Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-13542095-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° DJRPM/885-2022, con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Interbas S.A., en la suma de $16.492, equivalente a 0,65 UMA, por la representación procesal y $25.373, equivalente a 1 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en el Expediente, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-140821974-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Noviembre de 2023 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente Nº EX-2023-13542095- -APN- SGAI#TFN caratulado “Interbas S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Interbas S.A. interpuso el recurso de apelación que establece el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° DJRPM/885-2022 dictada el 6 de diciembre de 2022 por la Dirección Regional Palermo de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la que se le aplicó una multa de defraudación de $53.597,05 por la presentación inexacta de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 6/16, 7/16, 8/16 y 12/16 en los términos del art. 46 de dicha ley (t.v.).
En su presentación ante este Tribunal, manifestó que se dedica a brindar servicios relacionados con los juegos de azar y apuestas. Dijo que, como resultado de una inspección, el Fisco Nacional verificó y concluyó que las declaraciones juradas originales habían sido presentadas en forma inexacta siendo el origen del cargo la presunta utilización de facturas apócrifas.
Ante ello, vigente la ley 27.260 procedió a rectificar las declaraciones juradas de los períodos fiscales 1/2014 a 4/2016 (que también formaron parte de la fiscalización) y posteriormente, ya no mediante la inclusión de las obligaciones en aquel régimen, dijo que canceló los saldos de los períodos fiscales 5/2016 y 12/2016. Criticó que el Fisco Nacional le instruyera igualmente el sumario el 13 de julio de 2022 y le aplicara la multa de defraudación y solicitó que se la revoque. Ello, por las siguientes razones:
- que resulta ilegítima e improcedente la sanción porque fue aplicada en base a los incumplimientos de terceros ajenos a ella, es decir los proveedores calificados como apócrifos.
- aseguró que tomó todas las diligencias posibles al momento de concertar las operaciones, tal como la corroboración de que los proveedores no se encontraran en la Base E-Apoc. del organismo y su conducta fue transparente y razonable. Ello —sostuvo— evidencia la falta de dolo en su conducta. Además, afirmó que es el Fisco Nacional el que tiene el deber y obligación de fiscalizar el cumplimiento de los deberes registrales de los contribuyentes y que no corresponde trasladarle dicha obligación a la empresa.
- la rectificación de las declaraciones juradas obedeció únicamente a evitar controversias con el Fisco Nacional. En subsidio, pidió que se reencuadre la sanción en la infracción de omisión tipificada en el art. 45 de la ley 11.683 ante la evidente falta de intencionalidad en su obrar y se la exima con arreglo a la causal de error excusable prevista en el segundo artículo agregado a continuación del art. 50 de dicha ley. II. El Fisco Nacional contestó el traslado del recurso y solicitó que se confirme la Resolución, también con costas. Resaltó que, en el marco del procedimiento de determinación de oficio, se detectaron inconsistencias que dieron lugar a la presentación por parte de Interbas S.A. de declaraciones juradas rectificativas conformando tales observaciones. En consecuencia, sostuvo que de haber considerado que el método o los fundamentos utilizados para la liquidación del gravamen resultaba incorrecto no debió haber rectificado, porque desde ese momento quedó exteriorizada su conducta omisiva.
Hizo notar que intentar en esta instancia volver sobre una cuestión que la propia recurrente consintió deviene en una actitud meramente dilatoria y que la posibilidad de presentar declaraciones juradas rectificativas no está prevista en la normativa para evitar la aplicación de sanciones.
Señaló que la condición de apócrifo que se le imputara a los proveedores cuestionados no deriva sin más de su inclusión en la Base E-Apoc del organismo sino que ello es una consecuencia de diversas tareas de verificación y fiscalización que permiten establecer la inexistencia de las operaciones analizadas. De hecho, su incorporación en la mencionada Base mo hace más que ratificar los numerosos elementos colectados a lo largo del procedimiento que llevaron a concluir en la inexistencia de las operaciones impugnadas. En otras palabras, no fue el hecho de estar incluido en dicha Base lo que determinó el carácter de apócrifo de los proveedores sino el cúmulo de prueba recaba en su contra.
