Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal, casar y revocar la decisión impugnada y, finalmente, remitir la causa al a quo para que tome conocimiento de lo aquí resuelto y envíe los autos al juzgado de origen para que dicte una nueva resolución en la que se dé intervención a los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin costas en esta instancia (arts. 530 y cc. del C.P.P.N.).
II. Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.
En la ciudad de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de septiembre del año 2025, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky, como Presidente, y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa FLP 38935/2023/32/CFC3, caratulada “INSAURRALDE, Martín y otros s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. La Sala III de la Cámara Federal de La Plata, el día 27 de mayo de 2025, resolvió: “DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía e IMPROCEDENTES esa pieza y el escrito de adhesión presentado por la querellante Fundación Poder Ciudadano –arts. 199, 432, 449 del. Código Procesal Penal-”.
En consecuencia, confirmó la decisión del magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de Lomas de Zamora, del 22 de noviembre de 2024, en cuanto dispuso: “…requeriré al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires que tenga a bien designar un perito contador para intervenir en el marco de la presente causa”.
II. Contra la resolución del a quo, interpusieron recurso de casación los representantes del Ministerio Público Fiscal, el que fue denegado por el a quo el 14 de julio de 2025. Luego, ante la presentación de la vía directa ante estos estrados, el recurso de casación fue concedido en esta instancia el 21 de agosto de 2025 (reg. nro. 879/25). 1 Reg. Nro.: 1090/25.4 En su impugnación, manifestaron que por sus efectos la decisión recurrida era equiparable a definitiva. A lo que debía adunarse que en ella se habían inobservado las normas que el digesto de rito establece bajo pena de nulidad (cfr. art. 456, inc. 2°, C.P.P.N.). Asimismo, dijeron que la resolución atacada se encontraba viciada de arbitrariedad. Luego, reseñaron los antecedentes del caso y, de seguido, apuntaron: “…el juez Kreplac decidió que una casa de estudios universitarios, como lo es la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, seleccionara sin ningún criterio profesionales para que intervengan como peritos, pese a no ser un órgano pericial y pese a que sus integrantes no revisten el carácter de peritos oficiales”. En tal sentido, entendieron que lo correcto era darle intervención al Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, pues ello aseguraba la objetividad y la transparencia de la tarea. Al respecto, recordaron que el Máximo Tribunal, en cumplimiento del art. 36 de la Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas, creó un organismo especializado para el análisis patrimonial de los funcionarios y éste fue dejado de lado sin fundamento alguno.
Así las cosas, coligieron: “…uno de los peritos propuestos por la Facultad de Ciencias Económicas, tiene un cargo político universitario en esa casa de estudios, es secretario académico, y no podemos desconocer que uno de los aquí investigados detentaba su cargo como funcionario electo por un partido político y sin duda, como es de público y notorio, las organizaciones universitarias y los partidos políticos tienen nexos comunicantes, por lo que no se encuentra garantizada la transparencia que exigen las distintas convenciones internacionales contra la corrupción”. Entonces, explicaron que se había infringido el art. 258 C.P.P.N. que dispone que el juez, al designar peritos, lo hará entre los que tengan carácter de peritos oficiales y, sólo en caso de que no los hubiere, acudirá a funcionarios públicos que, en razón de su título profesional o de su competencia, se encuentren habilitados para emitir dictamen acerca del hecho o circunstancia que se quiera establecer. Además, expresaron que se violó el art. 254 C.P.P.N.; pues, de conformidad con esa norma, para revestir calidad habilitante, los peritos deben estar inscriptos en las listas ante los órganos judiciales competentes, lo que no ocurrió en el caso.
Por ello, manifestaron: “En definitiva, el arbitrario apartamiento a las reglas procesales que consagran la intervención de órganos y peritos periciales oficiales – artículos 254 y 258 del CPPN- sí genera un gravamen irreparable a los intereses de este Ministerio Público Fiscal. De tal suerte, la motivación ofrecida en la resolución en crisis de que el apartamiento al imperativo legal a designar peritos oficiales e idóneos no genera agravio al Ministerio Público es solo aparente, puesto que está basada en afirmaciones dogmáticas que carecen de correlato con la realidad del proceso”.
Hicieron reserva del caso federal.
