Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 37791-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia5 1) Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 88/89vta.; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2Modificar la regulación de honorarios de fs. 1120/1121 y fijar los correspondientes a la actuación ante esta instancia del modo en que surge del considerando 6°.
3En atención a la intimación cursada en el punto V del primer auto, notificado a la parte demandada el 17/2/25, sin que aquélla cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicar astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo. Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac.
CSJN 20/92).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 1365/2025 INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA SA (TF 37791-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 10 de julio de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 1097/1098, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución DE PRLA 841/17, recaída en la actuación 13806-362-2010, y dejó sin efecto el cargo tributario FI 190-2010. Dicho cargo se había formulado con fundamento en que la mercadería amparada por la destinación de importación 09 001 IC04 114670P no podía gozar del régimen preferencial del MERCOSUR a tenor del certificado de origen 01-09- 18-08598, emitido por la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, sino que debía tributar como si fuese extrazona, con arreglo a lo dispuesto en la resolución 34/10 de la entonces Secretaría de Industria, Comercio y PyME (SICPyME).
Condenó en costas al Fisco Nacional.
Para así resolver, tuvo en cuenta que mediante dicha destinación, registrada el 14/8/09, se importaron fibras sintéticas de poliéster de la PA 5503.20.90, declarándose que eran originarias de la República Federativa de Brasil y que el vendedor era M&G Fibras Brasil SA.
Señaló que el Fisco había descalificado el origen brasileño de los bienes con sustento en la citada resolución SICPyME 34/10 (BO 9/9/10), que estableció: “Artículo 1º — Determínase que las fibras de poliéster, clasificadas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.)
5503.20.90, exportados a nuestro país por la firma M & G FIBRAS BRASIL S.A. de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL no cumplen con las condiciones para ser considerados originarios en los términos de lo dispuesto por el Régimen de Origen MERCOSUR.
Art. 2º — La Dirección General de Aduanas…suspenderá el tratamiento arancelario de intrazona a los productos indicados en el artículo anterior… Art. 3º — Notifíquese a la Dirección General de Aduanas que corresponde dar tratamiento arancelario de extrazona a los despachos de importación oficializados en el transcurso de la investigación, esto es entre el día 13 de noviembre de 2009 y la entrada en vigencia de la presente resolución, correspondiente a las mercaderías clasificadas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 5503.20.90, en las que conste como exportador la firma M & G FIBRAS BRASIL S.A. de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, en razón de lo cual deberá formular los cargos correspondientes.
Art. 4º — Notifíquese a la Dirección General de Aduanas para que proceda a dar tratamiento arancelario de extrazona, y formule los cargos correspondientes, a las fibras de poliéster clasificados en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 5503.20.90 exportadas por la firma M & G FIBRAS BRASIL S.A. de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL e importados: por la firma ALGODONERA AVELLANEDA S.A. de la REPUBLICA ARGENTINA documentada mediante el Despacho de Importación 09001IC04084773C de fecha 22 de junio de 2009; por la firma HILADO S.A. documentada mediante el Despacho de Importación 09001IC04104105H de fecha 1 27 de julio de 2009; por la firma TIPOITI S.A.T.C, documentada mediante el Despacho de Importación 09001IC04103758U de fecha 27 de julio de 2009; por la firma INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA S.A. documentada mediante el Despacho de Importación 09001IC04114670P de fecha 14 de agosto de 2009; por la firma FORALIA S.A. documentada mediante el Despacho de Importación 09001IC04117707T de fecha 20 de agosto de 2009; y por la firma TEXAMERI S.A. documentada mediante el Despacho de Importación 09001IC04120134H de fecha 26 de agosto de 2009.
Art. 5º — La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Sin embargo, el tribunal entendió que correspondía estar a lo que, con posterioridad, dispuso la resolución 56/12 de la Secretaría de Comercio Exterior (SCE) (BO 6/6/12), que dejó sin efecto a la que había sustentado la exigencia tributaria y ordenó “otorgar tratamiento arancelario preferencial establecido en los términos previstos en el ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 18 (ACE 18) a las importaciones de fibras de poliéster, clasificadas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 5503.20.90, en las que conste como exportador la firma M & G FIBRAS BRASIL S.A. de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL”.
Por consiguiente, declaró aplicable el régimen arancelario preferencial a la mercadería del caso y revocó el cargo FI 190-10.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 1106/vta., que se concedió a fs. 1108, se fundó a fs. 1109/1110vta. y fue replicada a fs. 1124/1132. Por un lado, fundamentó la aplicación al caso de la resolución SICPyME 34/10. Dijo que “el hecho gravado por los derechos de importación es la importación para consumo, que tiene lugar en los supuestos regulares con el acto administrativo que posibilita la entrada de la mercadería a la circulación económica interna, es decir, en la fecha del libramiento a consumo de la mercadería (art. 23)”. Y agregó: “la Convención de Kyoto…precisa…que la legislación nacional especificará el momento que se tomará en cuenta a los efectos de determinar los tipos de derechos y de impuestos aduaneros. De conformidad con lo expuesto, al momento de la oficialización -esto es en fecha 14 de agosto de 2009, así como de la formulación del cargo, se encontraba vigente la Resolución N° 34/2010…y recién en el año 2012 se modificó la norma, cuando se encontraba en trámite la impugnación” (fs. 1109vta., énfasis añadido).
Por otro lado, argumentó que la resolución SCE 56/12 había dejado sin efecto la anterior a partir de su entrada en vigencia, es decir desde el 7/6/12, sin carácter retroactivo.
3. Que, a fs. 1120/1121, se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora; los que fueron apelados por altos a fs. 1137/1140 y por bajos a fs. 1144/1149vta. Ambos recursos se concedieron a fs. 1151 y a fs. 1156/1157vta. el Fisco contestó el traslado conferido.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 1365/2025 INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA SA (TF 37791-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 4°) Que, ante todo, vale la pena recordar que la expresión de agravios debe consistir en una refutación nítida y puntual de los errores que se estima contiene la resolución, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, no pudiendo ser una mera discrepancia con lo resuelto por el juez (arg. art. 265, CPCCN – aplicable en virtud de la remisión dispuesta en el art. 1182, CA-).
La idea de crítica concreta a la que se hace referencia en este punto tiene que ver con la precisión de la impugnación, con el fin de demostrarle a la cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas en la anterior instancia (cfr. FENOCHIETTO-ARAZI, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y concordado, T. I, Astrea, Buenos Aires, pp. 941/942).
El memorial del Fisco incumplió con tales pautas, ya que, además de expresar de manera ambigua la fecha determinante del régimen tributario aplicable —que, conforme al art. 637, inc. b, del Código Aduanero, es la correspondiente al registro de la destinación de importación para consumo—, incurrió en una inexactitud al afirmar que, al momento de la oficialización del despacho (14/08/09), ya se encontraba vigente la resolución SICPyME 34/10.
Esa resolución recién entró en vigor el 10/09/10. De este modo, el Fisco omitió considerar que su aplicación al presente caso se fundaba en el efecto retroactivo establecido en su artículo 4° con relación a determinadas operaciones, entre ellas el despacho aquí involucrado.
Precisamente, tal retroactividad —y su afectación al principio de legalidad— había sido cuestionada por la actora en su escrito de demanda (ver fs. 11vta.). Por otra parte, el memorial no se hizo cargo de los términos de la resolución SCE 56/12, la cual, en lo que aquí interesa destacar, dispuso dejar sin efecto la resolución SICPyME 34/10. Tampoco pudo obviarse que la resolución 34/10 había sido dictada con sustento en los artículos 27 y 32 del Anexo al Protocolo 44 del ACE 18, en tanto que la resolución SCE 56/12 se adoptó en virtud del procedimiento recursivo previsto en el artículo 35, inciso b, del mismo Anexo (v. considerandos de ambas resoluciones). En consecuencia, el efecto retroactivo de la declaración de nulidad de la primera resolución se encuentra expresamente contemplado en el artículo 41 del mencionado Anexo, en cuanto impone la obligación de liberar garantías o reintegrar derechos de importación percibidos en exceso, siempre que —como aconteció en el caso— la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM) haya aprobado un dictamen técnico que recomiende revisar la descalificación de origen efectuada por el Estado parte importador 3 (cfr. punto 4.1 del Acta 2/12 de la CXXVI Reunión de la CCM, citada por la Resolución SCE 56/12).
En efecto, de los considerandos de la resolución SCE 56/12 surge que se tomó en cuenta lo siguiente:
“Que en la CXXVI Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del MERCOSUR la citada Comisión aprobó el Dictamen Técnico emitido por el Grupo de Expertos sobre la descalificación de origen de las fibras de poliéster exportadas por la Empresa M & G FIBRAS BRASIL S.A.
Que por lo tanto, y en atención a lo dictaminado en mayoría por el citado Grupo de Expertos, corresponde dejar sin efecto la Resolución Nº 34/10 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO…”
La resolución SCE 56/12 concluye disponiendo:
“Artículo 1° — Déjase sin efecto la Resolución Nº 34 de fecha 26 de febrero de 2010 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO, por las razones expresadas en los considerandos de la presente resolución.
Artículo 2° — Notifíquese a la Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, para que proceda a otorgar tratamiento arancelario preferencial, establecido en los términos previstos en el ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 18 (ACE 18), a las importaciones de fibras de poliéster clasificadas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 5503.20.90, en las que conste como exportador la firma M & G FIBRAS BRASIL S.A. de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
Artículo 3° — La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial”.
Cabe aclarar, finalmente, que el artículo 3° regula la entrada en vigor de la norma y no se opone —ni excluye— los efectos retroactivos de la declaración de nulidad, los cuales encuentran pleno sustento en el citado artículo 41 del Protocolo 44 del ACE 18.
5. Que, por todo lo expuesto, se desestima el recurso del Fisco Nacional y se confirma la decisión apelada; con costas, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
6. Que, resta tratar las apelaciones interpuestas contra el auto regulatorio de fs. 1120/1121.
En atención a los planteos formulados por las partes, se remite al criterio expuesto por este Tribunal en cuanto a que, para establecer la base regulatoria de los honorarios en casos como el presente, en que se cuestionan liquidaciones de tributos aduaneros que se determinan en dólares estadounidenses (arg. art. 20, ley 23.905), resulta equitativo estar a la cotización de la moneda vigente a la fecha de interposición de la acción (31/3/17); que es la misma que se toma en cuenta para determinar el monto del litigio y abonar la tasa de actuación (cfr. causa 15539/19 “Wintershall Energía SA c/ DGA”, sent. del 17/2/20, entre muchas otras).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 1365/2025 INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA SA (TF 37791-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Esto así, sin perjuicio de la facultad de los jueces de la causa de computar en la base regulatoria los intereses devengados durante la tramitación de la causa, a fin de actualizar el valor discutido a los fines arancelarios, para respetar el derecho de propiedad y la justa retribución que garantizan los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, asegurando así una razonable contraprestación por la labor profesional desarrollada que, de lo contrario, se vería cercenada por el solo hecho de que la ley 21.839 no contiene una clara e indubitable disposición legal al respecto (doctr. Fallos 296:168). El Tribunal considera necesario revisar su anterior criterio (aplicado, entre otras, en la causa 32765/99 “ENTEL (EL) c/ Telefónica de Argentina SA s/ contrato administrativo”, resol. del 22/3/22) y ejercer esta facultad en el caso, con relación a todas las etapas del pleito.
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto discutido en el juicio, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por Ignacio B. Marín en carácter de letrado apoderado de la actora, durante la primera etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los emolumentos fijados a su favor a la suma de $104.550 (arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por el citado profesional durante la segunda etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR sus honorarios a la suma de $193.990,6 ⸻equivalentes a la cantidad de 2,65 UMA⸻ (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 1432/25). Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios de Francisco J. Menéndez y Patricia S. Rodríguez por su actuación en esta instancia en el respectivo carácter de apoderado y patrocinante de la parte actora (cfr. contestación de agravios de fs. 1124/1132) en la suma conjunta de $102.485,6 ⸻equivalentes a la cantidad de 1,4 UMA⸻ (resol. CSJN SGA 1432/25).
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que ⸻en su caso⸻ deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo. Además, deberán cancelarse –en lo pertinente– de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
5 1) Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la resolución de fs. 88/89vta.; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2. Modificar la regulación de honorarios de fs. 1120/1121 y fijar los correspondientes a la actuación ante esta instancia del modo en que surge del considerando 6°.
3. En atención a la intimación cursada en el punto V del primer auto, notificado a la parte demandada el 17/2/25, sin que aquélla cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicar astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo. Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac.
CSJN 20/92).
Regístrese, notifíquese y cúmplase con la remisión ordenada en el punto 3.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia