciones. La Municipalidad tomó conocimiento de la venta y agrega al expediente el “acta de compra-venta” y percibió el saldo del precio. No se pactó plazo alguno para terminar la tramitación necesaria para obtener la escrituración y luego realizar el plano de subdivisión. Fueron las partes quienes pactaron las medidas de lo que sería objeto de contrato hasta que la municipalidad observa la medida de la superficie objeto de contrato, que debía casi triplicar lo convenido. Obsérvese que no existe un croquis, con la única salvedad que debía encerrar el galpón y las dos caballerizas y gozar de luz y agua de red.
La sentencia entiende que surge la imposibilidad del accionado de transferir el dominio del dictamen suscripto por el Dr. Federico Valderrey que sostiene que “la venta aprobada por ordenanza 1620/HCD/2012 se encuentra en condiciones de ser caducada, existiendo la posibilidad de subsanar dicha situación, constituyendo garantía real en los términos de los arts. 68 a 71 de la Ordenanza 709/HCD/04l la cual deberá ser suficiente para cubrir los reclamos que terceras personas pudieran realizar en contra del municipio por el reconocimiento de los derechos que haga y que pueda perjudicarlas.” Es decir que de ese dictamen no surge la imposibilidad del accionado de transferir el dominio del inmueble objeto de compraventa suscripto entre las partes. No está caducada la adjudicación y siempre existe la posibilidad de subsanar la adjudicación constituyendo garantía real para cubrir los reclamos que terceras personas pudieran realizar en contra del Municipio. Ergo el único fundamento que invoca la sentencia para considerar procedente la resolución del contrato es equivocado.
A mayor abundamiento debo resaltar que el asesor legal del municipio, Dr. Federico Valderrey solo emite un dictamen y no es quien tiene facultad para caducar una adjudicación. Por otro lado debo señalar que no resulta digno de consideración el ataque contra la imparcialidad del Dr. Valderrey en su dictamen (que no se impugnó en su oportunidad) señalando una presunta vinculación con la apoderada del actor.
Las dificultades para llegar a la escrituración de la adjudicación, plano de subdivisión e la tierra y transferencia del dominio son las esperables cuando las partes conocían que el vendedor era adjudicatario de la tierra. Del expediente de adjudicación surge que la chacra 704 se encuentra alambrada, hay una vivienda habitada, se pagó la tierra y se ha presentado el plano conforme a obra. Las partes no pactaron un pacto comisorio que autorizara la extinción por una de las partes ni se dan los recaudos para pedir la resolución del contrato en los términos de los arts. 1083 o 1088 del CCyC toda vez que del expediente de la adjudicación surge que el demandado se encontraba ejecutando las acciones tendientes al cumplimiento ni existió emplazamiento del actor.
La decisión del actor de demandar la resolución del contrato imputando incumplimiento al demandado por lo expuesto no debe prosperar.
Con respecto al tema de la devolución del pago tenemos que los art. 1080 y 1081 del CCyC establecen:
“1080.- Restitución en los casos de extinción por declaración de una de las partes. Si el contrato es extinguido total o parcialmente por rescisión unilateral, por revocación o por resolución, las partes deben restituirse, en la medida que corresponda, lo que han recibido en razón del contrato, o su valor, conforme a las reglas de las obligaciones de dar para restituir, y a lo previsto en el artículo siguiente.” “1081.- Contrato bilateral. Si se trata de la extinción de un contrato bilateral: a) la restitución debe ser recíproca y simultanea; b) las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuento resulten equivalentes, si con divisibles y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación; c) para estimar el valor de las restituciones del acreedor se toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación, su utilidad frustrada y, en su caso otros daños”
En el caso no serían de aplicación las reglas de los arts. 759 a 761 del CCyC a que se refiere el art. 1080 del mismo cuerpo legal. Entiendo que al no haberse formulado reserva del efecto cancelatorio de la obligación (art. 1081 inc. b in fine arriba transcripto) no existe obligación de restituir del demandado que se compensa con la alegada ocupación del lote por parte del actor. Cualquier diferencia deberá determinarse en la etapa de ejecución de sentencia.
VIII. Que por estas razones entiendo que la sentencia en crisis no es justa y por ende que se debe rechazar la demanda con imposición de costas a la actora por su calidad de vencida por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC y diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos fijados los correspondientes por la actuación profesional en la instancia de grado. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
IX. Coincido con el tratamiento dado a los agravios y el análisis de las constancias del expediente. Adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
X. Que en función de las consideraciones vertidas precedentemente propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir los agravios del recurrente y en consecuencia revocar la sentencia en crisis y rechazar la demanda promovida por Jorge Leopoldo Inostroza Hernández contra Domingo Britos con costas al actor por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). 2º Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a la actuación en la instancia de grado. 3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XI. La propuesta formulada es acorde con lo establecido en el Acuerdo. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 29 de septiembre de dos mil veintiséis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Admitir los agravios del recurrente y en consecuencia revocar la sentencia en crisis y rechazar la demanda promovida por Jorge Leopoldo Inostroza Hernández contra Domingo Britos con costas al actor por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).
2. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de los correspondientes a la actuación en la instancia de grado. 3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Horacio Fernández no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes y constituir mayoría. La Dra. Bard no firma la presente por no existir dididencia entre los firmantes y constituir mayoría.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 075 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3246 Folio Nº: 157/167 Secretaria: 1
Fin de la sentencia