III. En la oportunidad prevista en el art. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455, C.P.P.N., presentaron breves notas el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto De Luca, la Unidad de Investigación Financiera y las defensas particulares de Jessica Wanda Judith Cirio, Sofía Clerici y Martín Insaurralde.
Efectuado el sorteo de estilo, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas en el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. a. Corresponde memorar que la admisibilidad del recurso de casación interpuesto ha quedado superada con la apertura de la queja presentada por el representante del Ministerio Público Fiscal (reg. nro. 879/25, rta. 21/8/2025). En mérito a lo allí sostenido, y toda vez que los fundamentos expuestos no han sido eficazmente refutados por las partes, no resulta atendible la pretensión deducida por las defensas de Jessica Wanda Judith Cirio, Martín Insaurralde y Sofía Clérici en cuanto procuran la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación.
b. Asimismo, debe recordarse que este incidente posee su origen en la decisión del magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 2 de Lomas de Zamora, del 22 de noviembre de 2024, en cuanto dispuso: “… requeriré al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires que tenga a bien designar un perito contador para intervenir en el marco de la presente causa”.
Esa resolución fue apelada por los representantes del Ministerio Público Fiscal en la inteligencia de que el juez de grado se había apartado arbitrariamente de la elección del cuerpo de peritos oficiales especializados en la materia que posee el Poder Judicial de la Nación.
Sin embargo, el a quo en la resolución que aquí se impugna decidió declarar mal concedido e improcedente el recurso de apelación. En ese sentido, dijo que no se encontraba abastecido el criterio de gravamen irreparable que se precisaba en la instancia.
Al respecto, apuntó: “…nótese que tanto el Ministerio Público Fiscal como la querellante Fundación Poder Ciudadano -que fueron quienes cuestionaron la designación efectuada por el juez- han propuesto peritos para que los representen en el marco del estudio contable –art. 259 C.P.P.N-. Tal circunstancia, y el hecho de que se trate de una pericia reproducible dan la posibilidad de profundizar puntos controvertidos, e incluso emitir dictámenes disidentes que podrían dar lugar, en su caso, a la reedición parcial o total del trabajo a desarrollarse”.
Más aún, señaló que los cuerpos periciales establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son obligatorios, sino que son puestos a disposición de los jueces para el cumplimiento de sus responsabilidades. Por lo que no resultaba imperativa su intervención, tal como lo propugnaba el recurrente.
Finalmente, señaló: “Tampoco puede soslayarse que tanto el imputado Martín Insaurralde, como los representantes de la Unidad de Información Financiera, al presentar memoriales ante este Tribunal, manifestaron su acuerdo con la decisión que se impugna, y que los demás investigados no cuestionaron tal temperamento”.
II. Sentada la reseña de antecedentes que precede, debo decir que en casos como el presente -en los que se investigan graves hechos vinculados a la corrupción-, que dañan la legitimidad de las instituciones públicas, atentan contra el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos (cfr. Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción) requieren que, en virtud de los bienes jurídicos afectados, los juzgadores actúen con un deber reforzado de debida diligencia. Al respecto, considero que el Estado debe maximizar sus esfuerzos con el objeto de cumplir con la manda constitucional vinculada con alcanzar la verdad jurídico-objetiva que represente un adecuado servicio de justicia y afiance la valoración de las instituciones dedicadas a tal tarea.
En ese sentido, cabe destacar que la República Argentina se encuentra comprometida internacionalmente (v.gr. Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) a maximizar sus esfuerzos por enaltecer deberes y obligaciones en el ejercicio de la función pública, promover la probidad y la transparencia, así como también erradicar cualquier atisbo de corrupción del ámbito público (cfr. votos del suscripto en las causas de esta Sala IV: 4787, “ALSOGARAY, María Julia”, reg. 6674.4. rta. 9/05/2005; CFP 12438/2008/CFC2 -en el que se cita de manera primaria sobre el punto, el art. 36 de la C.N.-, “DE VIDO, Julio Miguel y otra s/recurso de casación, reg. 1122.15/4, rta. el 12/6/15; causa nro. CFP 9618/2001/TO1/13/RH11/CFC5,“DANERI, Gustavo Víctor s/recurso de casación”, reg. 611/17.4, rta. el 1/6/17; CFP 12099/1998/TO1/12/CFC8, Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros" Reg. 1075/2018, rta. el 29/8/2018; FPA 961/2016/TO2/CFC13, “VARISCO, Sergio Fausto y otros s/recurso de casación”, reg. 2612/20, rta. el 22/12/20; CFP 6082/2007/TO1, “ROGGENBAU, Edgardo Enrique y otros s/recurso de casación”, reg. 1661/22, rta. el 1/12/22; y CCC 19888/2009/TO1/CFC5, “JOANNIER, Philippe Yves Henri y otros s/recurso de casación”, reg. 1008/2023, rta. el 14/06/23; entre varios otros).
