Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa I-786/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Imprimir al presente el trámite previsto en el Libro II, Títulos I y II -Proceso Ordinario- del CPC y C (arts. 297 y 308, siguientes y concordantes), y en orden a ello, de las presentaciones efectuadas a fs. 25/27 y documental acompañada, córrase traslado al Concejo Deliberante de Gobernador Gregores por el término de treinta (30) días, ampliado en dos (2) días en razón de la distancia y bajo apercibimiento de ley (arts. 159 y 315 del CPC y C).-
2No hacer lugar a la medida cautelar peticionada a fs. 26 y vta..-
3Citar a una audiencia de conciliación para el 6 de noviembre del corriente año a las 10,30 hs., ante el Tribunal Superior de Justicia, al Intendente y a los miembros del Concejo Deliberante de Gobernador Gregores.-
4Diferir el tratamiento del pedido de acumulación para luego de celebrada la audiencia de conciliación fijada precedentemente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: I-786/18-TSJ Sentencia N°: 407 Actor: INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE GOBERNADOR GREGORES Demandada: CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE GOBERNADOR GREGORES Objeto: CONFLICTO DE PODERES Fecha: 24/10/18 Texto:
TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 407 FOLIO Nº 1547/1549 PROT. ELECT. TSS1 010 O.181
Río Gallegos, 24 de octubre de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE GOBERNADOR GREGORES C/ CONCEJO DELIBERAN- TE DE LA LOCALIDAD DE GOBERNADOR GREGORES S/ CONFLICTO DE PODERES”, Expte. Nº I-786/18, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la presentación que efectuara a fs. 25/27 el intendente de la localidad de Gobernador Gregores, Sr. Héctor Vidal. Mediante dicho libelo interpone acción por conflicto de poderes suscitado entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal ambos de la localidad de Gobernador Gregores; además solicita se dicte una medida cautelar de no innovar y la acumulación del presente a los autos caratulados: “Rivera Gladys Cristina -Concejal del Concejo Deliberante de Gobernador Gregores- c/ Concejo Deliberante de Gobernador Gregores s/ Conflicto Interno de Poderes”, Expte. Nº R-779/18-TSJ, por tratarse en ambos casos de los mismos hechos.- La acción se dirige contra el Concejo Deliberante de la citada localidad. Funda su planteo en los artículos 132 inciso. 1º) y 149 de la Constitución Provincial.-
Relata que a raíz del conflicto generado dentro del Concejo Deliberante, el cual a la fecha tiene dos presidentes distintos y en su consecuencia se encuentra de hecho paralizado en sus funciones, todo lo cual le impide ejercer en debida forma el gobierno de la localidad y cumplir con sus deberes como intendente. Señala que se ha visto obligado a cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo prescindiendo de la intervención del Concejo Deliberante, situación, dice, que no puede sostenerse en el tiempo, dado la imperiosa necesidad de restablecer el orden constitucional que se encuentra en vilo.- Solicita se dicte medida cautelar de no innovar, a fin de “…mantener el estado de cosas anterior al acto impugnado, autorizando así al Honorable Concejo Deliberante a sesionar con la conformación interna que lucía hasta el día previo a la ‘sesión’ del día 18 de mayo; Que se solicita hasta tanto se resuelva la cuestión principal, se autorice a la Sra. Gladys Rivera a convocar a sesión ordinaria a los efectos de dar trámite a todas las cuestiones que se encuentran pendientes desde aquella fecha…” (cfr. foja 26).- Que a foja 28, quinto párrafo, se ordena correr vista de la presentación efectuada al Sr. Agente Fiscal ante este Cuerpo, quien al contestarla concluye que el Excmo. Tribunal Superior de Justicia es competente para entender en los presentes autos. En igual sentido se expresa sobre la competencia para conocer en la cautelar (cfr. foja 29).-
II. Que, corresponde definir -respecto de la acción- cuál será el adecuado marco legal por el que en definitiva deberá transitar el presente proceso.-
