Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 13542095-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de la parte actora, confirmar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación e imponer las costas de ambas instancias a cargo de la recurrente por haber resultado vencida (art. 68 del CPCCN).
2Regular los honorarios de la representación fiscal, por las actuaciones cumplidas en esta instancia en 1 UMA -equivalente al día de la fecha a $ 66.436- (cfr. artículos 16, 19, 21 y 30 de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA n° 3495/24).-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
INTERBAS SA (TF 13542095-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.-Que por resolución del 27/11/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Resolución nro. DJRPM/885 -2022, con costas. Asimismo, se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional.-
II.-Que el 14/2/2024 apeló la parte actora en cuanto al fondo del asunto se refiere, el que fue fundado el 4/3/2024 y contestado por el Fisco Nacional el 15/5/2024. El 5/11/2024 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que la sanción aplicada por la AFIP-DGI lo fue en los términos del art. 46 de la Ley 11.683, valiéndose de la presunción establecida en el art. 47 inc. b) de la misma norma. En efecto, el Fisco Nacional concluyó que en las declaraciones juradas originales se habían consignado ingresos menores a los reales como consecuencia de haberse comprobado la utilización de facturación presuntamente apócrifa, dejando de ingresar en forma oportuna la suma de $107.194 en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 6/2016, 7/2016, 8/2016 y 12/2016. Asimismo, advirtió la AFIP-DGI que a raíz de la fiscalización que oportunamente se iniciara, la contribuyente presentó las declaraciones juradas rectificativas y abonó parte de la deuda.- IV.-Que entendió la vocal preopinante del Tribunal Fiscal de la Nación que se hallaba configurado el elemento objetivo de la infracción, en tanto tuvo lugar la presentación inexacta de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 6/16, 7/16, 8/16 y 12/16. Respecto del elemento subjetivo, sostuvo el a quo que el juez administrativo entendió que las declaraciones juradas fueron efectuadas a sabiendas de que eran incorrectas y con intención de defraudar. Y agregó la vocal preopinante, Dra. O’Donell, que recaía sobre Alta en sistema: 26/02/2025 Interbas SA la carga de probar en contra de su culpabilidad a fin de revertir la presunción, es decir, “que los datos consignados en las declaraciones juradas no habían incidido gravemente sobre la determinación de la materia imponible (inc. b) del art. 47, ley 11.683. Por el contrario no hizo ningún esfuerzo para acreditar alguna circunstancia que la eximiera de responsabilidad por dicha inexactitud, la que, claro está, sin la labor fiscalizadora no habría sido advertida, lo que constituye otra razón para concluir en el carácter doloso de la conducta bajo análisis…”. Finalmente, concluyó el Tribunal Fiscal de la Nación: “A ello cabe agregar que no se han alegado, menos aún probado razones que permitan eliminar el dolo en la conducta de la aquí recurrente y así reencuadrarla en una figura más leve en la forma requerida en su presentación, facultad que la ley reserva para supuestos muy diferentes al aquí expuesto”.-
V.-Que en la fundamentación de su recurso, afirma la actora que no se ha configurado el supuesto de defraudación por ausencia del elemento subjetivo que requiere la normativa aplicable. Señala, asimismo, que no resulta responsable de los hechos de terceros. Reitera su petición de que se reencuadre la sanción en la omisión culposa del art. 45 de la ley 11.683 y se la exima por error excusable de conformidad con el art. 50. Asimismo, se agravia con relación a la forma en que fueron impuestas las costas y solicita que lo sean en el orden causado en la medida en que habría tenido razón fundada para litigar.- VI.-Que cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).-
VII.-Que en cuanto al agravio de la parte actora respecto de la calificación dolosa que se le imputara, cabe señalar que las sanciones de este tipo requieren la configuración de un elemento objetivo y de otro subjetivo, pudiendo ser este último la culpa o el dolo. La culpa se presume por la sola inconsistencia del actuar del sancionado, mientras que para el dolo se hace mérito de las presunciones iuris tantum previstas en los incisos del art. 47 de la Ley 11.683 acerca de cuándo existe la voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas a las que se refiere el artículo 46. La presunción del inciso b) ha sido tenida por configurada de conformidad con el análisis efectuado por el a quo, y no se advierte que la recurrente Alta en sistema: 26/02/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V haya logrado desvirtuarla mediante sus agravios ante la Alzada. En efecto, reitera argumentos que fueron introducidos en la instancia anterior, referidos a que no le corresponde tener que soportar las consecuencias de incumplimientos de terceros (proveedores apócrifos) y que le corresponde al Fisco Nacional el deber de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los contribuyentes, y no trasladarle dicha obligación a la actora. Más sus argumentaciones no rebaten lo sostenido por el a quo en cuanto a que “no desarrolló probanza alguna a fin de acreditar la falsedad o inexistencia del hecho presumido”.-
VIII.-Que por lo demás, en lo que se refiere a la prueba producida y al análisis de la misma, cabe destacar que en el particular sistema de revisión judicial (limitado) instaurado por el legislador en materia tributaria, las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas -por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re: “Quilmes Combustibles S.A.C.I.”, sentencia del 25-3-97; esta Sala in re: “Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-I) c/ DGI”, sentencia del 17-5-2000; “Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15847-I) c/ DGI”, sentencia del 30-11-2000). En el sub lite, no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la causa (conf. esta Sala in re “Noble Argentina S.A. (TF 32885-I) c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, expte. nro. 15283/2010, sentencia del 19/9/2017).-
IX.-Que respecto del agravio de las costas, no se advierten motivos que justifiquen apartarse del principio general en la materia (art. 68 del CPCCN), por lo que corresponde su rechazo y, por idénticos argumentos, corresponde imponer las costas de esta instancia en el mismo sentido.-
X.-Que en función de la naturaleza, del resultado obtenido y de la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por la representación letrada de la parte demandada, Alta en sistema: 26/02/2025 corresponde regular sus honorarios en 1 UMA -equivalente al día de la fecha a $ 66.436- (cfr. artículos 16, 19, 21 y 30 de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA n° 3395/24).-
En atención a lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de la parte actora, confirmar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación e imponer las costas de ambas instancias a cargo de la recurrente por haber resultado vencida (art. 68 del CPCCN). 2) Regular los honorarios de la representación fiscal, por las actuaciones cumplidas en esta instancia en 1 UMA -equivalente al día de la fecha a $ 66.436- (cfr. artículos 16, 19, 21 y 30 de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA n° 3495/24).-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Jorge Alemany Alta en sistema: 26/02/2025
Fin de la sentencia