En esa misma línea, el Máximo Tribunal creó, a través de la Acordada 34/2014, el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública; que es, en definitiva, el órgano cuya intervención reclama el recurrente. En los considerandos de aquella decisión, la Corte dejó explícita la motivación: reforzar la capacidad del Poder Judicial para enfrentar la corrupción en línea con el mandato constitucional de “afianzar la justicia” y con las obligaciones asumidas en las Convenciones contra la Corrupción. La Corte señaló que la investigación de estos delitos complejos “demanda operaciones y conocimientos de alta especialización”, por lo cual era necesario destinar recursos a contar con peritos altamente calificados en materia de corrupción y criminalidad económica. De ese modo, el Estado respondió al compromiso convencional de mejorar la eficacia investigativa creando una estructura pericial específica. Este cuerpo –compuesto por peritos contadores, ingenieros y otros expertos seleccionados por concurso– actúa a pedido de los jueces penales y emite informes técnicos en plazos razonables y con procedimientos transparentes, conforme las reglas fijadas por la Corte.
Al respecto, entiendo que la intervención de peritos oficiales del Poder Judicial de la Nación en el caso sostiene la transparencia y la objetividad; ello en una causa donde se investigan hechos de corrupción y que, por lo tanto, debe tramitarse con la máxima circunspección. De allí que no pueda encontrar amparo la aseveración del a quo relativa a que no existe un gravamen irreparable, en tanto el peritaje es siempre reproducible. Pues cada acto en el presente expediente requiere que se proceda con la ya mencionada debida diligencia reforzada. Esa diligencia reforzada exige asegurar que los peritajes sean producidos por órganos imparciales e institucionalmente confiables.
En esta línea, asiste razón al impugnante en cuanto se desoyó arbitrariamente en la especie el art. 258, 1er párr., C.P.P.N. que establece: “El juez designará de oficio a un perito, salvo que considere indispensable que sean más. Lo hará entre los que tengan el carácter de peritos oficiales; si no los hubiere, entre los funcionarios públicos que, en razón de su título profesional o de su competencia, se encuentren habilitados para emitir dictamen acerca del hecho o circunstancia que se quiere establecer”.
En efecto, la norma regla de manera clara que el principio es la designación de peritos oficiales y, sólo ante su inexistencia, otros funcionarios públicos calificados. En consecuencia, correspondía en autos la designación de los peritos oficiales del Poder Judicial de la Nación que se encuentran establecidos para este tipo de casos.
En ese contexto, la mención a que el peritaje puede reproducirse no desvirtúa el agravio: la imparcialidad y objetividad del dictamen pericial dependen de la intervención de órganos oficiales desde el inicio, lo cual resulta decisivo para preservar la confianza pública en la investigación. Finalmente, estimo pertinente traer a colación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lleva resuelto: “…esta Corte ha remarcado que los informes del Cuerpo Médico Forense no solo son los de un perito sino que constituyen el asesoramiento técnico de auxiliares de justicia cuya imparcialidad está garantizada por normas específicas […] y, por tal motivo, le ha dado intervención a dicho organismo en oportunidad de ordenar, como medidas para proveer, la realización de informes médicos tendientes a determinar el estado de salud o capacidad de las personas…” (“Bergés”, Fallos: 339:542).
En consecuencia, el Máximo Tribunal resolvió: “…en la medida que el a quo concedió el arresto domiciliario a Jorge Antonio Bergés sin darle intervención al Cuerpo Médico Forense para que sus integrantes intervinieran en calidad de peritos de oficio para dictaminar sobre el estado actual de salud del nombrado, debe concluirse que no basó su resolución en estudios científicos que puedan entenderse suficientes…” (ídem).
El razonamiento seguido en aquel caso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto consideró a su cuerpo de peritos como los auxiliares de justicia llamados a prestar asesoramiento técnico, cuya imparcialidad está garantizada por normas específicas, resulta plenamente aplicable al caso; ello haciendo un simple paralelismo entre las situaciones en lo que resultare análogo y coherente. En efecto, la doctrina de la Corte Suprema en el precedente “Bergés” (Fallos 328:1108), al analizar la función del Cuerpo Médico Forense, destacó que la imparcialidad institucional de los órganos técnicos oficiales constituye una garantía para todas las partes y para la comunidad. Ese razonamiento resulta plenamente trasladable, como se dijo, al caso de autos, con las debidas diferencias de materia, pues ambos cumplen la función de aportar objetividad técnica bajo la égida de la Corte Suprema.
Así entonces corresponderá en autos que se dé intervención a los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. Por ello, propicio al Acuerdo HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal, CASAR y REVOCAR la decisión impugnada y, finalmente, REMITIR la causa al a quo para que tome conocimiento de lo aquí resuelto y envíe los autos al juzgado de origen para que dicte una nueva resolución en la que se dé intervención a los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin costas en esta instancia (arts. 530 y cc. del C.P.P.N.). Y tener presente las reservas del caso federal. El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. Previo a dar tratamiento a la controversia planteada, efectuaré una breve reseña de las circunstancias relevantes del caso.
El magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora nro. 2 requirió, el 22 de noviembre de 2024, al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires designar un perito contador para intervenir en el marco de la presente causa.
La Fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1 de Lomas de Zamora, doctora Cecilia Incardona, y el Fiscal General a cargo de la PROCELAC, doctor Diego Velasco, solicitaron al juez que aclare la finalidad de la medida, “…ya que del texto de la providencia no surge qué función o tarea se le asignará a ese perito contador”. El 3 de diciembre de 2024, el juez de grado expresó: “respecto del planteo efectuado por la fiscalía en el escrito que antecede, debo mencionar que el decreto que se cuestiona tiene por objeto la designación de un perito especializado para intervenir en la presente causa con respecto al objeto de peritaje que `lato sensu` se refiere a la evolución patrimonial de los imputados, tal como surge de la solicitud de indagatoria realizada por la fiscalía”.
En contra de los mencionados decretos (del 22/11/24 y 3/12/24), el Fiscal General adjunto de la Procuración General de la Nación a cargo de la Fiscalía Federal nro. 1 de Lomas de Zamora, doctor Sergio Mola, interpuso recurso de apelación, fundado en que el apartamiento de la elección de los cuerpos periciales oficiales resulta arbitrario, propugnando la intervención del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, que funciona bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dicho remedio procesal fue declarado mal concedido por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata el 27 de mayo pasado. Los jueces de la cámara de apelaciones motivaron la decisión en que no se advierte un gravamen irreparable en la cuestión planteada. Ello atento a que tanto el Ministerio Público Fiscal como la querellante Fundación Poder Ciudadano propusieron peritos de parte y en razón de que se trata de un estudio pericial reproducible. El tribunal a quo denegó el recurso de casación interpuesto (como consecuencia de la resolución aludida precedentemente) por parte de los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Promovida la vía directa, el 21 de agosto de 2025 esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió “HACER LUGAR a la queja interpuesta por el representante del Ministerio Público Fiscal, DECLARAR ERRÓNEAMENTE DENEGADO el recurso de casación respectivo y, en consecuencia, CONCEDERLO, sin costas” (cfr. expte. FLP 38395/2023/32/RH4, caratulada “Insaurralde, Martín y otro s/ queja”, Reg. nro. 879/25.4). En virtud de lo expresado en dicho pronunciamiento y por no rebatir los fundamentos allí expuestos, la pretensión de las defensas de Jessica Wanda Judith Cirio, de Martín Insaurralde y de Sofía Clérici de que se declare inadmisible el recurso de casación no puede prosperar.
Por lo demás, la defensa de Clérici no logra demostrar que las citas jurisprudenciales efectuadas sus breves notas guarden sustancial analogía con el caso bajo estudio. Concretamente, los sustratos fácticos de los antecedentes esgrimidos como relevantes para fundar la pretendida inadmisibilidad del recurso de casación versan sobre circunstancias distintas a la cuestión sub examine. En efecto, aquellas resoluciones se refieren a rechazos de solicitudes para la producción de medidas probatorias en el marco de instrucciones suplementarias y de un proceso de extradición. En cambio, como ya se explicó, lo que aquí se discute es la modalidad de designación de los peritos conforme a la normativa procesal.