Que, ingresando en el estudio del ‘sub-lite’, se observa ‘prima facie’ que el objeto de la pretensión importa el planteamiento de un conflicto de po- deres dentro del seno del municipio de la localidad de Gobernador Gregores. Razón por la cual este Tribunal Superior, por imperio del mandato constitucional a que aluden los artículos 15, 132 inciso 1) y 149 de la Constitución Provincial y del artículo 79 de la Ley Nº 55 -Orgánica de las Municipalidades-, es competente para entender en la causa.- Nuestro ordenamiento procesal carece de un procedimiento específico a aplicar en los supuestos de conflictos de poderes y no pudiendo impedirse el ejercicio de la propia competencia por ausencia de normas rituales que la rijan, corresponde establecer o fijar las pautas procedimentales a seguir de conformidad a las particulares circunstancias que se plantean, con estricto apego a la garantía de la defensa en juicio y debido proceso en sus formas esenciales; teniendo presente el criterio que fuera sustentado por este Alto Cuerpo en precedentes similares (cfr. Otros Recursos, Tomos I, Reg. 18, Folio 44/50; Reg. 55, Folio 154; II, Reg. 86, Folio 219; IV, Reg. 215, Folio 755/759; VI, Reg. 287, Folio 1104/1107; VII, Reg. 315, Folio 1214/1215; Reg. 352, Folio 1336/1338 y VIII, Reg. 376, Folio 1430/1431 y Reg. 378, Folio 1434/1435, entre otros).- Conforme a lo “ut supra” reseñado, se debe hacer uso de las facultades conferidas por el artículo 15 de la Constitución Provincial, como así tam- bién de las atribuciones ordenatorias e instructorias que otorga el artículo 36 del CPC y C, teniendo en cuenta además las modificaciones introducidas a dicho cuerpo legal por la Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- determinando que la causa tramitará sujeta a las normas procedimentales del juicio ordinario previsto en los artículos 297 y 308, siguientes y concordantes del Libro II, Títulos I y II del CPC y C y consecuentemente, en orden a una debida sustanciación de la acción promovida, disponer se corra traslado de la presentación de fs. 25/27 y documental acompañada, al Concejo Deliberante de Gobernador Gregores por el término de treinta (30) días, ampliado en dos (2) días en razón de la distancia y bajo apercibimiento de ley (arts. 159 y 315 del CPC y C).-
III. Que, con relación a la medida cautelar peticionada, tal cual se expone en el libelo de inicio, lo que se pretende es que el Concejo Deliberante de Gobernador Gregores continúe funcionando hasta tanto se dicte sentencia en autos, con las autoridades que tenía hasta el 18 de mayo del corriente año. En este caso, se advierte que la medida solicitada no tiene por finalidad asegurar el resultado del pleito y su dictado implicaría en alguna medida expedirse sobre el fondo, lo cual impone cierta reserva al momento de resolver.- Como toda medida precautoria, ésta participa de los presupues- tos comunes a toda cautelar, esto es, que los derechos que invoca el peticionante en la demanda tengan “prima facie” existencia, es decir, razón jurídica (la verosimilitud del derecho invocado), el peligro en la demora el cual se traduce en la gravedad del perjuicio que se pudiera ocasionar si no se la acoge, la posibilidad o certidumbre de que el derecho llegara tarde y contracautela.- Por otra parte, la procedencia de la medida no será una consecuencia automática de la presencia de los requisitos en cuestión, ya que dependerá siempre de la apreciación discrecional del juez (cfr. Migliardi, Franciso N. O. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Dictum, pág. 151).-
Que, el primero de los requisitos que debe concurrir para que resulte posible el despacho de la medida cautelar será el de la “apariencia de buen derecho” (fumus bonis iuris), que se ha de apreciar a partir de un examen anticipado -provisional y sumario- de las perspectivas de éxito de la pretensión de fondo de quien solicita la medida cautelar. De ahí que, en palabras de Calamandrei, el examen de aquella consiste en un juicio de probabilidad y de verosimilitud de carácter hipotético (cfr. aut. cit., “Introducción al Estudio de las Medidas Cautelares”; Padova, CEDAM, 1936, pag. 60, 63 y 64). En el subjudice, lo que se está juzgando son actos de un poder público, que gozan en principio de legitimidad y respecto a los cuales la intervención del poder judicial debe ser prudente, cuidando de no violentar el principio de división de poderes, por ello en estos casos, en principio, no basta la sola invocación de que se cuenta con la razón, dado que su naturaleza excepcional exige que el dictado se encuentre precedido de un análisis detallado y particularmente severo sobre la concurrencia de los mencionados requisitos.
Desde este particular cuadrante, debe observarse, que se cuestiona un acto realizado en nombre del Concejo Deliberante accionado, en virtud de causas que han de ser objeto de valoración y decisión en la definitiva y consiguientemente -de recibir andamiento- se estaría incursionando hondamente en la esfera del prejuzgamiento; resultando de esta manera que, por amparar el derecho a una tutela judicial, se vulneraría otro también fundamental cual es el derecho a un proceso con las garantías debidas de contradicción y pruebas, recogido por el artículo 18 de nuestra Carta Magna. No otro es el sentido que la Corte ha seguido al destacar: “…habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad.” (cfr.
Fallos 339:622).- Que valorando este Alto Cuerpo los elementos probatorios hasta ahora aportados por la demandante, su debido análisis, confrontación y encua- dramiento, teniendo presente asimismo la naturaleza de la cuestión traída y el estado procesal en que se produce el planteo actoral, cabe establecer “prima facie” que las argumentaciones en que la misma basa su requerimiento aparecen desposeídas de la presunción de verosimilitud suficiente como para acoger a la tutela pretendida, lo que además implicaría adelantar el criterio de la sentencia.- Que, de resultas de todo lo expuesto, las conclusiones jurídicas a que se ha arribado aparecen suficientes como para constituir óbice decisivo a la viabilidad del requerimiento cautelar.-
IV. Sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, en uso de las facultades establecidas por el artículo 36 inciso 2º, apartado a) del CPC y C, en atención a la naturaleza de las cuestiones debatidas en los presentes autos (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VIII, Reg. 391, Folio 1480), y teniendo en cuenta la vinculación que a priori existe entre el presente y los autos que tramitan por ante este Alto Cuerpo caratulados: “Rivera Gladys Cristina -Concejal del Concejo Deliberante de Gobernador Gregores- c/ Concejo Deliberante de Gobernador Gregores s/ Conflicto Interno de Poderes”, Expte. Nº R-779/18, cítase al Sr. Intendente y a los miembros del Concejo Deliberante de Gobernador Gregores a la audiencia de conciliación fijada en el expediente “supra” referido a celebrarse ante el Tribunal Superior de Justicia, el 6 de noviembre del corriente año a las 10,30 hs..-
V. El pedido de acumulación solicitado a fs. 26 vta., apartado VI, será analizado luego de celebrada la audiencia de conciliación fijada precedentemente.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Imprimir al presente el trámite previsto en el Libro II, Títulos I y II -Proceso Ordinario- del CPC y C (arts. 297 y 308, siguientes y concordantes), y en orden a ello, de las presentaciones efectuadas a fs. 25/27 y documental acompañada, córrase traslado al Concejo Deliberante de Gobernador Gregores por el término de treinta (30) días, ampliado en dos (2) días en razón de la distancia y bajo apercibimiento de ley (arts. 159 y 315 del CPC y C).-
2. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada a fs. 26 y vta..-
3. Citar a una audiencia de conciliación para el 6 de noviembre del corriente año a las 10,30 hs., ante el Tribunal Superior de Justicia, al Intendente y a los miembros del Concejo Deliberante de Gobernador Gregores.-
4. Diferir el tratamiento del pedido de acumulación para luego de celebrada la audiencia de conciliación fijada precedentemente.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1010O.181 Tomo: VIII Sentencia: 407 Folio Nº: 1547/1549 Secretaría: 1
Fin de la sentencia