Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 42.191-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-21025247-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 26 de Febrero de 2025 En la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por el Dr. José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el expediente N° 42.191-I, caratulado: “INSUMOS BIOMEDICOS S.A. s/ recurso de apelación”.
El Dr. Pérez dijo:
I. Que a fs. 120/130 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 359/2014 (DV RRME) de fecha 28/11/2014, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la Dirección General Impositiva – Administración Federal de Ingresos Públicos que determinó el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales enero 2008 a diciembre 2009, con más intereses resarcitorios.
Señala que el objeto que se persiguió en ese proceso de determinación de oficio de impuestos en cabeza de la recurrente se encuentra ya cumplido, agotado, conformado y regularizado por Insumos Biomédicos S.A. desde fecha misma 09/01/14; razón por la cual -lógica y legalmente- no tiene razón jurídica de ser y tramitarse a no ser solo por un cambio de condiciones unilateral y posteriormente efectuado por la administración en flagrante violación a derechos acordados y acuerdo de voluntades y legislación positiva vigente a esa fecha conforme Ley 26.860.-
Que en primer lugar, señala que el acto administrativo que rechace las pruebas ofrecidas deberá ser motivado, expresándose las razones que inducen a emitir el acto, consignando los hechos o antecedentes que le sirvan de causa y el derecho aplicable, en el que deberá sustentarse, de conformidad con lo establecido por el artículo 7 inciso e y b de la ley 19.549. En razón de lo manifestado, la mera invocación de que la prueba resulta inconducente no es suficiente para fundamentar su impugnación, estando obligado el organismo fiscal a explicitar los motivos por los cuales, a su juicio, la misma es manifiestamente improcedente, superflua o dilatoria.
Sostiene que la AFIP, ha desestimado la prueba ofrecida sin fundamento alguno, ya que no ha respetado lo dispuesto por la ley 19.549 y 11.683 citadas, abusando de su poder discrecional y violando de esta manera el legítimo derecho de defensa, el derecho de ser oído.
Afirma que lo único que se observa de la resolución que se ataca y agravia a la recurrente es solo una negativa genérica infundada a todo lo expuesto y nada más que un apuro evidente y manifiesto en resolver el caso en un sentido prefijado y direccionado contrario a la actora. -
Con respecto a los intereses resarcitorios manifiesta que teniendo en cuenta el carácter de accesoriedad de los intereses, para el supuesto caso de que el Tribunal no haga lugar al pedido de nulidad y revocación del acto administrativo dictado, se considera agraviado por la tasa de interés que pretende aplicar el Fisco en la liquidación adjuntada al proceso de determinación de oficio.
Acompaña documental. Ofrece prueba informativa y pericial. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso en todas sus partes y se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que mediante fs. 138/158 contesta el traslado la representación fiscal y niega todos los hechos esgrimidos por la parte actora.
Que, en primer lugar, con relación a la nulidad planteada por la actora, destaca que la nulidad de la resolución, implica una sanción gravísima, que sólo es procedente en aquellos casos en que la causa de invalidez del acto surge en forma manifiesta e indubitable. Debe además tratarse de un vicio que afecte al acto en sus elementos esenciales (confr. Ley 19.549 arts. 7, 8 y 14).
Indica que el acto administrativo atacado cumple acabadamente con cada uno de los requisitos esenciales establecidos en el artículo 7 de la Ley 19.549 competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad; por lo que no se da en autos la procedencia de la sanción de nulidad.
Señala que la actora ha realizado una serie de valoraciones que, ni por separado ni en su conjunto, pueden ser tomadas en cuenta como vicios que sustentarían esa supuesta nulidad de las actuaciones administrativas, no probando que el derecho de defensa haya sido afectado.
Sostiene que en la vista conferida a la responsable el 23 de setiembre de 2014, mediante Resolución N° 236/14 (DV RRME), se detallaron expresamente los cargos e impugnaciones que se le formulan. En dicho acto administrativo se expusieron los hechos y el derecho aplicable que justificaron su emisión, es decir, la causa que lo motiva, encontrándose adecuadamente exteriorizada la justificación técnica entre los informes y papeles de trabajo que forman parte de los antecedentes.
Afirma que en virtud de la verificación efectuada a Insumos Biomedicos, constató que la misma operó con los siguientes proveedores apócrifos Data 77 S.A., Aupres S.r.L, Logisur S.A., Mendoza Seller S.A., Pomba S.A., Emprendimientos Cuyanos S.A., Surem S.A.
Sostiene que la fiscalización constató la falta de capacidad operativa para realizar los servicios que factura, ya que no puede justificar el medio de transporte ni las personas para realizar las operaciones, dado que no posee bienes ni personal. En función de las observaciones expuestas, se concluyó que los proveedores mencionados no poseen capacidad operativa ni financiera para realizar los servicios facturados a la Insumos Biomédicos S.A..
Manifiesta que de conformidad con las disposiciones del artículo 12 de la ley del gravamen, atento a que no pudo comprobarse la autenticidad de las operaciones citadas, se impugnaron los créditos fiscales de Impuesto al Valor Agregado correspondientes a las operaciones cuestionadas en los períodos fiscales enero a diciembre 2008 y enero a diciembre 2009.
Asimismo, señala que de las tareas desarrolladas por el área de fiscalización no se ha constatado la existencia misma de las operaciones cuestionadas, recordando que la sola circunstancia que un sujeto se inscriba corno responsable ante el Organismo, presente DDJJ e, incluso, ingrese montos a título de impuestos, no los legitima como contribuyentes.
Con respecto al supuesto alcance de la Ley 26.860 a los presentes actuados señala que con respecto al Impuesto al Valor Agregado, atento a que los ingresos no declarados son los que se han de exteriorizar (fondos), en ningún caso podrían atribuirse a la adquisición de bienes y por lo tanto no corresponde al cómputo de crédito fiscal alguno.
Afirma que, en el presente caso, no existe exteriorización en los términos de la ley 26.860, toda vez que el concepto cuestionado no se encuentra alcanzado por los beneficios de la ley en cuestión. Indica atento a que lo previsto por la norma legal a efectos de su exteriorización son los ingresos no declarados, en ningún caso puede atribuirse tal carácter a la impugnación de créditos fiscales proveniente de facturas apócrifas y, en consecuencia, la exteriorización realizada por la recurrente no corresponde al ajuste proyectado. Indica que con relación a las constancias de inscripción ante el Organismo de los proveedores objetados, es menester indicar que de la normativa atinente a la obtención de la Clave Única de Identificación Tributaria, se desprende que es un código cuya finalidad es servir como medio de inscripción en los diferentes impuestos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, desestimándose por ende, que la mera inscripción implique la real ocurrencia de las operaciones cuestionadas.
Alega que la mera incorporación o no en la "Base APOC" de los supuestos proveedores, no es lo que definió las impugnaciones del presente caso, toda vez que las inconsistencias e irregularidades detectadas relacionadas con éstos, constituyeron indicios graves, precisos y concordantes en menoscabo de las operaciones por ella alegadas.
Con respecto a los intereses resarcitorios manifiesta que debe tenerse en cuenta que los mismos son accesorios de naturaleza indemnizatoria que se devengan por la falta de pago en término de los tributos y pagos a cuenta, sin perjuicio de la actualización y las multas que pudieren corresponder por la conducta reprochada. No deben entenderse los intereses resarcitorios como la aplicación de una sanción, sino como una indemnización al Fisco que se vio perjudicado por no haber ingresado en tiempo oportuno la suma adeudada por la actora.
Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Solicita por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas.
III. A fs. 204/206vta se resuelve no hacer lugar a la excepción de litispendencia planteada por la recurrente. En atención al estado de la causa, a fs. 226 se elevan los autos a consideración de la sala “A”. Finalmente, a fs. 230 se llaman autos para sentencia.
IV. Que, en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera que el Fisco Nacional ha desestimado la prueba ofrecida sin fundamento alguno, ya que no ha respetado lo dispuesto por la Ley 19549 y 11683 citadas, abusando de su poder discrecional y violando de esta manera el legítimo derecho de defensa, el derecho de ser oído.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que, respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Asimismo, en lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la arbitrariedad alegada al sostener la misma que se ha prescindido de prueba ofrecida, cabe señalar que, así como resulta cierto que el contribuyente tiene derecho a ofrecer pruebas durante el procedimiento administrativo, el juez administrativo interviniente tiene el deber de evaluar su admisibilidad procesal, circunstancia que se encuentra cumplida en el acto recurrido en su hoja 30 (ver fs. 39 de autos). Esta evaluación discrecional cae, por supuesto, dentro de la órbita jurisdiccional de este Tribunal quien juzgará, en definitiva, sobre la pertinencia o ilegitimidad de la resolución adoptada en la etapa anterior, pero para lo cual, deberá necesariamente entrar al examen de la cuestión de fondo controvertida y como esta fue propuesta por ambas partes. Solamente dicho examen permitirá a este Tribunal evaluar, a la postre, la justeza del rechazo probatorio en sede fiscal, agravio que se torna inviable en proporción excepcional. Que, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que conforme surge de los antecedentes administrativos se detectaron diversas irregularidades en las operaciones registradas en los períodos fiscalizados con los supuestos proveedores que se indican a continuación: Data 77 S.A., Aupres S.R.L, Logisur S.A., Mendoza Seller S.A., Pomba S.A., Emprendimientos Cuyanos S.A., Surem S.A.
La inspección actuante detectó: -La circularización enviada por fiscalización fue devuelta por el correo con la leyenda "desconocido" o se "mudó", o recibida en su domicilio alternativo pero no fue contestada. - Personal fiscalizador se constituyó en su domicilio fiscal, legal y comercial, no encontrando a persona alguna, en algunos casos no se pudo constatar el domicilio comercial.
- Los conceptos facturados son: a) servicios de alquiler de depósitos para mercadería en tránsito, b) traslados de materiales en Buenos Aires, c) relevamientos de inventarios, d) clasificación y control de calidad, e) servicio de asesoramiento en imagen corporativa y entrenamiento en promoción, f) "análisis del sistema integral de farmacología de la Provincia del Salta, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Córdoba, Neuquén, g) análisis del sistema integral de salud de Buenos Aires, Córdoba. Siendo en algunos casos los conceptos facturados distintos de la actividad declarada ante el Fisco Nacional. - No poseen bienes registrables -automotores e inmuebles- para realizar las actividades facturadas en los años 2008 y 2009.
- Se encuentran inscriptos en el Sistema Único de Seguridad Social desde octubre 2007, no registrando presentaciones de declaraciones juradas ni pagos, en otros casos, se encuentran inscriptos en julio 2009 presentando DDJJ hasta mayo 2010, otro inscripto desde mayo 2008, presentando DDJJ solo en el año 2008, en otro caso se encuentra inscripto desde abril 2007, registrando presentaciones de DDJJ en el año 2008 y 2013 con un solo empleado, el Sr. Daniel Eduardo Bresci, quien además es apoderado de POMBA y DATA 77 S.A.
- En el Impuesto al Valor Agregado, declaran débitos y créditos fiscales de similar cuantía, determinando saldos poco significativos a favor de este Organismo que no son ingresados.
- En el Impuesto a las Ganancias están inscriptos, presentan declaraciones juradas, determinando impuesto que cancela con retenciones o presentan DDJJ en cero.
- Poseen, todos, cuentas bancarias en el Banco Francés, informando acreditaciones.
- En relación a los medios de pago, INSUMOS BIOMÉDICOS S.A., aportó muestra de pagos con cheques que son depositados en su cuenta del Banco Francés o del proveedor y algunos en cuenta de la sociedad INVERSIONES BURSÁTILES S.A..
- La fiscalización constató la falta de capacidad operativa para realizar los servicios que factura, ya que no puede justificar el medio de transporte ni las personas para realizar las operaciones, dado que no posee bienes ni personal.
En función de las observaciones expuestas, se concluyó que los proveedores mencionados no poseen capacidad operativa ni financiera para realizar los servicios facturados a la Insumos Biomédicos S.A.
VI. Que en cuanto al ajuste practicado en el Impuesto al Valor Agregado corresponde señalar que tal como surge del Informe Final de Inspección la contribuyente efectuó la regularización mediante Ley 26.860 de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el Pais y en el Exterior por un importe de U$S 310.278 y que los imputa a los impuestos y períodos ajustados durante la fiscalización, aportando copia de los títulos CEDIN respaldatorios de la referida exteriorización (fs. 248/251 Cuerpo Impuesto al Valor Agregado 2).
Los inspectores, conforme las instrucciones recibidas de la superioridad como así también la interpretación de la normativa realizada por División Capacitación, procedieron a considerar aplicables los beneficios del blanqueo para los ajustes realizados en el Impuesto a las Ganancias (por impuesto determinado periodos 2008 y 2009) atento a que provienen de ajustes por margen de rentabilidad de la materia imponible, pero en cuanto al Impuesto al Valor Agregado -que aquí se discute- propuso la continuación del trámite de determinación de oficio porque el ajuste propuesto proviene de la impugnación de créditos fiscales por carecer los proveedores de capacidad operativa, es decir, se trata de operaciones apócrifas. Atento lo expuesto procedentemente corresponde señalar que resulta aplicable al caso de marras lo resuelto por la CSJN en autos “Copparoni SA c/DGI” de fecha 2/7/2020, con remisión a al Dictamen de la Procuración General de la Nación donde se dejó sentado que “En consecuencia, la cuestión a dilucidar radica en discernir si, de acuerdo con lo establecido en las instancias anteriores, resulta válida la liberación de la deuda aquí puesta en debate acorde a las prescripciones de la ley 26.860. Despejado lo anterior, estimo necesario recordar que el título II de la ley 26.860 estableció un régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, en las condiciones allí previstas.
Para ello, se consagraron una serie de beneficios que estaban sujetos a que el importe correspondiente a la moneda extranjera exteriorizada fuera afectado a la adquisición de alguno de los instrumentos financieros mencionados en el título I ("Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico - BAADE", "Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico" y "Certificado de Depósito para Inversión - CEDIN").
En el artículo 9° se previó que los sujetos que efectuaran la exteriorización no estarían obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de esas tenencias ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas.
Asimismo, y en lo que ahora interesa, el inc. c) de ese art. 9° especificó que dichos sujetos: "c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones: ... 2. Eximición de los Impuestos Internos y al Valor Agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar" (subrayado, agregado).
Ha sostenido V.E. que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y que cuando ésta es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 320:61; 305 y 2145; 323:1625, entre otros).
Con base en estas asentadas pautas observo que la ley exime al "impuesto al valor agregado" que oportunamente se omitió declarar, sin distinguir si se origina en débitos o en créditos fiscales inexactos. Cabe recordar aquí el claro principio hermenéutico que postula que no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (arg. Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros), quien podría haber excluido de la liberación al crédito fiscal del IVA proveniente de facturas consideradas apócrifas por parte de la AFIP, tal como lo reguló en otros regímenes (cfr. art. 46, inc. c., pto. 2, de la ley 27.260) y, sin embargo, no lo hizo.
En tal sentido, dentro de la propia ley 26.860, el legislador ha sido claro respecto de otros supuestos que quedaban fuera de la regularización, tal como el previsto en el art. 11 de la mencionada norma, en el que fijó: "La liberación establecida en el inciso c) del artículo 9° no podrá aplicarse a las retenciones o percepciones practicadas y no ingresadas".
No tuerce mi razonamiento la interpretación que propone la recurrente, en cuanto busca limitar el beneficio en el IVA únicamente al débito fiscal omitido, pues considera que sólo en estos supuestos pudo obtenerse un capital oculto susceptible de posterior exteriorización.
Por el contario, es claro para mí que tal capital oculto puede originarse tanto en ventas omitidas cuanto en compras ficticias. Es que, por ambas vías -disminución del débito fiscal mediante ventas omitidas o incremento del crédito fiscal por medio de adquisiciones ficticias- el contribuyente declara un IVA menor al realmente adeudado (cfr. arts. 11, 12 y ccdtes., ley 23.349, t.o. 1997), y obtiene así un capital que permanece oculto al Fisco y cuya exteriorización el régimen de la ley 26.860 procura.
Desde mi punto de vista, ello adquiere especial relevancia puesto que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema en que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482) y la verificación de los resultados a que su exégesis conduce en el caso concreto (Fallos: 303:917; 307:1018; 310:464; 311:1025; 317:1505; 318:79, entre otros).
Bajo este prisma, nada encuentro en la letra de la ley ni en el espíritu del legislador que permita inferir que se admite la regularización de la deuda nacida como consecuencia del empleo de la primera modalidad (ventas omitidas) mientras se excluye la que tiene su origen en la segunda (compras ficticias o apócrifas), cuando ambas -como se explicó- arrojan un resultado idéntico (disminución del IVA a pagar). ”
Que, las consideraciones que anteceden resultan de aplicación al presente caso, en razón de lo cual corresponde revocar la Resolución Nº 359/14 venida en recurso, por efecto de la aplicación de los beneficios dispuestos por la Ley N° 26.860. Con Costas.
La Dra. Guzmán y el Dr. Porporatto dijeron:
Que adhieren al voto de Dr. Pérez.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución 359/14, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.02.26 13:11:30 ART Date: 2025.02.26 14:07:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.26 19:18:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.26 19:18:44 -03:00
Fin de la sentencia