Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 38.981-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por la incidentista a fs. 1/7.
2Costas a la vencida –conf. art. 68 C.P.CyC.N. y primer párrafo del art. 1163 del C.A.-.
3Intimar a la incidentista para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($117.612,42.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda -conf. art. 5° de la Ley 25.964-.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-80390536-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 20 de Agosto de 2026 LITIGAR SIN GASTOS”; Sentencia;
Se reúnen los Sres. Vocales miembros de la Sala “E”, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria -la Vocalía de la 14º Nominación se encuentra vacante-, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados “INTERCARGO EXPRESO S.A. S/ INCIDENTE DE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” Expte. N° 38.981-A, El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
I. Que en virtud de la solicitud del beneficio de litigar sin gastos efectuada en los términos de los art. 78 y ssgtes. del CPCCN así como del art. 9 de la Ley 25.964 por la firma INTERCARGO EXPRESO S.A. en el expediente 38.981-A, se ordenó la formación del presente incidente mediante providencia de fs. 46 del 01/06/2018 en este último.
II. Que en su presentación de fs. 1/7 la incidentista solicita beneficio de litigar sin gastos atento la imposibilidad de la firma de hacer frente tanto al pago de la tasa de actuación dispuesta por la ley N° 25.964 como así también al pago de las costas y demás gastos del proceso, encontrándose ante la “impreriosa necesidad de defender sus derechos en el proceso principal” (Conf. Art. 79 inc. 1 y cctes. del CPCCN). Señala que el beneficio de litigar sin gastos es un instituto social dentro del proceso civil, que persigue evitar que las dificultades económicas impidan ejercer convenientemente el derecho de defensa en juicio. Agrega que antes se denominaba “declaración de pobreza”, pero sucesivas reformas fueron orientando la verdadera finalidad del beneficio, que no es resguardar las situaciones de indigencia, sino la de responder con criterios objetivos, a una pauta genérica que está ordenada en el segundo párrafo de este artículo: “No obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos”. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura. Relata que la firma transportadora ha sufrido una serie de avatares que la han colocado en una situación patrimonial con recursos económicos insuficientes para afrontar los gastos que demanda la apelación de cargo que se intenta por la vía del principal. Afirma que debido al cargo 39/2013 generado por parte de la Aduana de Concordia tuvo que realizar gastos excepcionales en distintas jurisdicciones de la República Argentina tendientes a proveer su defensa lo que ocasionó una mella en la situación patrimonial, inclusive una mengua en la cantidad de trabajo, producto del daño a la imagen de la empresa que los robos le significaron, ocasionando que se vea imposibilitado de disponer de recursos económicos para abonar la tasa fijada por la Ley 25.965. Finalmente, solicita se conceda el beneficio peticionado.
III. Que a fs. 25/27 la DGA contesta el traslado conferido de la solicitud del beneficio de litigar sin gastos planteada por la incidentista. Señala que se trata de una sociedad comercial, que por sus características debió desarrollar mayor diligencia respecto de su giro comercial así como en la prosecución de sus litigios, no siendo oponible las consecuencias lógicas de su giro comercial. Agrega que no debe dejarse de lado que es la propia actora quien impulsara la instancia jurisdiccional, debiendo necesariamente haber previsto los gastos causídicos que la actividad acarrea. Sostiene que el beneficio de litigar sin gastos encuentra sustento en preceptos de raigambre constitucional como la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley, ya que por su intermedio se asegura la prestación del Servicio de Justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a su situación patrimonial y no financiera (CSJN, 28/05/98 ED 181-579 id. 16-2-99 E.D. 183-131). Señala que aquel que reclame el beneficio no sólo debe acreditar la carencia de recursos sino también la imposibilidad de obtenerlos (STJ de La Pampa, 20/03/95, LL del 07/10/97, p. 4). Finalmente, agrega que el peticionario no puso de manifiesto la imposibilidad de generar recursos que le permitan solventar los gastos de litigar y no puede pretender que el Estado Nacional (AFIP-DGA) asuma los riesgos que su empresa le ocasiona. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura y solicita el rechazo del beneficio, con costas.
IV. Que a fs. 34 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “E”.
V. Que el beneficio en tratamiento se encuentra regulado por el art. 78 y ss. del CPCCN y “(...) es una institución establecida a favor de quienes, por insuficiencia de medios económicos, no se encuentran en condiciones de afrontar el pago de las erogaciones que necesariamente implica la sustanciación de un proceso. Su fundamento estriba, por un lado, el principio de igualdad de las partes, el cual supone que éstas se encuentran en una sustancial coincidencia de circunstancias o condiciones, entre las que no cabe, desde luego, excluir las de tipo económico, y por otro, en la garantía de la defensa en juicio”. (Superior Tribunal de Justicia, Rawson Chubut, Sala Civil, “Di Giorgio, Osvaldo y otro s/benef. lit. sin gastos”, autos “Di Giorgio, Osvaldo y otro C/ Prov. De Chubut y otros S/ Demanda Conten. Administrativa”, 20/2/01). El supuesto de hecho de la referida eximición es la situación de pobreza en la que debe encontrarse aquél al que se conceda el beneficio.
Que dicha situación de pobreza no se encuentra configurada por la mera existencia de problemas financieros. Este Tribunal ha sostenido reiteradamente que no debe confundirse la pobreza que habilita la concesión del beneficio con la existencia de “dificultades financieras” (conf. a sentencias del 5/12/88 in re “Marcos Kleiman” y del 29/11/93 in re “Baisser S.A.” ambas de la Sala “B”). En el último de los citados pronunciamientos se definió la situación de pobreza requerida para conceder el beneficio como una “ incapacidad económica severa, tener solo lo indispensable para la subsistencia”. En personas jurídicas con actividad comercial, la jurisprudencia exige examen aún más restrictivo, pues el giro empresario conlleva la asunción de riesgos y requiere de una estructura para operar.
Que en el caso de autos, la incidentista no ofreció prueba para demostrar la imposibilidad de obtener los recursos para afrontar los gastos causídicos, alegada por la nombrada, que habilitaría el otorgamiento del beneficio que ella pretende.
Que, sin perjuicio de hasta aquí expuesto, lo que resulta categóricamente decisivo para resolver la cuestión planteada es que la obligación de pagar la tasa de actuación de ninguna manera conculca el derecho de defensa del litigante. En efecto, el pago de dicha tasa no constituye un requisito de procedencia de la acción, de tal manera que su falta de pago no suspende el procedimiento, el cual continuará hasta su terminación.
Que, cabe aclarar, si bien en aquellos casos en los que el beneficio de litigar sin gastos es requerido por una persona de existencia ideal el instituto debe ser apreciado con suma prudencia, no existen en principio restricciones legales para su concesión, en tanto de los medios probatorios incorporados al incidente surja la existencia de requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de insolvencia alegadas por la solicitante, como, verbigracia, cuando el perito contador informa que la situación financiera y económica de ésta es extremadamente grave al no poseer actividad económica desde hace más de 10 años y que no se encuentra en condiciones de afrontar los gastos que surjan de la tramitación del juicio (CS, 19/11/1992, “Campos y Colonias SA v. Prov. de Buenos Aires, Fallos, 325:3067; LL del 6/6/2003., p. 3).
Que también se ha sostenido que debe denegarse el beneficio en virtud de que la incapacidad económica tutelada por la exención “en modo alguno puede confundirse con dificultades financieras propias del riesgo empresarial” (TFN, sala A, 10/11/1993, “Cooperativa Argentina Textil de Trabajo Ltda.”). Que la Ley 25.964, en cuyo art. 9º, última parte, prevé una reducción de hasta el 50% de la tasa de actuación para el supuesto de litigante concursado civil o comercialmente, no resulta aplicable al presente caso, ya que de las constancias de autos no se verifica tal circunstancia respecto de la firma INTERCARGO EXPRESO S.A.
Que se debe destacar que la falta de ingreso de la tasa de actuación no obsta a la continuación del juicio ante este Tribunal, sin perjuicio de la posibilidad de su ejecución.
Que, por ende, las dificultades invocadas por la actora no han sido contundentemente probadas, lo que lleva a concluir que las mismas no le imposibilitan hacer frente a la correspondiente tasa de actuación.
Por ello, VOTO por:
1. Denegar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por la incidentista a fs. 1/7.
2. Costas a la vencida –conf. art. 68 C.P.CyC.N. y primer párrafo del art. 1163 del C.A.-.
3. Intimar a la incidentista para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($117.612,42.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda -conf. art. 5° de la Ley 25.964-.
El Dr. Juan M. Soria dijo:
Que adhiero al voto precedente.
De conformidad con el acuerdo que antecede, por unanimidad SE RESUELVE:
1. Denegar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por la incidentista a fs. 1/7.
2. Costas a la vencida –conf. art. 68 C.P.CyC.N. y primer párrafo del art. 1163 del C.A.-.
3. Intimar a la incidentista para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($117.612,42.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda -conf. art. 5° de la Ley 25.964-.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación -conf. Art. 1162 del C.A.-
Date: 2026.08.20 10:35:47 ART Date: 2026.08.20 13:38:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.20 13:38:56 -03:00
Fin de la sentencia