Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición, en los términos previstos por ley 27.653 en cuanto a los montos incluidos en el plan de facilidades en concepto de capital y accesorios en la medida establecida en el art. 6 inciso b) de la norma citada en tanto éstos se encuentran discutidos en estos auto. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la actora.
2Declarar condonados de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en el punto anterior y la sanción aplicada. Costas en el orden causado.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $48.496 (pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis) equivalente a 6,52 (seis con 52/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $121.241 (pesos ciento veintiún mil doscientos cuarenta y uno) equivalente a 16,30 (dieciséis con 30/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Ley 27.653, Acordada N°4/2022 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-40611397-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 26 de Abril de 2022 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX- 2021-75833661-APN- SGAI#TFN, caratulado "INTECO SRL s/ Recurso de Apelación"
La Dra. Gómez dijo:
I-. Mediante RE-2021-75832191-APN-SGAI#TFN, Inteco SRL apela la resolución dictada el 28 de julio de 2021 por la Dirección Regional Salta de AFIP-DGI, por la que se dispuso determinar de oficio las obligaciones fiscales de la actora relativas al IVA de los períodos fiscales del 09/2015 al 06/2016, intimando gravamen a ingresar más accesorios. Asimismo, se le aplicó una multa equivalente a tres veces el impuesto evadido por los períodos del 09/2015 al 12/2015, encuadrada en los artículos 46 y 47, incisos a),b) y c), de la Ley 11.683. Finalmente se suspendió la aplicación de sanciones por el períodos del 01/2016 al 06/2016, en virtud de lo establecido por el artículo 20 de la ley 24.769 (RE-2021-75832878-APN-SGAI#TFN).
Opone excepción de falta de legitimación activa del Fisco para reclamar el pago de impuestos, accesorios y multas. En tal sentido, la actora argumenta que el organismo recaudador pretende indebidamente asignarle las consecuencias fiscales de un tercero obligado en la relación jurídica tributaria extendiéndose indebidamente sus efectos.
Plantea la nulidad de la resolución, con fundamento en la falta de de motivación suficiente. Asimismo, trae a colación que el Fisco omitió considerar la prueba aportada en sede administrativa, lo que obsta darle la validez y certeza necesaria que el organismo pretende otorgarle al procedimiento cursado.
En cuanto a las operaciones impugnadas con Bureau Profesional SRL, Alotour SRL y Alejandro Martínez Y Cía SRL, la actora remarca que siempre actuó de buena fe; pudiendo en consecuencia también observarse el fiel cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales a cargo de la empresa, subrayando que el hecho de que los proveedores puedan tener una conducta irregular en el cumplimiento de sus propias obligaciones fiscales no resulta atribuible a su parte. Asimismo, recalca que las operaciones cuestionadas quedaron formalizadas mediante la emisión de la factura correspondiente por el proveedor, con apego a la normativa vigente exigida por el propio organismo recaudador.- En tal sentido, sostiene que es de aplicación la doctrina de los propios actos, que se sintetiza en el precepto “venire contra factum propium non valet”, tornando inadmisible la pretensión que importe ponerse en contradicción con la propia conducta fiscal.
Con relación al aspecto sancionatorio, la demandante postula que no declaró engañosamente ni ocultó maliciosamente su realidad impositiva, destacando que su conducta no fue evasiva, ni dolosa, ya que de otro modo la imputación debería ser reiterativa, esto es existir una reincidencia.
Acompaña prueba documental. Ofrece prueba informativa y periciales contables y técnicas. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado. Con costas.
II. A través del IF-2021-101481559-APN-DTD#JGM contesta traslado el Fisco Nacional.
Con relación a la excepción de legitimación activa, el organismo recaudador aduce que resulta carente de fundamento en los términos de lo plasmado en el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Esta legitimación activa supone la aptitud para estar en juicio como parte actora. La legitimación “pasiva” se vincula con la identidad entre la persona demandada y el sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida. Concluye que AFIP tiene plena legitimación para actuar, fiscalizar y recaudar los tributos, solicitando que la excepción sea desestimada, con costas.
Rechaza el planteo de nulidad, afirmando que el acto en cuestión se dictó efectuando una clara y amplia descripción tanto analítica como numérica de los hechos y circunstancias tenidas en cuenta para producirlo, lo que ha permitido que el accionante ejerciera sin restricciones su derecho de defensa.
Respecto al ajuste efectuado, la representación fiscal expuso que de los elementos colectados se concluyó que las facturas en cuestión resultaron actos carentes de sinceridad, no teniendo quienes figuraban como emisores, actividad comercial real o sustantiva que diera sustento a las mismas, lo que permitió sostener que se trataban de sujetos inscriptos al sólo efecto de facturar gastos ilegítimos.
En cuanto a la liquidación de intereses, pone de relieve que a la luz de los lineamientos que sobre el tema ha fijado nuestro Tribunal Cimero y en razón de lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de rito fiscal, corresponde también la confirmación de tales accesorios.
Finalmente, en lo que atañe al aspecto sancionatorio, la representación fiscal señala que se presenta una trasgresión dolosa de las relaciones jurídicas tributarias sustanciales, siendo que se configuró una evasión genérica al existir declaraciones engañosas u ocultación maliciosa que perjudicaron la recaudación fiscal. Se opone a la producción de prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se confirme el acto apelado. Con costas.
III. Que por PV-2021-123208133-APN-VOCX#TFN se abrió la causa a prueba Posteriormente, por medio del RE-2022-31878882-APN-DTD#JGM, la actora señala haber incluido las obligaciones en discusión en un plan de pagos de acuerdo a lo dispuesto por la ley 27653 de alivio fiscal, desistiendo de la acción y el derecho, incluso el de repetición. En tal sentido, acompaña: detalle de la deuda incluida en el Plan P912584 de fecha 14 de marzo de 2022 (RE-2022-31879448-APN-DTD#JGM y RE-2022- 31879629-APN-DTD#JGM); F1003 (RE-2022-31879349-APN-DTD#JGM) y Certificado MiPyme (RE-2022-
31879203-APN-DTD#JGM). Finalmente, surge de la presentación que la recurrente puntualiza en carácter de declaración jurada, no estar ni ella ni sus socios incursos en las causales de exclusión previstas en el artículo 16 de la ley 27541 y concordantes.
Que el Fisco contesta traslado mediante el archivo anexo al IF-2022-33837076-APN-DTD#JGM, más documentación complementaria acompañada. Allí puntualiza que el contribuyente se acogió a un plan de facilidades en los términos de la ley 27.653 (P912584) plan vigente, incluyendo la totalidad de la deuda por impuesto y los montos no condonados de los intereses resarcitorios, correspondiente al IVA de los períodos fiscales del 09/2015 al 06/2016 (vide también anexo al IF-2022-33838223-APN-DTD#JGM).
Pone de relieve que en lo que refiere a las causales de exclusión previstas en el artículo 16° de la ley 27.541 (y sus concordantes Ley 27653), se corroboró que la actora no está incursa en las causales de exclusión de sus incisos a) y b), pero respecto a las establecidas en los incisos c) y d) de dicha norma, aduce no poseer un sistema interno de consultas para verificar las situaciones previstas en estos incisos.
Finalmente, señala que la actora posee la categorización de Pyme, vigente hasta el 30-04-2022 a los efectos de que fuera alcanzada por el régimen de la ley 27.541.
En virtud de lo expuesto, mediante PV-2022-35474742-APN-VOCX#TFN se elevaron los autos a conocimiento de la Sala. IV- Que corresponde analizar entonces el acogimiento formulado por la actora al régimen dispuesto por la ley N° 27.653.
Que el artículo 5° de la ley citada (B.O. 11/11/2021) dispuso “Amplíase la Moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras aprobada por la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562, prorrogándose la vigencia de las mismas, para que las y los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, puedan acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, a dicho régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones”.
Asimismo, en el artículo 6° se dispuso que a los efectos de la ampliación prevista por el artículo anterior, resultan de aplicación todas las disposiciones previstas en la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada por la ley 27.562, con determinadas excepciones y/o consideraciones.
Que surge de las constancias de autos que: la recurrente se acogió a un Plan de la Ley 27.653 incluyendo las sumas determinadas en autos, lo que implica el desistimiento de la acción y el derecho, incluso el de repetición (cfr. art. 7 segundo párrafo de la ley) además de lo manifestado en el RE-2022-31878882-APN-DTD#JGM; no resulta objetada por el Fisco la condición de la recurrente de Micro, Pequeña o Mediana Empresa; y sin perjuicio de lo informado por el organismo recaudador anexo al IF-2022-33837076-APN-DTD#JGM, ha quedado expuesto que la recurrente manifestó en carácter de declaración jurada, no estar ni ella ni sus socios incursos en las causales de exclusión previstas en el artículo 16 de la ley 27541 y concordantes.
En efecto, ajustándose lo expuesto a lo estipulado por la ley 27.653, corresponde tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición, en los términos previstos por dicha norma en cuanto a los montos incluidos en concepto de capital y accesorios en el plan de facilidades Plan N° P912584 consolidado el 14 de marzo de 2022.
V. Con relación al remanente de intereses resarcitorios y la sanción aplicada, la citada normativa establece su condonación como beneficio a partir del desistimiento formulado.
Puntualmente, en cuanto a los interés de los términos del artículo 6 inciso b) de la ley 27.653, surge que ello será procedente en el importe que por el total de intereses supere en los porcentajes que allí se indican para cada clase de contribuyente, siendo en el caso de los que cuentan con Certificado MiPyme –como el caso de la recurrentede un diez por ciento (10%). Por su parte el artículo 36 inciso b) de la RG N° 5101/2021 (AFIP) establece el beneficio de condonación de sanciones cuando se hubiera regularizado la obligación sustancial e intereses no condonados, en lo que aquí interesa, a través de plan de facilidades de pago generado en los términos de la ley 27.653, en la medida en que la sanción no se encuentre firme a la fecha de acogimiento al régimen de regularización, tal como sucede en este caso.