II. Reseñado cuanto precede, comparto en lo sustancial las consideraciones vertidas en el sufragio de mi distinguido colega preopinante, doctor Gustavo M. Hornos. En efecto, el art. 258 del CPPN dispone: “El juez designará de oficio a un perito, salvo que considere indispensable que sean más. Lo hará entre los que tengan el carácter de peritos oficiales; si no los hubiere, entre los funcionarios públicos que, en razón de su título profesional o de su competencia, se encuentren habilitados para emitir dictamen acerca del hecho o circunstancia que se quiere establecer…”.
Sobre la mencionada previsión legal se indicó: “La regla es que el juez al disponer el peritaje, debe designar un perito de oficio […] La designación del perito único habrá de recaer entre los peritos oficiales […] o, de no haberlos, entre funcionarios públicos habilitados por su profesión o competencia para expedirse sobre lo que constituya el temario pericial”. Los cuerpos periciales de la justicia nacional “participan en las causas penales de los fueros federal, criminal y correccional, penal económico […] según turnos fijados por los cuerpos, vale decir que su nombramiento no es personal. Son auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas [CS- Fallos, 319:103]” (cfr. Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial, 5º edición, 3º reimpresión, Buenos Aires, Hammurabi, 2018, Tomo 2, págs. 382/385). En consecuencia, el magistrado de primera instancia se apartó de lo establecido como regla por la norma procesal sin una fundamentación suficiente que avale la tesitura adoptada. No expuso las razones que lo llevaron a prescindir de la designación de peritos oficiales ni explicó la necesidad de requerir a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires la selección de otros profesionales en la materia.
Coincido con el primer sufragio en cuanto a que las razones brindadas por el tribunal a quo tampoco permiten convalidar la decisión del juez de grado. En dicho sentido, el Fiscal General ante esta Alzada, doctor Javier Augusto De Luca expresó: “la posibilidad de designar peritos de parte […] no sustituye la intervención de un perito oficial, ni con el conocido argumento de su reproducibilidad. En efecto, el primer peritaje oficial es de vital importancia por su alcance y metodología, y puede resultar un acto fatal, incontrolable a posteriori e irreproducible, en tanto se trata de una mezcla de investigación, descubrimiento, y honestidad intelectual de las distintas miradas técnicas y profesionales desde donde puede analizarse la documentación y sacar conclusiones. En estos casos, las conclusiones dependerán de la manera en que se busca la información”.
Mediante la Acordada Nº 34/2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, el cual se encuentra integrado por peritos contadores, entre otras profesiones y disciplinas científicas (cfr. art. 6 del Anexo a la Acordada CSJN Nº 34/2014).
En sus considerandos, el Más Alto Tribunal destacó la necesidad de promover mecanismos que agilicen los procesos en los que se combate la corrupción, los cuales demandan “operaciones y conocimientos de alta especialización”. Asimismo, dispuso que el cuerpo de peritos creado “deberá elaborar los informes de su especialidad, en un tiempo de racionalidad y sobre la base de actuaciones transparentes […] mediante la actuación de profesionales, elegidos mediante un concurso abierto de evaluación y antecedentes”.
En ese contexto, adscribo a la tesitura del primer voto en cuanto a que corresponde que en autos se dé intervención a los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. Por todo ello, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General ante esta Alzada, adhiero a la solución propiciada por el distinguido colega que me precede en orden de votación, doctor Gustavo M. Hornos.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por compartir, en lo sustancial, las consideraciones expuestas en los votos de los colegas que me precedieron en el orden de votación, adhiero a la solución propuesta por el juez Gustavo M. Hornos –que ya cuenta con la adhesión del juez Mariano Hernán Borinsky-, sin costas (arts. 530 y cctes. del C.-
P.P.N.).
En virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal, CASAR y REVOCAR la decisión impugnada y, finalmente, REMITIR la causa al a quo para que tome conocimiento de lo aquí resuelto y envíe los autos al juzgado de origen para que dicte una nueva resolución en la que se dé intervención a los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin costas en esta instancia (arts. 530 y cc. del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE las reservas del caso federal efectuadas.
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al tribunal de origen, mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia