Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35167-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 479/481; con costas, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2584/2025 INTEK SA (TF 35167-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2025.
1. Que, a fs. 479/481, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución DE PRLA 5546/14, recaída en la actuación SIGEA 13671-300-2006/2, y dejó sin efecto los cargos1312/08, 1313/08 y 1314/08, resultantes del ajuste de valor que se practicó sobre las destinaciones de importación registradas por INTEK SA durante los años 2003, 2004 y 2005, identificadas en las planillas de fs. 5/16 de la actuación administrativa. Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para resolver de tal modo, recordó que la cuestión se centraba en determinar la procedencia del ajuste efectuado en los términos del artículo 8º, apartado 1º, inciso c, del Acuerdo relativo a la Aplicación del Art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo de Valoración), por no incluirse en el precio documentado las regalías que la actora (licenciataria) abonó a las firmas Cris Morena Group, Disney Consumer Products Latin America Inc., Warner Bros Consumer Producsts Inc. y Mattel Europa B.V (licenciantes) por el uso de sus marcas y obras creativas -personajes y trabajos artísticos creados por ellas -.
Mencionó que para la Aduana las regalías se relacionaban con la mercadería importada, pues se devengaban a partir de la reventa de los productos; mientras que la actora oponía que los contratos de licencia no tenían vinculación alguna con las importaciones.
Aclaró que estaba fuera de discusión que los intervinientes en los contratos de licencia y compraventa eran independientes entre sí. Es decir, que Intek SA no tenía ninguna vinculación con las licenciantes de derechos intelectuales, ni con los proveedores de las mercaderías.
Refirió a los artículos 1º y 8º del Acuerdo de Valoración, y explicó que el ajuste por el concepto “cánones y derechos de licencia” requiere tres cuestiones simultáneas: a) que los cánones o derechos estén relacionados con las mercaderías que se valoran; b) que su pago constituya una condición para la venta de las mercaderías; y c) que su importe no esté incluido en el precio pagado o por pagar por aquéllas.
Indicó que en el estudio de valor efectuado por la Aduana (nota DV EMVI 560/08) se habían tomado en consideración los términos de los contratos de licencia, de los cuales surgía que, con mayores o menores exigencias, la actora podía optar entre encomendar la fabricación de las mercaderías licenciadas a cualquier proveedor extranjero o argentino, o bien, optar por fabricarlas ella misma. Además, para encomendar la fabricación a otro proveedor, se establecía como requisito la previa autorización o consentimiento del otorgante de la licencia, mientras que en otros se indicaba que era suficiente con notificar a la licenciante el nombre y dirección del fabricante, así como los productos a fabricar, incluyéndose entre las exigencias la formalización y entrega de un contrato o acuerdo de fabricante. Por otra parte, las licenciantes podían requerir una inspección previa a la aprobación de un fabricante, así como el cumplimiento de un código de fabricación, empaque y distribución de productos, o el envío de muestras de los productos producidos.
Sostuvo que el Comentario 25.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana sirve de guía para interpretar el artículo 8.1.c del Acuerdo en los casos en que el canon o derecho de licencia se abone a un tercero no vinculado con el vendedor, y establece que las regalías deben ser añadidas al precio pagado o por pagar: (i) si el comprador no puede adquirir las mercaderías importadas sin pagar dicho canon; (ii) si el contrato de compraventa (importación en nuestro caso) puede rescindirse en caso de violación al acuerdo de licencia; (iii) si en el acuerdo de licencia existe una cláusula en la que se establece que, si no se efectúa el pago del canon, el fabricante no está autorizado a fabricar para el importador; y (iv) si el acuerdo de licencia contiene cláusulas que autorizan al licenciante a gestionar la producción o la venta entre el fabricante y el importador, que vayan más allá de un control de calidad.