Que, al respecto debe señalar que sin perjuicio del criterio que he seguido en ocasión de resolver cuestiones análogas con motivo de anteriores leyes de moratoria, lo cierto es que de un nuevo análisis del tema me lleva a rever mi posición y en consecuencia, encontrándose cumplidas las formalidades exigidas en dicha normativa, corresponde declarar la condonación de los intereses resarcitorios y de la sanción aplicada en el acto cuestionado. Que en lo que respecta a las costas teniendo en cuenta la jurisprudencia pacífica de éste Tribunal, estas deben distribuirse en el orden causado, dado que la condonación dispuesta comporta que no haya parte vencida. VI-Por la forma en que se resuelve no procede tratar las restantes cuestiones planteadas por las partes. La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere al voto precedente.
El Dr. Martín dijo:
1. Que con relación a la condonación de intereses resarcitorios y multa vinculada con el acogimiento al régimen de la Ley N° 27.653, al estar pendiente de pago la casi totalidad de las obligaciones sustanciales que dieran lugar a dichos conceptos y en curso un plan de pagos de 120 cuotas (última cuota año 2032), corresponde remitirme en mérito a la brevedad, entre otras, a las causas ARNOLDI ADOLFO IGNACIO 18- 05-21 Expte ………9612; LACASE MARTIN 13-5-21 Expte ………1998; BUFALO S.A. 02-6-21 Expte 49.435-I; SPG S.R.L. 04-06-21 Expte 49807; NOVILLO MIGUEL 14-6-21 Expte 33590; GIRAUDO JULIAN 26-11-20 Expte …….4721 ; SACHI S.A. 25-11-20 Expte ……6953 ; ARQUIMEDES CARRIZO S..R.L. 23-12-20 Expte ……..0284, todas ellas de esta Sala D, en las que consideré que al encontrarse adeudada parte de las obligaciones principales, no corresponde otorgar en esta oportunidad la condonación de la porción de intereses que exceden aquellos que deben formar parte de la regularización, ni de la multa que se discute en la presente litis (arts. 6° de la Ley 27.653), hasta tanto se acredite la cancelación total -pago- de las obligaciones sustanciales -con más los intereses no condonables-, que dieran lugar a los intereses resarcitorios previstos en el artículo 37 de la Ley N° 11.683 y a la sanción recurrida.
Ello se encuentra en consonancia con la R.G. 5101/2021 -art. 31-, en cuanto prevé que, de producirse la caducidad del plan de pagos, el Fisco reclamará la parte proporcional de la deuda total –capital, intereses y multas- aún no cancelada. Además resulta demostrativo que de otorgarse en este ámbito una condonación plena, ésta entraría en colisión con la facultad del Fisco para reclamar intereses y multas “supuestamente condonados”.
2. En consecuencia:
No habiéndose acreditado la cancelación total -pago- de 1) la obligación sustancial y 2) los intereses no condonados; pero estando vigente un plan de pagos, procédase a remitir la presente causa al archivo, hasta tanto la actora acredite la cancelación total de dichas obligaciones o que el Fisco Nacional denuncie que se ha producido un incumplimiento en los planes de pagos que impliquen la caducidad del mismo.
De no existir presentaciones en ninguno de los dos sentidos, se tendrán por condonadas las multas aplicadas y la fracción de intereses excedentes, en la fecha que se cumpla el vencimiento de la última cuota del plan de pagos original –Ley 27.653-, atento haber dado cumplimiento a los demás requisitos subjetivos que requiere la citada ley. En este supuesto costas por su orden.
3. Adhiero a la decisión que adopta la Vocal instructora con relación al desistimiento de acciones y derechos, como así también a la regulación de honorarios.
Del resultado de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición, en los términos previstos por ley 27.653 en cuanto a los montos incluidos en el plan de facilidades en concepto de capital y accesorios en la medida establecida en el art. 6 inciso b) de la norma citada en tanto éstos se encuentran discutidos en estos auto. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la actora.
2. Declarar condonados de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en el punto anterior y la sanción aplicada. Costas en el orden causado.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $48.496 (pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis) equivalente a 6,52 (seis con 52/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $121.241 (pesos ciento veintiún mil doscientos cuarenta y uno) equivalente a 16,30 (dieciséis con 30/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Ley 27.653, Acordada N°4/2022 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
4. Regular los honorarios del Ingeniero Civil Gomez Juan Ignacio por la labor desarrollada en autos como perito ingeniero designada a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $2.000 (pesos dos mil) equivalente a 0,26 (cero con 26/100) UMA, los que quedan a cargo del incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la labor pericial realizada, el resultado obtenido y la proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervienen en el pleito, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°4/22 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Decreto N° 1077/2017 y la doctrina sentada por la CSJN (Fallos 260:14; y 300:70, entre otros). Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2022.04.26 10:26:22 -03:00 Date: 2022.04.26 12:15:27 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.04.26 13:49:01 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.26 13:49:02 -03:00
Fin de la sentencia