Finalmente, insistió en que se comprobaron los elementos objetivo y subjetivo que configuran la infracción recurrida y pidió entonces su confirmación, también con costas.
III. Mediante la PV-2023-127049590-APN-VOCXI#TFN se elevó el Expediente a consideración de la Sala. Por el IF-2023-137326328-APN-VOCXI#TFN quedó en estado de dictar sentencia.
IV. Corresponde entonces pronunciarse sobre la legitimidad de la sanción aplicada en los términos del art. 46 y valiéndose de la presunción de dolo establecida en el art. 47, inc. b) de la ley 11.683.
En su análisis debe estarse al encuadramiento típico de la conducta configurado por los elementos objetivo y subjetivo que la conforman y el cumplimiento al procedimiento previo a su imposición.
Surge de los antecedentes administrativos que el Fisco Nacional concluyó que en las declaraciones juradas originales se habían consignados ingresos menores a lo reales como consecuencia de haberse constatado la utilización de facturación presuntamente apócrifa dejando de ingresar en forma oportuna la suma de $107.194. También de allí se advierte que la recurrente —a raíz de la fiscalización que se le iniciara— presentó las declaraciones juradas rectificativas y abonó parte de la deuda, según informó el Fisco Nacional en su presentación del 7 de septiembre de 2023.
Lo expresado hasta aquí da cuenta de que se encuentra configurado y acreditado en el caso el elemento objetivo que configura, en parte, a la sanción. Esto es, la presentación inexacta de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 6/16, 7/16, 8/16 y 12/16.
En lo concerniente al elemento subjetivo, el juez administrativo entendió que dichas declaraciones fueron efectuadas a sabiendas de que eran incorrectas y con intención de defraudar, por lo que calificó de dolosa la conducta de Interbas S.A. y para ello se valió de la presunción contenida en el inc. b) del art. 47 de la ley 11.683 que, por tratarse de una presunción iuris tantum, podía ser refutada por la recurrente mediante el desarrollo de una probanza en la cual se acreditara la falsedad o inexistencia del hecho presumido.
En otras palabras, recaía sobre Interbas S.A. probar en contra de su culpabilidad a los fines de revertir la presunción, es decir, que los datos consignados en las declaraciones juradas no habían incidido gravemente sobre la determinación de la materia imponible (inc. b) del art. 47, ley). Por el contrario no hizo ningún esfuerzo para acreditar alguna circunstancia que la eximiera de responsabilidad por dicha inexactitud la que, claro está, sin la labor fiscalizadora no habría sido advertida, lo que constituye otra razón para concluir en el carácter doloso de la conducta bajo análisis que es, precisamente, la conducta que sanciona el art. 46 de la ley 11.683. Resulta así aplicable el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara, en cuanto a que “… en el derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (C.S.J.N. Fallos: 271:2997; 303:1548; 312:149), y que si bien es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación (Fallos: 316:1313; esta Cámara, Sala V, “Martínez, Rodolfo Francisco (T.F. 15.042-I)”, del 12/5/99; ídem, id., “Basf Argentina S.A. (T.F. 9209-1) c/D.G.I.” fallo del 14/06/00)” conf. “Andechaga, Jose Luis”, sentencia del 15 de abril de 2009, entre muchos otros.
A ello cabe agregar que no se han alegado, menos aún probado razones que permitan eliminar el dolo en la conducta de la aquí recurrente y así reencuadrarla en una figura más leve en la forma requerida en su presentación, facultad que la ley reserva para supuestos muy diferentes al aquí expuesto.
Por lo expuesto, corresponde:
1. Confirmar la Resolución N° DJRPM/885-2022, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Interbas S.A., en la suma de $16.492, equivalente a 0,65 UMA, por la representación procesal y $25.373, equivalente a 1 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en el Expediente, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N° DJRPM/885-2022, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Interbas S.A., en la suma de $16.492, equivalente a 0,65 UMA, por la representación procesal y $25.373, equivalente a 1 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en el Expediente, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2023.11.24 16:23:15 -03:00 Date: 2023.11.27 09:30:26 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.27 11:14:53 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.27 11:14:54 -03:00
Fin de la sentencia