Agregó que el artículo 8.1.c del Acuerdo comprende tanto las regalías que el comprador tenga que abonar en forma directa o indirecta como condición de venta de las mercaderías, y no exige que exista vinculación en el sentido del artículo 15 del Acuerdo, pero sí demanda la existencia de un convenio entre el vendedor de la mercadería y el dueño de la licencia cedida al comprador, en virtud del cual el primero no pueda vender las mercaderías si el comprador no abona el canon en beneficio del titular de los derechos de propiedad intelectual. Es decir que, en definitiva, solo puede establecer una condición de venta el propio vendedor, o una persona vinculada a él o que haya acordado con él algo al respecto; de lo contrario, cuando el vendedor no sea el otorgante de la licencia, se está ante dos contratos separados, y el pago del canon no constituye un pago indirecto al vendedor en el sentido del artículo 8° del Acuerdo.
A partir de ese momento, procedió a analizar la prueba producida en la causa y concluyó que, más allá de los requisitos establecidos en los contratos de licencia —en virtud de los cuales la Aduana había efectuado el ajuste— existían otros elementos de mayor peso que permitían sostener, con convicción, que el pago de las regalías no constituía una condición de venta de las mercaderías involucradas en el expediente. En particular, hizo referencia a:
-La pericia contable obrante a fs. 397/404 de los antecedentes administrativos, donde se afirma: “No consta de la documentación y registros verificados que Intek S.A. haya abonado alguna suma de dinero adicional al precio pactado en las facturas de los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2584/2025 INTEK SA (TF 35167-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO proveedores del exterior por la adquisición de mercaderías”. Además, se aclara: “Dichas facturas solo consignan el precio del producto, sin adicionales por regalías, participación por ventas o cualquier otro concepto extra”.
-La ampliación de la pericia contable producida en sede del Tribunal Fiscal, obrante a fs. 433 de autos, en cuanto indica que “de la documentación observada no surge documento alguno donde el pago de las regalías sea condición para comprar las mercaderías en el exterior”, y añade que “los contratos de licencia a) se suscriben con terceros ajenos a los fabricantes o proveedores de la mercadería; b) no fijan, ni determinan a qué proveedores se les deberá solicitar la provisión de los productos; c) determinan la liquidación de regalías por las ventas de los productos comercializados por Intek en el territorio del país, sin considerar su forma de adquisición: producción propia, compra local, importación, etc.”, aclarando, por último, que “los proveedores del exterior fabrican los productos a pedido de Intek, sin tener información alguna de la existencia o no de regalías por la venta de los mismos”.
-La prueba informativa obrante a fs. 410/416 de los antecedentes administrativos, donde las empresas proveedoras Shantou Defeng Trading CO. LTD y Hum Lum Enterprose LTD manifestaron no tener vinculación con Cris Morena Group, Disney Consumer Products Latin America Inc., Warner Bros Consumer Products Inc. ni Mattel Europa BV; y negaron haber recibido participación de las regalías por sus ventas o por las ventas de Intek SA.
-La prueba informativa que se produjo en sede del Tribunal Fiscal, donde: 1) Mattel indicó que los proveedores de Intek eran independientes a Mattel y que no le abonaron ninguna suma de dinero en concepto de regalías por las ventas realizadas a Intek. Además, aclaró que el pago en concepto de regalías realizado por Intek a Mattel no fue condición de venta para el proveedor o el fabricante (fs. 410/413); 2) Warner Bros Consumer Products Inc. informó que los proveedores de Intek SA no tenían ningún tipo de vinculación con Warner ni le pagaron regalías. Aclaró también que el pago de regalías realizado por Intek no fue condición de venta para el proveedor de los productos (fs. 417/426); y 3) Disney Consumer Products Latin America Inc. se expidió en el mismo sentido que las anteriores licenciantes señalando que los proveedores y fábricas que vendieron a Intek eran independientes de Disney y que no le abonaron suma alguna en concepto de licencia por las ventas realizadas a Intek. También dejó aclarado que el pago de las regalías que Intek realizó a Disney no fue condición de venta para los proveedores o fabricantes (fs. 428)
Afirmó que de la prueba producida resultaba “que la venta de las mercaderías importadas no se encontraba condicionada -de manera alguna- al pago de las regalías que la actora debía realizar a las licenciantes, destacándose el hecho de que los proveedores de la primera son sujetos independientes de cada licenciante, sin ningún tipo de relación comercial, contractual o corporativa. Asimismo, los proveedores …informaron que no recibieron participación en las regalías pagadas por INTEK SA a las licenciantes…el pago de las regalías…fue de una retribución por el uso de los derechos objeto de licencia en el respectivo contrato, con total independencia de quien o quienes fueran los proveedores de las mercaderías sobre las que la actora hacía uso de dichos derechos emergentes de la licencia” (fs. 481).
Sobre tales bases, dejó sin efecto el ajuste practicado, al faltar uno de los tres condicionantes de su procedencia; es decir, por el hecho de que el pago de esas regalías a las licenciantes no fue una condición para adquirir ni para importar las mercaderías que la actora comercializó.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 501/vta., que se concedió a fs. 503, se fundó a fs. 504/507vta. y fue replicada a fs. 512/517vta. Dijo que el Tribunal Fiscal de la Nación había efectuado una interpretación arbitraria de los hechos y que había razones para apartarse de lo que resolvió. Resumió los que, a su entender, eran los cuatro pilares de la decisión apelada; a saber: (i) que del contrato de licencia no surge, ni expresa ni implícitamente, que los materiales o materias primas deban adquirirse a proveedores vinculados; (ii) que “el pago de las regalías surge como consecuencia del uso de la marca, así como de los conocimientos y asistencias técnicas requeridas para ello”; (iii) que el informe contable de fs. 77/73 (sic) concluyó que “no se constata ninguna cláusula que condicione la importación de mercadería de la empresa licenciante”; y (iv) que resultaba “imposible establecer la cuantificación para la recomposición del valor”, dado que las regalías se pactaron sobre las ventas brutas de productos vendidos en todo el territorio, incluyendo tanto mercaderías importadas como otras adquiridas a proveedores nacionales o extranjeros (fs. 504vta.).
Sostuvo que no se evaluaron adecuadamente los términos del contrato de licencia, cuyo objeto eran obras creativas —personajes y trabajos artísticos— y marcas. Precisó que dicho contrato incluía cláusulas sobre la provisión de tecnología avanzada para la manufactura y venta, así como sobre la protección de la confidencialidad de diseños, dibujos, especificaciones, información de ingeniería y know how desarrollado por la licenciante.
Transcribió la cláusula 4.2, señalando que “los productos licenciados son fabricados bajo patentes y tecnología (confidencial) desarrollada por la Licenciante, quien ostenta su propiedad”, y que también mantiene contratos de licencia con proveedores CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2584/2025 INTEK SA (TF 35167-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO del exterior, quienes “tienen las mismas obligaciones de confidencialidad y reserva” (fs. 505).
Insistió en que el contrato preveía la importación de materias primas e insumos con una tecnología definida, así como la fabricación conforme a un procedimiento patentado para poder utilizar la marca, lo que demostraba que la celebración del contrato de licencia constituía una condición de venta para importar insumos de proveedores del exterior “integrantes del Grupo” (fs. 505 in fine).
Agregó que, sin el pago del canon, los bienes no habrían sido vendidos, o al menos no al mismo precio; conclusión que se desprendía “del análisis de la operatoria de la compañía y no de una cláusula expresa en el Contrato de Licencia” (fs. 505vta.). Citó precedentes donde se consideró que existía condición de venta al requerirse la importación de partes y piezas provistas exclusivamente por empresas vinculadas al grupo, doctrina que consideró aplicable al caso (fs. 505vta./506).
Realizó consideraciones sobre el valor de la propiedad intelectual incorporada en las mercaderías importadas, señalando que “la compañía pudo adquirir [el producto importado] de empresas vinculadas al Grupo por haber suscripto previamente el Contrato de Licencia”, y que, de no haber sido parte del Grupo, no habría podido adquirirlas, o no al mismo precio (fs. 506vta.).
Respecto a la relación entre el canon y los productos importados, agregó que estos contenían tecnología confidencial desarrollada por el propietario de la licencia bajo un conocimiento técnico, que abarcaba tanto el know how como la ingeniería necesaria para que las materias primas y productos intermedios se transformaran en el producto licenciado (fs. 506vta.).
Finalmente, cuestionó la afirmación del tribunal de origen de que “el ajuste no se haya practicado en base a datos objetivos y cuantificables”, argumentando que no se probó que “el producto licenciado sea fabricado con otros productos o ingredientes que no permitan identificar separadamente a las mercaderías importadas”, lo que calificó como “una apreciación arbitraria del a quo que no encuentra relación ni sustento en las pruebas aportadas en autos” (fs. 507).
3. Que, ante todo, corresponde aclarar que, en el procedimiento de ajuste de valor, quien afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero; el cual, por lo tanto, debe probar la veracidad de su cuestionamiento y, sólo en caso de lograrlo, transfiere al importador o exportador la obligación de demostrar la legitimidad de su declaración. Es decir que, mientras aquél no produzca prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste, ninguna carga pesa sobre el particular (doctr. esta Sala, causa “Macnet SA (TF 14723-A) c/ DGA”, sent. del 13/9/05, entre otras).
4. Que los ajustes de valor en materia de importación deben seguir los lineamientos del ya referido Acuerdo de Valoración, incorporado al Código Aduanero por medio de la ley 23.311 (BO 15/07/86).
Allí se establece como principio general la preeminencia del “valor de transacción”; es decir que éste, tal como es definido en su artículo 1º (el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación), es la primera base para determinar el valor en aduana (cfr. Introducción General), quedando excluido el empleo de valores ficticios o arbitrarios, e instaurándose una noción positiva de valor.
En la Introducción General del Acuerdo se expresa también que el artículo 1º debe considerarse en conjunción con el artículo 8º, que dispone el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos –que, se considera, forman parte del valor en aduana– corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio.
En lo que interesa al caso bajo examen, el artículo 8º, apartado 1º, establece: “[p]ara determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas: …c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercaderías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar…” (énfasis añadido).
El Acuerdo asume, entonces, que la venta de mercadería en ocasiones comprende la transferencia de creaciones de la mente protegidas por la legislación y prevé que las sumas de dinero abonadas en retribución del derecho a usarlas formen parte del valor en aduana junto con el precio estipulado por los bienes, siempre que concurran, simultáneamente, tres condiciones: a) que existan cánones o derechos de licencia no incluidos en el precio; b) que haya relación entre esos cánones o derechos de licencia y las mercaderías importadas; y c) que su pago sea una condición de venta de las mercaderías importadas (confr. LASCANO, Juan Carlos, El valor en Aduana de las Mercaderías Importadas, Ed. Osmar D. Buyatti, Buenos Aires, 2007, p. 213).
5. Que, de una lectura detenida del escrito de apelación presentado ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se advierte que la actora centró su argumentación en la ausencia del tercer requisito previsto por la normativa aplicable; esto es, que el pago de las regalías cuyo monto se pretende adicionar al valor en aduana constituya una condición de venta de las mercaderías importadas. En ese sentido, cabe remitirse a lo expuesto a fs. 338 in fine, así como a las manifestaciones efectuadas respecto de cada CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2584/2025 INTEK SA (TF 35167-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO uno de los contratos de licencia involucrados en el ajuste, a fs. 339/341vta., donde se destacó la libertad de la actora para seleccionar al proveedor de los productos identificados con las marcas y obras licenciadas, quedando a su exclusivo criterio la decisión de adquirirlos, fabricarlos o hacerlos fabricar, tanto en el mercado local como en el internacional. Ello, sin perjuicio de las facultades que se reservó uno de los licenciantes (Disney Consumer Products Latin America Inc.) para autorizar dicha elección y supervisar el cumplimiento de determinadas pautas de calidad en el proceso de fabricación, pero sin que se haya hecho mención alguna al pago de regalías por parte de Intek S.A. en los contratos suscriptos entre el fabricante y la licenciante (véase, en particular, fs. 340).
Adicionalmente, la actora formuló ciertas observaciones relativas al método de cálculo de las regalías y a la imposibilidad de establecer una relación cuantificable entre dicho pago y las mercaderías importadas al momento de registrarse cada destinación de importación (véase fs. 339vta. in fine y 341/342).
Sin embargo, el Tribunal Fiscal de la Nación se limitó a analizar el primero de los argumentos expuestos. Surge con claridad de los términos de la resolución apelada que el ajuste fue revocado sobre la base de que “el pago de esas regalías a las licenciantes por la actora no fue una condición de venta” (fs. 481), lo que tornó innecesario el examen del planteo relativo a la relación entre las regalías y las mercaderías importadas, y a la necesidad de establecer dicha relación mediante datos objetivos y cuantificables.
En este marco, resulta relevante señalar que el cuarto argumento atribuido a la decisión apelada —esto es, la supuesta imposibilidad de “establecer la cuantificación para la recomposición del valor” (véase consid. 2°)— no guarda relación con lo efectivamente resuelto en dicha instancia.
Asimismo, resulta pertinente destacar que el memorial de agravios presentado por el Fisco incurre en diversas inconsistencias que lo colocan al margen de lo exigido por el artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en forma supletoria conforme lo dispuesto por el artículo 1182 del Código Aduanero), al no satisfacer la carga mínima de fundamentación requerida. En particular: (i) Se alude a un único contrato de licencia, cuando en el expediente se analizaron siete acuerdos distintos (véase fs. 18/27, act. adm.).
(ii) Se introducen referencias reiteradas a la existencia de un grupo económico y a la aplicación de precedentes jurisprudenciales relativos a operaciones entre partes vinculadas, cuando en el presente caso no existe controversia respecto de que las partes intervinientes en los contratos de licencia y de compraventa internacional son independientes entre sí.
(iii) Se menciona un informe contable que no fue considerado en la sentencia apelada ni obra en las constancias del expediente citado.
En atención a lo expuesto, el escrito de agravios no satisface los requisitos formales y sustanciales que habilitan su tratamiento.
No obstante, y con el objeto de evitar una solución de excesiva rigurosidad formal, se procederá a examinar la única cuestión que fue efectivamente abordada en la decisión recurrida, en resguardo del derecho de defensa en juicio, teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el extenso trámite que ha insumido —más de seis años ante la Dirección General de Aduanas y más de diez años ante el Tribunal Fiscal de la Nación—.
6. Que, en punto a la condición de venta de las mercaderías importadas, el Acuerdo prevé que pueda cumplirse en forma directa (cuando el canon se paga al vendedor) o en forma indirecta (cuando se paga a un tercero por indicación de aquél). Para realizar el ajuste en este último caso, no es indispensable que haya vinculación –en el sentido del artículo 15 del Acuerdo– entre el vendedor y el dueño de la licencia cedida al comprador, bastando con que exista un acuerdo entre ambos en virtud del cual el primero no pueda vender las mercaderías si el comprador no se aviene a pagar el canon en beneficio del titular de los derechos de propiedad intelectual. En ese sentido, esta Sala ha interpretado que sólo podría establecer una condición de venta el propio vendedor, o una persona vinculada a él o que haya acordado con él algo al respecto; de lo contrario, cuando el vendedor no sea el otorgante de la licencia, lo que habría son dos contratos separados, y el pago del canon no sería un pago indirecto al vendedor en el sentido del artículo 8º. También ha señalado que, si el licenciante ejerciera un control directo o indirecto sobre el fabricante –que hiciera suponer que entre ellos existe vinculación en el sentido del artículo 15 del Acuerdo–, el pago también podría considerarse una condición de venta, pero para ello deberían producirse situaciones que rebasen los meros controles de calidad (doctr. causa 10056/15 “World Sport SA c/ DGA”, sent. del 15/9/15).
En esa misma línea de pensamiento, y con relación a los cánones abonados a terceros no vinculados con el vendedor, la doctrina especializada advierte que no parece razonable requerir una instrucción explícita para concluir que el pago del canon es una condición de venta ―porque no suele darse en la práctica e incluso podría ser verbal y de difícil prueba―, sino que es preferible dilucidar si las mercaderías no pueden venderse sin el pago del canon a partir del entramado de los contratos de venta y de licencia, pudiéndose encontrar indicios de la mentada instrucción, entre otros, en los siguientes hechos: las referencias al canon o derecho de licencia en el contrato de venta o sus documentos conexos; la facultad de rescindir el contrato de venta en caso de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2584/2025 INTEK SA (TF 35167-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO violación del acuerdo de licencia; la existencia de cláusulas en el contrato de licencia que autorizan al licenciante a gestionar la producción o la compra de productos elaborados, y que rebasan los meros controles de calidad (v.gr. el licenciante impone un fabricante al comprador; selecciona o restringe fuentes de abastecimiento; estipula características de los productos y tecnologías aplicadas en su producción; limita las cantidades a producir; elige centros o métodos de producción; controla la logística y expedición de mercaderías; designa o restringe a quién puede vender las mercaderías; examina los libros contables del comprador o fabricante, etc.). Tal es la pauta que se infiere de las opiniones consultivas 4.11 y 4.15, y del comentario 25.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas, así como de diversos precedentes de tribunales locales y extranjeros (recopilados en ZOLEZZI, Daniel, Valor en aduana (Código universal de la OMC), La Ley, Buenos Aires, 2022, pp. 260- 274, y merituados por esta Sala, entre otras, en la causa 1145/24 “Ranieri Argentina SA (TF 36327-A) c/ DGA”, sent. del 6/6/24).
7. Que, en relación con esta cuestión, el Tribunal Fiscal de la Nación efectuó un análisis detallado de las pruebas reunidas durante el trámite de la actuación. En su pronunciamiento, se refirió a las pericias contables producidas tanto en sede aduanera como ante sus estrados, así como a los informes aportados por las licenciantes y diversos proveedores. En lo que resulta pertinente destacar, dichos elementos probatorios: (i) corroboran un hecho no controvertido, consistente en la ausencia de vinculación entre la importadora, las licenciantes y los proveedores; (ii) evidencian la inexistencia de referencias cruzadas entre los contratos de compraventa internacional y los contratos de licencia; y (iii) demuestran que los contratos de licencia conferían a la importadora plena libertad para la elección del proveedor.
En consecuencia, no se verifica la existencia de prueba directa ni indiciaria que permita concluir que el pago de regalías constituía una condición de venta de las mercaderías importadas.
Asimismo, cabe señalar que los elementos probatorios valorados por el Tribunal Fiscal no fueron desvirtuados en esta instancia mediante otros de similar entidad y precisión que permitan sostener que la apreciación de la prueba fue arbitraria, tal como se sugiere en el memorial de agravios.
Por otra parte, corresponde reiterar que el Fisco tenía a su cargo la carga probatoria en el procedimiento de ajuste de valor, así como la obligación de formular cuestionamientos concretos respecto de lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación (conf. arts. 1182 del Código Aduanero y 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Sin embargo, el memorial presentado no satisface tales exigencias, toda vez que se limita a efectuar afirmaciones genéricas sobre la previsión de importación de materias primas e insumos con tecnología definida, y sobre la fabricación conforme a procedimientos patentados para el uso de determinadas marcas, sin identificar las cláusulas contractuales específicas que sustenten tales afirmaciones y que contradigan la conclusión relativa a la libre elección del proveedor.
En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación, en tanto no se advierte la existencia de arbitrariedad en la valoración de los hechos acreditados ni error manifiesto que justifique apartarse de lo decidido (conf. art. 1180, inc. b, del Código Aduanero).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Desestimar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 479/481; con costas, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia